Chiapas
y la ONU lanzaron en 2009 el programa “Corazón Azul contra la Trata de
Personas”, con la promesa de erradicar ese delito. Pero entrevistas con
detenidas y especialistas y revisión de expedientes, dejan dudas de su
efectividad: las acusadas son mujeres migrantes indocumentadas,
detenidas en forma irregular y sin posibilidad de defenderse.
En el patio del penal femenil de Tapachula, Chiapas, hay un grupo de
mujeres sentadas bajo un techo de lámina, el único escudo contra el
inclemente sol. Las convoca un ministro de culto que reza, pero sus
raíces centroamericanas y los motivos de su encierro, también las
reúnen.
Ellas, originarias de Guatemala, Honduras y El Salvador,
están acusadas del delito de trata de personas. Algunas fueron
condenadas a 23 años de prisión, otras llevan más de un año detenidas y
no han recibido sentencia.
Sólo en esta prisión, ubicada en la
frontera sur de México, permanecen 20 mujeres detenidas acusadas de
explotar sexualmente a sus compañeras.
Otras tres que
permanecieron encerradas durante cuatro años obtuvieron su libertad
mediante un método extremo: por varios días permanecieron en huelga de
hambre para presionar por la revisión de su caso.
El 26 de mayo
Karen Vallecillo, Deyra Elizabeth y Santa María Rosales abandonaron la
prisión. Su caso, señalan organizaciones civiles, “demuestra la
violación sistemática al debido proceso”, y evidencia el fracaso del
sistema penitenciario mexicano “que por un lado priva de la libertad a
personas inocentes y, por el otro, deja impunes a los verdaderos
operantes de las redes de trata”.
Algo que se refuerza con los
testimonios de nueve mujeres presas, entre ellas las recién liberadas,
otra más que antes abandonó la cárcel, la revisión de sus expedientes y
la experiencia de defensores de derechos humanos.
En el fondo lo
que prevalece son patrones que dejan dudas sobre la efectividad del
programa “Corazón Azul contra la Trata de Personas” que en el año 2009
lanzó el gobierno de la entidad en colaboración con la ONU.
Primero,
una de cada dos personas detenidas y acusadas de trata son mujeres y,
al menos, una tercera parte, son mujeres migrantes sin documentos y sin
acceso a defensa consular; segundo, en casi todos los casos se trata de
acusaciones que el ministerio público fincó a partir de testigos o
víctimas, también migrantes, que no ratificaron su dicho o lo
modificaron, incluso señalaron haber sido presionadas para testificar
en contra de la detenida.
Diego Lorente, director del Centro de
Derechos Humanos Fray Matías, considera que la Procuraduría General de
Justicia de Chiapas no ha presentado resultados que confirmen el
combate al crimen organizado y a la corrupción dentro de las
instituciones que permite el crimen de explotación sexual.
Por el contrario, acusa, se criminaliza a las mujeres migrantes.
“Su
interés es sólo dar cifras. Se les hace más fácil criminalizar a las
mujeres, a las más vulnerables. Ponen a las migrantes como
delincuentes, como un peligro social. Y cuando el trabajo de ellas es
el servicio sexual sin coacción, al criminalizarlas lo que hacen es
empujarlas a que su trabajo lo hagan de manera clandestina”.
Deyra: Obligaron a sus compañeras a acusarla
Las
hondureñas Deyra Elizabeth Santos y Karen Julisa Vallecillo Castro
fueron las primeras mujeres migrantes detenidas en Chiapas y acusadas
de traficar sexualmente con personas.
Deyra, presa desde 2011,
fue condenada a 23 años y Karen, en la cárcel desde el 2010, a 29 años.
La historia de Deyra se hizo pública cuando la Procuraduría de Chiapas
la exhibió ante los medios de comunicación como un “logro” en el
combate a ese delito.
