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9/01/2016

Los secretos de Michapa: privatización y violencia carcelaria



R. Aída Hernández-Castillo
La Jornada 
A finales del año pasado se abrió en el municipio morelense de Coatlán del Río un nuevo penal femenil, oficialmente llamado Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 16, coloquialmente conocido como Michapa, por el nombre del poblado en que está ubicado. Este penal, que reúne las características de uno de alta seguridad, fue construido por el Grupo Carso, propiedad de Carlos Slim, bajo el nuevo esquema de asociación público-privada (APP). Se trata del primer Cefereso exclusivamente femenil del país, y se han internado en él mil 339 mujeres privadas de su libertad por delitos del fuero federal procedentes de todo el país. Tanto la construcción como el traslado y el funcionamiento de este nuevo centro han estado caracterizados por la falta de transparencia, las irregularidades y las violaciones a los derechos humanos.
A los pocos días de entrar en funcionamiento dicho penal, las denuncias de los familiares de las internas no se hicieron esperar. Según estos testimonios, varias fueron abusadas sexualmente durante el traslado, torturadas y una de ellas falleció por un coma diabético producto de esta violencia. A raíz de las denuncias, organismos de derechos humanos solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares para las reclusas. En un informe presentado en marzo pasado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) junto con otras organizaciones de la sociedad civil, se documentó el uso de la violencia policial y se demandó el alto a los traslados hasta que se aclararan los hechos denunciados. Esta situación motivó que el Comité Evaluador del Sistema Penitenciario hiciera una visita a Michapa y presentara un informe a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el cual aún no se ha hecho público.
A nivel personal he podido escuchar varios de los testimonios de los familiares de las internas y de sus compañeras que quedaron en el Cereso de Atlacholoaya, de donde fueron trasladadas con violencia varias de las mujeres. Durante los ocho años de trabajo en un taller de escritura creativa en dicho penal, tuve el privilegio de conocer a varias de las mujeres trasladadas, de ver cómo se apropiaban de la escritura creativa como herramienta de reflexión y reconstrucción identitaria. El espacio de construcción de comunidad en reclusión que hemos venido acompañando fue fuertemente impactado por el traslado de las compañeras, que ahora se encuentran en aislamiento casi total, pasando 23 horas encerradas en su celda, sin derecho a tener lápiz ni papel para escribir. Los proyectos culturales a los que tenían acceso en Atlacholoaya les han sido negados, ya que no se ha dado permiso a ningún grupo de la sociedad civil para entrar a dicho penal. Jorge Correa, conocido como el padre del teatro penitenciario, fue expulsado después de su segunda sesión de teatro. El dramaturgo, que ha recorrido los penales del país por más de 30 años, me comentó que nunca había visto un lugar tan desolado como Michapa, donde las internas están muertas en vida. La concentración misma de estas mujeres en un solo penal, lejos de sus familias y redes de apoyo, es de por sí violatorio al artículo 18 de la Constitución, que garantiza el derecho a estar encarceladas en el lugar más cercano a su domicilio. El argumento de que se trata de presas de peligrosidad no puede ser enarbolado, ya que según datos oficiales, 70 por ciento de las mujeres trasladadas se hayan aún en proceso, y varias de ellas tenían un papel de liderazgo en proyectos culturales y educativos antes de ser enterradas en vida en Michapa.
Lo paradójico de esta situación es que el Cefereso No.16 ha sido promovido como parte de los proyectos de modernización del sistema penitenciario mediante los contratos por prestación de servicios (CPS), que ponen en manos de la iniciativa privada no sólo la construcción de los penales, sino muchos de los servicios que permiten su funcionamiento. En el caso de Michapa, el Grupo Carso obtuvo el contrato por adjudicación directa, sin que se llevara a cabo la licitación correspondiente, lo cual nos habla ya de las redes de corrupción que se tejen detrás de su construcción. La perversión del nuevo modelo de sociedades público-privadas ha sido denunciada por especialistas, quienes han señalado que con la inversión privada se crea la oferta de espacios carcelarios que genera una demanda artificial. En el caso de Michapa, las empresas cobran una cuota de mant
enimiento al Estado por cada lugar disponible, se paga por la capacidad completa y no el número de personas privadas de la libertad internas. Esto significa que el gobierno mexicano tiene mayor interés en llenar este Cefereso, ya que tendrá que asegurar el pago completo de todas formas. Si a esto aunamos el impulso de la maquila en espacios de reclusión, en nombre de la laborterapia, nos encontramos con un panorama de trabajo esclavo en condiciones que nos remiten al medioevo. Michapa es sólo un ejemplo de un proceso de violencia y privatización que se está imponiendo en todo el país ante la complicidad del silencio ciudadano.

