En
la noche de ayer y en la madrugada de hoy sucedieron dos
acontecimientos consecutivos que muestran cada una a su peculiar manera
las dimensiones que está tomando la crisis desatada con motivo de la
masacre de Iguala. Una manifestación de las decenas que se realizan en
el país y en el mundo entero, finalizó en el Zócalo y un grupo de
jóvenes anarquistas al grito de “¿Cuál pacifismo? ¿Cuál no violencia?
¡Acción directa y resistencia!”, se desprendió del grueso del
contingente y prendió fuego a la puerta principal del Palacio Nacional,
sede oficial del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, quien
dos horas después a la una de la mañana y a pesar que algunos diputados
y senadores le exigían que suspendiera el viaje, despegaba del
aeropuerto de la ciudad de México con destino a China.
De esta
manera se está acelerando la crisis que en el lapso de unos cuantos
días escaló a niveles que están transformando al país. Hoy México es
muy diferente al país que existía antes de ese fatídico 26 de
septiembre cuando fueron asesinadas seis personas (entre ellos tres
estudiantes normalistas) y 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero
desaparecidos. El incendio de la puerta del Palacio Nacional ocurrió
precisamente 43 días después de esos macabros acontecimientos, marcando
a su modo el tránsito que tiene lugar hacia tiempos más complejos en
los que sólo hay una cosa segura: grandes sectores populares están
madurando y entrando a uno de los momentos más decisivos de su historia
porque a ojos vista de los mexicanos y mexicanas y del mundo entero el
régimen político priista y de sus aliados el PAN y el PRD se encamina
hacia una terrible crisis terminal.
“Asesinados, quemados y sus cenizas arrojadas al río”
El 7 de noviembre Jesús Murillo Karam, el procurador general de la
República anunció a una expectante nación que esperaba un primer
informe oficial de lo sucedido, “en lo que va de nuestras
investigaciones, las más importantes en décadas, pero que no son las
definitivas (¡!sic¡!)” se ha encontrado que los 43 estudiantes fueron
asesinados a sangre fría, quemados sus cuerpos en una pira humana y sus
cenizas arrojadas en bolsas de plástico al río San Juan en un paraje
apartado localizado en la semijungla entre Iguala y Cocula. Los autores
de tamaña atrocidad habrían sido sicarios de la banda de Guerreros
Unidos, con la cual estaban vinculados el ex alcalde José Luis Abarca y
su esposa. Negando rotundamente que se tratara de un crimen de Estado
Murillo Karam presentó como “pruebas” los testimonios de tres jóvenes
sicarios, típicos representantes de los cientos de miles de jóvenes
desempleados del campo y las ciudades que son los reclutas naturales de
las bandas de los narcos. La banalidad de su argumentación se hizo
evidente: ¿cómo tres jóvenes como ellos y algunos otros parecidos a
ellos pudieron realizar tamaña salvajada durante horas y horas sin que
nadie los molestara controlando a 43 estudiantes activistas fuertes y
dinámicos cuya valentía y músculo eran notorios?
Durante la
conferencia el procurador Murillo, en forma característica de la
soberbia de los altos funcionarios del gobierno peñista, contestó
displicente y hasta groseramente las numerosas preguntas que le
dirigieron los también numerosos periodistas nacionales y extranjeros
presentes. Pero Murillo mismo cometió varios lapsus que mostraron ante
los millones de espectadores que estaban pegados a las pantallas
televisivas las incongruencias de la intervención del gobierno
mexicano. En una ocasión dijo que “Iguala no era el Estado”, siendo así
evidente que para los altos funcionarios existen espacios enteros del
país en los cuales la vigilancia y la seguridad federales no existen. Y
el otro desliz fulminante fue su comentario, casi al final de la
conferencia, cuando declaró “yo ya me cansé”. Inmediatamente la frase
ha inundado las redes y es materia de comentarios en todo lugar:”si ya
te cansaste, vete”, “Peña ¿también tu te cansaste? pues vete”, “los
mexicanos estamos cansados hasta la madre del gobierno de ustedes”, y
así por el estilo muchas otras variaciones.