Así, según organizaciones defensoras de
migrantes, la dependencia inició con una estrategia para aprehender y
acusar al mayor número posible de mujeres migrantes que trabajan en
bares o cantinas a donde llegan los sectores populares de la sociedad.
En
el expediente 154/2011 la primera declaración de Nancy Carolina Núñez
Palma y su hermana Osiris, quienes trabajaban con Deyra en el bar “Paso
del Norte” de Frontera Comalapa, fue para acusarla por explotarlas. En
la segunda, Nancy y Osiris se desistieron y acusaron haber sido
obligadas para inculparla.
En entrevista telefónica, Osiris explica cómo fueron obligadas a acusar a su compañera de trabajo:
“Nosotras
teníamos sólo 12 días trabajando en el mismo bar que Deyra, pero cuando
nos detienen, nos golpean y nos amenazaron con deportarnos y quitarnos
a mi sobrina. Nosotras no vamos a dejar sola a Deyra porque sabemos que
es una injusticia que esté en prisión”.
En el caso de Karen
Julisa, el expediente 1114/2010 de Motozintla, señala que fue detenida
en el bar “el Titanic” de Frontera Comalapa, junto a Katia Elizabeth
Hernández y Griselda Judith Vásquez Rodríguez, todas originarias de
Honduras.
En una primera declaración Katia y Griselda aparecen
como víctimas de trata y Karen su victimaria. En las siguientes
declaraciones las dos presuntas víctimas se desistieron y deslindaron
de toda responsabilidad a Karen, sostuvieron que trabajaban por libre
elección y dentro del bar su labor se limitaba a servir mesas y
acompañar a los clientes a beber.
A pesar de que Katia declaró a favor de Karen, la sentenciaron a 29 años de prisión.
“A
nosotras nos acusan sólo por ser extranjeras, porque a los verdaderos
tratantes, a los dueños de los bares, no les hacen nada y cuando alguno
llega a caer, paga porque lo liberen. Con el tiempo también hemos visto
que esto que empezó con el que fue gobernador antes (Juan Sabines
Guerrero), se hizo más fuerte y ahora les pagan hasta 30 mil pesos a
los policías que detienen a una de nosotras y logran que otras la
acusen de trata”, acusa Karen.
Deyra sostiene que algunos
policías y ministerios públicos les han dicho a las detenidas que
reciben “una compensación de un fondo” por detener a migrantes en bares
y cantinas. “Lo siento chaparrita vas a ver que con el tiempo vas a
salir de prisión”, son las palabras que ellas mencionan.
Deyra y
Karen apelaron tres veces su sentencia, sin éxito. El 18 de mayo, junto
con Santa María Rosales iniciaron una huelga de hambre que consiguió lo
que cientos de hojas de expedientes burocráticos no pudieron: que los
jueces se dieran cuenta de su inocencia.
Migrantes indocumentadas, las más vulnerables
La
Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) y la
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ubican a Chiapas como un
“polo de atracción” para la trata de personas con fines de explotación
sexual, por las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran
las mujeres sin documentos, lejos de casa, sin conocer sus derechos o
sin posibilidad de exigirlos, pues la misma exigencia las pone en la
mira de las autoridades. Además por la xenofobia y discriminación
social que naturaliza el hecho y se vuelve cómplice de autoridades.
Por
la clandestinidad del delito, se desconoce el número de víctimas de
trata, pero se calcula que por cada víctima identificada hay 20
ocultas. En todo caso la mayoría de las víctimas son extranjeras que
provienen del triángulo norte centroamericano: Guatemala, Honduras y El
Salvador y el delito se diluye en el trabajo sexual voluntario.
En
el “Diagnóstico Nacional sobre la Situación de Trata de Personas en
México 2014” la UNODC también reconoce que además de la falta de
capacitación especializada de las personas que aplican las leyes contra
la trata –Ministerios Públicos, jueces y policías investigadores- no se
han desarrollado todavía las herramientas para la persecución y sanción
del delito, y la protección y atención a las víctimas, sus familiares y
los testigos.
