La
visita de familiares y sobrevivientes de “Los 43” de Ayotzinapa a
diversos países del cono sur, entre ellos la Argentina, tiene lugar en
el medio de una enrarecida campaña electoral en México, que el próximo
7 de junio elegirá 500 diputados federales, 9 gobernadores y más de
1000 alcaldes. Algunos puntos para comprender un poco más del momento
social, político y electoral por demás complejo que vive aquel país:
1
– La situación de DDHH en los estados del sur mexicano es de una
gravedad notoria, que presenta pocos antecedentes históricos, y amerita
la preocupación de la comunidad internacional, incluidos los nuevos
organismos regionales que creó América Latina y el Caribe durante la
última década. Al menos siete candidatos, que iban a las urnas en
junio, fueron asesinados en los últimos meses, en una situación
irregular que atravesó al conjunto de los partidos políticos, y que
tiene que ver con la disputa territorial del narco en torno a las
alcaldías. Guerrero, donde desaparecieron los estudiantes, es en estos
momentos una flagrante “zona liberada”, donde los candidatos deben
subsumirse al poder de los cárteles si quieren sobrevivir
-electoralmente, políticamente, pero también de forma literal, como
lamentablemente se corrobora-.
2 – En cuanto al plano
estrictamente electoral, algunas precisiones: el histórico PRI sigue
primero en las encuestas a nivel nacional, con un apoyo cercano al 30%,
pero es también el partido con más rechazo popular -cinco de cada diez
mexicanos dicen que no votaría por el oficialismo de ninguna manera-.
En esta última tendencia puede apreciarse el descontento de buena parte
de la sociedad civil a la situación de DDHH que vive el país, y en
especial estos estados que mencionábamos con antelación. También,
claro, pesan en ese rechazo diversos casos de corrupción y una política
económica excluyente para las grandes mayorías desde la firma del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), junto a Canadá
y EEUU. Aún así, la extensión territorial priista, sin comparación en
las demás formaciones, parece aportar a la hipótesis que enuncia que el
partido de Peña Nieto no perderá aún el primer lugar electoral.
La
contracara es una dispersión de las fuerzas progresistas y de
izquierdas: el PRD, aún dañado por la salida de un importante dirigente
como Cuauhtémoc Cárdenas, conservaría un no menor caudal de votos
-alrededor de 17%, según las últimas encuestas- aunque perdería apoyos
hacia Morena, el nuevo partido del dos veces candidato presidencial
López Obrador -quien apela a disputar con el PRD intentando retomar el
legado de Lázaro Cardenas y Zapata-. Esta nueva formación se colocaría
como cuarta fuerza en su primera elección, con cerca del 11% de las
preferencias, lo que significaría una verdadera revelación en el
tablero político mexicano. Asimismo, la imposibilidad de unidad entre
el PRD y Morena podría determinar que el conservador PAN, con apenas
23% de las preferencias, se coloque en el segundo lugar.
3 – Una
de las variables necesarias a la hora de analizar los resultados del
próximo 7 de junio tendrá que ver con los porcentajes de abstención. A
través de las décadas, la participación a elecciones legislativas ha
sido inferior respecto a las presidenciales en México -tal como sucede
en muchas partes del mundo-. Sin embargo, algunos analistas, como
Álvaro Arreola de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),
plantean la hipótesis de una abstención que podría ser histórica en
esta ocasión, reflejando una “precarización de la democracia”, según
amplió este investigador al diario La Jornada. Un ejemplo concreto:
grupos de maestros de Guerrero involucrados en el pedido de
esclarecimiento del caso de “Los 43” plantean a esta hora no concurrir
a los comicios en aquel estado.
4 - Más allá de la cita electoral
en sí, la democracia mexicana parece estar en un momento de
inestabilidades crecientes y redefiniciones. El emblemático caso de
“Los 43”, que continúa sin ser esclarecido, sacó a la luz una situación
de vulnerabilidades que tiene ribetes cotidianos -uno de ellos, el
control narco del territorio, más allá de la “política formal”-.
América Latina en su conjunto deberá tomar nota de esta situación y
actuar en consecuencia, independientemente de lo que suceda el próximo
7 de junio, ya que la situación parece haber llegado a un punto límite.
La CELAC, que acordó en su cumbre de La Habana 2013 definir a América
Latina y el Caribe como “zona de paz”, podría jugar un rol más activo
en el intento de resolución de estas problemáticas. Esto no significa
que las instancias regionales latinoamericanas deban involucrarse de
lleno en decisiones soberanas del estado mexicano, claro; pero parece
cada vez más necesario aportar ideas y sobre todo soporte regional (y
densidad político-diplomática) a un contexto por demás preocupante, al
cual se ha referido, con congoja, hasta el propio Papa Francisco.
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