Los padres y
familiares de los normalistas desaparecidos inmediatamente respondieron
a las declaraciones de Murillo Karam en una conferencia realizada
también ante la prensa nacional e internacional en la normal de
Ayotzinapa, en el corazón de Guerrero. No podían aceptar la versión del
gobierno que niega rotundamente que se trate de un crimen de estado.
Dijeron que “el gobierno los seguía torturando” insistiendo en su
versión de la muerte de sus hijos y que ellos no concedían ningún valor
a las indagaciones gubernamentales mientras los forenses argentinos no
den sus resultados y se llame a agencias extranjeras a asistir como
coparticipes en todas las investigaciones. Lo mismo ya lo habían dicho
dos días antes desde el templete frente al Palacio Nacional ante las
decenas de miles de asistentes que llenaban el Zócalo. EN SÍNTESIS NO
CONFIAN PARA NADA EN ELGOBIERNO DE PEÑA NIETO.
El rostro
macabro de un régimen bárbaro que opera con la más absoluta impunidad
está saliendo a relucir ante la toda la nación y el mundo entero a
pesar de los esfuerzos diplomáticos del gobierno por impedirlo. El
secretario de Hacienda, Videgaray Caso, posiblemente el más poderoso
del gabinete de Peña Nieto, aceptó días antes en una reunión con
empresarios que lo que está sucediendo en Guerrero y en el país en su
conjunto ha afectado negativamente la imagen de México al nivel
internacional. Por ejemplo. El turismo, actividad económica central del
puerto de Acapulco, la ciudad más poblada de Guerrero, se ha desplomado
hasta niveles nunca antes vistos.
El 4 de noviembre el ex
alcalde de Iguala, José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles
Pineda, se habrían entregado a la policía “cansados de estar huyendo”
según informaron los medios habría dicho Abarca. Las autoridades
concedieron a este hecho una gran importancia recalcada por el propio
Peña Nieto. Pero extrañamente se añadió que Abarca habiéndose rehusado
a declarar, fue confinado a una prisión de “alta seguridad” mientras
que su mujer sería “arraigada” durante 40 días. Todo indica que las
autoridades buscan colocar al ex alcalde como el chivo expiatorio
principal del crimen.
Otra gran movilización
¡Fuera Peña! Fue una de las consignas más gritadas durante la gran
manifestación del 5 de noviembre que inundó, por tercera ocasión en
menos de un mes, el centro histórico de la ciudad de México. Las
autoridades calcularon en 30 mil los manifestantes y los organizadores
en 100 mil. Ciertamente la cifra real se acercaría más a la segunda
estimación que a la primera pues un río de juventud desfiló durante más
de tres horas en un recorrido de casi 10 kilómetros que se inició a las
16.00 hrs. en el Auditorio Nacional de Chapultepec en una marcha cuyo
destacamento final llegó al Zócalo poco antes de las 20.00 hrs. Y por
supuesto al mismo tiempo se realizaron manifestaciones en demanda de la
presentación de los 43 normalistas desaparecidos en otras ciudades de
la república.
Juventud, mucha juventud, fue la tónica que
caracterizó a la abrumadora mayoría de los participantes, igual que en
las ocasiones anteriores. Grandes destacamentos de estudiantes de las
universidades e instituciones de educación media y superior públicas y
privadas de la ciudad de México, en paro durante 72 horas, acompañadas
de los padres de los desaparecidos, de grupos de estudiantes de
Ayotzinapa y de otros centros educativos del estado de México. “¡Vivos
se los llevaron, vivos los queremos!” fue el grito más oído acompañado
cada vez más frecuentemente con el de “¡Fuera Peña!”
La impunidad como regla
La crisis se va desarrollando imparable sometiendo tanto a las
autoridades como al pueblo encolerizado a la potencia implacable de sus
contradicciones cada vez más agudas y explosivas. Los padres de los
desaparecidos fueron nuevamente los oradores principales del acto
central desarrollado en la atestada plaza del Zócalo. Son ellos los
primeros que expresaron la idea que se ha desparramado como pólvora:
“si Peña no puede hallar a nuestros hijos, que se vaya”. Eso mismo se
lo habían dicho en su cara al propio presidente en la reunión de más de
cinco horas que días antes tuvieron en Los Pinos con él.
