Violencia política, causal de anulación de elecciones en CDMX

Concepto vigente en Constitución capitalina

Cualquier proceso electoral que se realice en la Ciudad de México y en el que se acredite la existencia de “violencia política de género” será anulado como lo establece la Constitución Política de la capital y la Ley Procesal Electoral local.

 

De acuerdo con diputados de la Asamblea Legislativa, en la capital del país se reconoce y sanciona la violencia que se ejerza en contra de las mujeres que participan en política, esto a pesar de que en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales local se diga “violencia política” y no “violencia política en razón de género”.

 

Así lo dijeron luego de que asambleístas e incluso el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) alertaran de un retroceso en la materia después de que el 21 de junio se publicó una nota aclaratoria en la Gaceta oficial de la Ciudad de México para precisar que el Código (recién publicado el 7 de junio) debía decir violencia política sin considerar las palabras “en razón de género”.

 

El diputado presidente de la Comisión de Asuntos Político Electorales de la Asamblea Legislativa, José Manuel Delgadillo dijo en entrevista que es falso que el concepto de violencia política hacia las mujeres haya desaparecido de la ley electoral y destacó que de cara al proceso electoral de 2018 hay certeza jurídica para aquellas que quieran participar.

 

El diputado del Partido Acción Nacional (PAN) expuso que la ley se divide en tres grandes rubros: sustantivo, procesal y orgánico, y explicó que en el Código electoral (ley sustantiva) se reconoce la violencia pero las causales de nulidad están en la Ley Procesal Electoral. “Ahí están muy claras las causales de nulidad, y entre ellas la violencia policía por razón de género”, dijo.

 

Ante la duda de algunas diputadas y actores políticos de si existen condiciones para que las mujeres participen en los comisos porque al parecer no se reconoce la “violencia política en razón de género”, el diputado Delgadillo señaló que una de las características de la ley es que “debe abstracta” y por eso no se particularizó diciendo “en razón de género”.

 

Mencionó que en una postura radical y muy feminista hay gente que dice que no debe ser así pero destacó que el concepto sí está  en el Código electoral. “Lo que pasa es que un tema legislativo, de redacción y de estilo”, precisó, y es el Artículo 4 de esta norma  remite a la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia de la Ciudad de México.

 

Es de destacar que la Ley de Acceso fue reformada apenas el pasado 23 de mayo para incorporar la “violencia política en razón de género”.

 

Para el legislador –quien fue el primero en darse cuenta de que el texto publicado el 21 de junio en la Gaceta no era el mismo aprobado por la Asamblea el 30 de mayo– es claro que hay certeza jurídica porque la nota aclaratoria es como una fe de erras cuyo objetivo fue corregir un error para respetar el texto avalado por el pleno de diputadas y diputados.

 

De acuerdo con el panista, con este error subsanado, no hay que olvidar que las leyes electorales en la capital son de vanguardia porque garantizan que en próximos comicios, por primera vez, se integren concejales paritarios y una Asamblea Legislativa paritaria (con 33 mujeres y 33 hombres). “Es la primera vez en la historia que se tiene garantizado para las mujeres este espacio de paridad”.

 

Por su parte, el vicecoordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Asamblea, Raúl Flores, coincidió con el legislador panista en que las capitalinas tienen certeza de que cualquier elección en la que participen y en la que se acredite violencia política de género será anulada.

 

A decir del legislador perredista, el acta de la sesión del 31 de mayo dice lo que verdaderamente ocurrió con este tema porque –dijo en entrevista– de ninguna manera el PRD aceptaría ir en contra de la posibilidad de que las mujeres tengan una vida libre de violencia en el ámbito político-electoral. “Definitivamente cualquier conducta de ese tipo tiene que ser castigada”, afirmó. 

 

Para él la nota aclaratoria no es un tema de fondo y no hubo dolo. El diputado Flores destacó que hubo un error en la publicación del Código y que ya se corrigió y no hay duda de ello. “No vi ninguna resistencia al tema de género”, dice al recordar que incluso los Artículos 27 y 29 del Código electoral garantizan que el Congreso estará integrado por 50 por ciento de mujeres.

 

El legislador perredista señala además que no se debe perder de vista que el organismo parlamentario ya ha trabajado para tipificar todos los tipos de violencia hacia las mujeres, incluso aquellos que tienen que ver con los partidos políticos; y coincidió con su compañero panista al destacar que la ley capitalina es de vanguardia en el tema de paridad en la integración del Congreso.

 

A pesar de la postura de los legisladores, el pasado 27 de junio la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Dunia Ludlow, envió al consejero Jurídico del Gobierno capitalino, Manuel Granados, un oficio para consultar cuál es la norma vigente: si la que se publicó el 7 de junio o la nota aclaratoria del 21 del mismo mes.

 

La también coordinadora nacional de Legisladoras Locales del Organismo Nacional de Mujeres Priistas, aseguró que la nota es parte de un proceso inadecuado y desaseado porque con esta se modifica de fondo la ley promulgada y publicada por el Jefe de Gobierno, y por ello destaca que esta aclaración ni siquiera mencionó un fundamento legal.  

 

Además criticó que la nota aclaratoria se publicó sin consultar al pleno de asambleístas y aunque reconoció que el término de violencia no se eliminó y que la ley electoral hace referencia a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia también destacó que con la “fe de erratas” se eliminan varios incisos con supuestos para acreditar esta violencia.

 

La legisladora priista destacó que es posible que esta modificación se hiciera sin dolo pero recalca que es consecuencias de un proceso y un trabajo parlamentario inadecuado, por ejemplo, de Comisiones incompletas donde no se permite la discusión y el análisis, y de sesiones exprés y donde no hay tiempo suficiente para leer los dictámenes que se van a aprobar.

 

Sobre este tema, la diputada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Beatriz Rojas, afirma que la participación de las mujeres es de relevancia porque cada espacio que ganan las mujeres es un espacio que pierden los hombres. “Es muy importante que las mujeres ocupen espacios porque necesitamos que las políticas públicas, la forma en que se gobierna, en que se legisla, sea también con la opinión de mujeres”, dice.  

 Imagen retomada de Twitter de la Asamblea Legislativa

Por: Anayeli García Martínez Cimacnoticias | Ciudad de México.-

Reflexiones sobre el machismo y su combate

Mariana Vallejo

El derrocamiento del derecho materno fue la gran derrota histórica del sexo femenino en todo el mundo. El hombre empuñó también las riendas en la casa; la mujer se vio degradada, convertida en la servidora, en la esclava de la lujuria del hombre, en un simple instrumento de reproducción. 

Engels, 1884

En la actualidad los movimientos feministas han cobrado importancia, lastimosamente, en algunos casos, solamente como un discurso hueco con argumentos superficiales. En ese discurso, se ha enfatizado que el feminismo es un movimiento que se coloca más allá de la lucha de clases, por lo que es necesario realizar algunas consideraciones que ayuden a entender de fondo el problema del llamado “machismo” y, por lo tanto, a imaginarnos un mundo que lo pueda superar.

Es necesario partir del hecho que la posición de sometimiento de la mujer surge a consecuencia de la división del trabajo y la búsqueda por acumular bienes, esto el hombre lo resolvió mediante la herencia, pero como tenía que estar seguro que los hijos fueran suyos, requirió someter a la mujer y lo hizo con el matrimonio, la monogamia y por la fuerza, siempre con ventaja para él. Este hecho se mantiene hasta nuestros días, con el paso de los años y el arribo de la supuesta modernidad, se ha planteado que dentro del sistema capitalista es posible romper con ese sometimiento de la mujer el cual tiene más 12000 años, además sin romper con las bases materiales que siguen manteniendo las condiciones de ese sometimiento.

Se ha buscado, por diversos medios, combatir al machismo, uno de ellos ha sido atacar los pilares donde se basa, como lo es la acumulación de riqueza, la apropiación del trabajo de otros, la explotación, etcétera; es decir los pilares del capitalismo.

No es posible plantear que, dando concesiones a las mujeres, estas van a dejar de estar sometidas, concesiones como aumentar la cantidad de mujeres en ciertos puestos -lo digo como una concesión porque no busca cambiar las condiciones que han llevado a las mujeres a tener menos oportunidades laborales que los hombres-. Ante condiciones desiguales, discursos de beneficiar a mujeres por el hecho de ser mujeres se vuelven argumentos machistas. Expresiones como “sería la primera mujer” “porque es mujer” “para que haya mujeres” como argumentos para apoyar a una mujer a realizar cualquier actividad, son ejemplos de esas concesiones que menciono. El sexo no puede nunca ser un argumento para designar un trabajo o una actividad.

Al no entender lo arraigado del machismo en nuestra sociedad nos lleva a seguirlo reproduciendo, es necesario aceptar que vivimos en una sociedad patriarcal, que las bases materiales persisten, que por lo tanto se expresa social y culturalmente. En ocasiones muestra su peor cara con violencia extrema pero también suele aparecer de manera velada y cotidiana, es ahí donde es más difícil reconocerlo y, por lo tanto, atacarlo.

Por ello, para ir avanzando en cambiar la relación desigual hacia la mujer, es indispensable trabajar en dos niveles: 1. El cotidiano, en el día a día, reconociendo y tratando de cambiar actitudes y acciones machistas que reproducimos tanto hombres como mujeres y 2. En lo estructural, derrocando las bases que sostienen al sistema capitalista.

