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9/26/2020

Diputado que propuso Pin Parental denuncia ante Fiscalía a ONG que ayudan a mujeres a interrumpir embarazos

 

Ciudad de México. El diputado del Partido Encuentro Social (PES), Juan Carlos Leal Segovia, denunció este día ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Nuevo León, a colectivas feministas que ayudan a mujeres a interrumpir un embarazo no deseado.

El legislador publicó una copia de la denuncia en su cuenta de Twitter, desde donde ha promovido la reforma a la Ley de Educación estatal para incluir el Pin Parental, es decir,  restringir el acceso a educación sexual y reproductiva; y a la Ley de Salud, para prohibir la promoción del aborto y la publicidad de medicamentos para realizarlo.

A tres días del 28 de septiembre, cuando se conmemora el Día de Acción Global por un aborto legal y seguro, el diputado conservador señaló que el aborto es un delito como lo establece el Código Penal del estado en los artículos 327, 328 y 329 que castiga esta conducta con penas de seis meses a un año de prisión y de uno a tres años a quien ayude a abortar.

Sin embargo cabe recordar que el aborto puede realizarse en condiciones legales por las siguientes causales: 1) cuando el embarazo es producto de una violación, 2) cuando el embarazo afecta la salud de las mujeres y 3) cuando el embarazo pone en peligro de muerte a la mujer.

De acuerdo con el Artículo 331, del Código Penal estatal, “No se aplicará sanción cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de muerte o de grave daño a su salud, a juicio del médico que la asista, oyendo éste el dictamen de otro médico, siempre que esto fuera posible y no sea peligrosa la demora. Tampoco será sancionado el aborto cuando el producto sea consecuencia de una violación”. 

En su escrito de denuncia el legislador expresó que una búsqueda en internet arroja información sobre colectivas que aceptan la apología del delito y apoyan a mujeres que deciden interrumpir un embarazo. Según Leal Segovia, las organizaciones declaran haber participado en más de 4 mil abortos en el estado, lo que pue ser verificado por la FGJ.

En la copia de la acusación puso los nombres de las organizaciones y de una persona, así como datos personales de ella.

Otras propuestas del diputado del PES son incluir la protección y preservación de la vida desde la concepción en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, prohibir las las “terapias hormonales” y la investigación científica con células. El político ha declarado que en su agenda legislativa está derogar todas las “leyes de género”, incluido el tipo penal de feminicidio.

9/22/2020

Ordena Juez suspender Pin Parental en Aguascalientes

 

Ciudad de México. Por violar el derecho a la educación y a la no discriminación, el pasado 1 de septiembre un juez federal ordenó suspender la aplicación del artículo cuarto de la Ley de Educación de Aguascalientes sobre Pin Parental, que permite que madres y padres de familia impidan que niñas y niños accedan a contenidos sobre educación sexual.

El abogado del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Alex Alí Méndez, expuso que esta resolución fue el resultado de un amparo promovido en agosto pasado por organizaciones civiles. Al conocer el asunto, explicó, el juez ordenó la suspensión definitiva del Pin Parental mientras se analiza el amparo y hasta resolver la acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión de Derechos Humanos estatal, la cual está pendiente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En conferencia de prensa, este lunes 21, representantes de organizaciones civiles informaron que esta suspensión obliga a las autoridades educativas a abstenerse de informar a madres, padres y tutores las fechas en las que se impartirán contenidos y actividades que versen sobre moralidad, sexualidad y valores, así como de pedir su consentimiento para que niñas y niños reciban esta información.

Méndez dijo que el amparo fue promovido el pasado 3 de agosto por GIRE, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), el Colectivo SerGay, Morras Help Morras y TerFU para proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes en Aguascalientes. Las agrupaciones impugnaron el artículo cuarto de esta ley por violar el artículo tercero constitucional, que establece que la educación debe tener perspectiva de género e incluir la educación sexual y reproductiva.

