Mostrando las entradas con la etiqueta derecho de réplica. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta derecho de réplica. Mostrar todas las entradas

11/08/2016

Derecho de Réplica: los cambios que discute hoy la SCJN y los puntos clave de la polémica



Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) retomarán este martes, 8 de noviembre, la discusión sobre las modificaciones a la Ley del Derecho de Réplica propuestas por los partidos PRD y Morena.
La Ley de Derecho de Réplica se aprobó el 4 de noviembre de 2015. Sin embargo, PRD y Morena interpusieron acciones contra varias disposiciones de la ley argumentando que violan algunos artículos de la Constitución mexicana.
Esos cambios fueron integrados en el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán que fue publicado el pasado 25 de octubre, el cual está previsto que este martes pase al pleno de la SCJN para su discusión.

Derecho a réplica aunque la información sea cierta, el punto clave

Entre los cambios propuestos, el punto clave tiene que ver con los requisitos para el ejercicio del derecho de réplica.
¿Qué dice en la actualidad la Ley? Los artículos 2 y 3 señalan que solo se podrá ejercer este derecho cuando la información publicada en un medio sea “falsa o inexacta”.
En el proyecto del ministro Pérez Dayán, el PRD y Morena argumentan que el derecho a réplica también debe incluir cuando la información resulte “agraviante” contra una persona, partidos políticos, precandidatos y candidatos, aunque la nota periodística sea cierta y exacta.
En la argumentación, PRD y Morena señalan que aunque una información sea cierta y exacta, ésta puede implicar una “ofensa a la fama u honor” de una persona, perjudicando sus intereses y derechos. Por lo que piden incluir la palabra “agraviante” entre los requisitos, ya que, de lo contrario, argumentan que se dejaría “en estado de indefensión” al afectado “por difusión de información que aun siendo cierta, atenta contra la dignidad o  afecta la opinión que se tiene de su persona”.
Además, el proyecto amplía el término “agraviante” como aquella información “vejatoria, calumniosa” o “que envilece y ofende”.

Otro cambio: directo a los tribunales

La ley de Réplica prevé que la persona solicitante deberá acudir directamente ante el medio de comunicación para pedir que se publique su rectificación o respuesta. En caso de negativa, el solicitante podrá acudir a la justicia federal para iniciar un procedimiento contra el medio.
No obstante, en el proyecto del ministro Pérez Dayán establece que acudir al medio es opcional, y que la persona podrá ir directamente a los tribunales sin necesidad de solicitar al medio de comunicación la publicación de la réplica.

La polémica

El proyecto del ministro Pérez Dayán ha generado polémica entre quienes consideran que el cambio propuesto por PRD y Morena fortalecerá “el debate público” y la libertad de expresión, y quienes por el contrario opinan que coartaría el ejercicio periodístico y abrirá las puertas para que políticos y funcionarios invadan los medios con réplicas cada vez que se sientan agraviados por una información que los critica o cuestiona.

En contra: mecanismo de censura

Articulo 19, organización defensora de la libertad de expresión, ha sido una de las más críticas con la propuesta de ampliar los requisitos para acceder al derecho de réplica incluyendo la palabra “agraviante”.
“Nos parece muy preocupante, porque deja la puerta abierta a que especialmente  candidatos y partidos políticos acudan al derecho de réplica por cualquier información que consideren que los agravió o los injurió, aunque esta sea cierta y exacta”, planteó en entrevista con Animal Político Luis Knapp, integrante del programa de Protección y Defensa de Artículo 19.
En este sentido, Knapp advirtió que el derecho de réplica podría ser utilizado como un mecanismo de censura por parte de funcionarios, candidatos políticos o miembros de partidos, contra quienes publican información crítica.
“Lo que puede derivar en injerencias arbitrarias y restricciones desproporcionadas sobre la libertad editorial”, añadió.
Sobre la modificación propuesta para que la persona pueda acudir directamente a los tribunales sin pedirle primero al medio que publique una réplica, Articulo 19 critica que esto puede generar un “efecto inhibitorio” a la hora de que un periodista o un medio de comunicación publique información.
Knapp apuntó al respecto que Artículo 19 ha documentado el incremento del abuso de mecanismos judiciales de responsabilidad por daño moral, “con el objetivo de someter a periodistas y medios de comunicación a litigios largos, costosos y complicados”.
Por su parte, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) calificó como “alarmante” la propuesta para cambiar las regulaciones sobre el derecho de réplica en México.
“Estamos alarmados por la posibilidad de forzar a los medios a publicar o difundir réplicas a historias noticiosas bajo una más amplia serie de parámetros”, dijo en un comunicado Carlos Lauría, coordinador del CPJ América.