Es importante no dejar de reflexionar sobre las condiciones y el papel de la mujer en la sociedad cuando nos pensamos en esa sociedad comunista, esa es una tarea que debe ser constante hasta llegar a la meta planteada, como dijo Rosa Luxemburgo “Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres”.

La creciente militarización de las fronteras hace blanco en los cuerpos de las mujeres y las niñas

amecopress.net

Madrid, 06 julio. 17. Amecopress. Nuestras fronteras son testigas de absolutas barbaridades contra personas en nombre de un supuesto fin de protección y de control de los llamados “flujos migratorios”. La Unión Europea invierte cada vez más dinero en vallas, muros, concertinas, recursos humanos e infraestructuras destinadas, según argumentan las autoridades, a preservar "nuestra seguridad". Sin embargo, la creciente militarización de las fronteras españolas hace blanco en los cuerpos de hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes. Personas a las que se deshumaniza para justificar la violencia que las políticas migratorias ejercen contra ellas. Violencia, muerte.

Gracias al trabajo de organizaciones que defienden los derechos humanos de las personas migrantes conocemos que desde las vallas que “guardan” nuestras fronteras se ha disparado a gente que no ha cometido delito alguno -por ejemplo, Tarajal -. Tras el último naufragio, el número de fallecidos intentando llegar a España por la zona del Estrecho ha superado la cifra registrada en el mismo periodo de 2016. El Mediterráneo se ha convertido en una fosa en la que en los últimos 15 años han perdido la vida más de 25.000 seres humanos. En territorio europeo hay gente encarcelada por el simple hecho de no tener papeles. España las encierra en CIEs, donde se han registrado maltratos, donde se ha dejado morir a personas por falta de atención médica y en los que víctimas de trata malviven con el temor a ser “devueltas” a su país de origen. Porque también se deporta, se devuelve, se expulsa a personas que tendrían derecho a quedarse, que buscan asilo, refugio, protección, frente a la guerra y la violencia.

El pasado 9 de mayo la organización ‘Caminando Fronteras’ presentó el informe ‘Tras la Frontera’, cuyo gran valor es que está realizado desde el testimonio directo de las víctimas de esta “contienda” De hecho, la presentación contó con el aporte de la senegalesa Sylvie, quien llegó a nuestro país en patera después de haber visto cómo 8 compañeros morían durante el viaje. Le acompaño Helena Maleno, activista del colectivo que ha realizado el estudio y que lleva más de 15 años trabajando con comunidades migrantes en la frontera sur, recogiendo sus testimonios, denunciando y visibilizando.

Violencia hacia las mujeres

Entre otros muchos aspectos, el informe resalta que a partir de 2008, “comenzamos a asistir a la feminización de la ciudadanía migrante en las fronteras del Estado español”. Mujeres que vienen a cubrir la demanda de los Estados europeos, ya sea en el mercado sexual o en la industria del cuidado doméstico. Las redes de trata se multiplican dispuestas a cubrir esos nichos de explotación. Las mujeres vienen con sus hijos e hijas o, en muchos casos, se quedan embarazadas durante el tránsito migratorio -fruto de la violencia sexual-. No deciden sobre su salud sexual y reproductiva pero tampoco sobre el destino de sus hijos e hijas. 

Women´s Link Worldwide en su informe sobre ‘Mujeres Migrantes’ en Marruecos menciona lo siguiente: “la violencia sexual continuada lleva a un alto número de abortos no deseados y a la práctica de abortos inseguros (…) la negación de la autonomía sexual y reproductiva y una de las formas de violencia continuada, es que la toma de decisiones en materia de salud sexual y reproductiva es cooptada por los hombres, ya sean sus ‘novios’, ‘maridos’ o ‘patrones’. En el caso de las mujeres víctimas de trata, las decisiones están siempre en manos de la red”.

La situación de conflicto hace que las víctimas de las fronteras no puedan acceder a derechos y a que no tengan mecanismos de protección institucionales ante la violencia estructural de las fronteras. Es por ello, que las condenas respecto al nivel de violencia, sean totalmente irrisorias.

Esta infinidad de relatos en vallas, mares y países de tránsito demuestran la articulación efectiva de la frontera como un espacio excepcional de guerra constante y necesaria para el estado, que excluye toda garantía democrática, social y de derecho. El discurso que conforma la ilusión de seguridad del estado prima siempre sobre las necesidades de los migrantes y su legítimo y natural derecho al movimiento. Por ello, este informe recoge sus relatos de dolor, resistencia y lucha para comprender y ayudar en su proceso de transformarlos en reparación, victoria y justicia.

Una de las grandes consecuencias de la militarización de fronteras es, según las comunidades migrantes, que el momento del cruce se convierte en un apostar entre la vida y la muerte. Perder la vida en un contexto diseñado por las políticas europeas como un espacio de guerra, es algo posible y real. “Vivir o morir, porque para muchas no hay marcha atrás”, frase consensuada en las Brigadas de Derechos.

Las muertes son evitables, según reiteran las diferentes ONG que exigen que se pongan en marcha vías legales y seguras para que las personas no tengan que arriesgar su vida en el mar ni quedar expuestas a redes de traficantes.

El informe Tras la Frontera propone “deconstruir la guerra de las fronteras” y visibilizar los “procesos de resistencia y resilencia”. Algo que logran con los testimonios de estas personas que han sido víctimas de la militarización de las fronteras europeas y deshumanización de nuestras políticas. Víctimas también del silencio cómplice de las poblaciones que alejan psicológicamente esta realidad, que la instalan como algo inevitable, y que con su indiferencia condenan a otros seres humanos al sufrimiento y a la muerte. Ojalá, acercarse a la realidad de la ciudadanía migrante, a su fuerza y su necesidad, a esa gente que sufre y cuestiona lo más profundo de nuestro sistema, ayude a despertar conciencias y hacer crecer el compromiso.

Soy porque tú eres

“Cuando llegué a Canarias después de ver morir a mis compañeros, después de pasar sed y penas, que me encerraran en el CIE me hizo sentir muy triste y arrepentida. El trato de la policía era muy malo. La policía quería que denunciáramos al capitán y decía que a cambio nos darían papeles, dinero, libertad y una casa muy bonita.

Cuando la policía me comenzó a tratar mal, me empujaba o me insultaba, me acabé arrepintiendo de haber venido a España y rezaba mucho a Dios. Acababa rehuyendo las preguntas de la policía, estaba cansada, me negaba a hablar con ellos. 

Cuando supe que Babacar estaba en prisión me sentí muy desesperada, muy triste, lloré mucho. Él era inocente y no tenía nada que ver con los patrones y lo que le habían acusado. Aquí nosotros no conocemos a nadie y no manejamos el idioma para defendernos. Por eso lo acusaron a él, porque ni siquiera hablaba francés y no podía defenderse. Le hablaban en francés y él contestaba con un oui, pero en realidad no sabía que le estaban preguntando.

Yo decidí declarar en el caso de Babacar porque es injusto lo que la policía le ha hecho. Es muy injusto porque no es verdad de lo que le acusan. La policía no va a encontrar a los verdaderos traficantes porque no hace correctamente su trabajo. 

Pese a todo, me siento muy agradecida con la buena gente que me he encontrado en España, también a la que ha ayudado a Babacar”.

Testimonio de Sylvie Agnes Sambou

Compromiso con las personas refugiadas

Por último, es importante recordar y exigir que el Gobierno cumpla con los programas de reubicación y reasentamiento para traer a personas refugiadas de forma legal al país. De las 17.337 personas acordadas, hasta la fecha han llegado a España 1.488, 1.070 por la vía de la reubicación desde Grecia e Italia y 418 por la de reasentamiento desde países como Líbano o Jordania. Recientemente el ministro Zoido anunció que es posible que la Unión Europea rebaje la cuota española de refugiados y refugiadas de 17.000 a 7.000. Para los movimientos y asociaciones que forman parte de la iniciativa Caravana Abriendo Fronteras esta propuesta es “inaceptable”.

Fotos archivo AmecoPress, cogidas del Informe Tras la Frontera, de Caminando Fronteras

Juzgados de familia desbrozan el camino hacia nueva justicia en Cuba

ipsnoticias.net

Por Ivet González

Águeda Celina Vidal, en su vivienda en Guanabacoa, un municipio de la periferia de la capital de Cuba, con el nieto, al que ella y su hijo tienen al cuidado cuatro días a la semana, gracias al dictamen de una jueza de familia. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

LA HABANA, 7 jul 2017 (IPS) - La jubilada Águeda Celina Vidal sube la calle maltrecha y empinada rumbo a su casa, en el municipio de Guanabacoa, en la periferia de la capital cubana. Viene sudorosa, cargada de bolsas y llevando de la mano a un niño, que salta y ríe a pesar del abrasante sol tropical.

Es uno de los cuatro días de la semana en que el pequeño Neymar Luis García, de dos años, está al cuidado de su familia paterna, en especial de ella, la abuela. “Este acuerdo familiar lo logramos gracias a la jueza Sonia (Rodríguez)”, contó Vidal a IPS, sentada en una silla en su humilde casa a medio construir.

