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El número creciente de casos de abusos sexuales cometidos por las
misiones de paz de la ONU ocasionó el lanzamiento de una campaña de alto
nivel para que cesen los ataques a mujeres y niños, así como el pedido
de una comisión independiente que investigue la situación.
Los últimos “horribles” ataques sexuales se atribuyeron a las fuerzas
de paz francesas presentes en República Centroafricana, aunque el
portavoz de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) Stephane
Dujarric aseguró que “no estaban bajo el mando y control” del foro
mundial.
"Pero la verdad es
sorprendente y sencilla. Ningún mecanismo nuevo, ni métodos de operación
nuevos, ni políticas nuevas podrán funcionar en la práctica para
prevenir o castigar a los abusadores sexuales… debido a que la
burocracia de la ONU responsable de implementar los cambios es
completamente disfuncional": Paula Donovan.
“Esperamos que cualquier persona que participó en las actividades
atroces que involucran a niños en República Centroafricana enfrente a la
justicia y sea procesada”, dijo a los medios de comunicación.
Paula Donovan, codirectora de AIDS-Free World,
la organización que ayudó a difundir un informe sobre la situación que
se mantenía oculta, denunció a IPS que hubo “desde confusión e ineptitud
en el terreno, hasta encubrimientos en los más altos niveles de la ONU
en Nueva York”.
“Los Estados miembros deben someter a las fuerzas de mantenimiento de
la paz de la ONU a una comisión rigurosa, totalmente independiente, de
investigación con acceso completo a los documentos y el personal”,
exigió.
Hasta que eso ocurra, las políticas o procedimientos nuevos que se
adopten fracasarán, lo mismo que sucede con las actuales, advirtió
Donovan.
En 2014 se registraron más de 50 casos de abuso sexual cometido por
personal de la ONU, aunque el número real sería mucho mayor. La
inmunidad diplomática permitiría que los culpables queden impunes y
eviten las restricciones legales.
La propuesta de un convenio internacional que castigue a los acusados
de delitos sexuales en las operaciones de la ONU en el extranjero,
presentada en 2008, nunca se concretó.
Pero en el contexto de la actual campaña, llamada Código Azul, la
propuesta podría retomarse, aunque se enfrentaría a los países en
desarrollo que aportan la mayoría de las fuerzas en las 16 operaciones
actuales de mantenimiento de la paz, con un total de 106.595 militares y
17.000 funcionarios civiles.
Los mayores contribuyentes son Bangladesh, con 9.307 efectivos,
Pakistán (8.163), India (8.112), Etiopía (7.864) y Ruanda (5.575), según
las últimas cifras de la ONU.
“Las cuestiones jurisdiccionales son increíblemente complejas en las
operaciones de mantenimiento de la paz”, respondió Donovan a la pregunta
sobre si un convenio internacional se ocupará de manera más efectiva de
la explotación y los abusos sexuales del personal, la policía y los
expertos en misiones de la ONU, que en la actualidad son protegidos por
la Convención de 1946 sobre Privilegios e Inmunidades.
“Pero la verdad es sorprendente y sencilla. Ningún mecanismo nuevo,
ni nuevos métodos de operación, ni políticas nuevas podrán funcionar en
la práctica para prevenir o castigar a los abusadores sexuales del
personal… debido a que la burocracia de la ONU responsable de
implementar los cambios es completamente disfuncional”, sostuvo.
Mavic Cabrera-Balleza, coordinadora internacional de la Red Mundial de Mujeres Constructoras de la Paz, dijo a IPS que la convención propuesta es necesaria.
“Si no es ahora, ¿cuándo? Es hora de cerrar la brecha de la rendición
de cuentas. Tengo esperanzas en este convenio y vamos a abogar por su
aprobación y ratificación”, señaló.
“Al mismo tiempo, también somos realistas ya que tenemos los oídos
cerca del suelo. Sabemos lo que está pasando. La información que
recibimos no está filtrada, a diferencia de la que reciben la sede de la
ONU y las misiones de los gobiernos”, aseguró.
Cabrera-Balleza duda de que los países que aportan fuerzas de paz
terminen por apoyar la convención, con la posible excepción de la Unión
Europea y Canadá.
Sin embargo, los mayores contingentes proceden del Sur en desarrollo, precisó.
“Debemos hacer lobby activo con los países que aportan grandes
contingentes y demostrarles que la convención será útil, que puede
servir como una guía para que los Estados miembros vigilen a sus tropas,
y para la investigación y el procesamiento de aquellas que cometieron
delitos”, agregó.
Un informe de 2008 del Comité Especial sobre Responsabilidad Penal de
los Funcionarios y Expertos en Misión de la ONU concluyó que “algunas
delegaciones reiteraron la opinión de que es prematuro discutir la
posibilidad de negociar una convención internacional sobre el tema”.
Se argumentó que era necesario entender los obstáculos reales al
procesamiento, antes de emprender la negociación de la convención, según
el informe.
Algunas delegaciones expresaron su apoyo, en principio, a una
convención que obligue a los Estados miembros a ejercer jurisdicción
sobre sus ciudadanos participantes en operaciones de la ONU.
“Se observó que, si bien existían acuerdos bilaterales en el área,
brindan una cobertura incompleta y por lo general no abordan la
cooperación judicial entre los Estados y la ONU”, explicó.
Cabrera-Balleza dijo que los países con grandes contingentes en las
misiones de paz deben ponerse en el lugar de los países receptores. Y se
preguntó si no querrían que se hiciera justicia si los delitos se
cometieran contra su propio pueblo.
“También espero que esta convención incluya capacitación obligatoria
sobre las resoluciones de seguridad de la ONU 1325, 1820 y demás
resoluciones de apoyo a las mujeres, la paz y la seguridad. Los países
que aportan contingentes deben capacitar a sus tropas” en ese sentido,
recomendó.
La ONU tiene una Unidad de Conducta y Disciplina que supervisa a las operaciones de mantenimiento de la paz y las misiones políticas especiales, indicó.
“Sin embargo, una vez conversé con un funcionario de Conducta y
Disciplina en una misión de mantenimiento de la paz y le pregunté si se
estaban integrando la resolución 1325 en su formación, y no tenía ni
idea de lo que le hablaba”, comentó.
La ONU tiene una política de tolerancia cero hacia la explotación y
los abusos sexuales, pero sus Estados miembros no están obligados por
ella. La convención traerá cierta coherencia, concluyó.
Editado por Kitty Stapp / Traducido por Álvaro Queiruga
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