8/26/2016

De privatizarse el sistema penitenciario operaría bajo una lógica simple, entre más gente en la cárcel mejor: especialista


(26 agosto, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- Un reporte de Cámara Nacional de la Industria de la de Construcción –interesada en concretar importantes inversiones en la edificación de penales locales y federales- indicaba en 2014 que “históricamente el sistema penal mexicano estaba orientado a la contención más que a la readaptación. Prevalecía el enfoque que definía a las estructuras penitenciarias como meras administraciones carcelarias centradas en la reclusión como sanción” y resaltaba que la percepción general de la sociedad era –y sigue siendo– “que es un mal necesario que representa una fuerte carga fiscal para la sociedad, sin que queden muy claros sus beneficios”.
La visión de los empresarios es moderara en comparación con la realidad, lo que se supone debe ser un espacio para la readaptación social en muchos casos no solo son universidades del crimen sino zonas de impunidad.
En Saltillo, Coahuila entre los años 2009 y 2011 el grupo criminal de Los Zetas usó el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Piedras Negras como un campo de exterminio en el que improvisaron hornos para desaparecer a más de 150 personas entre hombres y mujeres, según una investigación de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de ese estado.
La masacre ocurrida en el penal de Piedras Negras en esa época en la que Omar Treviño Morales, “Comandante 42”, era el jefe regional de Los Zetas para el Noreste de México, opaca las masacres perpetradas por el grupo criminal en la cárcel del Topo Chico, incluso si se suman esas víctimas con las asesinadas en la prisión de Apodaca, Nuevo León.
Por si esta historia fuera poco en 2010 un grupo también de Los Zetas, operaba desde el interior del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Gómez Palacio, Durango, la misma directora del penal, Margarita Rojas Rodríguez, giraba instrucciones para que se les permitiera entrar y salir sin problemas de las instalaciones. Bajo este esquema de protección la célula criminal salió y entró del estado para cometer decenas de ilícitos sin que fuera detectada por meses.
Ante estos hechos que evidencian un total fracaso en el sistema penitenciario mexicano algunas voces –sobre todo empresariales- susurran que la solución, como en todo según el modelo capitalista, es la privatización.
En este sentido las organizaciones Documenta A.C., la Fundación para el Debido Proceso y México Evalúa entre otras presentaron en días recientes el informe: Privatización del sistema penitenciario en México, en él cuestionan el modelo privado principalmente por la reducción de la calidad de los servicios y al aumento de la inseguridad dentro de los centros penitenciarios.
El informe destaca que uno de los principales promotores de la privatización de los penales, el Gobierno de Estado Unidos anunció la semana pasada que dejará de utilizar gradualmente las prisiones privadas, derivado de una investigación del Departamento de Justicia (el equivalente a la Secretaría de Gobernación) donde encontró que éstas se encuentran en peores condiciones que las públicas.
El documento además reafirma que en los centros penitenciarios de México persisten los problemas de hacinamiento y autogobierno, así como prácticas de tortura, tratos crueles e inhumanos y degradantes, tanto en las cárceles públicas como en las privadas.
“Los graves problemas que caracterizan al sistema penitenciario en México no justifican la incorporación de un modelo que va en detrimento de la dignidad de las personas privadas de libertad y obstaculiza la reinserción social”, es una de las principales conclusiones del informe pero no última.
Lucrar con el castigo
Martín Carlos Sánchez Bocanegra, director de Renace -una organización especializada en el tema de justicia, seguridad, asesoría y defensa legal- detalló a Revolución TRESPUNTOCERO que la propuesta de privatizar el sistema penal incluye la operación, la provisión de servicios, alimentos, limpia y programas educativos, excluyendo el resguardo y manejo de reos, sin embargo el tema de fondo, argumenta es la posibilidad de que este modelo aumente las violaciones a los derechos humanos de los internos sin solucionar los problemas que pretende terminar.
“En este momento no existen las condiciones para llevar esto a la práctica generalizada, hay algunas experiencia pero más en el ámbito de la construcción de la operación de servicios básicos pero no del gobierno de las cárceles, para eso no creo que estemos preparados, dejar en manos privadas a componentes criminales tan peligrosos como los líderes de cárteles o grupos de sicarios no lo veo adecuado.
“Otro tema que se utiliza como argumento es la carga fiscal que representa el sistema penal para el Estado y sus contribuyentes, sin embargo bajo el modelo que se propone considera que el gobierno debe asumir parte del riesgo de la inversión garantizando una tasa de ocupación de la cárcel concesionada de al menos 90 por ciento. Es decir, si por algún motivo se redujera el encarcelamiento de reos no sentenciados, el gobierno tendría que pagar la cuota como si las celdas estuvieran ocupadas”, precisó Sánchez Bocanegra.
Otro ángulo desde el cual Martín Carlos Sánchez Bocanegra analiza la propuesta es la contradicción que generaría la reciente entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal acusatorio que contempla la mediación como alternativa de solución de las controversias penales para despresurizar el sistema judicial y la sobrepoblación carcelaria.
“De entrada las compañías lo que desean es que haya más gente en la cárcel. Les pagan por persona detenida, eso podría generar mayores violaciones a los derechos humanos por que al no ser una autoridad no estarán sujetos a las mismas obligaciones legales.
“Otro tema -ético quizá- pero importante es si alguien debe lucrar con un castigo toda vez que hay intereses que se benefician directamente de generar utilidades, a partir del incremento en la demanda, entonces se pierden los objetivos que tiene el encarcelamiento: proteger a la sociedad y readaptar a quienes cometen crímenes”, puntualizó Sánchez Bocanegra.