Miles, cientos de miles se han hecho eco de esta consigna. Tanto es así
que también López Obrador (AMLO) no tardó en incluirla en sus diarios
discursos en las plazas de las ciudades que visita en su interminable
campaña que ha emprendido para ser por tercera ocasión candidato
presidencial del nuevo partido Morena en el 2018.
Es evidente
que la versión oficial expuesta por Murillo Karam deja multitud de
cabos sueltos y refuta el cargo principal que desde las calles se le
lanza al gobierno de que se trata de un crimen de lesa humanidad
cometido por el Estado. Sin embargo, los propios dichos del procurador
involuntariamente apuntan a situaciones que evidencian situaciones que
comprometen por completo al gobierno.
Por ejemplo, el desliz
que cometió cuando una periodista le preguntó por el papel del
ejército. Su respuesta fue absolutamente increíble: “el ejército sólo
se mueve con órdenes. ¿Qué hubiera pasado si hubiera salido? ¿A quién
hubiera apoyad? Obviamente a la autoridad. ¡Qué bueno que no salió!”
Esta respuesta es falsa pues los militares sí intervinieron con motivo
de las consecuencias de la primera balacera; los testigos indican que
se presentaron en el hospital en donde habían sido llevados los
heridos, registraron a los estudiantes, los regañaron, los amenazaron
con entregarlos a los municipales, retirándose después sin explicar
nada no sin antes decirles el oficial al mando: “El Ejército ya tomó la
zona, ya están seguros(¡sic!)”. Alguien les dio “esas órdenes precisas”
y también no les dió órdenes de intervenir ante el secuestro de los 43
literalmente efectuado en sus narices. Todo este asunto del papel del
ejército en la masacre de Iguala está absolutamente sin dilucidar y
constituye uno de los más evidentes lagunas del informe oficial de
Murillo. Si se sabe que Guerrero es uno de los estados de la república
en donde la presencia militar es más notoria y decisiva desde hace
décadas, es evidente que hay un objetivo subyacente de ocultar el
verdadero papel de complicidad ya sea por omisión o comisión de los
militares en los sucesos igualtecos de la noche del 26-27 de
septiembre.
No es posible considerar como creíble un informe
basado en las declaraciones de tres jóvenes sicarios de los Guerreros
Unidos, evidentemente comandados por los auténticos autores
intelectuales y materiales que permanecen protegidos en la sombra, que
no toca ni por acaso las verdaderas razones y objetivos de la atrocidad
cometida contra los 43 normalistas, razones y objetivos que sólo pueden
ser concebibles en los despachos de las autoridades gubernamentales
policiacas y militares.
“Fue el Estado” es la otra frase que
se grita, se pinta en los muros y se publica en las redes sociales y en
los miles de volantes y folletos que circulan ya por todo el país. La
consciencia de que sólo el aparato monstruoso de represión y
enajenación que es el Estado, con sus múltiples agencias políticas y
militares, puede producir o proteger y ser cómplice de tamañas
atrocidades está grabándose y cauterizando las mentes de millones de
mexicanos. Ya en algunos comentarios se vincula lo sucedido en la
masacre de Iguala y la situación de varias regiones del país en donde
bandas como la de Guerreros Unidos, “un cuasi estado sin estado”,
operan sembrando el terror, matando civiles inocentes, precisamente
para garantizar la dominación y el sometimiento de la sociedad, con las
atrocidades del Estado Islámico cometidas en Siria, Irak y otras
regiones del Medio Oriente.
Los observadores de las
organizaciones de defensa de los derechos humanos nacionales e
internacionales por igual lo señalan una y otra vez: el Estado mexicano
comete atrocidades que permanecen impunes, por lo cual no hay ninguna
garantía para impedir que lo ocurrido en Iguala no se repita como
tampoco se repita lo sucedido en Tlatlaya, en El Charco, en Aguas
Blancas, en Acteal en una lista de horrores que va hasta Tlatelolco en
1968, sólo para nombrar los momentos más conocidos de este rosario de
impunidad.
