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8/11/2014

Estado mexicano “es el gran proxeneta”


   No combate trata y explotación sexual porque afecta intereses

Las políticas públicas para erradicar la explotación sexual en México están enfocadas en defender los intereses económicos y morales del Estado, pero no en proteger los derechos de las mujeres, dijo Fabiola Bailón, investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM.

Señaló en entrevista que las políticas públicas enfocadas a erradicar la explotación sexual deben contar con una perspectiva histórica que haga evidente los procesos que profundizaron el flagelo e incrementaron sus dimensiones.

Y señaló que conocer la historia de la explotación sexual en México contribuye a tener una visión más amplia del fenómeno, que a su vez explique el incremento de las dimensiones de la problemática actual.

Por esto, si el Estado realmente quiere erradicar la explotación sexual debe entenderla como un fenómeno con raíces históricas y no como un hecho coyuntural o contemporáneo, señaló.

Actualmente, para frenar la explotación sexual el Estado sólo implementa medidas paliativas, enfocadas hacia un actor  y no considera al sistema proxeneta completo.

Es decir, el Estado no está identificando que cada día se suman más actores a este sistema, que no sólo son las mujeres explotadas o los proxenetas, sino que también están los clientes, las redes de corrupción dentro de los gobiernos y, ahora, otros grupos criminales, apuntó Bailón.

La historiadora, quien se doctoró con una investigación sobre 200 años de trata de personas en México, declaró que a su parecer la postura del Estado para erradicar la explotación sexual es “ambigua”, ya que la normatividad diseñada no se extiende a todas las entidades, por lo que en 1957 –según documentó la ONU– 27 estados aún tenían algunas reglamentaciones en materia de prostitución que debieron ser abolidas desde hace más de 70 años.

Esta situación deja en claro que el Estado mexicano en realidad está enfocado en defender sus intereses (económicos y morales), pero no en proteger los derechos femeninos, enfatizó la experta.

Otros de los problemas es que en la academia hay muy poca gente haciendo historia de la trata de personas, lo cual es una urgencia para que las y los estudiosos vayan sumando los periodos y reconociendo la participación histórica de cada actor.

REGLAMENTACIÓN

Uno de los procesos históricos que deben visibilizarse es el del “reglamentarismo” en México –periodo en el que el gobierno contó con un sistema de control para quienes ejercían la prostitución, pero no con leyes y políticas públicas encaminadas a erradicar la explotación sexual–, explicó.

Ya que haber reglamentado la explotación sexual en el DF durante casi 80 años criminalizó a las mujeres y permitió que las redes de trata se fortalecieran, indicó.

Esto porque durante la etapa en la que la explotación sexual estuvo reglamentada en el DF, que fue de 1865 a 1940, el objetivo de la autoridad administrativa fue el de identificar a las mujeres que estuvieran fuera del registro para perseguirlas y detenerlas.

La reglamentación se refiere a un sistema de vigilancia y control de la explotación sexual que estuvo centrado en las mujeres, tanto las que explotan como las que son explotadas, y que opacó la participación de los hombres.

Dentro de todo este sistema, las más afectadas son las mujeres, evidenció la experta, y en especial quienes ejercen la prostitución. Durante el “reglamentarismo” ellas son controladas, vigiladas, perseguidas y sancionadas.

Este sistema de control consistió en que las mujeres estuvieran en documentos policiacos. Se les daba un libreto o cartilla de legitimación; se les clasificaba en primera, segunda, tercera e ínfima clase, y se les pedían datos generales como edad, procedencia, color de piel y fecha de nacimiento.

El registro estaba guardado en libros con fotografías de las mujeres, sus datos generales y anotaciones de todos sus movimientos.

Otras de las obligaciones básicas era que las mujeres se realizaran un chequeo médico semanal obligatorio. En el caso de que una de ellas tuviera una infección de transmisión sexual era recluida en un hospital, donde permanecía “hasta su completa recuperación” de un mal que, para esa época, no tenía cura.