A favor: fortalece el debate en los medios de comunicación

Por el contrario, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) destacó que de aprobarse el proyecto y las modificaciones propuestas por PRD y Morena, se ampliará las posibilidades de acceder al derecho de réplica, favoreciendo el debate y la diversidad de puntos de vista en los medios.
En un comunicado, la AMEDI señaló que la argumentación del ministro de la SCJN sobre agregar el término información “agraviante” a los requisitos para acceder a la réplica, es “adecuada” porque reconoce que la libertad de expresión “no es absoluta”, ya que viene acompañada de obligaciones y de los límites a los derechos de terceras personas, “uno de los cuales es la custodia del honor y dignidad de las personas”.
Además, recordó que los medios de comunicación tienen la obligación de aportar información “fidedigna y documentada”, y que las personas tienen derecho “a responder o rectificar información no solo falsa o inexacta, sino incluso agraviante”.
Por su parte, Jesús Zambrano, vicecoordinador de los diputados del PRD, dijo que la propuesta de su partido sobre el derecho de réplica no va contra la libertad de expresión ni busca la censura en los medios.
Pero destacó que es necesario agregar el término “agravante” porque hoy “no existe la posibilidad del derecho de réplica de quien se ve agraviado por una publicación, no solo incierta sino también tendenciosa y que carece de objetividad”.
Con información de Manu Ureste (@ManuVPC)

12/09/2015

En defensa de la crítica



Rafael Rodríguez Castañeda, director de la revista Proceso. Foto: Rafael del Río
MÉXICO, DF (Proceso).- Si usted es periodista o columnista en un medio de comunicación o es responsable de emitir información original, a partir del pasado viernes 4 cada vez que difunda sus críticas periodísticas o comunique hechos alusivos a cualquier persona está sujeto a que tal persona use su derecho de réplica, con el argumento de que sus datos son falsos o inexactos y su divulgación la perjudica. Esto puede llevarlo, en última instancia, a enfrentar un procedimiento judicial, además de que se le demande por daños y perjuicios.

