Por: Emma Martínez
(28 de mayo, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- En 2012 una niña
de 8 años quedó embarazada. El 27 de enero de 2013 fue atendida en un
hospital de Jalisco. La madre de la niña acudió a la agencia
especializada en agravio de menores de la fiscalía estatal para
denunciar el caso, que podría ser catalogado como violación, abuso
sexual y corrupción de menores.
De acuerdo con la madre de la niña -una trabajadora de
intendencia, con 10 hijos más- supo que su hija estaba embarazada a los
7 meses de gestación, pero en lugar de recurrir a instancias jurídicas,
visitó al padre -un adolescente de 16 años-, para pedirle que asumiera
su responsabilidad. Según su versión, el chico aceptó que la menor
viviera con él, pero ella finalmente se negó. Poco después él se fue
del estado y no se conoció su paradero.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año
aproximadamente 16 millones de niñas entre 10 y 14 años dan a luz, lo
que supone el 11 % de los nacidos en el mundo. En las recientes cifras
de esta problemática, dadas a conocer en el Informe “Maternidad en la
niñez”, México ocupa el primer lugar a nivel mundial, de embarazos en
menores, con una tasa de natalidad de 64.2 por cada 1000 nacimientos.
Según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA),
en el país las hospitalizaciones por causas maternas, las cuales han
aumentado, evidencian las elevadas cifras de embarazos infantiles,
demostrando que en la última década, en el país hubo 28 mil muertes
maternas, entre ellas 3 mil 473 fueron de niñas.
Haciendo énfasis en que el embarazo infantil es el resultado de la
falta de interés e inversión por parte de la Secretaria de Salud, en
las menores, a quienes se les deja en el abandono sin que exista
interés alguno en generar estrategias intersectoriales para
garantizarles el derecho a la educación sexual, tan importante como la
general.
La periodista y feminista Sara Lovera, afirma que el aumento del
embarazo infantil en el país se detectó hace 39 años e inició acciones
en 1976, cuando se reformó la Ley de Población, sin que hasta ahora
haya verdaderos cambios. Exponiendo que “el gobierno supo apenas en
2001 que nacía medio millón de niñas o niños de madres niñas. Sin
embargo, a lo largo de más de 35 años y una veintena de programas, es
un problema que no se ha podido contener”.
De acuerdo con el informe de la Estrategia Nacional para la
Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENPEA), entre 1976 y 2013 se
pusieron en marcha 21 programas federales para prevenir el embarazo en
niñas sin resultados efectivos. Revela además, que las cifras se
dispararon entre 2000 y 2012, durante los gobiernos de Vicente Fox y
Felipe Calderón.
Lo anterior, a decir por Lovera, fue producto de una inclinación por
una idea “familista”; ambos gobiernos consideraron que las y los
menores no debían decidir sobre su cuerpo, eliminando cualquier
información sobre educación sexual y reduciendo drásticamente los
presupuestos en ese rubro.
Recientemente el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres)
señaló que los embarazos derivan en su mayoría de un contexto social
marcado por la desigualdad, dando a conocer que en México anualmente se
registran alrededor de 450 mil nacimientos en madres menores de edad.
Dentro de las recomendaciones del UNFPA, se encuentra la necesidad
de que las menores sean reconocidas como sujetos de derecho y no como
objeto de políticas, promoviendo su participación en los distintos
niveles de diseño y evaluación de los programas y servicios para
afrontar el embarazo infantil.
Sin dejar de mencionar la tolerancia cero a la violencia sexual en
niñas y adolescentes, incluyendo la erradicación del matrimonio
infantil, que aunque no es generalizado en todo el país, sí existen
regiones donde se aplica.
