Por: Emma Martínez revoluciontrespuntocero.com
“México Indígena” estrategia político-militar de E.U para el ‘progreso y la seguridad’ en AL a través del despojo a indígenas
(26 de mayo, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Los gobiernos e
inversionistas nacionales e internacionales están empecinados en
mercantilizar la tierra y el territorio de los pueblos originarios. Es
por ello que los pueblos están haciendo frente al despojo desde las
comunidades indígenas que se resisten a ser cómplices de los proyectos
de inversión que favorecen la producción de agrocombustibles, la
concesión y explotación de proyectos mineros, las represas, la
reactivación de planes de infraestructura del Proyecto Mesoamérica y el
impacto de la reforma energética como plataforma para legalizar el
saqueo territorial, ya que todo ello traerá como consecuencia la
destrucción de la diversidad humana y biológica de los territorios
ancestrales, describe el Movimiento Civil Rostros del Despojo.
Afirmando que las políticas gubernamentales de las últimas décadas
han mercantilizado los recursos naturales de los territorios de los
pueblos indígenas, los cuales forman parte de la negativa histórica por
parte del Estado mexicano al reconocimiento pleno de derechos
colectivos de los mismo.
Las comunidades indígenas mexicanas han padecido acoso desde hace
muchas décadas, pero desde poco antes del 2005 están siendo acosadas
por el Ejército estadounidense con la ayuda de geógrafos de la
Universidad de Kansas. En aquel año, el Departamento de Geografía de
la Universidad de Kansas recibió 500, 000 dólares, de fondos del
Departamento de Defensa, para mapear tierras comunales indígenas en
los estados mexicanos de San Luis Potosí y Oaxaca, explica el
activista y ecónomo Simón Sedillo.
Por medio de la Oficina de Estudios Militares para el Extranjero de
los Estados Unidos (FMSO, por sus siglas en inglés), los profesores
Peter Herlihy y Jerome Dobson construyeron desde aquel año el proyecto
“México Indígena”.
El investigador de la FMSO asignado fue el Teniente Coronel Geoffrey
B. Demarest, quien expuso que el único camino para el ‘progreso y la
seguridad’ en América Latina es el de la privatización de las tierras
comunales pertenecientes a indígenas. Asegurando, “la posesión informal
e irregulada de tierras favorece el uso ilícito y la violencia”, y que
la única solución para estos campos de cultivo de crimen e insurgencia
es la privatización y titulación de la tierra”, explica Sedillo.
Demarest aseguró en un ensayo que “la misión primaria de la FMSO es
evaluar amenazas asimétricas y emergentes para la seguridad nacional de
los Estados Unidos, es decir ejércitos guerrilleros y organizaciones
terroristas. Por otra parte, la FMSO está evaluando movimientos
sociales influidos por indígenas, como amenazas emergentes para la
seguridad de los intereses políticos y económicos en México”.
El proyecto ‘México Indígena’, se describe como una estrategia
político-militar, la cual dio inicio en el momento en que se otorgó al
país un paquete de financiamiento militar por parte de los Estados
Unidos, conocido como la Iniciativa Mérida. “El control y
desplazamiento de comunidades indígenas pretende remover potenciales
focos rojos en la política, contribuir al control militar de la
región y finalmente ‘liberar’ recursos naturales para beneficio del
gobierno y, a su vez, sus aliados trasnacionales”, afirma Sedillo.
Demarest, al tomar en sus manos el mapeo de comunidades indígenas,
aseguraba que era preciso identificar pueblos y grupos, ya que era ahí
donde se situaba la mayor resistencia al orden mundial neoliberal en
México, en zonas indígenas donde se exigía autonomía y
auto-determinación.
“Los indígenas siempre han estado dispuestos a morir luchando por
su tierras, más de lo que cualquier gobierno ha estado dispuesto a
matarlos y arrebatárselas. Para las comunidades indígenas de México,
reclamar su autonomía y territorio es por lo tanto una reivindicación
sumamente urgente de su identidad”, comenta Sedillo.
Hasta 2010, en México poco más de 170 mil personas habían sido
desplazadas de sus lugares de origen, colocando al país en el segundo
lugar en el número de afectados por la construcción de megaproyectos
en Latinoamérica. Hoy las cifras podrían haberse incrementado hasta en
un 10 %.
Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero,
Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla,
Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Veracruz, son
reconocidas de manera gubernamental como territorios en donde empresas
extranjeras mantienen algún tipo de proyecto.
Sobre el tema, el Obispo Raúl Vera López afirma: “la militarización
no es una cuestión nada más de América Latina, es una situación que se
da a nivel mundial, y puntualmente en México, los hermanos de los
pueblos originarios fueron desplazados hacia espacios en donde no
contaban con medios de subsistencia, tampoco habían procesos de
desarrollo que les permitiera a ellos ser sujetos de su propia
historia, pero con esfuerzo y sufrimiento lograron sobrevivir y vivir”.