Santa: su familia, sus “víctimas”
Santa
María Rosales, alta, muy delgada, cabello largo, ondulado, 35 años,
hondureña. Cuando tenía 23 años cruzó la frontera de México, desde hace
6 radica en Huixtla
De acuerdo con su relato, el 19 de junio de
2013 policías armados y encapuchados tocaron a su puerta. Una denuncia
“anónima” los llevó a su casa. Ella estaba con su hermano menor Luis y
su prima Berty Larissa, quienes acababan de cruzar a México para llegar
a Estados Unidos.
No hubo orden de aprensión, acusa Santa. Los
policías entraron, golpearon y se llevaron a todos. A su hermano y a su
prima los deportaron casi de inmediato.
En el expediente 134/2013
del Juzgado de Huixtla dice que Santa María se dedicaba a la trata de
personas, y que fue detenida con dos de sus víctimas. También, que dos
mujeres declararon en su contra.
Santa afirma que logró
investigar y supo que se trataba de dos chicas a quienes tuvieron
encerradas en un “albergue para víctimas”, quienes habrían huido de ahí
porque las violaron. Por eso nunca comparecieron en las audiencias,
reconoce la Procuraduría de Chiapas.
Santa fue sentenciada a 6
años de prisión por el delito de trata de personas. Su prima Berty fue
deportada a Honduras, de donde regresó en una ocasión para declarar a
favor de Santa y explicar el motivo por el que se encontraba en su
casa. Su hermano Luis también declaró a favor de ella antes de
continuar su viaje a Estados Unidos.
Hoy la hondureña, más delgada que hace unas semanas por la huelga de hambre, está libre.
El respaldo de la ONU
Deyra,
Karen y Santa no lo saben pero en 2009 el entonces gobernador Juan
Sabines Guerrero hizo un acuerdo con la ONU para apoyar los objetivos
del Programa “Corazón Azul contra la Trata de Personas”.
Promulgó
la Ley para combatir, prevenir y sancionar la trata de personas en el
estado de Chiapas. Cuatro años después el gobierno chiapaneco la
reformó para crear el llamado “Fondo para la protección y asistencia a
las víctimas de los delitos de trata de personas del estado de
Chiapas”, al que organismos internacionales, de la sociedad civil y del
propio gobierno, depositan recursos cuyo manejo es libre, discrecional
y no está sujeto a ninguna fiscalización.
En el 2013, el acuerdo
fue ampliado por el procurador Raciel López y el representante de la
ONUDC, Antonio Luigi Mazittelli. Según el diplomático el actual
mandatario, el polémico Manuel Velasco, ha permitido obtener “buenos
resultados”.
Guadalupe, sin traductor, ni abogado ni apoyo consular
Guadalupe
Pérez tiene 50 años de edad, es una mujer indígena originaria de la
Aldea San Pedro Tacana, San Marcos, Guatemala. En su expediente penal,
el 18/2014 del Juzgado Mixto de Motozintla, se dice que fue detenida en
enero de 2014 en Frontera Comalapa. Está acusada de explotar
sexualmente a un grupo de mujeres.
Ella lo niega. Guadalupe
relata que trabajaba afuera de un bar, una construcción de lámina y
bajareque. Por 80 pesos diarios su trabajo consistía en invitar a los
transeúntes a entrar y consumir cerveza.
El día de su detención,
recuerda, llegó un convoy de policías federales y estatales. Llevaban
los rostros cubiertos, portaban armas largas. Ella asegura que la
detuvieron con otras mujeres, que las llevaron a unas oficinas, las
maltrataron y las obligaron a firmar declaraciones cuyo contenido nunca
supieron.