Además, debían registrar si decidían salir del DF o si cambiaban de burdel. Las normas eran coercitivas en tanto decidían con quiénes salían y qué podían hacer o que no. También pagaban un impuesto para el Estado.

Las mujeres eran completamente vigiladas, ya que se buscaba que estuvieran sanas para que no transmitieran la sífilis a las familias “decentes”. Quienes no cumplían con los requisitos eran perseguidas y encarceladas. La oficina de sanidad contaba con policías que revisaban quién no estaba en el registro.

A decir de la experta, en esa época el sistema “reglamentarista” funcionó muy mal porque aunque consiguió el registro y la vigilancia, no acabó con la clandestinidad, prácticas ilegales, corrupción, evasión de registro, coerción y cumplimiento del cobro de multas.

Detalló que las “zonas rojas” o de “tolerancia”, que actualmente persisten en algunos estados, son una reminiscencia de la época “reglamentarista”. Ahí, las mujeres están cerca de otros focos delincuenciales y están en alta vulnerabilidad.

Aunque ahora no es la misma experiencia “reglamentarista” que antes, dijo Bailón, lo que se puede aprender de la historia es que el proxenetismo avanza mucho más rápido, es más hábil y se sofistica de una manera impresionante. “Actúa más aprisa que cualquier política o ley que haga el Estado para combatirlo”.

“INCUBACIÓN DEL PROXENETISMO MASCULINO”

A decir de la especialista, este periodo trajo consecuencias muy graves, ya que parte de la magnitud que tiene actualmente la trata está relacionada con que se invisibilizaron las acciones de los varones, tanto de los proxenetas como de los clientes.

Y enfatizó que en este periodo, el Estado no hizo nada por combatir el proxenetismo masculino, sino que creyó que con la regulación del femenino dejaría de existir la explotación, por lo que da mucha libertad a los hombres para operar y, luego de abolir el “reglamentarismo” en 1940, se tarda muchos años para que los hombres proxenetas sean identificados.

LOS RIESGOS DEL “PSEUDOABOLICIONISMO”
 

Cuando ocurrió en México el abolicionismo de Estado (1940) –que buscó acabar con la reglamentación y que es el modelo que actualmente rige la política del Estado en materia de explotación sexual– la persecución se centró nuevamente en las mujeres, para quienes las consecuencias de no permitir la prostitución las afecta en lugar de beneficiarlas.

Esto porque quienes estaban en los burdeles se quedaron sin casa, y se fueron a la calle y donde los proxenetas estaban al acecho. El Estado no planteó políticas de prevención, y no hubo atención para las mujeres que habían sido explotadas durante muchos años.

La historiadora acusó que este efecto negativo es consecuencia de que el Estado mexicano, como a nivel internacional, no buscó un abolicionismo como lo plantearon las feministas, sino uno de Estado.

Quienes encabezaron el movimiento feminista abolicionista desde sus orígenes argumentaron el maltrato que padecían las mujeres por parte de los policías y de los médicos cuando eran obligadas a realizarse los chequeos; además, acusaron que los policías estaban confundiendo a quienes eran explotadas sexualmente con las mujeres trabajadoras.

Las feministas también cuestionaron por qué ellas (las mujeres explotadas) tenían que estar reglamentadas y ellos (los proxenetas) no. Y dijeron que el Estado era el gran proxeneta porque recibía dividendos de la prostitución, por lo que exigió la reducción del poder del Estado en el control de las mujeres.

No obstante, los Estados adoptaron un tipo de abolicionismo para fortalecer el poder estatal contra el tráfico de mujeres, más por una concepción puritana que a favor de los derechos femeninos, que interesó porque buscó reducir la movilidad de las mujeres y los proxenetas a través de los países. De esta forma, los Estados tendrían una prostitución propia, que genera ingresos y está bajo su control.


CIMACFoto: César Martínez López
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | México, DF.- 


  

Fallo en Argentina responsabiliza a Estados por feminicidio


   Incurren en responsabilidad si no protegen a las mujeres


Si la violencia de género es un degradante de los Derechos Humanos (DH), los Estados tienen el deber de ser garantes de una vida sin violencia para las mujeres.