Rodríguez es una de los 150 jueces que hoy imparten justicia familiar en tribunales civiles con procedimientos más actuales y humanizados, gracias a una jurisdicción especial que comenzó en 2008 como experimento en el Tribunal Municipal Popular de Guanabacoa y el de Placetas, en la provincia central de Villa Clara.

Ahora los jueces de familia escuchan a las partes, incluso a niños y niñas, disponen cuando es necesario de un equipo multidisciplinario y voluntario de docentes, psicólogos, médicos, entre otros, y toman medidas cautelares para proteger a personas, en especial a menores de edad.

Estos nuevos juzgados fueron multiplicándose por el territorio de este país insular caribeño y hoy atienden todos los casos de familia a nivel municipal y provincial que presenta la población de 11,2 millones de habitantes.

Especialistas señalan que la experiencia, ampliada y perfeccionada en 2012 y 2013, es un ejemplo de la urgencia de seguir adecuando el derecho familiar cubano a la tendencia mundial.

“Ya hizo un año que se logró el acuerdo sobre el niño. La familia ha logrado mantener buenas relaciones”, dijo Vidal, una fornida mujer de 65 años que trabajó en el sector de la construcción, sobre el proceso legal que afrontaron los padres del pequeño Neymar por su guarda y cuidado luego de la separación.

“Tuvimos tremendo apoyo del tribunal de la familia”, aseguró la jubilada. Aunque el término utilizado por la mujer es inexacto porque en el sistema judicial cubano aún la rama familiar se supedita a la civil. Solo existen secciones en los tribunales civiles, en los municipios, y salas de familia, en las provincias.

Por la habitación, Neymar pedalea sobre un automóvil de plástico hasta que cambia el juego por sentarse sobre las piernas de su abuela, que lo recibe con caricias y besos.

“Yo conocía que el tribunal de Guanabacoa había tenido éxito, por eso en 2015 fui con mi hijo a buscar información y empezar todos los trámites para el caso”, recordó Vidal.

“Investigaron a las dos familias, hubo encuentros con el grupo multidisciplinario… hasta yo fui escuchada. La jueza habló mucho con la madre del niño”, recordó la abuela.

La jueza Sonia Rodríguez, en su despacho en el Tribunal Municipal Popular de Guanabacoa, en la periferia de La Habana. Ella es uno de los 150 jueces que imparten justicia para la familia dentro de los tribunales civiles de Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

“Determinaron que la madre mantuviera la patria potestad, pero mi hijo obtuvo la responsabilidad sobre la educación, formación y atención médica del niño. También decidieron que Neymar pase cuatro días aquí y tres con la mamá, así que yo lo cuido mientras mi hijo trabaja”, dijo.

Acuerdos como el logrado por la familia de Neymar gracias a la mediación de estos juzgados eran impensables en Cuba antes de esta experiencia, que se apresta a cumplir 10 años y espera por leyes pendientes para seguir mejorando la impartición de justicia a las familias cubanas.

“Desde las primeras comparecencias veíamos la diferencia: estábamos tratando de lograr acuerdos y con cada acuerdo se estaba salvando una familia”, recordó Sonia Rodríguez, que acumula 24 años de labor como jueza. “Antes era un proceso frío, escrito, en el que hablábamos solo con los abogados sin verles el rostro a las personas”, comparó.

Protegida con una bolsa de plástico, una toga negra cuelga de una percha en la oficina de esta jurista, de 47 años, en el tribunal de Guanabacoa. “Al principio ni usábamos toga en estos casos como experimento, pero ahora sí hacemos las comparecencias con la vestimenta tradicional de los jueces”, detalló.

El pasado año, los 150 jueces de familia atendieron 38.229 casos, de los cuales 26.799, más de 60 por ciento, fueron divorcios, según el Tribunal Supremo Popular (TSP).

Las nuevas prerrogativas se suelen usar en “los procesos de determinación de guarda y cuidado de menores, los requerimientos que varían ese régimen de guarda y cuidado, la comunicación del padre o la madre que no vive con el niño… también en muchas demandas de pensión de alimentos”, explicó Rodríguez.

En 2016 se registraron también 3.913 demandas de alimentos; 1.698 de guarda, cuidado y régimen de comunicación; 208 de impugnación de reconocimiento de hijos, 482 filiaciones, 42 reconocimientos de paternidad, 464 liquidaciones de bienes comunes matrimoniales, 49 de adopción, 747 tutelas y  1.878 matrimonios formalizados.

“Me siento satisfecha con lo logrado”, aseguró Rodríguez, pero consideró que falta aún por avanzar en derecho de familia.

Carlos Manuel Díaz, presidente de la Sala de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Supremo Popular, en su sede en la Habana Vieja, en Cuba. Desde esa instancia avanza la aplicación de una nueva justicia de familia en el país. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

“En Cuba existe un Código de Familia (vigente desde 1976), que lamentablemente no se ha podido actualizar, y no existe una Ley de Procedimiento Familiar, solo una Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico (1977 y que modifica en 2006)”, especificó.

Hablar de la esperada aprobación legislativa del anteproyecto de nuevo Código de Familia provoca inconformidades y escepticismo entre juristas, otros cientistas sociales y activistas por la no violencia de género y el respeto a los derechos de lesbianas, gays, bi, trans e intersexuales.

La causa del descontento se debe a la demora porque los primeros intentos de actualizar esa ley datan de hace 20 años. Fuentes oficiales aseguraron en 2014 que el análisis de esta propuesta era una prioridad legislativa. Pero nada ha sucedido en las últimas sesiones del parlamento, que realizará la próxima el 14 de julio.

Juristas consultados por IPS enumeraron lagunas legales: el enfrentamiento adecuado a la violencia de género e intrafamiliar, la tutela de personas con incapacidad, el reconocimiento de las familias compuestas (con hijos propios y/o de parejas anteriores), monoparentales o homoparentales, y la identidad de personas transgénero.

También falta por reconocer al menos la unión legal entre personas del mismo sexo, proteger mejor el pago de pensiones alimenticias a menores de edad en el cambiante escenario económico cubano y el derecho de abuelos a solicitar la guarda, cuidado y comunicación con sus nietos, entre otros.

“La familia es una de las parcelas del Derecho que mejor se están defendiendo hoy en Cuba gracias a esta manera de hacer justicia más contextualizada”, sostuvo a IPS en su despacho Carlos Manuel Díaz, presidente de la Sala de lo Civil y de lo Administrativo del TSP, con sede en La Habana Vieja.

“Es cierto que fuera mucho mejor si tuviéramos un Código de Familia actualizado, con todas las herramientas sustantivas que se usan en el mundo”, apuntó Díaz, de 58 años y 35  de carrera profesional.

A su juicio, la experiencia “validó en la práctica judicial las herramientas necesarias para modificar la ley de procedimiento en Cuba, que permitieron lograr acuerdos entre las partes en más de 70 por ciento de los casos y solucionarlos en los tribunales municipales”.

Además demuestran la importancia del trabajo conjunto del TSP con las no gubernamentales Unión Nacional de Juristas de Cuba y la Federación de Mujeres Cubanas, al punto que esta última organización femenina es la encargada de organizar a los grupos multidisciplinarios y sus sedes se prefieren para la escucha de menores.

Editado por Estrella Gutiérrez

                        

Tras sobrevivir a un atentado, la hija de Berta Cáceres habla de su apoyo a ley que detendría la ayuda militar de EE.UU. a Honduras

democracynow.org

La semana pasada intentaron asesinar a Bertita Zúniga Cáceres, hija de la mujer indígena hondureña líder ambientalista asesinada, Berta Cáceres. Bertita volvía manejando con dos colegas tras realizar una visita comunitaria en el centro de Honduras cuando una camioneta negra los interceptó. Tres personas se bajaron de la camioneta e intentaron atacarlos, pero Zúniga y sus colegas lograron escaparse por poco. El incidente se produce solo unas semanas después de que Zúniga fuera designada nueva líder del grupo de derechos indígenas Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Además, Zúniga acaba de manifestarse a favor de la ley estadounidense pendiente destinada a suspender la ayuda militar estadounidense a Honduras. Su manifestación se realizó en el marco de una semana de acción coordinada por el grupo de derechos humanos Witness for Peace con sede en EE.UU.

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Transcripción

Esta transcripción es un borrador que puede estar sujeto a cambios.

AMY GOODMAN: Esto es Democracy Now!, democracynow.org, soy Amy Goodman. El pasado viernes 30 de junio Bertita Zúniga Cáceres sufrió un intento de asesinato en su contra. Zúniga Cáceres es la hija de la líder indígena y activista medioambiental Berta Cáceres, asesinada en 2016. Bertita y dos miembros de la organización en defensa de los derechos de los pueblos indígenas COPINH, Sotero Chavarría and Asunción Martínez, regresaban en un carro de una actividad comunitaria en el centro de Honduras cuando una camioneta negra bloqueó la carretera y trató de detener su vehículo. Tres asaltantes salieron de la camioneta y trataron de atacarlos, pero Zúniga y sus colegas lograron escapar.