“Sin embargo, hoy las nuevas tecnologías satelitales han localizado
recursos que pueden generar altas sumas de dinero, los cuales existen
en territorios indígenas. Esto ha sido el principal detonante de la
invasión que padecen quienes vivían en paz en espacios con pocas
carreteras, nulos medios de comunicación, con innumerables carencias,
pero subsistían, ahora otros han descubierto las zonas de mayor
diversidad, donde están los yacimientos de petróleo, los recursos
acuíferos, provocando así el desarrollo de libre comercio y la libre
competencia que han llevado a los grandes empresarios y a los grandes
consorcios de producción industrial, a incursionar en manufacturas que
nunca se creyó que fueran de interés para ellos, hasta que descubrieron
que se podía obtener grandes ganancias por medio de explotación”,
comenta Vera López.
Según el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, “los
proyectos de obras públicas a gran escala y las iniciativas de
extracción de recursos (denominados megaproyectos) tales como represas,
autopistas y minas, se están multiplicando en México. Si bien el
gobierno mexicano declara que estos proyectos de desarrollo se llevan a
cabo para beneficio de la población, los megaproyectos tienen
consecuencias devastadoras para las comunidades locales y el
medioambiente, y suelen beneficiar a los poderosos a costa de las
comunidades más empobrecidas, rurales e indígenas”.
El obispo afirma que dichas empresas, a la par del gobierno, han
desarrollado estrategias que les permiten obtener beneficios y
facilidades para la explotación de los recursos naturales por medio de
mecanismos que los han llevado a penetrar las tierras de los indígenas,
provocando que nuevamente dichos grupos sean desplazados para dar paso
a mega proyectos que van desde los acueductos, oleoductos, hasta
gasoductos, sin dejar de contar los corredores industriales.
“Como ejemplo tenemos el corredor industrial que se han querido
abrir desde hace años los norteamericanos, vía México-Centroamérica, en
un principio por medio del famoso Plan Puebla Panamá (PPP). Otro de los
principales motivos por los cuales los indígenas son objeto de
agresiones terribles y desplazamientos humanos, es la apropiación
ilícita de los mantos acuíferos; extranjeros junto al gobierno despojan
a los dueños de esas zonas, dañándolos física y moralmente, al robarles
el agua, para uso de las grandes hidroeléctricas”, plantea Vera López.
Los ataques contra los indígenas, en la lucha por explotar cuanto se
pueda en sus territorios, según el Obispo Raúl Vera, se han afianzado
por medio de un control del territorio a través de las fuerzas
militares, quienes han penetrado las zonas para oprimirlos y
agredirlos, incluso hasta el homicidio, es por ello que “en las
comunidades se están levantando y están tomando la fuerza, defendiendo
sus propiedades y su integridad física”.
Y sentencia que, “esa deshumanización en contra de los grupos
vulnerables es producto de la ambición que hoy existe, y es desatada
por un mercado no controlado que se hace llamar ‘libre mercado’ y que
se mueve a la par que la nueva metodología del capital neoliberal, en
donde los grandes comerciantes del mundo, a la par de los grandes
productores y los grandes consorcios, tienen de rodillas a los
políticos, a quienes ya han comprado y corrompido para darles seguridad
a sus proyectos”.
Puntualizando que, “dentro de los enemigos de los indígenas se
encuentra la industria extractiva. México tiene más de la tercera parte
de su territorio ocupado en esta actividad, y ahora con la Reforma
Energética los extranjeros que extraigan metales también van a absorber
lo que encuentren a su paso. No solamente afectando a los dueños
legítimos de las tierras, sino también contribuyendo al cambio
climático y al famoso calentamiento global por medio de una
sobreexplotación de la tierra”.
El sociólogo Jorge Mercado Mondragón sentencia que “la ausencia de
un mecanismo para cuantificar de manera objetiva el número de
desplazados es, sin duda, uno de los retos más significativos en México
para poder visualizar dicha problemática, y se suma el no
reconocimiento explícito por parte del Estado mexicano de la existencia
de un número importante de desplazados en el territorio nacional”.
“El Estado mexicano debería poner atención a esa situación antes de
que se convierta en una crisis humanitaria de alcances inusitados, como
aparece apuntar, donde pareciera que el dinero es más importante”,
afirma.
“El gobierno mexicano es responsable de las violaciones a derechos
humanos de indígenas, pero también lo son las empresas canadienses,
americanas y europeas que invierten proyectos en México, son
cómplices, aprovechando la disposición del gobierno mexicano a pasar
por alto los problemas ocasionados por sus representantes, implementan
en el país prácticas perjudiciales que serían inaceptables en sus
países de origen. Algunos empleados de estas compañías han estado
implicados en agresiones físicas e intentos de asesinato dirigidos
contra indígenas y activistas sociales y ambientales… pero la justicia
no llegó”, asegura el Centro PRODH.
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