Por: Emma Martínez /
27 mayo, 2015
(27 de mayo, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Sueña Antonio que
la tierra que trabaja le pertenece, sueña que su sudor es pagado con
justicia y verdad, sueña que hay escuela para curar la ignorancia y
medicina para espantar la muerte, sueña que su casa se ilumina y su
mesa se llena, sueña que su tierra es libre y que es razón de su gente
gobernar y gobernarse, sueña que está en paz consigo mismo y con el
mundo.
Sueña que debe luchar para tener ese sueño, sueña que debe haber muerte para que haya vida. Sueña Antonio y despierta… Versa la introducción del ‘Manifiesto de todos los oprimidos y pobres de México’.
“Hablar de desplazamiento y comunidades indígenas remite a uno de
los casos más emblemáticos: el de los indígenas de Chiapas. Sin
dudarlo es y ha sido uno de los rostros más perversos del sometimiento
indígena, en esta zona geográfica del país, donde las condiciones de
atraso, miseria y marginación han sido el pan de cada día de estos
pueblos, después de por lo menos cuatro siglos”, afirma el sociólogo
Jorge Mercado Mondragón.
Asegurando que aún con el levantamiento indígena de 1994, el Estado
mexicano sigue orillando a miles de indígenas a un desplazamiento
forzado sin precedentes en el país. “En esta humillación y
sometimiento, los indígenas han creado movimientos para defender su
territorio, su agua, biodiversidad y hábitat, porque es evidente que
están arrebatándoles sus propiedades, para lo cual grandes áreas están
siendo militarizadas”, afirma el Obispo Raúl Vera.
Sin embargo, según el Obispo, el gobierno no solamente persigue a
indígenas para arrebatar riquezas, sino también a quienes se unen a un
movimiento social, cuyo propósito sea la erradicación de la pobreza,
desigualdad y el hambre. Así es como son perseguidos, perteneciendo o
no a un grupo étnico. Citando como ejemplo al pueblo chiapaneco de
Simojovel, “es uno de las comunidades más representativas en la lucha
contra el gobierno, donde además existe una rebelión en contra de los
vendedores de drogas y alcohol, solapados por los dirigentes
políticos”, relata.
“En Chiapas, los índices de extrema pobreza, marginación y olvido,
también han sido el vehículo para que el gobierno estatal y federal
continúe con la acelerada cooptación y división comunitaria que se
aconseja en los planes militares para combatir la insurgencia en
Chiapas, y así restar posibles aliados del proyecto político
zapatista por la autonomía y la vida de los pueblos indígenas”,
argumenta un informe del Centro de Derechos Humanos Frayba.
En el caso de Simojovel,
Raúl Vera agrega que, “los principales dirigentes del estado se
encuentran frente a la lucha de una comunidad que podrían ser víctimas
de represalias severas, es decir, hay datos que demuestran que los
últimos que manipularon las vacunas, que aplicaron a los bebés, y
quienes las refrigeraron, fue personal de la Secretaría de Salud, poco
después sucede un fenómeno en el que a los niños se les bajaron los
signos vitales y además los encontraron con glucosa baja, entonces
pudieron haber sido vacunas suplantadas con insulina”.
Vera López explica que, si los signos vitales bajan con la
disminución de la glucosa, es urgente que se investigue qué es lo que
pasó, porque podría tratarse de un ataque a una comunidad que está
teniendo una presencia civil de rebelión social, ante los ‘desmanes’
y la relación que existe entre gobierno y vendedores de alcohol y
drogas.
“Quien no está con el gobierno mexicano, está contra él. El
terrorismo de Estado mantiene como una de sus máximas expresiones la
desaparición forzada de personas por motivos políticos e intereses
económicos, una experiencia que ha sido invisibilizada en todo el país,
a fin que esos crímenes de lesa humanidad queden en la impunidad. La
tecnología ayuda a difundirlos, pero el arduo trabajo, lleno de
riesgos, ha sido de familiares, ONG’s y sociedad civil que levanta su
voz y exige justicia”, afirma la internacionalista Isabel Gómez Junco.
Asimismo, Gómez Junco puntualiza: “la desaparición forzada fue
practicada por el Estado (el priismo) y sus fuerzas militares de forma
permanente durante la década de los setenta, y fue precisamente en
Guerrero, puntualmente la región de la Costa Grande, zona de alto
riesgo para los habitantes. Hoy la historia se repite de forma cruenta,
ahí y en todo el país, hoy el averno tiene su ubicación en México,
padecido por millones de inocentes y no tan inocentes que nuevamente le
entregaron el poder al PRI y a un hombre que les demostró, años antes,
que era capaz de mandar a torturar y asesinar a inocentes, sin que eso
le significara un problema”.
“Ayotzinapa siempre será un caso a resaltar, donde solamente se
permitió investigar si las zonas estaban bajo supervisión del ejército.
Chilapa, siendo también una zona militarizada, casualmente pudieron
entrar encapuchados y atacar a los pobladores, cuando existen
declaraciones que aseguran que los encapuchados decían: ‘los vamos a
llevar a la región militar’. Esos testimonios están en poder del
Tribunal a favor de los Pueblos”, afirma el Obispo Vera.
Y explica que existen denuncias en las que se afirma que en el caso
Chilapa, a los que hoy se les llama ‘guardias comunitarias’, son grupos
pertenecientes a la delincuencia organizada, asegurando que “de ninguna
manera son guardias comunitarias, ya que ellos no actúan así, la
policía comunitaria de Guerrero son grupos con una tradición muy seria,
ellos no desaparecen personas, porque son de lo más honestos, entonces
quienes desaparecieron y acribillaron evidentemente son grupos
paramilitares, quienes actuaron deliberadamente, aún estando el
ejército en la zona, ya que casualmente ni siquiera se dieron cuenta.
Otro foco rojo al que prestarle atención es Ayutla, porque aunque es
una zona de paz, también tenemos noticias que existen grupos
paramilitares”.
El obispo Vera asegura que el ejército está usando grupos
paramilitares para controlar la insurgencia de las comunidades
indígenas. Ya que se ha visto la expansión de dichos grupos, los cuales
son un nuevo mecanismo de contraataque. Y puntualiza que dos ejemplos
más son las masacres en Tlatlaya y Apatzingán, demostrando que existen
ejecuciones extrajudiciales a nivel nacional.
“Todos los casos anteriores demuestran que en efecto los militares
son quienes crean la contrainsurgencia para el control de la población,
es así como nos damos cuenta que estamos caminando hacia una dictadura,
donde no sólo por los pueblos indígenas están siendo acechados, sino
todos los mexicanos. A esto se suma al abandono de las clases pobres, a
las que nadie les hace caso, y como resultado los muertos siguen
aumentando, aún más que en el periodo de Felipe Calderón”, puntualiza
el Obispo Raúl Vera.
Seremos perseguidos; tal vez acribillados, ¡no importa! Qué más
tenemos en nuestra vida si no es morir antes que seguir perpetuando el
agobio de la miseria y de los padecimientos. Es indispensable salvar el
momento, y levantar nuestros esfuerzos en torno de esa sacrosanta
bandera de la revolución, que dice desde lo más alto de la República:
“Abolición del gobierno y de la explotación”. Queremos tierras,
queremos trabajo, queremos libertad. Necesitamos el establecimiento de
un pacto social entre los hombres a base de respeto mutuo. Versa el final del ‘Manifiesto de todos los oprimidos y pobres de México’.
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