11/06/2015

Salinas justifica baja popularidad de Peña: “¿Quién no la tiene en el mundo de hoy tan complicado?”




Redacción AN hace 1 hora
El ex presidente Carlos Salinas reconoció su influencia en el gobierno de Enrique Peña Nieto, diciendo que "estoy participando en el debate de las ideas". En entrevista con Nuria Piera en República Dominicana, la periodista le preguntó: "¿Qué le diría a Peña Nieto en este momento, si sabe o no manejar su crisis?", a lo que respondió: "No le diría nada porque cada quien actúa de acuerdo a sus circunstancias... pero las crisis son inevitables en cualquier gobierno como lo son los eventos inesperados". Y cuando la entrevistadora le comentó la baja popularidad que tiene el presidente EPN, Salinas atajó: "¿Quién no la tiene (la baja popularidad) en el mundo de hoy tan complicado?.. traemos un mundo con tantos problemas y estos tiempos de ansiedad que está viviendo la población en todos los países hacen que haya una exigencia superior". Además, el ex mandatario mexicano aseguró que en el país tenemos problemas "como todas las naciones". 

10/12/2015

Proyectos mexicanos dependen cada vez más de socios privados


México ha comprometido, para los próximos 3 años, más de 300 mil millones de dólares en asociaciones público-privadas. Se trata de privatizaciones encubiertas en los ámbitos energético, minero, de salud… Todo, en un esquema que favorece la opacidad y la discrecionalidad

Emilio Godoy/IPS
El gobierno mexicano ha pasado a recurrir en forma creciente a las asociaciones público-privadas (APP) para emprender proyectos energéticos, un esquema rodeado de opacidad y discrecionalidad, según especialistas y sectores críticos.
En la medida en que avanza la ejecución de la reforma energética de 2013, que abrió el sector al capital privado, local e internacional, la previsión es que ese modelo se utilice con mayor frecuencia.
En el caso del consorcio estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), “las alianzas que hace no son con cualquiera, son con los gigantes corporativos. No habla mucho sobre esos tratos. Es muy difícil rastrearlos”, dice Omar Escamilla, investigador en hidrocarburos del no gubernamental Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER, por su sigla en inglés).
El analista señala a Inter Press Service (IPS) que las sociedades “son constituidas con empresas inscritas en paraísos fiscales; eso limita a la justicia mexicana para que rindan cuentas o para solicitar informes sobre el uso de los recursos.
“Lo preocupante es con quién se asocia, de dónde viene el capital, cuál es la historia de esas empresas”, sentencia.
La Ley de Asociaciones Público-Privadas, vigente desde 2012 y reformada en 2014, regula aquellos proyectos que se realicen con cualquier esquema para establecer una relación contractual de largo plazo, entre instancias del sector público, para la prestación de servicios que utilicen infraestructura provista total o parcialmente por el sector privado.
La norma fija la obligatoriedad de licitarlos, le da la facultad al Estado de declarar las obras de utilidad pública, de expropiar tierras y un plazo mínimo de 40 años para los contratos.
México ocupa el séptimo lugar entre los países del Sur en desarrollo en utilizar las APP, sólo precedido por Brasil, dentro de América Latina. El mayor número se ha concretado en la vialidad del país, aunque también se han aplicado en la construcción de hospitales especializados, prisiones, aeropuertos, ferrocarriles y el área energética.
Según define el Banco Mundial, la APP se refiere a un acuerdo entre el sector público y el privado, en que parte de los servicios o tareas responsabilidad del Estado lo suministran privados bajo un claro acuerdo de objetivos compartidos para suministrar el servicio público o la infraestructura pública.
Sus apologistas dicen que las APP mejoran la ecuación entre calidad y precio de los servicios, transfieren los riesgos al sector privado, mejoran incentivos para producir eficientemente, reducen el gasto público y traspasan ese endeudamiento a los privados.
Pero sus críticos destacan que obligan a los gobiernos a pagos prolongados por la larga duración de los contratos. Además, alegan, los compromisos pueden deteriorar el gasto en servicios públicos, disfrazan el endeudamiento público y la privatización de tareas del Estado, y encarecen los costos.
A nivel federal, México cuenta con 29 APP, mientras que los diferentes estados suman 20 proyectos bajo este marco legal.
La reforma energética sancionada en diciembre de 2013, la mayor transformación del sector en las últimas 8 décadas, abre al sector privado local e internacional la explotación, refinación y distribución de hidrocarburos y la generación y distribución de electricidad a los particulares.
En los últimos 20 años, Pemex ha recurrido a las APP para construir infraestructura petrolera, como una forma de soltarse las riendas legales y económicas de todo monopolio estatal, resume el estudio Análisis de la estructura de negocios en la industria de hidrocarburos de México, publicado por PODER en junio.
Por ejemplo, en 1996, Pemex y la estadunidense Sempra Energy se asociaron para crear Gasoductos de Chihuahua, que se transformó en el mayor actor de la industria mexicana de gas natural, al controlar nueve empresas mediante dos convenios conjuntos y siete compañías asociadas. Todas ellas pertenecen al organigrama de negocios de Pemex.
Con el fin de explotar tres campos maduros en el estado de Tabasco, en 2011, PMI Campos Maduros SANMA, filial de Pemex, se asoció con las subsidiarias en México de las trasnacionales privadas Petrofac Limited (Gran Bretaña) y Schlumberger Limited (Estados Unidos).
En 2013, Pemex traspasó a la firma local Mexichem el complejo petroquímico Planta Clorados III, uno de los activos más importantes en la industria petroquímica, y con la cual instituyeron la empresa Petroquímica Mexicana de Vinilo. En la asociación, Mexichem controla 55.1 por ciento de las acciones, y el resto, la petrolera estatal.
Otro caso es el de la empresa Gasoductos de Chihuahua, que será responsable de la operación y mantenimiento del gasoducto Los Ramones, la mayor inversión en infraestructura para transportar gas durante medio siglo, con la capacidad de transportar diariamente 3 millones 500 mil pies cúbicos de gas natural a través de 900 kilómetros.
El tendido unirá el Centro de México con la frontera de Estados Unidos, en el extremo Norte.
 “Los gasoductos que el gobierno mexicano construye para dotar de infraestructura gasífera en realidad constituyen el mayor esquema de negocios para que la iniciativa privada se vincule con Pemex en la industria del gas natural”, cita el reporte de PODER.
La también estatal Comisión Federal de Electricidad ha seguido parecida estrategia con la construcción y operación de campos eólicos en los sureños estados de Oaxaca y Chiapas.
 “La supervisión, rendición de cuentas y transparencia son asignaturas pendientes, para hacer una revisión integral de estos mecanismos”, dice a IPS el académico Arturo Oropeza, del Instituto de Investigaciones Económicas de la pública Universidad Nacional Autónoma de México.
“Han faltado instrumentos para hacerlo, y por ello falta una visión integral para saber qué pasó. Habrá que hacer una evaluación sectorial”, sostiene.
El índice Evaluando el entorno para las asociaciones público-privadas en América Latina y el Caribe, publicado en abril pasado, situó a México entre los países con mejores condiciones para desarrollar APP.
Ese listado, que evaluó a 19 países de la región a través de 19 indicadores sobre infraestructura de electricidad, transporte y agua, catalogó a México como el mejor situado en clima de inversión y el peor en el contexto interno.
El documento fue elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo, su brazo de financiamiento privado Fondo Multilateral de Inversiones y la Unidad de Inteligencia de la revista británica The Economist.
En él se subraya que asuntos como la transparencia representan un desafío para un desarrollo mayor de las APP.
El informe menciona la ausencia de supervisión independiente significativa sobre el cumplimiento de los contratos y que los proyectos más grandes han sido concedidos mediante negociaciones directas en casos en que sólo hay un postor, aunque la ley obliga a que se organicen licitaciones.
Chile encabezó el listado, con casi 77 puntos sobre 100, seguido de Brasil, con 75; Perú, 70.5, y México casi 68. Nicaragua, Argentina y Venezuela fueron los últimos en la clasificación.
Para los próximos 3 años, México ha comprometido unos 300 mil millones de dólares para este tipo de acuerdos.
Para Escamilla, el panorama en México con el recurso creciente de las APP es poco prometedor.
“Es importante generar marcos de vigilancia y operatividad. Las APP deberían rendir informes sobre cómo se eligió al socio, su perfil, historia en sobornos, pagos fraudulentos y con esos criterios ir descartando. Si no se cumplen esos criterios, la opción es buscar a otros socios”, afirma.
Oropeza anticipa una desaceleración del esquema en energía. “Ante los nuevos instrumentos financieros y de asociación, más bien veremos un crecimiento de estos y una disminución de las APP. No van a proliferar, posiblemente sí en infraestructura de otro tipo”, prevé.