Por ejemplo, una delegación del Centro de Derechos
Humanos Fray Bartolomé de las Casas (el Frayba) de Chiapas que viaja
estos días por España, Italia entre otros países europeos, reiteró la
preocupante y peligrosa complicidad de los militares con el crimen
organizado, lo cual está conduciendo a “un vacío de autoridad en la
república”.
El director de la sección mexicana de la Human
Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, después de un viaje a Iguala y
a otros lugares de Guerrero vinculó explícitamente los acontecimientos
en ese estado con lo sucedido en Tlatelolco en 1968.
Declaró:
“La explicación de lo ocurrido en Iguala la encontramos en la regla de
impunidad que prima en México desde hace muchos años, desde 1968, regla
que consiste en que cuando agentes del Estado cometen atrocidades, los
hechos no son objeto de investigaciones rigurosas, ejemplares e
imparciales. La regla en México es la impunidad, no la excepción.” (La
Jornada, 06.11.14).
¿Hacia dónde?
Casi un siglo
de la hegemonía dominante priista y a partir del surgimiento del PRD en
1989, la renovación de las políticas conciliadoras típicas del
frentepopulismo produjeron la sequía en los viveros auténticamente
revolucionarios. Durante años los espacios de la izquierda
verdaderamente socialista e independiente fueron páramos minoritarios.
Igualmente el férreo control corporativo ha impedido el mínimo accionar
independiente y democrático de las organizaciones populares, en
especial de los sindicatos, ya de por sí muy mermados por la crisis
económica. La derrota fulminante en 2009, sin una verdadera batalla de
su parte por su dirección burocrática, del Sindicato Mexicano de
Electricistas (SME), el sindicato insignia del movimiento de
resistencia contra la política antiobrera y privatizadora de los
gobiernos tanto priistas como panistas, dejo muy malherido al
movimiento de los trabajadores en los últimos años.
Desde la
Revolución mexicana no se ha producido una sola huelga general. Los
paros realizados han sido de los sectores movilizados de maestros y
estudiantes. La clase obrera ha estado prácticamente ausente en su
mayoría de las luchas de los últimos treinta años. Una gran tarea de
organización y conscientización se perfila para el próximo futuro. Es
una tarea ciclópea pero absolutamente ineludible. Mas el ritmo con el
cual se está desarrollando la crisis es un factor que también tendrá
consecuencias políticas e ideológicas en el seno de las grandes masas,
como siempre ha sucedido. En 1994 el estallido súbito de la
insurrección neozapatista del EZLN mostró como los impactos de luchas
verdaderamente independientes pueden reanimar y promover
radicalizaciones y movilizaciones masivas.
La aceleración de
la crisis iniciada hace un mes y medio ya ha producido cierto innegable
desconcierto entre los grupos gobernantes. El caso del PRD es el más
evidente, prácticamente se ha desfondado. Sus dirigentes son abucheados
y su situación ha provocado que la dirección de los Chuchos “ se
considere víctima de linchamientos” (sic). El PAN se ha mantenido
marginado, prácticamente nulificado por su derrota política y electoral
de 2012. El PRI, el más fuerte y cínico no parece calibrar bien el
momento actual y su dirección da la impresión de haber adquirido el
síndrome de los grupos gobernantes que al borde del precipicio creen
que todo sigue como siempre. ¿Cómo si no explicar la decisión de Peña
Nieto de mantener vigente una gira a China y a Australia, que ha
iniciado hoy mismo, a pesar de que deja un país inmerso en una
situación de tensión y malestar crecientes? Lo más que aceptó hacer es
cortarla de diez días a una semana.
De hecho el autismo
político de Peña Nieto es la expresión de un profundo alejamiento de
los conflictos que aquejan a la sociedad por parte de toda la casta
privilegiada del personal dirigente del gobierno que él encabeza. Se ha
ido a China y desde el 26 de septiembre no se ha apersonado en Iguala,
ni en un solo lugar de Guerrero. Durante el primer periodo de su
gobierno, con la aprobación de las reformas estructurales de la tercera
generación en materias energética, educativa y laboral, Peña Nieto
estaba en su elemento: quedar bien, en excelente términos, con los
capitalistas nacionales y extranjeros. Todo parecía ir viento en popa.