Guadalupe, señala, por ser analfabeta imprimió su
firma. Con el tiempo supo que la acusaban de prostituir a sus
compañeras de la cantina. Trata de personas con fines de explotación
sexual, señala su expediente. No tuvo asistencia consular, tampoco
traductor pues su español es muy elemental. Guadalupe dice desconocer a
su abogado, y no entender lo que se dice en las pocas audiencias que ha
tenido.
Persiguen a las más vulnerables
De acuerdo al
informe “Campaña Corazón Azul Contra la Trata de Personas”, de la PGJ
de Chiapas, en el periodo 2010-2014 se ha detenido a 286 personas
acusadas de este delito, 123 de ellas son mujeres (el 43 por ciento),
37 de las detenidas son migrantes centroamericanas actualmente
recluidas en los penales de San Cristóbal de las Casas, Cintalapa,
Comitán y Tapachula.
Un análisis realizado por Luis Villagrán,
del Centro de Dignificación Humana, encontró que el 90 por ciento de
las mujeres fueron detenidas en operativos que se concentran en locales
de bajo presupuesto, donde trabajan las mujeres más vulnerables, las
que no tienen estancia legal en el país. La mayoría de las veces
trabajan como encargadas de atender, meserear o lavar trastes.
Villagrán
señala que se debe investigar desde la raíz, los dueños de los
negocios. Para abrir un bar, cantina o centro de bebidas alcohólicas
los ayuntamientos expiden los permisos. Villagrán acusa que las
compañías cerveceras acaparan los permisos para, posteriormente, rentar
a particulares. Este es el caso de la mayoría de bares y cantinas en la
zona. También acusó la falta de revisión de bares de mayor plusvalía
que actúan en impunidad.
“En Tapachula este sector de bares de
alta categoría formó un Sindicato y actúan en la impunidad. La
Procuraduría no se mete con ellos, con los giros negros o rojos”.
Lilian, acusada por su sobrina
Lilian
Elizabeth Aguilar tiene 46 años de edad. Originaria de Guatemala,
señala que vendía comida en la garita aduanal de Tecún Uman, frontera
con Ciudad Hidalgo, Chiapas.
En agosto de 2010, recuerda, su
sobrina Paola, de 17 años de edad, fue a comprar insumos para la comida
y no regresó. Paola era como su hija, pues desde su nacimiento ella la
cuidó.
“Fui a las autoridades y pedí que la buscaran, me dijeron
que me iban a llamar si la encontraban. A los pocos días me dijeron que
la habían encontrado y que estaba golpeada, que fuera a buscarla. Fui y
entonces me dijeron que yo la había vendido. Ella solo lloraba”.
Lilian
fue encarcelada y después Paola la visitó. Según relata Lilian, su
sobrina le contó que se había ido con su novio y cuando la encontraron
la obligaron a firmar un papel. Después supo que era para acusarla.
“Ella
viene a verme (al penal) y me dice: ‘mamita, perdóname, yo ya les dije
lo que pasó pero no quieren agarrar mi declaración’”.
Lilian fue
condenada a 13 años y 6 meses de prisión por el delito de trata de
personas. Osman Otoniel López, su esposo desde hace 24 años, la visita
cada dos semanas. Él trabaja como jornalero agrícola para mantener a
sus tres hijos y para llevarle algo de dinero a ella.
Consulados: “violan los derechos”
Las
mujeres detenidas acusan el abandono de sus consulados. Los consulados,
reprochan al gobierno mexicano el no permitirles la defensa.
Héctor
Sipac, cónsul de Guatemala en Tapachula, refirió que la Fiscalía
Especializada Contra la Trata de Personas actúa con negligencia y dolo
contra sus compatriotas.
La Fiscalía, acusa el cónsul, no les
notifica cuando hay guatemaltecas detenidas, violando así la Convención
de Viena; además de que las han obligado a firmar documentos en blanco
o declaraciones que no les permiten leer.