Emilio Godoy/IPS

5/26/2015

Indígenas mexicanos acosados por Ejército de EU como parte de un plan para privatizar sus tierras

Por: Emma Martínez
revoluciontrespuntocero.com


“México Indígena” estrategia político-militar de E.U para el ‘progreso y la seguridad’ en AL a través del despojo a indígenas


(26 de mayo, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Los gobiernos e inversionistas nacionales e internacionales están empecinados en mercantilizar la tierra y el territorio de los pueblos originarios. Es por ello que los pueblos están haciendo frente al despojo desde las comunidades indígenas que se resisten a ser cómplices de los proyectos de inversión que favorecen la producción de agrocombustibles, la concesión y explotación de proyectos mineros, las represas, la reactivación de planes de infraestructura del Proyecto Mesoamérica y el impacto de la reforma energética como plataforma para legalizar el saqueo territorial, ya que todo ello traerá como consecuencia la destrucción de la diversidad humana y biológica de los territorios ancestrales, describe el Movimiento Civil Rostros del Despojo.
Afirmando que las políticas gubernamentales de las últimas décadas han mercantilizado los recursos naturales de los territorios de los pueblos indígenas, los cuales forman parte de la negativa histórica por parte del Estado mexicano al reconocimiento pleno de derechos colectivos de los mismo.
Las comunidades indígenas mexicanas han padecido acoso desde hace muchas décadas, pero desde poco antes del 2005 están siendo acosadas por el Ejército estadounidense con la ayuda de geógrafos de la Universidad de Kansas. En aquel año, el Departamento de Geografía de la Universidad de Kansas recibió 500, 000 dólares, de fondos del Departamento de Defensa, para mapear tierras comunales indígenas en los estados mexicanos de San Luis Potosí y Oaxaca, explica el activista y ecónomo Simón Sedillo.
Por medio de la Oficina de Estudios Militares para el Extranjero de los Estados Unidos (FMSO, por sus siglas en inglés), los profesores Peter Herlihy y Jerome Dobson construyeron desde aquel año el proyecto “México Indígena”.
El investigador de la FMSO asignado fue el Teniente Coronel Geoffrey B. Demarest, quien expuso que el único camino para el ‘progreso y la seguridad’ en América Latina es el de la privatización de las tierras comunales pertenecientes a indígenas. Asegurando, “la posesión informal e irregulada de tierras favorece el uso ilícito y la violencia”, y que la única solución para estos campos de cultivo de crimen e insurgencia es la privatización y titulación de la tierra”, explica Sedillo.
Demarest aseguró en un ensayo que “la misión primaria de la FMSO es evaluar amenazas asimétricas y emergentes para la seguridad nacional de los Estados Unidos, es decir ejércitos guerrilleros y organizaciones terroristas. Por otra parte, la FMSO está evaluando movimientos sociales influidos por indígenas, como amenazas emergentes para la seguridad de los intereses políticos y económicos en México”.
El proyecto ‘México Indígena’, se describe como una estrategia político-militar, la cual dio inicio en el momento en que se otorgó al país un paquete de financiamiento militar por parte de los Estados Unidos, conocido como la Iniciativa Mérida. “El control y desplazamiento de comunidades indígenas pretende remover potenciales focos rojos en la política, contribuir al control militar de la región y finalmente ‘liberar’ recursos naturales para beneficio del gobierno y, a su vez, sus aliados trasnacionales”, afirma Sedillo.
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Demarest, al tomar en sus manos el mapeo de comunidades indígenas, aseguraba que era preciso identificar pueblos y grupos, ya que era ahí donde se situaba la mayor resistencia al orden mundial neoliberal en México, en zonas indígenas donde se exigía autonomía y auto-determinación.
“Los indígenas siempre han estado dispuestos a morir luchando por su tierras, más de lo que cualquier gobierno ha estado dispuesto a matarlos y arrebatárselas. Para las comunidades indígenas de México, reclamar su autonomía y territorio es por lo tanto una reivindicación sumamente urgente de su identidad”, comenta Sedillo.
Hasta 2010, en México poco más de 170 mil personas habían sido desplazadas de sus lugares de origen, colocando al país en el segundo lugar en el número de afectados por la construcción de  megaproyectos en Latinoamérica. Hoy las cifras podrían haberse incrementado hasta en un 10 %.
Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Veracruz, son reconocidas de manera gubernamental como territorios en donde empresas extranjeras mantienen algún tipo de proyecto.
Sobre el tema, el Obispo Raúl Vera López afirma: “la militarización no es una cuestión nada más de América Latina, es una situación que se da a nivel mundial, y puntualmente en México, los hermanos de los pueblos originarios fueron desplazados hacia espacios en donde no contaban con medios de subsistencia, tampoco habían procesos de desarrollo que les permitiera a ellos ser sujetos de su propia historia, pero con esfuerzo y sufrimiento lograron sobrevivir y vivir”.