El litigante consideró que la resolución del juez es un precedente en el análisis del Pin Parental porque pone sobre la mesa la importancia del respeto a la Constitución federal y deja claro que los derechos establecidos en la Carta Magna no pueden ser modificados, reducidos o atacados por los órganos legislativos de las entidades. Sin embargo, consideró que aún falta escuchar la voz de la Suprema Corte que será determinante en este tema.

Las organizaciones argumentaron en la demanda de amparo que la reforma aprobada y publicada en marzo de este año en el Periódico Oficial estatal afecta el ejercicio del derecho a la educación y a la salud; restringe o limita el acceso a la información; contraviene el interés superior de la niñez y vulnera el propósito de las escuelas de construir un espacio seguro para que niñas y niños hablen de todos los temas y obtengan herramientas para tomar decisiones sobre su vida.

Con el Pin Parental, señalaron representantes de los colectivos, se estableció en la ley educativa la obligación del sistema escolar de informar a padres y madres sobre el contenido de programas, cursos, talleres y cualquier actividad sobre moralidad, sexualidad y valores, para que decidan si sus sus hijas e hijos pueden asistir o no a esas actividades.

Las propuestas legislativas en este sentido comenzaron a presentarse al final de enero de este año en los congresos locales. El monitoreo de las organizaciones indica que a la fecha en 19 entidades de México se habla de una iniciativa sobre el PIN Parental. En Baja California, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, Querétaro y Veracruz existen iniciativas formalmente presentadas.

En Coahuila, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Puebla, Tamaulipas, Yucatán y Morelos los grupos antiderechos están promoviendo que las y los legisladores presentan la iniciativa, aunque oficialmente aún no existe ninguna; y en Guanajuato existe una iniciativa que menciona la figura del Pin Parental, pero que propone incluir una educación con “perspectiva de familia”.

20/AGM/LGL

8/08/2020

Pide comisión permanente del Congreso de la Unión a CNDH, impugnar ante Corte Pin Parental


Ciudad de México. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión pidió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ejercer su facultad de impugnar, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la constitucionalidad de las reformas que  restringen el acceso a la educación en salud sexual y reproductiva.
En la sesión de este 5 de agosto, el Congreso rechazó las reformas promovidas en las entidades federativas conocidas como Pin Parental, por considerarlas violatorias de los Derechos Humanos de niñas, niños y adolescentes, y exhortó a las 32 legislaturas locales a respetar el derecho a la educación laica, científica, equitativa, inclusiva, intercultural e integral.
A la fecha, sólo en Aguascalientes el Legislativo aprobó reformar su Ley de Educación para establecer que la autoridad educativa estatal debe dar a conocer previamente a los padres de familia los contenidos sobre “moralidad, sexualidad y valores” a fin de que puedan determinar si sus hijas e hijos pueden o no asistir a las actividades donde se impartan estos temas.
La reforma fue publicada el 25 de mayo de 2020, mediante el decreto N.341, pero en este caso  la Comisión de Derechos Humanos de Aguascalientes promovió una acción de inconstitucionalidad. La CNDH no se ha pronunciado sobre el llamado del Congreso de la Unión.
En los estados de Querétaro, Ciudad de México, Baja California, Veracruz, Morelos, Chihuahua y Guanajuato, los diputados, principalmente del Partido Encuentro Social, han planteado reformas semejantes.
El punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente recuerda, que como la expresó públicamente la Secretaría de Gobernación en julio pasado, el artículo tercero constitucional establece que los planes y programas de estudio deben tener perspectiva de género y una orientación integral, por lo que de debe incluir el conocimiento de las ciencias y humanidades, promoviendo estilos de vida saludables, incluida la educación sexual y reproductiva.
Asimismo, al hacer un análisis de la legislación vigente en el país, la Comisión Permanente determinó que la la Ley General de educación señala que le corresponde al Estado la rectoría de la educación y que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que dice que se debe salvaguardar su interés superior.
Las y los diputados consideraron desafortunado que en algunas entidades federativas se presenten iniciativas con estas modificaciones para limitar la enseñanza de contenidos educativos, aduciendo convicciones de carácter ético o moral de los padres de familia, desconociendo que la educación sexual resulta ser un derecho fundamental.
Esta semana organizaciones feministas de Chihuahua iniciaron acciones como manifestaciones en el Congreso estatal y conversatorios virtuales para evidenciar que la falta de educación en sexualidad provocaría desconocimiento de medidas de prevención de la violencia de género, transmisión de enfermedades, embarazos adolescentes o uso de métodos anticonceptivos, entre otros.