Si usted no se había enterado, esta noticia le atañe.
Por supuesto, en este país todos estamos en favor de los derechos humanos. Si se violan cada día, es una casualidad lamentable que se explica –desde la particular percepción de la realidad que cuenta la versión oficial– como el acontecimiento de meros hechos aislados. En cualquier caso cabe aclarar que no se está contra el derecho de réplica. Es un derecho humano. El problema es pretextarlo para callar a quienes nos atrevemos a denunciar la otra realidad cotidiana de México.
El viernes 4, en el primer día en vigor de la Ley Reglamentaria del Derecho de Réplica, Proceso inició la defensa de la libre circulación de ideas e informaciones de toda índole. Quiero suponer que no será el único medio en hacerlo. Como sea, lo importante es hacerle saber a usted, periodista, columnista, que sus libertades de expresión e información están amenazadas, pero que si algo quiere hacer, le compartimos algún consejo.
La ley del derecho de réplica es violatoria de la libertad de expresión y del derecho a informar.
Van tres razones.
Primera: quien informa u opina críticamente queda sometido a un procedimiento para tramitar y resolver una solicitud de réplica, donde el parámetro de juicio es la verdad y exactitud de la noticia o crítica. Tampoco se trata de defender la mentira o la inexactitud, pero durante años se ha establecido que la pauta para medir las responsabilidades ulteriores por opinar o informar es algo que se conoce como “real malicia” o “malicia efectiva”.
Esto implica que usted debe responder sólo si –además de que la información difundida resultara falsa– se acredita que la publicó consciente de su falsedad o con temeraria despreocupación sobre si era o no falsa, con la intención de dañar a alguien, con una negligencia inexcusable.
Ese estándar, vinculado a la veracidad de lo transmitido, se ha construido para que no se socave el debate robusto sobre temas de interés público que se supone ha de ser promovido en las democracias constitucionales, así como la que no tenemos.
Segunda: dicha ley no distingue si el solicitante es autoridad o persona común, si es personaje público o no, si sus actividades son de interés público o no. Esa falta de precisión se traducirá en la práctica en que integrantes de la clase política o de la élite económica puedan, como cualquier ciudadano, acosar a un medio en tribunales. Pero quienes resentimos las inexactitudes y mentiras del gobierno no tendremos la misma prerrogativa, porque se podrá negar nuestro derecho de réplica con la sola excusa de que se repite información oficial, la diseminada por el gobierno.
Lo anterior desconoce todos los criterios que han establecido que al menos quienes tienen responsabilidades públicas, ven acotado su nivel de protección frente a las críticas de la prensa libre; a la par, introduce medidas indirectas que llevan a un trato desigual injustificado, basado en la línea editorial de quienes transmiten ideas y noticias.
Por si fuera poco, tenga en mente que si usted incumple en lo inmediato las obligaciones que la ley del derecho de réplica establece, podrá imponérsele una multa que va de 35 mil a 700 mil pesos.
Imagine cuántos medios, agencias y prensa independiente podrán soportar multas de tal calibre. Si usted, colega periodista, columnista o medio con una línea editorial crítica que ejerce periodismo de denuncia, para estas alturas se ha preocupado y está pensando en que lo mejor es cuadrarse con el gobierno o acallar la denuncia para evitarse tanto problema, entonces con ello evidencia lo fundado de la tercera de las razones por las cuales tal ley es inconstitucional: inhibe la libre circulación de ideas e informaciones.
El juicio de amparo presentado por Proceso busca frenar los efectos y consecuencias de esta ley. Lo hace no para desconocer el derecho de réplica, sino para que éste se use bajo un estándar adecuado, respetuoso de la prensa crítica, por las personas comunes y no por las autoridades.
Incluso ese juicio de amparo busca que al declararse a la ley del derecho de réplica violatoria de derechos humanos, se ordenen medidas que garanticen su no repetición: que se impida en el futuro emplear un estándar que no sea el más protector de la libre circulación de ideas e informaciones de toda índole; que no se distinga entre medios por su línea editorial; que, por el contrario, se diferencie entre ámbitos de protección del derecho de réplica, dependiendo de si lo ejerce una persona común o una autoridad; que no se judicialice el disfrute de las libertades de expresión e información pretextando las solicitudes de réplica; y que se tome en cuenta la inmensa variedad de medios a fin de establecer sanciones proporcionales, equitativas.
Veremos en las próximas horas la respuesta del Juzgado de Distrito, y en las siguientes semanas las de las cámaras del Congreso de la Unión y de la Presidencia de la República. Leeremos sus posturas oficiales y así tendremos pruebas fehacientes de su compromiso, real o no, con la libertad de expresión y el derecho a informar.
*Codirector de Litiga, Organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos, A. C. (Litiga, OLE).

10/14/2015

Senado aprueba en lo general ley de derecho de réplica


Los senadores discutieron por casi cinco horas el dictamen, y pese a que existen más de 50 reservas, hay un acuerdo para no aceptar ningún cambio.

Francisco Nieto

CIUDAD DE MÉXICO (La Silla Rota).- Calificada como una ley “a modo” que favorecerá a las televisoras y a políticos, el pleno del Senado de la República aprobó en lo general, con 73 votos a favor, 30 en contra y cero abstenciones, la nueva regulación de derecho de réplica.

El dictamen, que será enviado para su publicación al Ejecutivo Federal, busca garantizar a la ciudadanía su derecho de réplica respecto a información inexacta o falsa que publique cualquier sujeto obligado (medios de comunicación) y que le cause un agravio.

Sin embargo la oposición coincidió en que este nuevo ordenamiento contiene contradicciones y omisiones que burocratizará y judicializará este tema.

Además, los legisladores opositores criticaron la rapidez con la que se revivió este tema, pues estuvo “congelado” casi dos años en comisiones del Senado, luego de la aprobación, a finales de 2013, por parte de la Cámara de Diputados.

Los senadores del PRD, Alejandro Encinas, Benjamín Robles, Dolores Padierna, Angélica de la Peña, Iris Vianey Mendoza y Luis Sánchez explicaron que más que ventajas, se aprobó una ley de ambigüedades.

El panista Javier Corral y el petista Manuel Bartlett consideraron que lo aprobado es inconstitucional porque lejos de ampliar este derecho, los limita en beneficio de las principales televisoras del país.

“(Con esta ley) el ciudadano tendrá que litigar con Televisa y TV Azteca, quienes realizan masacres con su pandilla de abogados; además, deberá pagar la defensa de su honor el tiempo necesario ¿cuántos ciudadanos podrán hacerlo?”, cuestionó el petista.