“Sin embargo, hoy las nuevas tecnologías satelitales han localizado recursos que pueden generar altas sumas de dinero, los cuales existen en territorios indígenas. Esto ha sido el principal detonante de la invasión que padecen quienes vivían en paz en espacios con pocas carreteras, nulos medios de comunicación, con innumerables carencias, pero subsistían, ahora otros han descubierto las zonas de mayor diversidad, donde están los yacimientos de petróleo, los recursos acuíferos, provocando así el desarrollo de libre comercio y la libre competencia que han llevado a los grandes empresarios y a los grandes consorcios de producción industrial, a incursionar en manufacturas que nunca se creyó que fueran de interés para ellos, hasta que descubrieron que se podía obtener grandes ganancias por medio de explotación”, comenta Vera López.
Según el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, “los proyectos de obras públicas a gran escala y las iniciativas de extracción de recursos (denominados megaproyectos) tales como represas, autopistas y minas, se están multiplicando en México. Si bien el gobierno mexicano declara que estos proyectos de desarrollo se llevan a cabo para beneficio de la población, los megaproyectos tienen consecuencias devastadoras para las comunidades locales y el medioambiente, y suelen beneficiar a los poderosos a costa de las comunidades más empobrecidas, rurales e indígenas”.
El obispo afirma que dichas empresas, a la par del gobierno, han desarrollado estrategias que les permiten obtener beneficios y facilidades para la explotación de los recursos naturales por medio de mecanismos que los han llevado a penetrar las tierras de los indígenas, provocando que nuevamente dichos grupos sean desplazados para dar paso a mega proyectos que van desde los acueductos, oleoductos, hasta gasoductos, sin dejar de contar los corredores industriales.
“Como ejemplo tenemos el corredor industrial que se han querido abrir desde hace años los norteamericanos, vía México-Centroamérica, en un principio por medio del famoso Plan Puebla Panamá (PPP). Otro de los principales motivos por los cuales los indígenas son objeto de agresiones terribles y desplazamientos humanos, es la apropiación ilícita de los mantos acuíferos; extranjeros junto al gobierno despojan a los dueños de esas zonas, dañándolos física y moralmente, al robarles el agua, para uso de las grandes hidroeléctricas”, plantea Vera López.
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Los ataques contra los indígenas, en la lucha por explotar cuanto se pueda en sus territorios, según el Obispo Raúl Vera, se han afianzado por medio de un control del territorio a través de las fuerzas militares, quienes han penetrado las zonas para oprimirlos y agredirlos, incluso hasta el homicidio, es por ello que “en las comunidades se están levantando y están tomando la fuerza, defendiendo sus propiedades y su integridad física”.
Y sentencia que, “esa deshumanización en contra de los grupos vulnerables es producto de la ambición que hoy existe, y es desatada por un mercado no controlado que se hace llamar ‘libre mercado’ y que se mueve a la par que la nueva metodología del capital neoliberal, en donde los grandes comerciantes del mundo, a la par de los grandes productores y los grandes consorcios, tienen de rodillas a los políticos, a quienes ya han comprado y corrompido para darles seguridad a sus proyectos”.
Puntualizando que, “dentro de los enemigos de los indígenas se encuentra la industria extractiva. México tiene más de la tercera parte de su territorio ocupado en esta actividad, y ahora con la Reforma Energética los extranjeros que extraigan metales también van a absorber lo que encuentren a su paso. No solamente afectando a los dueños legítimos de las tierras, sino también contribuyendo al cambio climático y al famoso calentamiento global por medio de una sobreexplotación de la tierra”.
El sociólogo Jorge Mercado Mondragón sentencia que “la ausencia de un mecanismo para cuantificar de manera objetiva el número de desplazados es, sin duda, uno de los retos más significativos en México para poder visualizar dicha problemática, y se suma el no reconocimiento explícito por parte del Estado mexicano de la existencia de un número importante de desplazados en el territorio nacional”.
“El Estado mexicano debería poner atención a esa situación antes de que se convierta en una crisis humanitaria de alcances inusitados, como aparece apuntar, donde pareciera que el dinero es más importante”, afirma.
“El gobierno mexicano es responsable de las violaciones a derechos humanos de indígenas, pero también lo son las empresas canadienses, americanas y europeas que invierten proyectos en México, son  cómplices, aprovechando la disposición del gobierno mexicano a pasar por alto los problemas ocasionados por sus representantes, implementan en el país prácticas perjudiciales que serían inaceptables en sus países de origen. Algunos empleados de estas compañías han estado implicados en agresiones físicas e intentos de asesinato dirigidos contra indígenas y activistas sociales y ambientales… pero la justicia no llegó”, asegura el Centro PRODH.