El ataque tuvo lugar solo semanas después de que Zúniga fuera nombrada nueva directora de COPINH, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, del que su madre, Berta Cáceres, también fue directora. Bertita ha aumentado su actividad como líder política en los últimos meses y continúa pidiendo que se investigue de forma independiente el asesinato de su madre, ocurrido el 2 de marzo de 2016.

Para saber más del ataque nos comunicamos con La Esperanza, Honduras, desde donde nos acompaña Bertita Zúniga Cáceres. Bienvenida a Democracy Now!

Me alegra que esté a salvo. ¿Nos puede contar qué pasó el viernes [30 de junio]?

BERTITA ZÚNIGA CÁCERES: Bueno, un saludo muy grande para todos ustedes. Decirle que, como ya decían ustedes, el día viernes 30 de junio sufrimos un ataque regresando de una de las comunidades en las que COPINH hace trabajo permanente. Nosotros nos transportábamos en uno de los carros de COPINH que es más conocido, y sabemos que [este ataque] tiene que ver también con la conflictividad instalada nuevamente por el tema del agua, las fuentes de agua, y también el papel de la agencia USAID, que está teniendo un papel importante en el conflicto suscitado en la comunidad y que dio producto al ataque.

Realmente ahora nosotros no nos esperábamos esto y fuimos de alguna manera embestidos cuando un carro nos alcanzó a alta velocidad. En un primer momento nos bloqueó el paso, hombres armados con machetes nos lanzaron una piedra al vehículo y luego nos persiguieron intentando sacarnos de la calle.

AMY GOODMAN: Quisiera volver a lo que ocurrió el pasado 30 de junio, explíquenos el trayecto en carro, quiénes eran las personas que le atacaron y qué sucedió después. ¿Qué armas tenían?

BERTITA ZÚNIGA CÁCERES: Bueno, como les decía, yo me conducía con Sotero Echavarría, que es el coordinador de organización, que también está conduciendo el vehículo, y con Asunción Martínez, coordinador de Actas, que estaba en la parte de atrás del carro. Las personas que nos atacaron, nosotros no las conocemos. Eran cuatro personas, tres con machetes y el conductor que su actitud era la más agresiva.

AMY GOODMAN: ¿Qué hicieron? ¿Cuándo se bajaron del vehículo?

BERTITA ZÚNIGA CÁCERES: Los tres hombres que estaban armados con machetes nos obstaculizaron el carro y pusieron sus machetes en posición de ataque para posiblemente dañar el vehículo, pensamos nosotros, y el conductor, al ver que ese intento fue fallido porque nosotros esquivamos por el lado derecho de la calle, pues nos lanzó una piedra a la ventana izquierda, que es la de conductor. En ese momento es que por lo menos yo tomé conciencia de que nos estaban atacando.

AMY GOODMAN: Y Bertita, ¿resultó usted herida de alguna manera?

BERTITA ZÚNIGA CÁCERES: No, nosotros no sufrimos ninguna lesión e incluso el vehículo tampoco lo pudieron sacar del carril de la calle. Pero bueno, obviamente nosotros nos alertamos porque pudo tener una consecuencia mayor. Y fue casi una suerte que no nos pasara nada más.

AMY GOODMAN: Usted dijo que cuando regresó al vehículo y la persiguieron, ¿trataron de sacarla de la vía?

BERTITA ZÚNIGA CÁCERES: Si, así es. El carro nos alcanzó a alta velocidad y se puso a la par de nosotros y nos lanzó el carro para chocar el nuestro y bueno lo que se encontraba a ese lado es precisamente el abismo. Entonces nosotros esquivamos el golpe y no detuvimos nunca la marcha.

AMY GOODMAN: Bertita Zúniga Cáceres, esto sucede tan solo unas semanas después de que usted fuera nombrada líder de COPINH, la organización que su madre, la líder ambientalista y activista por los derechos indígenas, Berta Cáceres, dirigió antes de ser asesinada. ¿Usted cree que hay un vínculo entre su posición como directora de COPINH y lo que le sucedió el 30 de junio?

BERTITA ZÚNIGA CÁCERES: Bueno, yo pienso que la asamblea del COPINH, más allá de cambiar la estructura de la coordinación, también reorganiza todas las bases y la estructura completa del COPINH, y pienso que eso es el resultado obviamente de un trabajo más efectivo en la defensa territorial, y obviamente ahí es que vienen las reacciones de los grupos económicos, trasnacionales o empresa privada que se ven afectadas con el trabajo del COPINH.

AMY GOODMAN: Esto también sucede justo después de que hiciera un video pidiendo apoyo para la ley propuesta por el congresista Hank Johnson que de ser aprobada acabaría que la ayuda militar de Estados Unidos a Honduras.

BERTITA ZÚNIGA CÁCERES: En concreto, la ley ordena la suspensión de toda la ayuda militar que Estados Unidos da a Honduras hasta que el caso de asesinato de Berta Cáceres se resuelva de manera efectiva, pero no solo ese caso, sino también otros que han sido representativos, como los casos en la región del Bajo Aguán, y los casos de activistas ambientalistas hondureños y hondureñas que han muerto defendiendo la vida en este país.

AMY GOODMAN: ¿Puede hablar de la importancia del llamado que está haciendo y de si cree que puede haber algún vínculo con el intento de asesinato?

BERTITA ZÚNIGA CÁCERES: Bueno, yo pienso que esta propuesta de ley que promueve el cortar la ayuda militar de Estados Unidos a Honduras es una de las respuestas más efectivas y más contundentes que se han dado luego del asesinato de mi mamá y nuestra compañera Berta Cáceres. Para mí, es una de las acciones más significativas que, de lograrse, realmente sacudiría la impunidad de Honduras.

AMY GOODMAN: Quisiera ir a un clip de Berta Cáceres, la madre de Bertita Cáceres, hablando en 2015, cuando ganó el prestigioso premio medioambiental Goldman, el premio más importante de asuntos medioambientales en el mundo.

BERTA CÁCERES: En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales, el pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta. El COPINH, caminando con otros pueblos por su emancipación, ratifica el compromiso de seguir defendiendo el agua, los ríos y nuestros bienes comunes y de la naturaleza, así como nuestros derechos como pueblos.

¡Despertemos¡ ¡Despertemos Humanidad¡ Ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de solo estar contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. El río Gualcarque nos ha llamado, así como los demás que están seriamente amenazados. Debemos acudir. La Madre Tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente los derechos elementales, nos exige actuar. Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida. Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y los espíritus.

Dedico este premio a todas las rebeldías, a mi madre, al pueblo lenca, a río Blanco, al COPINH, a las y los mártires por la defensa de los bienes naturales.

AMY GOODMAN: Escuchábamos a Berta Cáceres, quien obtuvo el Premio Medioambiental Goldman en 2015. Cáceres fue asesinada en su propia casa en La Esperanza. Ahora estamos hablando con su hija, Berta Zúniga Cáceres, quien sufrió un intento de asesinato en su contra el viernes 30 de junio. Tras escuchar a su madre, quien luchó contra la construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca. ¿Nos puede decir cual es la situación de esta lucha ahora, y la importancia de la represa? Para las personas que no han oído hablar de este tema, ¿Qué corporaciones están involucradas en lo que está ocurriendo?

BERTITA ZÚNIGA CÁCERES: Con respecto al proyecto Agua Zarca, decirles que pues la actividad del proyecto tiene muy poca actividad. Sin embargo, ha mantenido cierta actividad en el área de influencia a nivel de las comunidades para intentar convencer a las personas aledañas de que acepten este proyecto. Eso dice que, claramente, no hay intenciones de la empresa de salir.

Los bancos y fondos financiadores de este proyecto, que son el Banco Centroamericano para la Integración Económica, el Fondo de Desarrollo Holandés y el Fondo de Desarrollo Finlandés han anunciado sus intenciones de salir. Sin embargo, a más de un año, no han salido formalmente del proyecto hidroeléctrico y de su contrato con la empresa, y nosotros estamos exigiendo su salida inmediata y definitiva.

Cuando se cumplió el primer aniversario del asesinato, nosotros interpusimos un recurso de inconstitucionalidad para quitarle la concesión al proyecto hidroeléctrico. Sin embargo, este fue rechazado, nosotros estamos agotando las vías legales. Sin embargo, denunciamos pues la complicidad de la institucionalidad hondureña de no querer sancionar un proyecto que claramente es violador de los derechos humanos, de los derechos de las comunidades indígenas lenca.

AMY GOODMAN: ¿Qué ha pasado con la investigación sobre los asesinos de su madre?

BERTITA ZÚNIGA CÁCERES: Nosotros hemos denunciado de manera permanente que la investigación ha estado llena de irregularidades. Ha sido un proceso que no ha respetado el debido proceso. Hay ocho personas capturadas. Sin embargo, no se apunta a investigar quién es el autor intelectual del crimen que, por supuesto, es la cabeza de la estructura criminal que facilitó y generó su asesinato.

AMY GOODMAN: Bertita Zúñiga Cáceres, ¿tiene un último comentario sobre sus planes como nueva líder de COPINH, la organización que su madre lideraba cuando fue asesinada?

BERTITA ZÚNIGA CÁCERES: Nosotros aprovecharemos el espacio para hacer un llamado a la población estadounidense y a sus autoridades para apoyar esta ley llamada Berta Cáceres, ya que nosotros sabemos que mientras la impunidad en este país no sea sancionada con acciones contundentes, las acciones de amenaza, hostigamiento e incluso asesinatos van a seguir sucediendo, y bueno, nosotros tampoco queremos ser víctimas y que finalmente solo nos queden los lamentos.