Esto, que en el presente parece un razonamiento indiscutible, es una de las principales fallas de los Estados, ya que los mecanismos de protección a las víctimas no están agilizados.

Sin embargo, el pasado 24 de julio se dio a conocer un fallo judicial en la ciudad de Córdoba (centro-norte de Argentina) que marcó un punto de inflexión respecto a la responsabilidad estatal en casos de feminicidio.

Ese fallo responsabilizó en parte al Estado argentino por un feminicidio ocurrido en 2000, cuya víctima fue una joven de 19 años, asesinada junto a su hijo de seis meses por su ex pareja. La mujer había denunciado varias veces a su agresor y nunca fue escuchada.

Ahora, a 14 años del hecho, la justicia cordobesa obligó al Estado a indemnizar a la familia de la víctima con una suma de 100 mil pesos –cerca de 12 mil 210 dólares– por los daños morales sufridos.

La sentencia fue dictada por la Cámara Quinta en lo Civil y Comercial de Córdoba y fue rubricada por la juez Claudia Zalazar y sus colegas Rafael Aranda y Joaquín Ferrer.

“El Estado tiene el deber de diligencia reforzado, que lo coloca en una posición de garante ante el riesgo de violencia basada en el género”, argumentó la juez Zalazar.

Ese fallo sentará un precedente sobre la responsabilidad que debe asumir el Estado en la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

Ese deber surge de la Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará) de octubre de 1994, ratificada por Argentina mediante la Ley 24.632, la cual dispone que los Estados Parte deben actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, tanto a nivel legislativo como administrativo.

La magistrada indicó a la prensa que, para resolver el caso, se basaron en el fallo de María da Penha en Brasil, en el cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) responsabilizó al Estado por omisión, negligencia y tolerancia en relación con la violencia doméstica contra las mujeres brasileñas.

Entonces la CIDH consideró que hubo responsabilidad estatal por la falta de cumplimiento de los deberes de respeto a la vida, integridad física, psíquica y moral, seguridad personal y dignidad personal, así como su igual protección ante la ley y a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes.

Zalazar relató a la prensa que la joven cordobesa víctima de feminicidio “había hecho reiteradas denuncias ante la policía, y entendemos que esta descoordinación y la falta de interés es lo que ayudó a provocar este desenlace”.

La titular de la Asociación Civil La Casa del Encuentro, Fabiana Tuñez, dijo a SEMlac que se trata de “un caso muy importante, que tiene que ver con el resarcimiento de las víctimas colaterales en situaciones de violencia de género.

“Si importante es el sostenimiento psicológico y afectivo, también lo es el plano concreto de las hijas e hijos de las víctimas de feminicidio. Este fallo sienta un precedente y ojalá puede replicarse en todo el país”, añadió.

CAMINO A LA DENUNCIA

El fallo de Córdoba se da en un país donde, en 2013, se registraron 295 crímenes de esta naturaleza, según el Observatorio de Femicidios que funciona en La Casa del Encuentro. Es decir, que cada 30 horas una mujer fue asesinada.

La decisión de la justicia cordobesa busca resarcir la situación de una de las tantas víctimas de violencia que no es escuchada y queda encerrada en una espiral de denuncias estériles. A la vez, cuando una mujer toma la decisión de denunciar al agresor, su testimonio es tomado como una exposición policial y no como denuncia.

Tuñez analiza esta situación y define que la toma de exposición es una “forma de no darle entidad y seriedad a la situación que está atravesando esa mujer. La policía debería protegerla de forma más efectiva y explicarle que debe hacer una denuncia, porque en realidad la exposición va a parar al bote de la basura.

“La exposición no forma parte de la causa penal, por eso es importante que se tome la denuncia por violencia de género para que intervenga el juzgado y, desde el primer momento, poder evaluar las medidas de protección y judiciales pertinentes para lograr el cese de esa violencia y la sanción al violento”.

En el camino para llegar a la denuncia también existen escollos personales, entre ellos el temor de la víctima a denunciar. Tuñez afirmó que el temor “es lógico”, al tratarse de una mujer que está continuamente sojuzgada y violentada por el agresor. Esa mujer considera que esa persona tiene todo el poder”.