5/17/2015

Ayotzinapa jurídico-financiero: pestífera privatización/extranjerización bancaria en México


Bajo la Lupa
Alfredo Jalife-Rahme

Suena increíble que haya sido un eminente jurista, Francisco Ibarra Palafox ( https://goo.gl/5SxYA2 ), quien haya publicado un libro histórico, amén de ser el único en su género, pese al cataclismo que alumbró, sobre La privatización bancaria en México ( http://goo.gl/7spOiy ), tarea obligada que correspondía a los ausentes economistas, en especial a los nigromantes neoliberales del ITAM, carentes de autocrítica.

Perturban los obstáculos inenarrables que enfrentó Francisco Ibarra Palafox de parte de la Secretaría de Hacienda ( https://goo.gl/uSQ6Az ), en ese entonces bajo control del itamita Agustín Carstens, que rechazó la consulta de documentos e informó de su inexistencia ya que habían transcurrido 18 años desde su generación.

Se desprende que, con la imposición neoliberal, México padece la dictadura de la piratería financierista con simulación democrática.

Francisco Ibarra Palafox recurrió al Ifai para emplazar a la Secretaría de Hacienda a la exhumación de los documentos, a lo cual también se negó, por lo que el autor interpuso un amparo hasta que a finales de 2009 le fueron entregadas casi 12 mil (¡supersic!) fotocopias, con muchos faltantes y nombres (¿comprometedores?) tachados.

Esta sola hazaña titánica de filantropía jurídica cotiza la obra, ya que exhibe la falta de transparencia del proceso que arrojó casi 13 mil millones de dólares de ingresos: 63 por ciento de todas las privatizaciones hasta 1994 (Telmex constituyó 29 por ciento).

Ante la ausencia notable de un medieval Congreso disfuncional, si son tan benéficas las privatizaciones, no se entiende entonces la razón por la cual sus panegiristas oculten los datos.

Francisco Ibarra Palafox comenta que si en Francia una privatización análoga tomó 16 años (sic), en México fue manoseada en forma expedita en sólo 13 meses (¡supersic!).

¿Cuál era la prisa para pisotear constitucionalidad, legalidad, transparencia y rendición de cuentas?

Coloca a la polémica elección de 1988 como una de las causas primordiales de la precipitada privatización, cuando el PAN y sus empresarios afines –mediante un pacto secreto en casa del empresario Juan Sánchez Navarro– exigieron la entrega de la banca estatal para legitimar la elección.