Corral Jurado expuso que esta nueva ley que reglamenta el derecho de réplica y no le servirá a los ciudadanos, pues desde su perspectiva tiene un criterio que favorece claramente los intereses de los medios electrónicos, principalmente los de las televisoras, además que no atiende las reformas constitucionales que el Congreso de la Unión ha emitido el pasado periodo tanto en materia de telecomunicaciones, como en derechos humanos.

Contrario a lo afirmado por la oposición, los senadores priístas Cristina Díaz, Arturo Zamora, Graciela Ortiz; el panista Javier Lozano y el coordinador del Verde, Carlos Alberto Puente, consideraron que esta ley sí garantiza los derechos de los ciudadanos agraviados por la difusión de información falsa o inexacta.

Cristina Díaz explicó que esta ley es como “una carretera de ida y vuelta”, donde si la información difundida por los medios de comunicación amerita el derecho de réplica, la rectificación tendrá que difundirse en el mismo espacio, programa y horario, con características similares a la difusión que lo haya motivado.

Recordó que el dictamen contempla multas y sanciones a quienes como sujetos obligados incumplan este derecho de réplica, de manera que ante la posible vulneración de su honor pueda ejercer una acción restitutoria, garantizando --por la vía jurisdiccional- la obligación de reparar el daño.

De acuerdo con el dictamen, se sancionará con multa de 500 a cinco mil días de salario mínimo general vigente en el DF al sujeto obligado que se hubiese negado a la publicación o transmisión de la réplica sin que medie justificación de su decisión.

Los senadores discutieron por casi cinco horas este dictamen en lo general y pese a que existen más de 50 reservas, hay un acuerdo de la mayoría para no aceptar ningún cambio.


LO QUE DICE LA NUEVA LEY Y SUS OMISIONES

Los medios de comunicación, las agencias de noticias, los productores independientes y cualquier otro emisor de información responsable del contenido original, serán sujetos obligados en términos de esta Ley y tendrán la obligación de garantizar el derecho de réplica.

La crítica periodística será sujeta al derecho de réplica, siempre y cuando esté sustentada en información falsa o inexacta, cuya divulgación le cause un agravio a la persona que lo solicite, ya sea político, económico, en su honor, imagen, reputación o vida privada.

En ese sentido, la publicación, transmisión o difusión de la rectificación o respuesta formulada en el ejercicio del derecho de réplica deberá publicarse o transmitirse por los sujetos obligados de manera gratuita.

En caso de que la réplica derive de información difundida por una inserción pagada, el medio de comunicación podrá repetir el costo de los gastos originados por la publicación de la réplica a quién haya ordenado la inserción y la publicación deberá realizarse sin comentarios, apostillas u otras imágenes o expresiones que desnaturalicen la función de la réplica, rectificación o respuesta.

Asimismo, los sujetos obligados deberán contar todo tiempo con un responsable para recibir y resolver las solicitudes de réplica, por lo que deberán tener permanentemente en su portal electrónico el nombre completo de dicho responsable, domicilio, código postal, entidad federativa, correo electrónico y teléfono.

RÉPLICA EN VIVO

Tratándose de transmisiones en vivo por parte de los prestadores de servicios de radiodifusión o que presten servicios de televisión y audio restringidos, si el formato del programa lo permitiera y a juicio del medio de comunicación es procedente la solicitud presentada por la persona legitimada para ejercer el derecho de réplica, ésta realizará la rectificación o respuesta pertinente durante la misma transmisión.

Cuando no sea el caso, la persona que desee ejercer el derecho de réplica deberá presentar ante el sujeto obligado, en un plazo no mayor a cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación o transmisión de la información que se desea rectificar.

A partir de la fecha de recepción del escrito en el que se solicita el derecho de réplica, el sujeto obligado tendrá un plazo máximo de tres días hábiles para resolver sobre la procedencia de la solicitud de réplica.

RÉPLICA Y LOS JUECES

El medio de comunicación puede o no aceptar la réplica. En el segundo caso, el ciudadano puede recurrir a los tribunales de la Federación, por lo que el procedimiento se iniciará a petición de parte.

La solicitud de inicio del procedimiento judicial deberá presentarse ante el Juez de Distrito competente dentro del plazo de cinco días hábiles y admitida la solicitud, el Juez mandará emplazar en forma inmediata al sujeto obligado en contra de la cual se hubiera presentado, con copia del escrito inicial y anexos que la conformen, para que dentro del plazo de cuatro días hábiles siguientes al que surta sus efectos el emplazamiento, produzca su contestación por escrito, y haga valer las excepciones y defensas que estime pertinentes.