El gran frentazo de Iguala lo ha dañado tan duro que Forbes lo ha
bajado este año en más de veinte puestos en su lista de los 72
personajes más importantes del mundo. En cambio su compatriota, el
multimillonario Carlos Slim, el segundo hombre más rico del mundo, se
mantiene entre los quince primeros personajes de tal lista.
En
los acontecimientos actuales se ha repetido una característica de la
movilización popular desde hace más de medio siglo: los estudiantes,
las poblaciones masivas de las instituciones de educación media y
superior se han convertido en la vanguardia de las movilizaciones. Los
maestros, en especial los de la Coordinadora Nacional de Trabajadores
de la Educación (CNTE), han respondido tocados sensiblemente por la
embestida mortal contra sus colegas juveniles de las normales rurales
pertenecientes a la Federación de Estudiantes Campesinos y Socialistas
de México (CECSM), entre las cuales la de Ayotzinapa es sin duda la de
mayor rango revolucionario como lo demuestra su historial. Lucio
Cabañas y una pléyade de luchadores guerrilleros y de todo tipo han
salido de sus aulas El papel de estas escuelas es clave en lo que puede
definirse como una dirección de este caótico y multitudinario despertar
masivo. Lo mismo se puede decir de los familiares de los desaparecidos
que hasta hoy se han comportado a la altura de las circunstancias.
La frustración que cunde en el seno de algunos sectores de maestros y
trabajadores, así como en algunos estudiantiles ya está produciendo sus
estallidos desesperados, como bien lo indica la quema de la puerta
principal del Palacio Nacional cuyas consecuencias políticas con
respecto a la movilización de las grandes masas son nulas e incluso
negativas. En cambio la derecha se mueve a gusto cuando ocurre ese caos
de violencia sin sentido, incluso la llega usar como abierta
instrumento de abierta provocación. El gobierno de Peña Nieto ha usado
ya en varias ocasiones las provocaciones como justificaciones para
ejercer grandes represiones.
El régimen estatal político
vigente desde hace un siglo, con sus actuales estructuras electoral,
judicial y administrativa, basado en un partido hegemónico PRI que es
acompañado por los dos partidos aliados gobernantes PAN y PRD, está en
crisis y es irreformable. La corrupción, la represión, los privilegios,
los vínculos determinantes con el gran capital nacional e imperialista
hacen de los diputados, senadores, jueces, altos funcionarios y
oficiales militares una casta absolutamente impermeable a un verdadero
cambio democrático. Son el freno estructural que impide el avance del
pueblo mexicano hacia el nivel superior de su historia: una sociedad
más próspera, democrática, igualitaria e internacionalista. Representan
el mejor argumento existente para la justificación de una ruptura
política radical, hacia la instauración de un gobierno auténticamente
democrático, independiente y revolucionario que no puede ser sino
socialista (no sociademócrata).
El camino que se abre ante
este gran movimiento de masas que despierta en todo el país desde hace
un mes y medio, ya no sólo en el centro y en el sur, regiones en donde
ha existido tradicionalmente con mayor vigor la resistencia democrática
e incluso revolucionaria, sino en el amplio norte más conservador, es
el de la organización de efectivas y contundentes acciones de masas. Ya
se anuncia la organización de un paro nacional para el 20 de noviembre,
fecha conmemorativa del inicio de la Revolución mexicana. Fue en
diciembre de 1914, hace cien años, cuando los victoriosos campesinos y
trabajadores comandados por Villa y Zapata entraron a la ciudad de
México y cuando ambos caudillos fueron fotografiados sentados en la
silla presidencial del Palacio Nacional, una de las fotografías más
famosas que plasmó para siempre ese momento, el más alto al que llegó
la Revolución mexicana.
La auto-organización desde abajo, en
comités de lugar de trabajo, de estudio, de comercio, de barrio, de
colonia y su coordinación municipal y delegacional, regional y
finalmente nacional de movilizaciones masivas es la fórmula para lograr
el surgimiento de un poder realmente popular independiente y
democrático cuyo objetivo central es construir un nuevo gobierno, un
gobierno alternativo que sólo puede ser el de los trabajadores de la
ciudad y el campo: un gobierno obrero, campesino, indígena y popular.
* Militante de la Liga de Unidad Socialista (LUS)