7/25/2020

Piden omitir iniciativa de PIN parental en Puebla


Puebla, Pue. Tras el anuncio del diputado panista Oswaldo Jiménez López, de que presentará una iniciativa de PIN Parental en Puebla, organizaciones de la sociedad civil y la legisladora Estefanía Rodríguez Sandoval, se manifestaron en contra de la propuesta, debido a que violentaría los derechos de las infancias.
El martes 21 de julio, el coordinador de la bancada de Acción Nacional en el Congreso de Puebla dio a conocer, a través de una rueda de prensa virtual, que presentará una iniciativa para contemplar el PIN parental en la Ley de Educación estatal.
El mensaje llegó después de que las secretarías de Gobernación, Salud y Educación, entre otras dependencias federales, emitieran un boletín donde indican que estas propuestas son violatorias de los Derechos Humanos e inconstitucionales.
De manera textual el boletín indica: “de llegar a aprobarse estas reformas, podrían ser consideradas inconstitucionales por las autoridades competentes al violar los principios de progresividad y prohibición de no regresión de los derechos y transgredir la rectoría del Estado sobre la definición de los contenidos educativos establecida en el artículo tercero constitucional, además de extralimitar las competencias de los legislativos estatales”.

Ante el anuncio del legislador Oswaldo Jiménez, el Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr) emitió un comunicado de prensa, donde señala que vulnera el derecho a la educación pone en riesgo a las infancias y las adolescencias a
sufrir violencia y abuso sexual, así como tener embarazos no deseados, ser objeto de discriminación y acoso por homofobia.

“La presente Legislatura ha quedado a deber a la sociedad poblana en la agenda de Derechos Humanos, en particular los de las mujeres y los sexuales y reproductivos, es por ello que manifestamos nuestra preocupación y atención a este nuevo intento de mermarnos a favor de los enemigos de la progresividad de derechos e igualdad de género”, dice el comunicado de Odesyr.
Por su parte, la diputada local del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Estefanía Rodríguez, señaló que vulnera los derechos de las infancias y al mismo el artículo 3 de la Constitución mexicana.
“En caso de que se llegase a formalizar esta iniciativa, vamos a estar atentos para que, en caso de que se discuta, puedan tener todos los elementos necesarios para decir todas las implicaciones que trae esta iniciativa”, dijo la presidenta de la comisión de Derechos Humanos, en el Congreso de Puebla.
Geru Aparicio Aviña, psicóloga, master en victimología y Derechos Humanos, expuso que el PIN parental ve a la niñez como un objeto de pertenencia de madres, padres o tutores, y no como personas titulares de derechos, es decir, no se les considera a niñas, niños y adolescentes sujetos de derechos sexuales.

“A mí me preocupa porque lejos de que son propuestas constitucionales, a mí me preocupa que las personas legisladoras, que deben saber los principios elementales de la Constitución, estén presentando propuestas que lejos de aportar generan diálogos estériles”, cuestionó
la especialista en Derechos Humanos, durante la charla virtual “¿Por qué el Pin Parental es violatorio del derecho a la educación sexual de la niñez?”.

Por su parte Elva Rivera Gómez, feminista y doctora en Historia y Estudios Regionales, agregó que estas ideas consideran a las mujeres, las infancias y otras poblaciones vulnerables con capacidades mínimas para tomar decisiones y, en ese sentido, sólo compete al padre el tema de la sexualidad y reproducción.
“Esto atenta contra los Derechos Humanos, ¿de quién? De la población infantil (…) Hay que dejar de pensar en esta política conservadora, de que el padre es quien tiene que controlar los contenidos, de por sí hay una censura desde el currículo oculto y si a eso le sumas una iniciativa como esta, ya no nos vamos a poner los antifaces (cubrebocas) en la nariz sino en los ojos”.
Dado que el periodo Legislativo terminó esta semana, la propuesta del PIN parental no fue presentada de manera oficial, por lo cual aún el legislador Oswaldo Jiménez podría recular.
20/SPG/LGL