LAS OMISIONES

En tribuna, el senador Alejandro Encinas dio a conocer dos ambigüedades en un articulado: el artículo 4 se establece que los sujetos obligados en materia de derecho de réplica son los medios de comunicación, las agencias de noticias, los productores independientes y cualquier otro emisor responsable del contenido original.

Pero en el párrafo siguiente del mismo artículo, se excluye de manera injustificada a los medios de comunicación de esta obligación, “con lo cual va a ampliarse de manera muy significativa el margen de discrecionalidad en la interpretación de la ley, particularmente por los concesionarios de los medios de comunicación”.

Encinas Rodríguez explicó que en artículo 5 de la nueva ley hay otra confusión respecto a las definiciones en materia de crítica periodística, donde no solamente no hay una definición clara de los distintos tipos de información periodística que pueden presentarse, particularmente en lo que se refiere a editorialización de notas o comentarios de quienes salgan al aire, ya sea a través de la televisión o de la radio.

Lo que significa que serán prácticamente incontrovertibles estos juicios de valor que pudieran emitir, quienes usando del micrófono o la pantalla puedan afectar el prestigio o la calidad moral de cualquier persona.

Para el legislador, el artículo 6 abre una “especie de mercado del derecho de réplica”, cuando se refiere a que en el caso de inserciones pagadas quien quiera ejercer el derecho de réplica tendrá que hacerlo a través del mismo procedimiento.

9/22/2015

Pretende aprobar Senado ley que violenta el derecho de réplica

Manuel Bartlett, senador del PT. Foto: Eduardo Miranda

Manuel Bartlett, senador del PT. 
Foto: Eduardo Miranda

MÉXICO, D.F. (apro).- Con cambios menores y sin consultar a organismos civiles, el Senado planea discutir y aprobar una nueva Ley de Derecho de Réplica, que ha sido cuestionada por constituir un “retroceso” a esta garantía establecida en el sexto constitucional.