El doctor en Ciencias, Salvador Buendía afirma: “las cifras
evidencian la necesidad urgente de implantar políticas públicas con
sentido humano, eficaces que trabajen en garantizar y proteger el pleno
acceso de la población, especialmente a las menores, a sus derechos
sexuales y reproductivos. Recientemente Peña Nieto ha dado a conocer su
estrategia de prevención del embarazo en menores, que tiene como puntos
clave la educación, salud, perspectiva de género y derechos humanos,
pero nunca menciona el tema de la pobreza y pobreza extrema, los
factores de hacinamiento y los peligros del incesto en familias
disfuncionales. Su propuesta parece haber salido de una enciclopedia,
sin análisis a fondo de mecanismos de salud que se adapten al tipo de
país y principalmente se relacionen con los factores que provocan el
embarazo en niñas, en su mayoría de clase baja”.
A su vez, explicó que la estrategia presentada por el gobierno
federal para la prevención de dicha problemática, contempla el aborto
legal y los anticonceptivos de emergencia como medidas para evitar que
los menores tengan hijos a su corta edad y pongan en riesgo su salud,
futuro y bienestar, lo cual constituye una absoluta irresponsabilidad
de parte de un gobierno que “de vez en cuando voltea a ver qué política
pública puede desviar la atención de otras problemáticas y al mismo
tiempo que le ayuden a suavizar su tosca y desgastada imagen
presidencial”.
Explicando que, “el aborto y los anticonceptivos de emergencia en
niñas que son acosadas frecuentemente, o adolescentes presionadas, para
mantener relaciones sexuales, es una equivocación grave. Ya que estamos
hablando de personas en un proceso de crecimiento físico y psicológico,
se necesita una educación sexual que prevenga, pero también jurídica,
que enseñé qué derechos tiene la niña en caso de estar siendo
hostigada, que sienta seguridad y reconozca lo que no es correcto ni
benéfico para su persona, no métodos que por su corta edad y proceso de
desarrollo las perjudiquen de forma permanente, proyectos como ese son
una confirmación más de la ineptitud del gobierno y sus secretarios de
estado, en este caso los de la Secretaría de Salud”.
La psicóloga Estefanía Salva asegura: “en México, la falta de
políticas públicas dirigidas a las personas y no a la captura de
simpatía y votos; la inexistente preocupación gubernamental por la
salud sexual y reproductiva hacia las mujeres, especialmente las
menores, se encuentra con frecuencia relacionado con embarazos
infantiles. Esta nula educación sexual, basada en derechos, condiciona
de forma brutal la vida y el futuro de estas chicas y por lo tanto el
futuro de la sociedad mexicana, porque los embarazos en niñas da como
resultado un estancamiento educativo, así como mayor exclusión y
pobreza, situaciones que nunca han sido atendidas por los responsables
políticos. Porque la implementación de proyectos educativos sexuales
deben servir para padres y madres, hijos, y maestros”.
Y argumenta: “además de los problema de salud física que conlleva un
embarazo a temprana edad, la mayoría de las menores padecen burlas y
provocaciones de los niños o adolescentes, dando como resultado
depresión, que podría derivar en una enfermedad psicológica más
acentuada. El embarazo en niñas siempre mantendrá un grado de
estigmatización, lo que convierte a la paciente en objeto de
comentarios despectivos y de burlas groseras, todo esto también es
provocado por la falta de patrones culturales que insten al respeto y
aprendizaje sobre el tratamiento de estos casos, que constituyen una de
las problemáticas más graves del país, y también de las más
minimizadas“.
Salva explica que otro problema que ha provocado la desatención por
parte del gobierno y la Secretaria de Salud, es el incremento de la
discriminación y el aislamiento social, situaciones que ya son comunes
entre las niñas que se embarazan, quienes mantienen una extrema
distancia de los sitios públicos y de sus amistades, porque un elevado
número de personas (de diversas edades), no quieren ser vistos con
alguien que rompe con las expectativas sociales, siendo aún más difícil
enfrentar a la sociedad en general.
Buendía puntualiza: “el gobierno federal y estatales forman el
contubernio, que en muchas ocasiones provocan la muerte de menores
embarazadas, ya que en estados como Morelos, Querétaro, San Luis
Potosí, Sonora, Aguascalientes, Guanajuato y Yucatán, Chiapas, se
resisten a la incorporación de programas de salud sexual y jurídica
preventiva”.
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