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2/14/2014

Riesgos para las mexicanas con la reforma electoral


NACIONAL

   Creación de INE afectaría recursos para capacitación femenina

CIMACFoto: Yunuhen Rangel Medina
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | México, DF.- 

Aunque la reforma político-electoral avizora un avance para la participación política de las mujeres, no se puede perder de vista que también podría significar una pérdida de derechos conquistados, advirtió la presidenta del Consejo Ciudadano Mujeres al Poder, Natividad Cárdenas Morales.

La consultora señaló que la reforma constitucional promulgada el pasado 31 de enero también significa la desaparición del Instituto Federal Electoral (IFE) y la expedición de nuevas normas electorales, y con ello un peligro para los avances logrados en materia de género en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).

En entrevista con Cimacnoticias, Cárdenas Morales explicó que con las modificaciones se obliga a la paridad (50 por ciento mujeres y 50 por ciento hombres) en las candidaturas a los congresos federal y estatales, y al mismo tiempo crea el Instituto Nacional Electoral (INE) y nuevas estructuras electorales, además de que prevé la expedición de leyes secundarias que podrían trastocar o incluso desparecer el Cofipe.

LEYES REGLAMENTARIAS

El Congreso de la Unión debe expedir las leyes reglamentarias de la reforma político-electoral, pero de acuerdo con la especialista hay que vigilar este proceso para que tengan continuidad aquellos mecanismos a favor de las mujeres.

Puso como ejemplo el artículo 78 del Cofipe, que desde 2008 establece la obligatoriedad a todos los partidos de destinar un 2 por ciento de su financiamiento para la capacitación femenina.

La activista, quien ha monitoreado el ejercicio de esos montos, apuntó que desde ese año hay subejercicios o, en todo caso, las agrupaciones los han utilizado para pagar impresos, material promocional, fumigación, seguridad, lavandería, o eventos y actividades que no están relacionadas con la capacitación de las militantes.

En 2012, PRI, PAN, PRD, PT, PVEM, Panal y Movimiento Ciudadano recibieron en conjunto 67 millones 222 mil 416 pesos exclusivamente para capacitar a las militantes. Para 2013 el monto ascendió a 71 millones 278 mil 519 pesos, y para este año la cifra es de 76 millones 215 mil 721 pesos.

De ahí que la especialista lance una alerta para vigilar si en las nuevas leyes habrá continuidad en el artículo 78, que sustenta la existencia del 2 por ciento, o si va a desaparecer para obligar a los partidos a tener un presupuesto con perspectiva de género.

EL NUEVO INE

Con la transformación del IFE a INE se plantean nuevas reglas electorales que a decir del gobierno federal serán más justas, eficientes y transparentes en beneficio de la democracia y la ciudadanía, ya que el nuevo organismo fortalecerá su participación en la organización de elecciones locales y tendrá mayor relación con los institutos electorales estatales.

Entre las tareas del IFE estaban la expedición de la credencial para votar con fotografía, la administración de los tiempos de radio y TV, el registro federal de electores, y la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos, mismas facultades que continuarán.

En el tema de género, el organismo realizaba desde talleres de educación cívica para las mujeres y la vigilancia del cumplimiento de la cuota de género en candidaturas a diputaciones y senadurías, hasta la fiscalización de los recursos para liderazgos femeninos.

De acuerdo con Cárdenas Morales, la transformación implica un rediseño de las áreas del IFE y en este caso hay una expectativa sobre la Unidad de Fiscalización, que se encargaba de revisar ingresos y egresos de los partidos, gasto de campañas, y si las agrupaciones políticas erogaban de manera adecuada sus recursos para capacitar a sus militantes.

En la reforma se estableció que el INE debería tener un sistema de fiscalización sobre el origen y destino de los recursos con los que cuenten los partidos, las coaliciones y los candidatos, pero para la experta no está claro si desaparecerá el actual Reglamento de Fiscalización reformado en 2011.

El reglamento hace especificaciones puntuales sobre el 2 por ciento y establece normas, lineamientos de contabilidad y plazos que deben seguir los institutos políticos a fin de evitar que los montos asignados a las mujeres se destinen a gasto corriente o en la compra de materiales de propaganda, por ejemplo.