7/15/2020

Se pronuncia en contra del Pin parental, organización Save the Children

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Ciudad de México. La organización internacional Save the Children exhortó a los congresos estatales a detener la aprobación de las iniciativas del Pin Parental, por vulnerar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, colocándoles en una situación de riesgo, en un país en el que los niveles de violencia cada vez son más altos, incluyendo la violencia sexual y la discriminación.
Este martes la organización se pronunció en un comunicado contra estas propuestas legislativas para otorgar a madres, padres y tutores el poder de decidir sobre la educación que reciben sus hijas e hijos en las escuelas, particularmente, en lo que se refiere a la educación en sexualidad y la salud sexual y reproductiva.
Actualmente estas iniciativas se presentaron en los Congresos de la Ciudad de México, Querétaro, Chihuahua, Baja California y Veracruz. Asimismo, ha sido aprobada en el estado de Aguascalientes y rechazada en Nuevo León.
De acuerdo con Save The Children, las propuestas contravienen diversos ordenamientos legales nacionales e internacionales, como la Convención sobre los Derechos del Niño, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, fundamentalmente en lo que se refiere a los derechos de: Interés Superior de la Niñez; Igualdad Sustantiva; No Discriminación; Vivir en Condiciones de Bienestar y Sano Desarrollo Integral; Protección a la Salud y a la Seguridad Social; Educación; Libertad de Expresión y de Acceso a la información y Participación.
Además de violar derechos, alertó que estas iniciativas pueden traer como consecuencia diversas problemáticas, como el incremento de violencia y el abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes, la transmisión de VIH y otras infecciones de transmisión sexual, embarazo a edades tempranas, acoso escolar, discriminación, homofobia, trata de personas, entre otras.
La organización recopiló datos oficiales y señaló que tan solo en 2018, de los 2.1 millones de nacimientos totales que se registraron en México, 339 mil 504 fueron de adolescentes menores de 19 años de edad (15 por ciento del total), y 5 mil 861 de niñas menores de 15 años. Asimismo, en 2019 se estimó una tasa de 77 nacimientos por cada 1000 adolescentes de 15 a 19 años de edad.
En este sentido, expuso que detrás de muchos embarazos adolescentes puede haber violencia sexual, nupcialidad temprana, no uso o uso incorrecto de anticonceptivos y una falta de educación integral sexual, especialmente en edades tempranas.
También, el embarazo adolescente es un problema de salud pública que pone en riesgo la supervivencia de las adolescentes. Al no contar con el desarrollo físico adecuado, tienen mayores posibilidades de morir por complicaciones en el embarazo o el parto; además aumenta la probabilidad de nacimientos prematuros o con bajo peso.
Por lo que se refiere a la violencia sexual, señaló que la información oficial indica que en lo que va del año (enero-mayo) se reportaron 2 mil 164 casos de abuso sexual, 3 mil 503 casos de acoso y hostigamiento sexual y mil 577 casos de violación. Entre los estados que presentan los niveles más altos de este tipo de violencia se encuentran Baja California, Chihuahua, Ciudad de México y Nuevo León.
Con esta información, Save The Children hizo un llamado a los Congresos de las 32 entidades federativas, para no promover ni aprobar modificaciones a las leyes de educación o de derechos de niñas, niños y adolescentes, porque atentan contra los Derechos Humanos. Además, exhortó a reforzar los contenidos educativos y una cultura de respeto y protección de los derechos de todas las personas.
También expuso que las autoridades estatales deben garantizar la implementación de campañas y espacios de formación permanentes dirigidos a madres, padres, cuidadores, docentes y a la comunidad educativa sobre los derechos de la niñez y adolescencia, incluyendo el derecho a la salud sexual y reproductiva y al libre desarrollo de la personalidad.
20/AGM/LGL

