Editorial La Jornada
El jueves pasado, el
estudiante de biología y defensor de la naturaleza Eugui Roy fue
asesinado en un rancho del municipio oaxaqueño de San Agustín Loxicha,
donde decidió radicar durante la actual contingencia sanitaria.
Comprometido con el cuidado, defensa y preservación de reptiles y
anfibios, Eugui tenía apenas 21 años y era un integrante apreciado de
distintas organizaciones e iniciativas ambientalistas, las cuales han
lamentado su muerte y exigido a las autoridades el esclarecimiento del
ataque homicida en su contra.
El asesinato de Eugui se enmarca en un clima generalizado de
violencia contra los activistas ambientales. Hace apenas dos semanas, La Jornada
consignó las amenazas y presiones que Roberto de la Rosa de Ávila ha
recibido por oponerse a que sus tierras sean convertidas en una mina a
cielo abierto por Ocampo Minning Tayahua, filial de Grupo Frisco. En lo
que va de 2020 al menos seis defensores del medio ambiente han sido
asesinados: el propio Eugui Roy, la defensora del territorio sagrado
wixárika de Wirikuta Paulina Gómez Palacio Escudero, el abogado
ambientalista Isaac Medardo Herrera Avilés, el opositor a la minería a
cielo abierto Adán Vélez Lira y los protectores de la Reserva de la
Biósfera Mariposa Monarca Homero Gómez González y Raúl Hernández Romero.
La breve enumeración anterior, así como los 499 ataques dirigidos
contra defenso-res del medio ambiente entre 2012 y 2019 –83 de ellos con
saldo mortal– muestran como constante el desencuentro de quienes buscan
la preservación del equilibrio ecológico y el respeto a sus formas de
vida con poderosos intereses económicos que no ven en la naturaleza sino
un filón para el enriquecimiento acelerado, cuya explotación emprenden
al margen de cualquier impacto negativo para el propio ambiente o para
la salud de quienes se ven expuestos de manera involuntaria a sus
actividades.
La minería es una actividad cuya mención resulta ineludible al
referirse a los daños a la salud que conllevan los proyectos a los que
se oponen los ambientalistas hostigados o asesinados. En efecto, cabe
recordar que esta industria extractiva no sólo se encuentra involucrada
en 71 de los 499 ataques perpetrados en los ocho años pasados, sino que
también se ha destacado como un actor particularmente nocivo para la
salud pública, y refractario a asumir cualquier responsabilidad por las
consecuencias indeseables de sus actividades.
Otro deplorable denominador común en la violencia contra defensores
del medio ambiente es la casi total impunidad con que suelen saldarse
todas las formas de agresión que padecen. Esta impunidad, que no pocas
veces ha ido precedida y seguida por el uso de la fuerza pública para
amedrentar a los activistas, ha sido un aliciente perverso para quienes
hacen de la aniquilación física de los defensores un medio para
facilitar la consecución de sus intereses. Por ello, el esclarecimiento
del crimen contra Eugui Roy, y el de todos los delitos contra
ambientalistas que permanecen impunes, representa la única vía para
poner fin al uso de la violencia contra éstos y otros luchadores
sociales.
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