La Jornada
La captura de quien
hasta ayer era fiscal general de Nayarit, Édgar Veytia, ocurrida en San
Diego, California, por su posible participación en tráfico de drogas, es
un signo alarmante y exasperante de la descomposición de varios
gobiernos estatales, de su proclividad a involucrarse en actividades de
delincuencia organizada y del vacío institucional que permite a los
Ejecutivos locales comportarse al margen de toda legalidad.
Es pertinente señalar que ante la detención de Veytia ninguna
autoridad nacional puede llamarse a sorpresa, habida cuenta de la fama
pública del ahora ex funcionario como perpetrador de toda suerte de
atropellos y arbitrariedades, y como cómplice de grupos delictivos que
operan en Nayarit. La ausencia de denuncias formales en su contra se
explica por el terror que el fiscal suscitaba en la población del
estado; su impunidad, por el empecinado respaldo que le prodigó en todo
momento el gobernador saliente, Roberto Sandoval, quien llegó a
referirse a Veytia como
el mejor funcionario del año, como
parte fundamental de la seguridad de Nayarity como el hombre que había devuelto la paz a la entidad tras una oleada de violencia criminal registrada en los peores momentos de la absurda y mortífera
guerraimpuesta por Felipe Calderón en todo el país.
Otros ejemplos lamentables de lo que no puede llamarse sino ruptura
del estado de derecho en diversas entidades es la situación de Javier
Duarte Ochoa y César Duarte Jáquez, ex gobernadores de Chihuahua y
Veracruz, respectivamente, y ambos prófugos de la justicia, acusados por
actos de corrupción que dejaron a ambos estados en una grave crisis
financiera.
Otro ejemplo de la descomposición imperante en las esferas políticas
es el desfiguro perpetrado por la bancada priísta de la Cámara de
Diputados, la cual cobijó durante más de un día al ex director de
Adquisiciones de Duarte Jáquez, Antonio Tarín, el cual contaba con una
orden de aprehensión por presunto desvío de 300 millones de pesos y
quien pretende tomar posesión de la curul dejada por Carlos Hermosillo,
quien falleció la semana pasada en un accidente. Suplente del legislador
difunto, Tarín busca asegurarse la impunidad mediante la toma de
protesta como diputado federal, lo que le otorgaría fuero, pero resulta
asombroso, por decir lo menos, que la fracción priísta en San Lázaro lo
haya ayudado a evadir la acción de la justicia cobijándolo en el recinto
legislativo –al que, por ser un edificio federal, no tiene acceso la
policía chihuahuense– en tanto el ex colaborador de Duarte Jáquez
obtenía un amparo.
Por añadidura, el juez Anuar González Hemadi (juzgado tercero
de distrito, en Veracruz) fue suspendido ayer por el Consejo de la
Judicatura Federal tras el escándalo desatado por la decisión del
magistrado de otorgar un amparo a Diego Cruz, uno de los integrantes del
grupo conocido como Los Porkys de Costa de Oro, acusados por
las agresiones sexuales a una menor en enero de 2015. En su fallo,
González Hemadi sostiene, tras reconocer que la joven fue sujeta a
tocamientosy
rocespor parte de Cruz, que la acusación de abuso no se sostiene porque no hubo
el elemento intencional de satisfacer un deseo sexual.
Por desgracia, epsiodios como los referidos no son excepcionales en
la vida institucional de los estados ni en la de la Federación y
refieren los graves quebrantos al estado de derecho cometidos por
autoridades de los tres poderes. No sorprende que en tales
circunstancias la gobernabilidad del país se encuentre cada vez más
acotada.
