Luis Hernández Navarro
Las
policías comunitarias incomodan enormemente a las autoridades
gubernamentales y al Ejército. No importa que su existencia y labor
estén amparadas por la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de
los Pueblos Indígenas del Estado de Guerrero. El malestar contra ellos
es tan grande que sus dirigentes han sido perseguidos y encarcelados.
La arbitraria e injusta detención de Nestora Salgado es la más
conocida en la opinión pública. No es la única. Hay 13 casos más. Al
igual que ella, están tras las rejas Bernardino García, Gonzalo Molina
y Arturo Campos. Todos pertenecen al sistema de la Coordinadora
Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria (CRAC-PC),
nacida en 1995. Se les acusa de delitos terribles. En realidad,
amparados en la ley, detuvieron a delincuentes, ejercieron justicia y
afectaron intereses de la narcopolítica guerrense.
El 21 de agosto de 2103, el mismo día en que se arrestó a Nestora
Salgado, un operativo conjunto de fuerzas estatales y federales
–incluidas las fuerzas armadas– aprehendió a 13 integrantes de la
policía comunitaria de El Paraíso, municipio de Ayutla de los Libres.
Entre los detenidos se encontraba Bernardino García Francisco.
Bernardino García, indígena na savi, era el coordinador de
autoridades de la casa de justicia El Paraíso. Promotor de la formación
de la policía comunitaria en su región, él mismo fue víctima de varios
asaltos y estuvo a punto de perder el ojo derecho a raíz de un ataque.
Nativo de El Paraíso, donde fue comisario municipal, es uno de los
sobrevivientes de la matanza de El Charco, Guerrero, en la que, en
junio de 1998, el Ejército ejecutó a 10 indígenas y un estudiante. Él
mismo resultó herido y fue encarcelado más de un año. Tenía entonces 39
años.
Bernardino posee una larga trayectoria de lucha. Fue presidente de
los bienes comunales de Coapinola y fundador de la Organización para el
Futuro del Pueblo Mixteco. Prisionero en el reclusorio de Acapulco por
secuestro, la acusación contra Bernardino supuestamente
sustentadaen la reducación de varias personas por acusaciones investigadas y juzgadas en la justicia comunitaria.
Gonzalo Molina nació en 1962, en Matialapa, municipio de Tixtla,
donde se encuentra la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Fue el
tercero de 10 hermanos, en el seno de una familia dedicada a la
fabricación de ollas, cazuelas y comales.
Gonzalo creció en la cabecera municipal. La pobreza le impidió
estudiar una carrera; sin embargo, concluyó, con muchos esfuerzos, la
educación media superior. Desde muy pequeño trabajó en labores de
limpieza, jardinería y recolección de basura. Casado y con tres hijos,
sacó adelante a su familia. Convivió con distintas comunidades de la
región marcadas por la escasez y miseria. Sensible a la injusticia,
comenzó a promover desde muy joven la organización comunitaria para
realizar proyectos sociales de autoempleo. Tuvo que suspender esta
actividad tanto por el aumento de los asaltos violentos, los
secuestros, las extorsiones y los homicidios, como por la corrupción y
complicidad de los gobernantes locales con los narcos.
Gonzalo se convirtió entonces en uno de los más visibles animadores de
la organización comunitaria por la justicia y la seguridad de los
pueblos de Tixtla.
Molina
promovió la formación de la policía comunitaria. Él sufrió en carne
propia la acción de los delincuentes. Su hijo, Cristian Molina, de 18
años, y la novia de éste, fueron secuestrados el 30 de junio de 2013.
La acción de los comunitarios permitió rescatarlos con vida.
Las movilizaciones promovidas por él provocaron choques frecuentes
con el Ejército. Éstas no se circunscribieron a cuestiones de
seguridad. Los comunitarios desempeñaron un papel central en las tareas
de rescate ante las inundaciones causadas por los meteoros Ingrid y Manuel. También protestaron contra la reforma energética.
El 6 de noviembre de 2013 Gonzalo fue detenido. Fue acusado de
terrorismo, robo agravado, privación de la libertad personal y
portación de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas. Trasladado
inicialmente a una cárcel en Oaxaca, luego fue llevado al penal de alta
seguridad de Almoloya de Juárez. El pasado 14 de mayo inició una huelga
de hambre. Su proceso judicial no ha avanzado, no existen diligencias
para su libertad, y él mismo decidió asumir su defensa.
El primero de diciembre de 2013 fue apresado otro dirigente de la
CRAC-PC: el indígena na savi Arturo Campos Herrera. Acababa de
participar en un acto para pedir la libertad de sus compañeros presos,
en la Alameda Granados Maldonado, de Chilpancingo.
Era el inicio de la campaña
12 días por la defensa de nuestra vida y libertady Arturo Campos tomó la palabra. Pidió no olvidar a los detenidos.
Nos faltan todos, dijo. Al terminar le cayeron encima. Lo acusan de secuestro y lindezas por el estilo. Como si fuera un peligroso criminal, fue trasladado a Almoloya.
Arturo tenía entonces 43 años. Indígena na savi, nacido en Ayutla,
casado, padre de tres hijos, quiso ser abogado. La pobreza y la
temprana muerte de su progenitor se lo impidieron. Para estudiar
trabajó de mandadero o limpiando casas particulares. Vivió en carne
propia la discriminación. Aprendió a hablar español con fluidez.
En 2000, junto a otros paisanos suyos, fundó la Organización
Independiente de los Pueblos Mixtecos y Tlapanecos. Entre 2000 y 2003
fue su secretario. Comenzó allí a denunciar los abusos de los
militares. Se convirtió en un animador de la lucha por servicios
públicos en las colonias de la periferia de Ayutla. Ante el clima de
inseguridad, promovió en 2012 la creación de la CRAC-PC en su
municipio. Ahora está preso junto a criminales de alta peligrosidad.
Ni Nestora Salgado ni Bernardino García ni Gonzalo Molina ni Arturo
Campos son delincuentes. Por el contrario, son comunitarios que luchan
contra la inseguridad pública y que se han enfrentado al crimen
organizado. Sin embargo, están presos. Deben ser liberados ya.
Pd: El gobierno no ha cumplido su promesa. Nestora Salgado sigue en
el penal de Nayarit y no prueba bocado desde el pasado 5 de mayo.
Twitter: @lhan55
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