AMY GOODMAN: Y Bertita, ¿Puede dirigirse directamente a los hombre con machetes que intentaron matarla el viernes 30 de junio?

BERTITA ZÚNIGA CÁCERES: Decir lo mismo, que nosotros vamos a continuar en la lucha y que parte de esa lucha es romper los círculos de impunidad y eso significa también sancionar a las personas que nos amenacen y nos amedrenten y que intenten parar nuestra lucha.

AMY GOODMAN: Bertita, ¿cuantos años tiene? ¿Si le puedo preguntar?

BERTITA ZÚNIGA CÁCERES: 26 años.

AMY GOODMAN: ¿Qué la hace tan valiente?

BERTITA ZÚNIGA CÁCERES: Yo creo que porque nacimos en un pueblo de gran dignidad, muy valiente y también que las enseñanzas de mi mamá, Berta Cáceres, tienen que ver con cultivar una raíces de principio para luchar por cambiar la situación de nuestras comunidades y también de nuestro país.

AMY GOODMAN: Muchas gracias, estoy muy contenta de estar hablando con usted. Por favor, ¡cuídese! Bertita Zúniga Cáceres nos habla desde La Esperanza, desde su casa en Honduras. Esto es Democracy Now, democracynow.org, el Informativo de Guerra y Paz. Soy Amy Goodman, gracias por acompañarnos.

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Producido por Clara Ibarra, Charina Nadura, Mónica Espitia, Igor Moreno, Democracy Now! en Español y Democracy Now!.

Asamblea de Neza busca informar a comunidad sobre AVG y DH

Campañas y difusión es obligación del Estado



Para contrarrestar la falta de información sobre el derecho a una vida libre de violencia de las mexiquenses y la Alerta de Violencia de Género (AVG), informar a través de talleres y foros, será la principal herramienta de la asamblea barrial “Vivas nos Queremos”, conformada por habitantes del municipio de Nezahualcóyotl.

Con el decreto de la AVG en 2015 esta fue una de las obligaciones que adquirió el gobierno estatal, encabezado por el priísta Eruviel Ávila y el jefe municipal, Juan Hugo de la Rosa García, por ser Nezahualcóyotl uno de los 11 municipios donde se declaró el mecanismo.

Sin embargo, la única campaña de difusión de la AVG para la sociedad civil hecha hasta ahora por el gobierno mexiquense es “No dejemos que las arranquen de nuestras vidas”, de acuerdo con el sitio oficial del mecanismo.

A esto se suma que en el Centro de Atención e Información a Víctimas del gobierno, revela en una solicitud de información, no cuentan con un registro del presupuesto asignado a campañas de violencia de género, únicamente se sabe que para 2017 cuenta con 30 millones de pesos para cumplir con la AVG declarada por la Secretaría de Gobernación hace dos años.

“Cuando los vecinos y vecinas desconocen sus Derechos no los pueden ejercer y eso termina siendo muy cómodo para quienes buscan la impunidad: criminales y los servidores del Estado, quienes son cómplices”, señaló en entrevista con Cimacnoticias, Karina Bolaños, integrante del movimiento local.

Y agregó que ante la inacción del Estado informar sobre violencia de género, la AVG y Derechos Humanos será una de las tareas que asumirá la asamblea, que se reúne mensualmente enfrente del Palacio Municipal local, y ha logrado convocar a más de 40 vecinas y vecinos de Ciudad Nezahualcóyotl.

INFORMAR, PREVENIR Y ATENDER

Esta simulación del Estado mexiquense obligó en junio a vecinos y vecinas de diversas colonias de Nezahualcóyotl a organizarse en una “asamblea barrial”, el detonante fue el feminicidio de la niña de 11 años de edad, Valeria, quien fue violada y asesinada en una camioneta de transporte público y su agresor, José Octavio “N”, asesinado dentro del penal donde esperaba sentencia.

El caso de Valeria, forma parte de un contexto de violencia contra las mujeres donde la Procuraduría de Justicia local tiene registrados 21 casos de feminicidio de 2011 a mayo de 2017 en Neza, por ello la Asamblea busca actuar en tres ejes: informar, prevenir, y atender a las víctimas.

BAJAR INFORMACIÓN A LA SOCIEDAD CIVIL

De acuerdo con Bolaños las personas que integran la asamblea detectan una desinformación generalizada sobre la violencia de género y la AVG en el municipio, pues son académicas, activistas y familiares de víctimas las únicas que tienen conocimiento sobre este tipo de violencia:

“Sólo un círculo de personas tienen acceso a la información, entre activistas y familiares de víctimas, pero fuera de ahí la información sobre la AVG no sale”, denunció la activista, por ello el reto, aseguró, está en buscar a través de talleres y foros la participación comunitaria y el acceso a la información.

Esta es una acción que puntualizó en la novena recomendación el Grupo de Trabajo de la AVG al gobierno mexiquense. Además, en el acuerdo del Ejecutivo estatal sobre la operación de la Alerta, publicado en la gaceta oficial en febrero de 2017, responsabiliza a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas local y a los municipios de crear las campañas de información dirigidas a la sociedad civil sobre el mecanismo.

Sin embargo, la población no observa que estas actividades las lleve a cabo el gobierno local, ni foros, talleres, carteles, algo que hable sobre la existencia de la AVG en el municipio, indicó la integrante de la Asamblea.

Karina Bolaños señaló que es común que las mujeres y sus familias desconozcan las instituciones que conforman el sistema de justicia del Edomex a las que pueden acudir, conformado por: 14 Ministerios Públicos especializados en violencia de género, tres Centros de Justicia para las mujeres y en Neza, el Instituto Municipal de la Mujer.

Este último encargado de “conducir las políticas municipales en atención a la mujer, promoviendo estrategias para su desarrollo social, político, económico y cultural de la entidad”, pero del cual se desconoce su incidencia en la comunidad y cuyo personal no ha tenido contacto con la Asamble, mencionó la activista.

SUSTITUIR AL ESTADO

A pesar de todo esta estructura la asamblea en esta última semana tuvo que difundir a través de sus redes sociales siete casos de desaparición de adolescentes tan sólo en Neza, dos casos de feminicidio, uno de violencia comunitaria y dos de violencia familiar en distintos puntos del Edomex.

Además, han corroborado por denuncias que reciben que el personal de los MP y unidades especializadas no están preparados para la atención a víctimas de violencia de género, por eso los vecinos y vecinas se están capacitando para conformar un Centro Independiente de Atención y Acompañamiento a Víctimas.

Aunque esto sería obligación del gobierno mexiquense desde que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó por el caso de Mariana Lima que todo asesinato violento de una mujer debe ser investigado como feminicidio bajo los protocolos de actuación especializados.

“Con esta solidaridad que buscamos generar en el municipio esperamos que no haya de nuevo una familia que busca a su hija y no sea atendida”, dijo Bolaños.

ASAMBLEA INICIA ACTIVIDADES

El primer foro que gestionará la Asamblea, será el próximo 10 de junio en el Centro de Bachillerato Tecnológico No. 1, ubicado en la colonia Esperanza en Neza. Este será dirigido a la comunidad estudiantil, luego de que el personal de la escuela pidiera a la Asamblea acudir.

En el foro titulado “Organizándonos contra la violencia feminicida”, participará Irinea Buendía, madre de Mariana Lima, el papá de Yakiri víctima de violación en 2013, José Luis Rubio, y de parte de la Red de Denuncia el Feminicidio Edomex, Manuel Amador.

CIMACFoto: César Martínez López
Por: Por Hazel Zamora Mendieta Cimacnoticias | Ciudad de México.- 

Organizaciones exigen esclarecer caso Mireya

   Denuncian inacción de autoridades y falta de debido proceso

De izq. A der: la directora del Instituto de Investigación y Estudios de la Violencia hacia Niñas, Niños y Adolescentes, Mónica Herrerías Domínguez, la activista de la Coordinadora Popular de Madres Educadoras, Sara Leticia Chávez Rodríguez, la directora fundadora de la Adivac, Laura Martínez Rodríguez y la abogada especializada en justicia con perspectiva de género, Karla Micheel Salas, en conferencia de prensa 

La historia de Mireya, la mujer que por alrededor de siete años denunció la violación sexual contra sus tres hijos hasta que decidió quitarse la vida, podría repetirse por lo que más de 40 organizaciones civiles, académicas e instituciones de salud pública exigieron a las autoridades capitalinas esclarecer el caso y eliminar de la legislación capitalina la figura jurídica de Alienación Parental. 

El suicidio de Mireya Agraz Cortés, sus tres hijos, su padre y su madre (quien sobrevivió), ocurrido el 7 de junio en la delegación Magdalena Contreras de esta ciudad, fue el resultado de una cadena de inconsistencias y omisiones que obstaculizaron el acceso a la justicia para una mujer que en tres ocasiones denunció violencia sexual hacia sus hijos ante la Procuraduría General de Justicia capitalina, afirmaron activistas en conferencia de prensa.