7/12/2020

El pin parental, peligro de retroceso educativo


La Jornada

Editorial

Comprensible preocupación muestra la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) frente a las iniciativas de reforma, en algunas entidades federativas, para promulgar leyes que permitan a los padres de familia impedir a sus hijos que asistan a los cursos sobre educación sexual y salud sexual y reproductiva, cuando estos no coincidan con sus convicciones (las de los padres) morales o religiosas. Según el argumento de quienes promueven esas iniciativas, a los progenitores correspondería decidir el tipo de educación que reciben sus vástagos, en especial en temas relacionados con la sexualidad y los modelos de integración familiar, desconociendo eventualmente los programas educativos oficiales basados en el respeto y promoción de los derechos y valores humanos.
Las iniciativas de reforma, que en México han sido presentadas o están en distintas etapas de ese proceso en varios estados (Aguascalientes, Chihuahua, Nuevo León, Querétaro y Veracruz), tienen como eje el llamadopin parental. Sintéticamente descrito, este recurso consiste en una solicitud por la cual las autoridades de los centros educativos deberían informar previamente a los padres de los estudiantes sobre materias, cursos y talleres relacionados con algunos aspectos de la sexualidad, a fin de que aquéllos den –o no– su consentimiento para que sus hijos asistan. En esencia, elpin parentalpropone que el derecho de los padres a educar a sus hijos e hijas según sus criterios morales esté por encima del derecho de los niños y niñas a recibir una educación laica, científica y cuyos contenidos obligatorios se incluyan en programas y planes de estudio como lo dispone el artículo 3 constitucional, la perspectiva de género y una orientación integral que aborde el conocimiento (…) de la salud sexual y reproductiva.
Ya antes del pronunciamiento de la CNDH sobre el tema, la Secretaría de Gobernación había dado a conocer un comunicado donde describía en términos inequívocos el carácter de las iniciativas de reforma comentadas. Afirmaba el texto del comunicado que el denominadopin parentales...una medida violatoria de derechos que se opone a la construcción de una sociedad equitativa, inclusiva, bien informada y responsable. Y remataba expresando que niegael derecho a una educación con perspectiva de género, como un paso fundamental para garantizar el derecho de todas las niñas y mujeres a una vida libre de violencia. Como consecuencia de ese análisis, la Secretaría de Gobernación (junto con otros organismos cofirmantes del comunicado) instaba a los congresos estatales aponer los derechos de niñas, niños y adolescentes por encima de los intereses de sus padres y madres.
El enfoque propuesto por los promotores delpin parentalcomenzó a tomar fuerza en España hace un par de años, a instancias del ultraderechista partido Vox, y desató una polémica tan áspera como la que podría desatarse en nuestra nación si dichas iniciativas encuentran eco en las legislaturas locales. De ahí la oportunidad del pronunciamiento de la CNDH sobre la cuestión y su señalamiento de que esas iniciativas, además de ser inconstitucionales, atentan contra los derechos humanos en general y los que conciernen a la niñez y la adolescencia en particular.

7/11/2020

Escuchar necesidades de adolescencia y juventud antes de Pin parental

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Ciudad de México.– Un grupo de jóvenes defensores de la educación integral en sexualidad aseguró que las propuestas legislativas sobre Pin Parental podrían restringir el aprendizaje sobre su cuerpo, menstruación, infecciones de transmisión sexual, embarazo adolescente, consentimiento y abuso, acoso y violencia sexual.