La experta consideró que se debe fortalecer la asistencia integral a las víctimas de violencia de género que quieren hacer la denuncia.

“No toda mujer está en condiciones de denunciar. Hay que trabajar, primero, en su fortalecimiento individual, en la posibilidad de que empiece a identificar las redes a su alrededor para conseguir apoyo y contención necesarios en familiares y amistades”, comentó.

“También para que ponga en palabras lo que le está sucediendo para que, finalmente, pueda llegar a la última instancia bien parada y sostenerse”.

La mujer que decide denunciar está pidiendo contención y asistencia, y en ese momento los mecanismos del Estado debieran ser garantes de protección. De nada vale que la denuncia sea tomada, si ella debe volver a la casa donde convive con el violento.

Tuñez explicó que se necesitan dispositivos de asistencia económica, de vivienda, que brinden la garantía necesaria para que la mujer denuncie y la sostenga en el tiempo.

“La mujer que denuncia –continuó Tuñez– no recibe explicación de todos los pasos que deberá seguir. Porque luego tendrá que ratificar la denuncia, aparecerán las medidas de protección y los recursos que tiene el Estado para ella, entre otros aspectos”, precisó.

La experta remarca que, pese a los interesantes avances en materia de derechos de las mujeres, hay un bache en lo referente a la asistencia integral a las víctimas.

“Una cosa es que una víctima sea atendida por un equipo interdisciplinario en el momento de hacer la denuncia, para hacer la evolución de riesgo, y otra muy diferente sostenerla en el tiempo para que esa denuncia pueda seguir su curso y ella se pueda defender del agresor”, destaca.

En esa mirada integral deben evaluarse los aspectos más ínfimos, como las distancias que debe recorrer una mujer para llegar a la justicia.

Una mujer que vive en una ciudad tiene fácil acceso a los mecanismos de denuncia; sin embargo, desde lugares distantes de los centros urbanos, a veces no tiene la posibilidad de seguir con la denuncia por cuestiones de tiempo, organización familiar e incluso el factor económico para poder trasladarse a la policía o al juzgado.

“Por eso consideramos que la puesta en marcha del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres pueda aplicarse en todo el país”, indicó Tuñez.

Respecto a la asistencia, la abogada mexicana Ana Lorena Delgadillo manifestó a SEMlac, en septiembre de 2013, que los Estados deben llevar a cabo medidas estructurales que nada tienen que ver con el penalismo, sino con la prevención.

“Es la única forma de ir bajando paulatinamente la violencia contra las mujeres. La prevención se tendría que dar en un nivel primario y elemental, de la mano de la educación, el trabajo, las oportunidades, entre otros factores, pues el derecho penal no resolverá problemas tan arraigados en la sociedad”, sostuvo la integrante de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.

PATRIA POTESTAD

La Casa del Encuentro ha presentado un anteproyecto de ley que propone que se les retire la patria potestad a los feminicidas.

“Es una de las asignaturas pendientes que se tiene con los hijos e hijas de una víctima de feminicidio, quienes tienen derecho a una vida sin violencia. Por eso consideramos que el Estado debe garantizarles ese a quienes quedan sin madre a causa de un feminicidio. No podemos entender que un violento y asesino luego pueda brindarles educación, amor, cuidado y protección”, refirió Tuñez a SEMlac.

La coordinadora de La Casa del Encuentro refirió que, pese a que en Argentina está aprobado el agravante por violencia de género, “no todos los jueces lo aplican, por lo cual hay sentencias que son vergonzantes”.

Afortunadamente, el proyecto tuvo amplia repercusión en los medios, la sociedad y diferentes bloques legislativos, tanto de la Cámara de Diputados como de senadores, y podría llegar a tener un dictamen favorable para ser incluida en la reforma del Código Civil, explicó la especialista.


Imagen retomada del sitio kaosenlared.net
Por: Norma Loto
Cimacnoticias/SEMlac | Buenos Aires.-