La directora fundadora de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (Adivac), Laura Martínez Rodríguez, precisó que en diciembre de 2010 Mireya se dio cuenta del abuso sexual contra su hijo de entonces tres años de edad, a quien se le practicaron tres peritajes a lo largo de estos años para comprobar su dicho. A pesar de que las pruebas salieron positivas él y sus hermanas gemelas fueron obligados a convivir con su padre, lo que llevó a que en 2014 una de las niñas también fuera abusada.

Además Martínez Rodríguez explicó que como parte de petición de divorcio que L. Olvera, padre de los niños, interpuso en agosto de 2011, la jueza Silvia Araceli García Lara, del Juzgado Undécimo de lo Familiar, pidió un peritaje de Alienación Parental –figura jurídica reconocida desde 2014 en la legislación capitalina pero no avalada por ninguna institución de prestigio– para acreditar que la mujer manipulaba a sus hijos y que los menores de edad mentían.

Ante ello las defensoras y agrupaciones exigieron abrir nuevas líneas de investigación del caso de suicidio colectivo, que esta indagatoria considere la violencia institucional, el abuso de poder y la violación al derecho de acceso pleno a la justicia, derechos que se violaron previo al deceso de los tres niños, su madre y su abuelo.

Asimismo exigieron la destitución inmediata de las y los servidores encargados de la supuesta impartición de justicia en el caso; y que se revise el Protocolo de actuación y operación del Centro de Convivencias del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, toda vez que en 2016 una de las niñas dijo que su padre abusada de ella en los baños de este lugar donde no hay cámaras de seguridad.

Como parte de la investigación también pidieron que se garantice el acceso a la justicia y debida diligencia con perspectiva de género, derechos humanos e interés superior de la infancia y que se proteja y considere víctima a la madre de Mireya, única sobreviviente de los hechos.

Para la abogada especializada en justicia con perspectiva de género, Karla Micheel Salas, la historia de Mireya es muy clara: se trata de tres niños que por decisión judicial fueron obligados a convivir con un padre violar y de una madre que por siete años confió en instituciones que al final le negaron el acceso a la justicia y que además la violentaron. 

La abogada consideró que las instituciones deben revisar la actuación de las juezas que obligaron a los niños a convivir con su padre, las razones por las cuales la Procuraduría capitalina no investigó la denuncia de violación sexual y además la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México debe explicar qué sucedió con la queja que Mireya interpuso en 2015.

JUEZAS INVOLUCRADAS

Entre las irregularidades que las defensoras encontraron al revisar parte del expediente, señalaron que el juicio por la custodia de los niños que llevó la jueza Décima, Cristina Espinoza Rosello y después la jueza Undécima, Silvia Araceli García Lara, no se aplicó el “Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren a niñas, niños y adolescentes”, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para todos los juzgadores.

Además, criticaron que después de que el 7 de junio se encontraran los cinco cuerpos sin vida, y a la abuela materna inconsciente, a Mireya se le acusó de “desequilibrada” y de ser una mujer “empecinada” en no dejar convivir a sus hijos con su padre a pesar de que en los expedientes de la denuncia se acreditó el abuso sexual por parte de L. Olvera.

No obstante, después de que se conoció el caso, el entonces procurador, Rodolfo Ríos Garza, afirmó que Mireya presentó tres denuncias por abuso sexual, delito que, según dijo, no se acreditó.

Al respecto la activista de la Coordinadora Popular de Madres Educadoras, Leticia Chávez Rodríguez, destacó la gravedad de que en una denuncia penal de abuso sexual infantil estuviera ausente el enfoque de los derechos de niñas y niños, quienes al final perdieron la vida por un mal tratamiento de un proceso judicial. 

En opinión de Chávez Rodríguez, a pesar de que la sociedad civil y diversos actores políticos han trabajado para garantizar los derechos de la infancia, estos principios son invisible a pesar de que la Suprema Corte creó el Protocolo de actuación en casos de niñas, niños y adolescentes.

Es por ello que exigió a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México que no cierre el caso, que se revise la denuncia de abuso sexual y que se revise si se cumplieron los manuales y procedimientos de actuación en este caso porque, dijo, pareciera que la justicia se inclinó por una de las partes sin respetar el debido proceso.

A su vez la directora del Instituto de Investigación y Estudios de la Violencia hacia Niñas, Niños y Adolescentes, Mónica Herrerías Domínguez, dijo que en la denuncia de Mireya hubo prácticas de las autoridades ministeriales y judiciales que convirtieron este proceso en un caso más de violencia estructural porque las leyes  vigentes no se aplicaron.

Las activistas también exigimos a la Suprema Corte que resuelva la Acción de Inconstitucionalidad 19/2014 interpuesta por la Comisión de Derechos Humanos capitalina en 2014 y que declare la derogación de la figura jurídica de Alienación Parental, vigente en el Artículo 323 séptimas del Código Civil de la capital, concepto que se usa para desacreditar a niñas y niños víctimas de violación sexual.

| CIMACFoto: César Martínez López

Por: Anayeli García Martínez

Cimacnoticias | Ciudad de México.- 

Los límites de la sororidad

DESDE LA LUNA DE VALENCIA
Por: Teresa Mollá Castells*

Esta semana me sucedieron unos hechos que me llevaron a reflexionar sobre la sororidad y alguno de sus límites. En este caso el límite lo puso yo.

Hace una semana me invitaron a participar en una mesa redonda para visibilizar la genealogía feminista comarcal y a falta de acabar de cerrar que otras mujeres iban a conformar la mesa, acepté. Además me comprometí en facilitar los datos de otra compañera a la que admiro y respeto mucho.

Al cabo de unos días llamé a la compañera que me invitó para facilitarle el teléfono prometido y aprovecho para preguntarle si ya habían completado la mesa para saber con quién iba a compartir ese espacio. Me contestó que no pero que estaba pensando en llamar a una mujer de cuyo nombre prefiero no acordarme. Me puse pálida al escuchar dicho nombre puesto que se trata de una señora que durante bastante tiempo me provocó mucho dolor y con quien prefiero no encontrarme. Mi reacción inmediata fue la de decir que con esta señora yo no me iba a sentar en ninguna mesa y, por tanto que eligieran. Al cabo de unas horas y un poco más tranquila, llamé a la organizadora le expliqué por encima mi reacción y, desde la humildad, le pedí disculpas reconociendo que yo no era quien para censurar a nadie ni indicarles a quien podían o no invitar. Y con la misma actitud le indiqué que rechazaba la invitación para participar en aquella mesa.

Este hecho me llevó a reflexionar sobre la sororidad. Está claro que las mujeres nos hemos de apoyar y de reconocer para poder avanzar. Hasta ahí lo tengo muy claro. Pero ¿Qué pasa cuando la sororidad con otra mujer provoca dolor propio? Esa fue la pregunta durante muchas horas.

Como en otras ocasiones he dicho, tengo la fortuna de tener buena maestras de vida. Y a alguna de ellas acudí con este dilema para que me ayudara a dilucidarlo. Afortunadamente llegamos a la misma conclusión: Las mujeres debemos compartir luchas, pero no necesariamente afectos y, cuando llega el dolor y el sufrimiento por la causa que sea debemos de apartarnos de él, sea quien sea quien sea quien lo provoque.
Tengo otra maestra de vida que es de la opinión de que la sororidad, en su sentido intrínseco, no existe. Y que no existe debido al trabajo realizado por el patriarcado con su objetivo de dividirnos entre nosotras. Y estamos divididas formando parte de organizaciones cuya esencia incluso organizativa es patriarcal. Estamos divididas por nuestra construcción como personas que fue patriarcal en su momento ya que se nos educó para ser mujeres sumisas y dependientes y que, a pesar de los procesos de deconstrucción vividos por cada una de nosotras, siempre sigue quedando un poso que no conseguimos arrancar del todo por diversos motivos o incluso por desconocimiento en muchos casos.

Las competencias entre nosotras nunca son saludables. Ni individual ni colectivamente. Eso lo sabemos. Y, pese a saberlo, lo seguimos practicando de forma consciente e inconsciente. Yo lo practiqué inconscientemente cuando a la organizadora la "obligué" a elegir entre la otra señora y yo. Por eso cuando me apercibí de ese hecho, la llamé y asumí el dolor que me provocaba esta señora y rechacé la invitación. Puse límites a mi sororidad, puesto que en este caso el consecuente dolor por participar iba a ser mucho mayor que el placer de ser sórica. Así de sencillo. Y, también así de duro de asumir.

Como hecho vivido estos últimos días, todavía permanece en mi piel. Sigo dándole vueltas al tema. No al hecho de haber rechazado la invitación como medida de autoprotección, sino a las barreras invisibles pero férreas que al patriarcado y de múltiple maneras nos pone en el camino para que esa utopía llamada sororidad no sea posible.
          
La competencia por espacios que ya no nos pertenecen, o que nunca nos pertenecieron; la falta de generosidad entre nosotras; el simple hecho de que otra mujer nos caiga bien o no; las diferencias a la hora de entender la vida en general y el feminismo en particular, por ejemplo. Los intereses de cada una y en cada momento de su vida. Y también y por qué no decirlo, los intereses de las organizaciones a las que pertenecemos, que suelen ser patriarcales y que en demasiadas ocasiones nos utilizan como moneda de cambio; o los egos desmesurados que también los hay; y un larguísimo etcétera, son algunos de los serios obstáculos que, colocados adecuadamente, nos alejan siempre de ser realmente sóricas entre nosotras.
          
