"Estamos en un momento de crisis de derechos humanos", señaló por su parte Edgar Cortez.
Ante
las recientes matanzas en Apatzingán, Tlatlaya y los hechos ocurridos
en Ecuandureo, Michoacán, “tenemos que tener una reflexión de que estos
casos que están sucediendo… se dan en un contexto de descomposición
social, en un contexto de mucha negligencia respecto a tema de derechos
humanos, no solamente en este gobierno, sino a lo largo de varios
sexenios”, señaló Perseo Quiroz, director Ejecutivo de Amnistía Internacional México.
En entrevista para Aristegui CNN, dijo que los casos ya mencionados “se dan en un contexto en donde se ha privilegiado
una política de mano dura, donde se han dejado los derechos humanos de
lado, pero sobre todo en un contexto donde no hay un costo político
para las violaciones a derechos humanos, donde los ciudadanos hemos ido
poco a poco normalizando estos hechos violentos, ha dejado de ser
noticia que haya una masacre, que haya otros muertos más”.
“En cualquier otro país democrático cualquier acontecimiento donde hayan muerto 42 civiles, merece una investigación por sí misma. Aquí todavía estamos debatiendo si lo investigamos o no lo investigamos”, refirió.
Además, indicó que como sociedad tenemos que “estar más pendiente de esto y ejercer mucho más nuestros derechos en este sentido”.
Por su parte Edgar Cortez, integrante del Instituto
Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, dijo que “vale la pena
detenernos y ponerlos en perspectiva, estos casos de las masacres, en
Tanhuato-Ecuandureo, Apatzingán, y Tlatlaya donde lo que tenemos es un
número muy elevado de víctimas civiles, presuntamente delincuentes pero
en realidad es difícil saberlo, frente a un número mínimo de bajas de
policías o fuerzas armadas”.
Hay que recordar “que tenemos prácticamente veinte años que las fuerzas armadas entraron a labores de seguridad pública, en 1996 arrancó el uso de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública. Eso significa que salieron a las calles y entraron a esta interacción con la sociedad”.
“En tercer lugar, tenemos estos casos ahora pero no son los únicos,
un grupo de académicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
UNAM en 2011 presentaron un informe, lo que llamaron el índice de letalidad, y midieron, hicieron un registro”.
“Un recuento que entre enero de 2008 hasta mayo de 2011, registraron 234 casos de confrontación entre fuerzas armadas y civiles.
Hicieron toda una estadística para medir cuántos muertos y heridos
había del grupo de fuerzas armadas, policía, Marina o Ejército, y
cuántos de los presuntos delincuentes, es un elemento importante porque
es una versión objetiva”, indicó.
Explicó que “planteaban que de esa medición, de esos enfrentamientos en donde había habido participación de Policía Federal,
por cada policía muerto había 1.4 presuntos delincuentes muertos. En el
caso del Ejército subía, por cada soldado, 13.5 delincuentes, y en el
caso de la Marina se iba por cada uno, a 34.5 delincuentes”.
“Es importante porque lo que estamos viendo es que hay una base
objetiva para plantear la hipótesis de lo que ha pasado en estos
casos”, recalcó.
“Frente a una crisis tienes dos posibilidades: una
es resignarte y decir no hay remedio, la otra es tratar de convertirlo
en una oportunidad, en una exigencia permanente de fin a la impunidad,
de investigación, de efectividad de las instituciones y de construir un
costo realmente de lo que está pasando en materia de derechos humanos.
Pero siendo muy conscientes de que ese costo sólo se va a construir por
el trabajo y la exigencia permanente de la ciudadanía”, finalizó.
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