Convocadas por organizaciones civiles que integran el colectivo “Artículo Tercero”, este martes 7 de julio las jóvenes y adolescentes se reunieron en un conversatorio virtual donde expusieron sus experiencias y opiniones sobre las propuestas impulsadas por el Partido Encuentro Social (PES) en Ciudad de México, Querétaro y Nuevo León y por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chihuahua.
Las jóvenes aseguraron que de aprobar la incorporación del Pin Parental en las leyes estatales de educación y de derechos de la niñez y adolescencia, se vulneraría el acceso a contenidos educativos sobre sexualidad, lo que incluye que a las niñas no se les enseñe a conocer su cuerpo, procesos como la menstruación o a identificar la violencia y el abuso sexual.  
En el diálogo titulado “¿Qué onda con la educación integral en sexualidad y el Pin Parental?”, Tabata García Rubio, integrante de REDefine, aseguró que hay casos de embarazos no deseados o de infecciones de transmisión sexual que se pudieron evitar si las personas hubieran tenido la oportunidad de acceder a una educación de calidad.
En opinión de la joven de la Ciudad de México, las iniciativas son un retroceso en la educación y los Derechos Humanos, porque aumentarían la violencia y el embarazo en la adolescencia. Agregó que la educación debe entenderse como algo colectivo y no solo individual porque las consecuencias de no contar con información sobre sexualidad también son comunitarias, por ejemplo, mencionó que un embarazo no deseado impacta en las mujeres pero también en toda su familia.  
Por su parte, la integrante de Colectivos Unidos por los Derechos Humanos, en Nuevo León, Frida Soto, señaló que la educación en sexualidad no se resume en tener o no relaciones sexuales, sino que abarca más temas como prevenir abusos, reconocer los intereses de cada persona, saber que tienen derecho al consentimiento y el respeto entre las personas.
Para ella, durante la infancia se empieza a descubrir y a tener curiosidad sobre el cuerpo, por eso señaló que si una persona no tiene información para saber quién es y entender su cuerpo se generan más problemas.
Nadia Bernal, del estado de Querétaro, relató que cuando iba a la secundaria una profesora sacó a los hombres del salón de clases y sólo dejó a las niñas. Así lo hizo porque les hablaría de cómo ser discretas cuando tenían su menstruación. “Para mi eso fue un shock”, dijo y destacó que desde las escuelas se gestan estos tabúes sobre los procesos corporales.
La estudiante dijo que a ella le gustaría que sus hermanas y nuevas generaciones reciban educación y supieran que su cuerpo es normal, que existe la diversidad de cuerpos y que hay que respetarlos. Además, criticó que en estos temas haya “adultocentrismo” y no se escuche lo que tiene que decir la juventud.
Anailí Muñoz Zárate, joven del Estado de México, expuso que durante las manifestaciones por el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, notó que todas las personas hablaban de violencia sexual. Entre los testimonios publicados en redes sociales leyó que hubo algunos casos de abuso sexual en la niñez, pero consideró que a esa edad las chicas no sabían que las personas que las violentaron  no debían tocarlas. Es por eso que es necesario explicarle a las hijas e hijos que las otras personas deben tener límites, dijo.
En su experiencia, también hay jóvenes que no tienen confianza con sus padres para contarles sobre su vida, pero si no reciben educación en sexualidad de sus padres ni de las escuelas, entonces ignoran muchos procesos de su cuerpo, como cuándo es normal que llegue la menstruación si son mujeres adolescentes o qué implica en su salud.  
Yael Martínez Arango, joven del estado de Aguascalientes, dijo que aunque se quiera negar la educación en sexualidad, es mejor que las y los jóvenes conozcan y decidan sobre su vida, por ejemplo, su orientación sexual. El defensor dijo que aún cuando en algunas familias se cree que los adolescentes están muy pequeños para conocer de cosas “íntimas” o digan la sexualidad es pecado ”no es así. Nos ayudaría a entender y seguir con nuestro futuro, ser precavidos y protegernos”.
Frida Soto agregó que la falta de información hace creer a madres y padres que la niñez y adolescencia mienten cuando hablan de que fueron víctimas de abuso sexual. “A los nueve años un hombre me tocó en unos juegos de una pizzería y no supe catalogar el abuso, porque el señor me dijo: ah me confundí”, dijo y explicó que en ese momento ella se sintió culpable porque no sabía qué era lo que estaba pasando. Desde su punto de vista, hay muchas niñas de 9 años a quienes les esta pasando lo mismo.
Las jóvenes llamaron a las madres y padres de familia a escuchar a sus hijas e hijos y a romper estigmas y prejuicios. Aseguraron que la educación integral en sexualidad ayudaría a que niñas y niños tengan información sobre su cuerpo, pero también conozcan que no deben hacer daño a las otras personas; y destacaron que en caso de que la juventud no tenga definida sus creencias sobre su sexualidad no se les debe negar la oportunidad de desarrollar su personalidad.  
A la fecha sólo en el estado de Aguascalientes se ha aprobado la reforma sobre Pin Parental. El 25 de mayo se publicó en el Periódico Oficial del estado las modificaciones a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes estatal y a la Ley de Educación estatal, para que padres y madres de familia determinen que sus descendientes no asistan a cursos, talleres y actividades donde se impartan conocimientos sobe moralidad o sexualidad, en caso de que los contenidos contravengan sus convicciones morales.