Salvar estos y tantos otros obstáculos, es, sin ninguna duda complicado. Llevamos demasiados aprendizajes patriarcales en nuestras mochilas personales. Son piedras pesadas que nos impiden avanzar adecuadamente. No sé cuál es la solución, sobre todo después del episodio que he comentado.
          
El patriarcado ha fomentado una fraternidad feroz entre los hombres que ha conseguido que se reconozcan y, pese a todas las discrepancias que también existen entre ellos, sean capaces que actuar conjuntamente ante el objetivo común de mantener sus privilegios patriarcales. Afortunadamente ya se escuchan voces que explican que el patriarcado también les perjudica a ellos, pero esas voces masculinas todavía son minoritarias. Pero en su mayoría se siguen reconociendo incluso como iguales en los conflictos armados.
          
Pero, ¿Y nosotras?, ¿Qué pasa con nosotras? El feminismo, en su sentido más amplio y más generoso debería ser la solución, pero tampoco lo consigue por las diferentes interpretación y lecturas del mismo. O por los diferentes intereses en su lecturas. No lo sé.
          
No me siento menos feminista por haberle puesto límites a mi sororidad. Me ha permitido una reflexión íntima de cuáles son mis límites y, al tiempo, mis limitaciones.
          
Lo acontecido, incluso con todas las dosis de dolor que contiene, me ha permitido reflexionar sobre la real falta de sororidad todavía existente entre todas nosotras. Y que conste que me vienen muchos nombres a la cabeza que, en nombre de esa utopía, están ocupando de forma ilícita espacios que no les pertenecen y perjudicando a compañeras. Nombres que, en mayor o menor medida, hacen de la sororidad su bandera para beneficio propio. Y me vienen muchos...
          
No tengo soluciones ante estos hechos. Tengo, eso sí y después de esta reflexión, la necesidad de seguir deconstruyéndome para buscar algunas piedras y sacarlas de mi propia mochila. Y también la necesidad de seguir trabajando cada día por una sociedad menos patriarcal, más igualitaria y por ende, más feminista. En esas me vais a encontrar los próximos tiempos.

tmolla@telefonica.net

* Corresponsal, España. Comunicadora de Ontinyent.
  CIMACFoto: César Martínez López

Cimacnoticias | Ontinyent, Esp.-

La recuperación psicológica de las víctimas de violación depende de su acceso a la justicia: experta

Urge personal capacitado psicológicamente en todas las áreas de atención



Para que las mujeres víctimas de violación sexual se recuperen de los efectos psicológicos consiguientes a la agresión es esencial que se les garantice el acceso a la justicia, por ello urge capacitar en el ámbito psicológico y evaluar al personal encargado de atender este delito en las Agencias Especializadas de Delitos Sexuales y el Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de delitos sexuales (CTA), dependientes de la Procuraduría capitalina, afirma experta en violencia sexual.

La coordinadora y fundadora del Programa de Atención a la Violencia Sexual (PIAV) Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México, Patricia Valladares de la Cruz, asegura en entrevista con Cimacnoticias que la recuperación plena de una víctima de violación depende de tres factores: el apoyo familiar, la atención médica y psicológica especializada, así como su acceso a la justicia tras el delito.

Con más de 20 años de experiencia en la atención psicológica a personas víctimas de violación Valladares de la Cruz explica que la recuperación tras el delito puede prolongarse e, incluso, no cumplirse hasta que las víctimas saben que su agresor fue sentenciado, por lo que, dijo, “es sumamente importante que los funcionarios de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJDF) se sensibilicen con los hechos, que estén capacitados para no culpar a las víctimas e investiguen y sancionen a los responsables”.

LA ATENCIÓN PSICOLÓGICA

El PIAV se creó en 1988 como resultado de una época en la que feministas, académicas y organizaciones civiles exigieron reformas al Código Penal Federal y al modelo de atención a víctimas de violación en las instancias de procuración de justicia. Desde entonces la maestra en psicología y las académicas del programa universitario estudian las consecuencias psicológicas del delito.

De acuerdo a los estudios realizados con base en el seguimiento de diversos casos de violación y las características de la víctima, la maestra en psicología precisa que tras el acto violento las y los agredidos presentan el “síndrome postviolación”.

Este se caracteriza por miedo, vergüenza, culpa, pesadillas, escenas retrospectivas del ataque y, de acuerdo a sus características personales pueden presentar una “reacción aguda”, en esos casos “la gente explota y se le ve completamente asustada y desesperada, es decir, tiene una reacción abierta”, menciona.

Y explica que las víctimas que tras el ataque sexual continúan sus actividades cotidianas sin hablar ni atender el mismo “presentan una reacción cerrada” y, aún cuando los síntomas aparentemente no son visibles, es importante brindarles atención psicológica.

Valladares de la Cruz menciona que el síndrome postviolación se agrava de acuerdo al tipo de ataque. “El tipo de daño psicológico también depende de las lesiones físicas en víctima, si la agresión fue tumultuaria, con violencia y si el perpetrador puso en riesgo su vida, de eso depende que la recuperación tarde de dos meses hasta años”, asegura.

Por eso recuerda que las Agencias Especializadas en Delitos Sexuales se crearon con la intención de dar a las víctimas una atención integral por lo que no solo el personal especializado en psicología, sino también la policía ministerial, los médicos legistas, abogados y trabajadores sociales deben estar capacitados y conocer todos los síntomas del síndrome postviolación.

“El personal tendría que estar capacitado para atender a las víctimas en cada una de las fases del síndrome postviolación y las etapas específicas: qué hacer con los miedos, si tienen depresión, lesiones, si tienen o no que tomar fármacos. Tendrían que estar conscientes de todo eso para saber cómo atender y contener las necesidades que tienen las personas que pasan por esto”, afirma.

Por ello considera que aún cuando la idea original de las Agencias Especializadas era contar con “personal altamente capacitado en el tema”, la falta de preparación psicológica para los trabajadores se refleja en los casos donde las mujeres que se acercan a las instancias de justicia son agredidas por los trabajadores al cuestionar la veracidad de su denuncia.

Las psicólogas del PIAV atienden cada año aproximadamente 120 casos de personas víctimas de violación, muchos de ellos son de mujeres que tras ser agredidas en las Agencias Especializadas, en el CTA o en institutos de atención a la violencia de la Ciudad de México y el Estado de México se acercan con las académicas para ser atendidas.

La psicóloga reconoce que en algunos casos las mujeres son atendidas de manera eficiente, sin embargo, afirma, “la atención sin violencia de género no tendría porque ser cuestión de suerte, no es un asunto de opiniones, sino de que hay protocolos específicos de atención que deberían cumplirse”.

SIN SEGUIMIENTOS

Valladares de la Cruz comenta que desde la academia se ha apoyado con capacitaciones al personal médico y policial que trabaja con víctimas de violaciones, sin embargo, afirma que corresponde a las instancias que solicitan las capacitaciones dar seguimiento a que éstas realmente se apliquen.

“Se deben hacer evaluaciones constantes al personal y entonces tomar las decisiones pertinentes, si no cumplen con las características para estar en las agencias por razones personales o por lo que sea los tendrían que mover de área”, asegura.

CIMACFoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.-

Mireya denunció abuso sexual infantil pero no la escucharon

Alienación Parental, figura jurídica que perjudica a víctimas



Nadie atendió la denuncia de Mireya Agraz Cortés, ni los agentes de investigación de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México ni mucho menos las juezas del Tribunal Superior de Justicia capitalino y aunque por siete años confió en las autoridades, todos la ignoraron, nadie le creyó y quienes encontraron evidencia de su dicho prefirieron ocultarlo.

Así una historia que comenzó con una denuncia por violación sexual infantil terminó cuando todas las instituciones encargadas de proteger a las víctimas se excusaron y decidieron hacer caso omiso, lo que al parecer llevó a Mireya a suicidarse junto a sus tres hijos, su madre y su padre antes de ver que su ex pareja siguiera abusando sexualmente de los tres menores de edad.

El 7 de junio pasado la policía encontró los cuerpos de seis personas –una aún con vida– en una casa ubicada en la colonia San Jerónimo Lídice de la delegación Magdalena Contreras de la capital del país. El primer diagnóstico fue muerte por envenenamiento pero lo que no termina de esclarecerse para la autoridad ni para la opinión pública es por qué la familia decidió quitarse la vida.

Es por esta razón que un grupo de defensoras de Derechos Humanos de las Mujeres y de la infancia, que conocieron el caso desde hace cuatro años, expusieron este 4 de julio el recorrido que Mireya y sus hijos hicieron desde diciembre de 2010 antes de decidir que era mejor estar muertos que seguir enfrentando amenazas, abuso de poder y corrupción de quien L. Olvera, quien fuera padre y esposo.

LA DENUNCIA

En 2010 el niño E, de tres años de edad, dejó de controlar sus esfínteres, lloraba por cualquier cosa, tenía pesadillas y no quería alejarse de su madre. Cuando Mireya notó los cambios en su comportamiento pensó que era un problema de salud y lo llevó al proctólogo. El médico le dijo que se trataba de síntomas de una posible violación sexual.