Moraleja retrospectiva: un megafraude electoral conlleva a un megafraude financiero.
A mi juicio, el clandestino y fatídico pacto secreto de 1988 desembocó en el espurio Pacto por México de 2012, cuando la privatización bancaria confluyó con su similar energética.

En la página 61 desnuda a toda la cohorte de la corte en turno de intelectuales mexicanos (sic), los legitimadores congénitos de siempre de la narco-clepto-plutocracia imperante, a favor de la privatización bancaria: los mismos, con la salvedad de los ya muertos, que apoyaron la siguiente privatización energética 21 años más tarde.

Los dados bancarios estaban cargados a partir de la contratación de asesores externos: CS First Boston, Ciemex-Wefa, Booz Allen y McKinsey, estos dos últimos, presuntos despachos paralelos de la CIA. Todavía no existían Wilson Center ni IMCO ni CIDAC ni Rosental & Asociados. Sus estudios nunca fueron conocidos por la opinión pública.

El autor remarca la opacidad respecto de la calidad de la cartera crediticia de los bancos, lo que generó la expansión crediticia más explosiva en la historia financiera de México y benefició a los favoritos transexenales de casabolsistas/neobanqueros: desde el polémico tuxpeño Roberto Hernández, pasando por Madariaga Lomelí (acusado de lavado por el rotativo español La Vanguardia) hasta el convicto tabasqueño Cabal Peniche (cuyo fraude costó una fortuna al erario: http://goo.gl/eIr0Az ). ¡Un “ Ayotzinapa jurídico-financiero”!

Al mismo tiempo que se privatizaba con una plétora de connotados bandidos de cuello blanco –evasores del fisco con bendición gubernamental de Pedro Aspe, Guillermo Ortiz y Francisco Gil-Díaz, que condonaron sus adeudos con cargo (¡supersic!) al erario–, se plantaban las semillas de la grave crisis financiera de 1995 que facilitó la extranjerización de la banca.

Foto
El ex secretario de Hacienda Agustín CarstensFoto Francisco Olvera

La quiebra (¿deliberada?) de la banca privatizada alcanzó su punto culminante con su extranjerización: ¿el objetivo final?

De los varios presentadores que hemos comentado la obra en la UNAM –desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas hasta la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales–, me llamó la atención la ponencia de Diego Valadés, debido a su sapiencia constitucionalista y a su anterior investidura como procurador general de la República, quien coloca el momento jurídico del México neoliberal en similitud al año 1215 de Juan Sin Tierra en Inglaterra y sus barones insaciables. Me recordó el momento de Estados Unidos en 1870 con sus plutócratas cleptómanos ( The robber barons; http://goo.gl/y1izLG ).

Diego Valadés concreta que se construyeron todos los elementos para la tormenta inmejorable que tuvimos en el año 94, la tormenta perfecta ( https://goo.gl/FsIzca ).

El libro multidisciplinario de Francisco Ibarra Palafox trae un disco compacto donde se encuentran materiales inéditos, además de dos anexos luminosos: las Razones (ratio) financieras e indicadores cuantitativos de los 18 bancos privatizados y la estrujante Lista de las personas que participaron en la desincorporación bancaria y que se traslapan sin rubor.
El Anexo 5 expone las Fusiones, adquisiciones y extranjerización bancaria en 12 años ( https://goo.gl/7YqNjM ) cuando los 12 bancos se redujeron a seis megabancos: uno mexicano y cinco foráneos.

El libro presenta 30 fotos memorables donde resaltan los actores desparpajados de la cataclísmica privatización, quienes no han detenido su fogosidad privatizadora: desde Javier Lozano (en su fase priísta, antes de saltar al PAN, como edecán de Ortiz Martínez), pasando por Carlos Ruiz Sacristán (quien no cesa sus andanzas cleptomaniacas en Sempra Energy y en OHL), hasta el itamita Pedro Aspe, quien, con el clan Bailleres y el Grupo Protego/Evercore Partnership, se despachó con la cuchara grande de la privatización energética ( http://goo.gl/QjxFsY ). ¿Su gratificación por la privatización/extranjerización bancaria?

La privatización bancaria y su trasnacionalización durante 12 años aciagos abrió las puertas del infierno para que en los siguientes 12 años se hubiese traducido en La muerte de Pemex y el suicidio de México ( http://goo.gl/DNRczW ) para ser fagocitado al irrendentismo de NorthCom/North America.

El autor nos debe un libro similar de rigurosa investigación sobre el rescate bancario del pestífero Fobaproa/IPAB, cuyo adeudo se sigue pagando hasta la fecha, cuando los 13 mil millones de dólares del remate bancario resultaron precariamente insignificantes para su propio socorro ulterior: 20 por ciento del PIB de 1995, según su salvavidas Zedillo. ¡Mayor al rescate de Estados Unidos de 2008!

La privatización bancaria no fue buen negocio para México y detonó su perdición soberana.
De allí que todas las privatizaciones en México, con bendición de Estados Unidos, sean sinónimo de la piratería financierista de la imperante narco-clepto-plutocracia.
¿La privatización del agua y su fracking letal constituirán el último clavo en el féretro de lo queda de México, hoy totalmente desmantelado?