7/08/2020

Llama Segob a estados a preservar derechos de la infancia ante Pin parental


Ciudad de México. Las secretarías de Gobernación (Segob), Salud (Ss) y Educación (SEP) enviaron a los 32 Congresos locales un análisis de los criterios jurídicos vigentes sobre la educación laica, donde también llamaron a poner los derechos de niñas, niños y adolescentes por encima de los intereses de sus madres y padres.
La comunicación se dio en respuesta a las propuestas legislativas de incluir el Pin Parental en las leyes educativas locales para que las y los tutores eviten que sus descendientes accedan a conocimientos que contravengan sus “convicciones éticas, morales o religiosas”, lo que transgrede la rectoría del Estado en la definición de contenidos educativos, establecida en el artículo tercero constitucional.
En el análisis jurídico, al que también se sumaron el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), el Consejo Nacional de Población (Conapo), el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), señala que impedir que niñas, niños y adolescentes reciban educación sexual y reproductiva se opone a una educación laica y científica y afecta el interés superior de la niñez.
De acuerdo con la información difundida este fin de semana por la Segob, desde inicios de 2020, al menos en cinco Congresos locales (Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad de México, Querétaro y Nuevo León) se presentaron iniciativas de reforma a leyes de educación y de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como a constituciones locales, donde se pretende establecer la injerencia de padres y madres en contenidos educativos.
Las propuestas, promovidas por legisladores del Partido Encuentro Social (PES) y en respaldada por el Partido Acción Nacional, proponen que padres y madres veten contenidos educativos o eludan que sus hijas e hijos se asistan de las clases que no coincidan con sus “convicciones éticas, morales o religiosas”. En consecuencia, expuso la Segob, autoridades educativas estarían impedidas de impartir conocimiento sobre educación sexual y reproductiva, diversidad, inclusión y perspectiva de género.
Sin embargo, las y los diputadas promoventes aseguran que se trata de una reforma a favor de la familia y del ejercicio responsable de la sexualidad. El diputado del PES, en Nuevo León, Carlos Leal y la diputada Elsa Méndez, de Querétaro, han calificado de “intromisión” el llamado de la Segob a las legislaturas de los estados; mientras que la diputada de Aguascalientes, donde la reforma fue aprobada, la panista, Paloma Amézquita, asegura que “los hijos pertenecen a los padres, no al gobierno”.
No obstante, el documento elaborado por las instancias de Gobierno, señala que de aprobar estas reformas, se afectarían los principios de progresividad y prohibición de no regresión de los Derechos Humanos y se restringiría el derecho a la educación. Además, la Segob, SEP y la Ss señalaron que la participación de los estados y sectores sociales en los contenidos educativos se considera únicamente a modo de opinión, por medio de los mecanismos de la Secretaría de Educación.
Con estos argumentos, las secretarías afirmaron que, además, las reformas transgreden la división de competencias, ya que los Congresos locales no tienen facultades para legislar sobre esta materia. En el caso de Aguascalientes, donde la Legislatura aprobó el Pin Parenatal en Ley de Educación y a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del estado, la Comisión de Derechos Humanos local presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Además, la Suprema Corte ya se pronunció a favor de la educación en sexualidad. En este caso, donde un madre de Aguascalientes presentó un amparo (203/2016) contra la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el tribunal concluyó que los valores que se inculcan en el proceso educativo no deben socavar, sino consolidar, los esfuerzos destinados a promover el disfrute de otros  derechos.