En este sentido, Natividad Cárdenas explicó que más allá de que la reforma señale que las mujeres deberán ocupar el 50 por ciento de candidaturas, las leyes reglamentarias deben dar vida a esta disposición para que no existan excepciones, pues al final el reto es lograr un cambio de cultura y una democracia participativa entre mujeres y hombres.

10/29/2013

¿Reforma electoral?



Pedro Miguel

En tanto llegan los días decisivos de poner a votación la entrega del petróleo nacional a intereses corporativos privados, nacionales y extranjeros, las bancadas legislativas de los principales partidos se entretienen en la rebatinga de una reforma electoral cuyas modalidades sólo tienen interés para la clase política y que no suscita el menor interés para el resto de la sociedad. No es para menos: lo que está en juego es un reacomodo institucional que afecta sólo tangencialmente el modelo de democracia representativa formal tras el que se esconde la dominación oligárquica del país: el de la iniciativa y la consulta ciudadanas.

Una acción positiva, que acercara a las cámaras legislativas a la población y contribuyera a remontar el enorme desprestigio y la falta de credibilidad de diputados y senadores sería el poner sobre la mesa el tránsito hacia una democracia participativa que aportara funcionalidad y credibilidad al conjunto de las instituciones, empezando por las electorales. El IFE es hoy en día –y así lleva una década– un elefante blanco que no sirve ni para hacer aparentar que en México se respeta la voluntad ciudadana. Del fraude cibernético operado por la cosa que encabezaba Luis Carlos Ugalde a la compra masiva de sufragios tolerada por la que presidió Leonardo Valdés Zurita, el IFE malgasta más de 333 millones de pesos al año. En el colmo de la ironía, para llegar a esa cifra la dependencia invirtió 16 millones más, a fin de que una consultoría la pusiera en negro sobre blanco. Eso, sin contar con chanchullos inmobiliarios recientes ni con el dinero que se embolsaron los funcionarios desconocidos que hicieron llegar el listado del Registro Nacional de Electores a empresas de marketing de Estados Unidos y, de manera directa o indirecta, al mercado de Tepito.

Sería pertinente, por ejemplo, sacar al IFE del control de la clase política y seleccionar periódicamente, por sufragio universal, y mediante planillas o no, a su consejo general. Serían esas las mejores candidaturas ciudadanas o independientes que podrían instituirse. Porque, claro, habría que estipular que los aspirantes no podrían ser postulados por los partidos.

Sería también deseable establecer un mecanismo de transparencia independiente del órgano electoral que, en lo sucesivo, disuadiera a sus funcionarios de manejar en forma tan alegre el presupuesto asignado. Esa misma receta habría que aplicar al Legislativo, al Judicial y a la miríada de organismos autónomos que hoy proliferan en la Constitución y en los organigramas y en los que el gasto se ejerce sin ninguna forma de control por parte de los electores ni de supervisión de la opinión pública.

Desde luego, sería también recomendable olvidarse por un rato de ese distractor de la relección de diputados y senadores federales y estatales y establecer un mecanismo realmente eficaz de control ciudadano sobre esos y otros representantes populares: la revocación del mandato, un sistema simple y directo que obligaría a los políticos electos a preocuparse por rendir cuentas.

Y sí, por supuesto que es urgente introducir las figuras del referendo, la consulta popular y la iniciativa ciudadana en la legislación electoral del país. Es de obvia necesidad que la clase política comparta potestades y funciones con la sociedad a la que dice representar, un aserto que es puesto en duda por un número creciente, y muy posiblemente mayoritario, de ciudadanos.

Mientras llega la hora de las definiciones en torno al intento de entregar la industria petrolera, los legisladores podrían empeñarse en convencernos, en suma, de que aspiran a la construcción de un país democrático, que están comprometidos en la remoción de obstáculos en esta dirección y que no ven el poder y los cargos de representación popular como un coto y como un botín.

Pero cabe sospechar que tienen muchos motivos para mantener secuestrada la institucionalidad política del país y que quieren seguir así. Ya lo verán.
Twitter: @Navegaciones