“Tenemos casos muy
documentados donde guatemaltecas están detenidas acusadas de trata y
donde tras varios años de cárcel ni siquiera han recibido una sentencia
porque las presuntas víctimas ya no aparecen. En otros casos quienes
son presentadas como víctimas terminan declarando a favor de las
detenidas, pero sus testimonios no son tomados en cuenta”, refiere.
La
cónsul de Nicaragua en Tapachula, Namibia Fuentes González, también
denuncia irregularidades en el actuar de la Fiscalía, pues se les niega
atención consular a sus connacionales acusadas del delito.
En
abril, durante un operativo en el bar El Trópico, en Arriaga, se detuvo
a una nicaragüense que no fue remitida a las autoridades. Para tratar
de ubicarla, la cónsul acudió a la Fiscalía para la Atención a
Migrantes de la PGJ de Chiapas, donde se le dijo que habría sido
deportada sin que se le notificara al Consulado.
La diplomática
nicaragüense dijo que no se está aplicando la Convención de Viena ni el
Protocolo de Palermo para atender a las migrantes de su país que son
detenidas en operativos contra la trata de personas.
Marco Tulio
Buesco Guerra, cónsul de Honduras en Tapachula, sostiene que el mayor
número de mujeres migrantes detenidas por el delito de trata pertenecen
a su país.
“Hay pruebas de que en la mayoría de los casos han
violado los derechos de nuestras connacionales. Es una situación que ha
ido en crecimiento de manera alarmante, por ello ya realizamos un
informe a la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos de Honduras, y
esperamos que en breve se haga llegar al gobierno mexicano una nota
diplomática pidiendo se revisen los casos de las ya detenidas, y se
respeten los protocolos internacionales”.
Operativos “armados”
La
organización Brigada Callejera “Elisa Martínez” labora con trabajadoras
sexuales y meseras de bares y cantinas, para hacerles conocer sus
derechos.
La fundadora Elvira Madrid dice que a las mujeres
migrantes detenidas les fabrican expedientes irregulares donde a unas
las ponen como víctimas y a otras como victimarias. En octubre del 2014
atestiguó un operativo en el bar Dragón Chino, a donde habían acudido
para darle una plática a las mujeres.
En 30 minutos, recuerda,
policías encapuchados y armados, acompañados de un ministerio público,
montaron el operativo. Hicieron pasar a una joven como menor de edad; a
otra que tenía una bebé la hicieron firmar una declaración donde decía
que era víctima de trata, la amenazaron con que si no firmaba la
acusación iba a ir a la cárcel y le quitarían a su hija.
La
experiencia que tiene Brigada Callejera con el trabajo en la frontera
sur, le permite al equipo asegurar que las acciones que se han
emprendido en Chiapas contra la trata, dejan sin tocar a los grupos de
la delincuencia organizada. “Hay lugares donde tienen a las mujeres
obligadas, donde hay armas, donde hay droga. A esos no los tocan, con
ellos no se meten”, señala Elvira Madrid.
Nora Suyapa Rodríguez,
representante de la Comunidad de Centroamericanos en Chiapas, explica
que sus paisanas encuentran en el trabajo en bares y cantinas, o en el
servicio sexual, una opción de vida para obtener recursos suficientes
que les permiten subsistir y enviar remesas a sus países de origen,
pues el trabajo en tiendas o casas –la otra opción que tienen- se paga
en 60 u 80 pesos por jornadas de 12 horas.
Una alternativa de
alto riesgo, dice Nora. “Cuando entran al país el primer trabajo que
les ofrecen es el de los bares y las cantinas. La necesidad las va
orillando a los bares, a las cantinas, a los table dance, a exponer su
vida, a ser explotadas y maltratadas; y ahora, hasta a ser
encarceladas”.
Este trabajo forma parte del proyecto En el
Camino, realizado por la Red de Periodistas de a Pie con el apoyo de
Open Society Foundations. Conoce más del proyecto
aquí: enelcamino.periodistasdeapie.org.mx.
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