6/27/2020

Pin Parental vulnera interés superior de niñez y adolescencia

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Ciudad de México. Legislar el Pin Parental, es decir, la posibilidad de que madres y padres de familia eviten que sus descendientes reciban educación sobre salud sexual y reproductiva, vulnera el interés superior de niñas, niños y adolescentes al negarles información científica y laica.

La secretaria general del Consejo Nacional de Población (Conapo), Gabriela Rodríguez, reiteró que el Pin Parental va en contra de la Constitución Política federal que garantiza el derecho a la educación, incluyendo la educación en sexualidad.

Al participar este lunes en un foro virtual, junto con las representantes de la Asociación Mundial para la Salud Sexual (WAS), Esther Corona Vargas y de Ipas México y Centroamérica, María Antonieta Alcalde, la funcionaria coincidió en que la educación integral en sexualidad es un derecho.

Hasta junio, legisladores de los congresos de Aguascalientes, Chihuahua, Nuevo León y Querétaro, han propuesto modificar sus leyes locales de educación para establecer que las y los tutores de menores de edad tengan la posibilidad de evitar que en las escuelas sus hijas e hijos no reciban ni accedan a contenidos sobre sexualidad o que contravengan sus creencias éticas, morales o religiosas.

Para las agrupaciones civiles estas reformas son un retroceso en los Derechos Humanos de las mujeres y niñas porque podrían incrementar el embarazo infantil y adolescente, la violencia en el noviazgo y el desconocimiento de métodos anticonceptivos, enfermedades de transmisión sexual y del derecho a decidir sobre el cuerpo propio.  

El pasado mes de mayo el Congreso del estado de Aguascalientes reformó la Ley de Educación estatal y la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Aguascalientes para permitir que madres y padres puedan negarse a que sus descendientes reciban información en actividades educativas contrarias a sus creencias morales y a su ideología.

Ante esto, las agencias de Naciones Unidas se pronunciaron el pasado 16 de junio al publicar un comunicado en donde señalaron que si bien las personas adultas como padres, madres, cuidadores o instituciones de protección, tienen la responsabilidad de la crianza y el desarrollo de niñas y niños bajo su tutela, esa responsabilidad no es discrecional ni absoluta, sino que está condicionada a que las y los menores de edad puedan ejercer plena y prioritariamente sus derechos.

Las representaciones de UNICEF, UNESCO, UNFPA y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos alertaron además que la reforma educativa en Aguascalientes abría la puerta para que padres, madres y cuidadores puedan ejercer violencia contra niñas, niños y adolescentes como método de disciplina.

En Aguascalientes, la semana pasada la Comisión Estatal de Derechos Humanos anunció que presentaría una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de las reformas aprobadas por el Congreso al considerar que se vulnera el derecho a la educación y la salud sexual de las y los menores de edad.

A su vez, diferentes colectivos promovieron un documento en la plataforma web change.org para pedir que la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra presentará una acción de inconstitucionalidad ante  la Suprema Corte para que el organismo se pronunciara por los derechos de las y los niños.

La propuesta de establecer en las leyes una restricción a la educación sexual se ha extendido en los Congresos del resto del país. Por esa razón, la Secretaría de Gobernación junto con el Sistema Nacional Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes se han opuesto a estas reformas públicamente.  

En mayo el Congreso de Nuevo León debatió el Pin Parental, es decir, reformar la Ley de Educación estatal para que los padres de familia eviten que sus hijas e hijos reciban educación sexual. El 29 de mayo la propuesta legislativa fue rechazada al no alcanzar los votos necesarios y ante las críticas de la sociedad civil.

Es por ello que legisladoras que se consideran “providas” y que militan en el Partido Encuentro Social, promotor del Pin Parental, han señalado que el llamado de la Segob es un ataque a la familia. Por ejemplo, la diputada de Chihuahua, Marisela Sáenz, y la diputada de Querétaro, Elsa Méndez, exigieron públicamente a la Segob que no interfiera en los Congresos locales.

Cabe recordar que la Ley General de Educación establece que la educación debe contar con un enfoque de Derechos Humanos y con perspectiva de género, y que la educación sexual y reproductiva debe formar parte de los planes de estudio.