Las ONG han también alertado que con esta iniciativa se establecería un proceso judicial que beneficia a los medios de comunicación, especialmente los electrónicos, y con ello un mercadeo de inserciones pagadas y spots para un derecho que debiera ser “gratuito, expedito y general”.
La minuta proveniente de la Cámara de Diputados fue duramente cuestionada en la sesión de comisiones unidas del Senado, el 31 de agosto, en especial, por la presión de quererlo aprobar de manera fast track el 1 de septiembre.
Durante la discusión de ese día, senadores como Manuel Bartlett, del PT; Javier Corral, del PAN; Alejandro Encinas, presidente de una de las comisiones dictaminadoras, y Dolores Padierna, del PRD, cuestionaron la minuta por beneficiar a las televisoras y disociar el derecho de réplica del derecho de las audiencias.
La ley “no debe partir de un trabajo como el que hicieron los diputados, pues lo que han entregado es un derecho que puede ser nugatorio, debido a que se ha planteado un proceso sumario en materia judicial”, argumentó Javier Corral durante esa sesión.
La “judicialización” del proceso de derecho de réplica fue severamente cuestionada por todos los legisladores y especialistas que se opusieron a aprobar la minuta, tal como provenía de la Cámara de Diputados.
“El principio de gratuidad no se cumple; al contrario, se le mete al afectado un berenjenal de obligaciones para pagar abogados, despachos y procedimientos para poder acceder a este principio”, alertó la senadora Padierna.
A su vez, Encinas destacó las inconsistencias que existen en el derecho de réplica que se estableció en la nueva ley electoral de 2014 para partidos, candidatos y precandidatos, y el derecho de réplica que estableció la minuta.
Este punto fue de los pocos que se modificó en el nuevo dictamen que quería aprobarse en comisiones, el jueves 17. Las modificaciones fueron mínimas y relacionadas a la parte electoral. No se modificaron los puntos más polémicos relacionados con la “judicialización” y la mercantilización del derecho de réplica.
Esa mañana, las comisiones unidas de Gobernación, de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda no se reunieron. El encuentro se pospuso para este martes 22, con la idea de aprobarla en el pleno del Senado, ese mismo día o el jueves 24.
Aunque tampoco hay claridad sobre la posición de las bancadas, salvo que PRI y Verde apoyan este dictamen. De hecho, información del Senado confirmó que la “iniciativa base” para esta ley fue la elaborada por el exsenador Arturo Escobar, dirigente del Partido Verde, quien confeccionó la iniciativa con el apoyo de los equipos jurídicos de las televisoras.
En el PRD hay una discusión interna, pues algunos legisladores sostienen que debe apoyarse la minuta con sus cambios, mientras que en el PAN también las posiciones están divididas, aunque en ambos casos se pidió tiempo y consulta a las organizaciones defensoras del derecho a la información.
Encinas, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, se opuso también el jueves 17 a discutir y aprobar un dictamen con cambios mínimos que tendrá que regresar a la Cámara de Diputados, la de origen.
Las críticas
La Asociación Mexicana del Derecho a la Información advirtió desde el miércoles 9 que si se aprobaba la reforma en sus términos “habría un severo retroceso en uno de los derechos de las audiencias y, en consecuencia, en los derechos de expresión e información”.
“De muy poco sirve una ley reglamentaria exhaustiva en sus conceptos y su relevancia social, si se desdeña la facilidad, la pertinencia y la prontitud en el procedimiento, así como la utilidad social para el ejercicio de este derecho”, sentenció la ONG.
A su vez, los especialistas Irene Levy y Gabriel Sosa Plata también destacaron en sus análisis los puntos negativos de esta minuta. “El dictamen es violatorio de la Constitución, pues obliga al afectado por la información difundida a probar ante el juez, si el medio de comunicación le niega la réplica, la falsedad y el perjuicio que dicha información le hubiera ocasionado”, sentenció Levy.
Sosa Plata identificó tres ejes negativos de la ley: la violación al procedimiento “expedito y confiable” (artículo 25); las ocho opciones que tienen los medios para “negarse a llevar a cabo la publicación o transmisión de la réplica” (artículo 19), y el que la carga de la prueba está en el replicante y no en el medio.
Por su parte, Rubén Islas, asesor jurídico de la bancada del PRD, afirmó en su análisis publicado enwww.homozapping.com.mx que, “de aprobarse esa ley, dejaría ahogado el derecho de réplica en el mar de chicanadas leguleyas de los tribunales civiles, federales de nuestro país”.
“La réplica es un derecho humano, una garantía constitucional, no es un asunto que implique una regulación de controversias civiles”, aclaró Islas.
Los concesionarios
El problema fundamental en este debate es el mismo que ocurrió en el caso del amparo de la periodista Carmen Aristegui contra MVS: son dos particulares en conflicto, de los cuales, uno, el medio de comunicación, se convierte en autoridad equivalente al detentar un servicio de interés público general, tal como estableció la reforma constitucional de telecomunicaciones y radiodifusión.
Los concesionarios más poderosos, en especial las televisoras y los grupos radiofónicos más importantes, han rechazado rotundamente que tanto los derechos de las audiencias, en general, como el derecho de réplica, en particular, puedan ser objeto de defensa de figuras autónomas o de procedimientos expeditos.
En el caso de la minuta del derecho de réplica también se observa un claro interés por aprovechar la fortaleza de los medios más poderosos para abrir un virtual “mercado paralelo”.
Por ejemplo, el artículo sexto abre la posibilidad a un auténtico mercadeo de inserciones pagadas y de spots para ejercer un derecho que debe ser gratuito, expedito y general, ya que determina que “en caso de que la réplica o rectificación derive de información difundida por una inserción pagada (se le quitó el término spot, y también infomercial y gacetilla electrónica que son mecanismos para hacer pasar por información lo que es un contenido pagado), el medio de comunicación podrá repetir el costo de los gastos originados por la publicación de la réplica a quien haya ordenado la inserción”.
Tal como está redactado, se vislumbra un “doble pago” de gacetilla electrónica o impresa, bajo el pretexto del derecho de réplica.
En el artículo 25, fracción VII, prácticamente se obliga a quien solicite el derecho de réplica a tener una industria del monitoreo y pruebas judiciales que hacen farragosa cualquier rectificación. Se establece que en el procedimiento judicial el solicitante del derecho de réplica deberá señalar:
“VII.- Las pruebas que acrediten la existencia de la información que hubiera sido difundida por un medio de comunicación, productor independiente o agencia de noticias en los términos previstos por esta ley; las que demuestren la falsedad o inexactitud de la información publicada; o las que demuestren el perjuicio que dicha información le hubiera ocasionado”.