2/11/2015

La Lotería Nacional, a otro amigo de Peña


Una de las protestas contra Peña Nieto y Soriana. Foto: Alejandro Saldívar
Una de las protestas contra Peña Nieto y Soriana.
Foto: Alejandro Saldívar
MÉXICO, D.F. (apro).- La Lotería Nacional (Lotenal), que ya no es más de asistencia pública, está en curso de privatizar la distribución de sus productos de juego y el favorecido será –como en otros casos– un amigo de Enrique Peña Nieto: Ricardo Martín Bringas, dueño de la cadena de supermercados Soriana.

Este proyecto privatizador está expuesto en el Programa Institucional de la Lotenal que diseñó su directora, María Esther Sherman Leaño, para afrontar la severa crisis que padece el organismo que, desde 2008, no destina ni un solo peso a la beneficencia, informa esta semana el semanario Proceso.

Entregada por Vicente Fox y Felipe Calderón a Elba Esther Gordillo y sus esbirros, como Francisco Yáñez y Benjamín González Roaro, la Lotenal despedirá a miles de vendedores de los billetes y cederá la comercialización a Soriana, según el Programa Institucional, publicado en el Diario Oficial de la Federación en mayo de 2014.

“Es urgente revitalizar la fuerza de ventas a través de nuevos esquemas, de manera que paulatinamente vayan suprimiendo a los vendedores ambulantes de billetes”, expone el documento que forma parte del reportaje firmado por Arturo Rodríguez.

Y es que, que tras adquirir Comercial Mexicana, Soriana se convirtió ya en la segunda cadena de tiendas de autoservicio más grande de México –sólo detrás de Walmart– y, de acuerdo con la priista Sherman Leaño, es el nicho de mercado idóneo para los productos de la Lotenal:

“Se ha tenido acercamiento con empresas de reconocimiento a nivel nacional para la comercialización de nuestros productos mediante diferentes mecanismos. Como ejemplo podemos mencionar a la cadena de tiendas departamentales Soriana, la cual comercializa nuestro sorteo electrónico denominado Tu Suerte en Segundos, con nuevas posibilidades de crecimiento, debido a las adecuaciones que se realizan para un nuevo lanzamiento, eficientando el producto para comercializarlo en diversas tiendas de conveniencia a través de las cajas registradoras”.

¿Cuánto dinero representa la comercialización de los productos de la Lotenal, entre ellos los billetes de los sorteos semanales? Scherman no lo precisa, pero se trata de un negocio que, como otros en el sexenio –el Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa Cantú, en primerísimo lugar–, tiene el sello de la casa: La amistad con Peña.

Aunque más discreto que otros contratistas del gobierno, en 2012 el empresario lagunero Ricardo Martín Bringas asistió a actos públicos y privados para respaldar a Peña y luego estuvo en medio del escándalo de compra y coacción del voto a favor del candidato presidencial priista.

El 14 de mayo de 2012, a mes y medio de las elecciones, Martín Bringas fue a una reunión privada con Peña en la casa particular del gobernador priista de Coahuila, Rubén Moreira, en Saltillo, y dos semanas después asistió a otro acto, en Gómez Palacio, con el candidato priista, esta vez acompañado de su primo Eduardo Tricio, dueño de Grupo Lala.

Ricardo Martín Bringas forma parte de los consejos de administración de empresas como Vitro, Telmex y Banamex, pero también participa en aviación con Aeroméxico y en el sector energético, con la construcción de plantas eólicas.

Según la revista Forbes, los Martín Bringas forman parte del elenco de los personajes más ricos del país, con una fortuna conjunta que supera los 3 mil 200 millones de dólares.

En 2012, el entonces aún diputado federal y actual director de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras (Condusef), Mario di Constanzo, afirmó que los Martín Bringas cotizaban en la Bolsa como Gigante, la cadena que compró Soriana, y que no pagaban impuestos.

“Utilizan prácticas que les permiten eludir impuestos. En 2011 Soriana, sin incluir Gigante, tuvo ventas por 98 mil 200 millones de pesos y pagó de impuestos mil 392 millones. Eso es 1.7% de ingresos. En contraste, Pemex pagó 54% de ingresos en impuestos ese año.”

Más aún, Soriana tuvo impuestos diferidos: Dejó de pagar 8 mil 276 millones de pesos, mientras que Gigante registra impuestos diferidos por mil 756 millones de pesos.

“Más que por negocio compraron Gigante por las ventajas fiscales, es un negocio que difiere impuestos y nunca los pagará”, advirtió Di Constanzo, quien aseguró que en el primer trimestre de 2012, nueve estados priistas suscribieron contratos con Soriana por 2 mil 200 millones de pesos.

“Dos mil 200 millones de pesos, que son los contratos que subieron, digamos a 300 pesos cada despensa (que es cara), tienes 7 millones 33 mil despensas. Esa es la cantidad de voluntades que se pudieron comprar”.
¿Quiere Peña que le aplaudan? Ahí tiene a los Martín Bringas…
Gracias por sus comentarios en Twitter: @alvaro_delgado