Mireya, embarazada de unas gemelas, tenía que confirmar el diagnóstico así que llevó a su hijo con una psicóloga, quien, después de 10 sesiones de trabajado para el revisar el caso y escuchar el testimonio del niño, determinó que el menor de edad fue víctima de violencia sexual por parte de su padre.

Con las evidencias de su lado la madre quiso proteger a su hijo y el 16 de junio de 2011 denunció ante el Ministerio Público la violación sexual (Averiguación previa FDS-6/T2/5/6/11-06) pero lo que pareció el inició de una investigación para castigar al presunto culpable hizo que la familia se encontrara con un ineficiente sistema de Agencias en Delitos Sexuales que se supone deberían ser especializadas.

Ese mismo año (29 de junio de 2011) Mireya solicitó un peritaje al Hospital Psiquiátrico Infantil. Este fue el primer documento oficial que se presentó como prueba y donde se confirmó el diagnóstico de abuso y violencia sexual pero, mientras continuaba la denuncia penal, en casa L. Olvera se defendió afirmando que era mentira y solicitando el divorcio y la patria potestad de su hijo.

En agosto de 2011 el esposo de Mireya solicitó el divorcio ante el Juzgado Décimo de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a cargo de la jueza Cristina Espinoza Rosello, quien como primera acción determinó un régimen de visitas y convivencia provisional entre el padre y las dos niñas que ya habían nacido.

Con todo y que había una denuncia por abuso sexual infantil, en abril de 2012 L. Olvera pidió a la jueza que le autorizara las visitas con su hijo.

Para junio de 2012, por orden de la jueza Espinoza Rosello, el DIF de la Ciudad de México hizo un segundo peritaje al niño y uno al padre. Las pruebas indicaron que el padre pudo ser víctima del mismo delito cuando era menor de edad y se detectó además que era probable responsable del abuso contra E; mientras que el niño relató cómo su padre usaba una máscara mientras lo violaba.

Cuando las pruebas apuntaban a la culpabilidad de L. Olvera, en octubre de 2012 él solicitó a la titular del Juzgado Décimo de lo Familiar que se realizaran pruebas periciales sobre Alienación Parental, figura que –a pesar de no ser reconocida por ninguna institución de salud ni psiquiátrica de prestigió– en 2014 fue incorporada a la legislación capitalina, en el Artículo 323 séptimus del Código Civil.

La jueza autorizó el peritaje sin importar que el 9 de junio de 2014 la Comisión de Derechos Humanos capitalina impugnó esta figura jurídica a través de una Acción de Inconstitucionalidad (19/2014) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El argumento del organismo fue que se trataba de un término que califica a las niñas y niños como mentirosos y a las madres como manipuladoras. El caso aún está por resolverse.

Mientras la denuncia ante la Fiscalía de la Procuraduría capitalina, en ese entonces encabezada por Miguel Ángel Mancera, parecía no avanzar, en el Juzgado del Tribunal Superior de Justicia L. Olvera ganaba pruebas para que sus hijos se quedaran con él. Por ejemplo, la jueza autorizó que la institución encargada de hacer el estudio de Alienación Parental fuera el Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) que depende del Tribunal.

MANIPULACIÓN

El Incifo realizó un peritaje a L. Olvera, a Mireya y otro más al niño. Según los resultados del tercer estudio que se hizo al menor de edad, no había evidencia de “victimización sexual”, entre otras cosas porque el niño usaba las mimas palabras que la madre para hacer referencia al presunto abuso.

Los resultados de las valoraciones que hizo esta instancia del Tribunal sirvieron para que la jueza Espinoza Rosello ordenara una terapia entre el padre y el niño para “restablecer la relación paterno filial” y es que uno de los supuestos de la Alienación Parental es que este “síndrome” se “cura” haciendo que la presunta víctima y el victimario convivan.

En diciembre de 2012 la jueza pidió que el Incifo realizara estas terapias de acercamiento pero la institución informó que no hacía ese tipo de intervenciones por lo que ese pidió a la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (Adivac) atender el caso. Una vez que la organización recibió información y tomando en consideración el principio de “interés superior de la infancia”, en febrero de 2013 comenzó a realizar terapias con E para abordar el tema de violencia sexual.

Presionada por su ex pareja y la jueza, y viendo que la denuncia no llegaría a ningún lado, el 3 de noviembre del 2013 Mireya aceptó firmar un convenio de custodia compartida. Ya en febrero del siguiente año toda la familia, aunque todavía estaban separados los padres, viajaron a Disneylandia, pero pronto Mireya se dio cuenta del error cuando una de sus hijas gemelas le dice que padre abusó de ella.

Al enterarse, en febrero de 2014, la madre de inmediato presentó otra denuncia ante la Fiscalía Central de Delitos Sexuales (Averiguación Previa FDS/FDS/-6/T3/153/14-02) pero a la vez L. Olvera presenta un recursos ante el Juzgado Décimo para que se le otorgara la guarda y custodia.

De acuerdo con una entrevista que Mireya dio a un medio de comunicación televisado antes de quitarse la vida, los juzgados violentaron los derechos de sus hijos al obligarlos a convivir con su padre aun cuando ellos no querían y sin considerar que su ex pareja era acusado de violencia sexual. En esa misma entrevista la fiscal de Atención a Delitos Sexuales de la Procuraduría capitalina, Alicia Rosas Rubí, se excusó diciendo que “hasta cierto punto” era un tema en materia familiar.

Para evidenciar el acuerdo de custodia compartida, avalado por el Juzgado Décimo, Mireya pidió apoyó a Adivac para interponer una queja ante el Consejo de la Judicatura y al mismo tiempo interpuso una queja ante la Comisión de Derechos Humanos capitalina. Ninguna de las dos quejas tuvo resultados pero la jueza Espinoza Rosello se excusó de seguir conociendo el caso.

Para septiembre de 2014, el Juzgado Undécimo de lo Familiar, a cargo de la jueza Silvia Araceli García Lara, retoma el caso. Un mes después del cambio de Juzgado se citó una audiencia en el despacho de la jueza para que las niñas y los niños declararan lo sucedido.

El niño contó todo el abuso sexual, no obstante la jueza García Lara solicitó a la secretaria que hiciera pasar al padre de las niñas y el niño, quien llegó con juguetes. Al verlo, el niño tiró los juguetes a la basura y dijo que no quería nada de él. La jueza intentó obligar a los menores de edad a convivir con su padre pero ante la negativa del abuelo materno, ordenó que llegue la policía.

En 2015 Mireya continuaba con el proceso familiar para proteger a sus hijos pero era obligada por la jueza a llevarlos a un Centro de Convivencia del Tribunal y cada vez que no lo hacía era multada; incluso tenía una orden de arresto; por su parte L. Olvera no depositaba la pensión. Fue en 2016 cuando una de las gemelas dijo que su padre la tocaba en el baño del Centro, donde no hay cámaras ni vigilancia.

Al conocer esto, en septiembre de 2016, Mireya interpuso la tercera denuncia ante la Procuraduría capitalina, quien abrió una carpeta de investigación (CI-FDS/FDS2/VIFDS/2/01/1263/092016) por abuso sexual del padre contra una de sus hijas en el Centro de Convivencia del Tribunal Superior; pero un mes después, a la niña se le hizo la prueba de Bosty (creada para explicar enfermedades y operaciones a niñas y niños), la cual resultó negativa.

AMENAZAS

El 24 de octubre de 2016 L. Olvera denunció a Mireya ante la Procuraduría por violencia familiar contra sus hijas e hijo y como consecuencia el ex esposo se presentó con agentes judiciales de la Fiscalía para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para allanar la casa de Mireya y entrar a la casa de los abuelos maternos, intimidando y amenazando a la familia para que entregarán a las niñas y al niño. No los entregaron.

Los testimonios recogidos por Adivac, cuando conoció el caso, indican que hubo amenazas e intimidación hacia Mireya y hacia sus padres, lo que podría estar relacionado con el suicidio del 7 de junio.

El presunto detonante, dicen las activistas, ocurrió en octubre del año pasado cuando la Jueza Undécima de lo familiar le informó a Mireya que perdió la guarda y custodia e impidió que los abuelos maternos se relacionaran con las gemelas. A pesare de todo la mujer seguía interponiendo recursos jurídicos para evitar que sus hijas e hijo se quedaran con su padre, quería que su caso llegara a la Suprema Corte en caso de ser necesario.

Casi siete años después de la primera denuncia Mireya, sus padres, y sus tres hijos optaron por quitarse la vida y hoy feministas, defensoras de los derechos de la infancia y activistas por los derechos de las mujeres exigen que se investigue el suicidio porque pudo ser provocado y además quieren que se evidencie que las instituciones fallaron y que detrás de la historia hay una serie de omisiones a indagar.

Agrupaciones como Adivac, Save the Children, el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social y el Centro hermanas Mirabal de Derechos Humanos, entre otras más, alertan que hay más casos como el de Mireya y más mujeres, niñas y niños víctimas de una figura jurídica que criminaliza a las madres por lo que llaman a la Suprema Corte a resolver el recursos sobre Alienación Parental y derogar este concepto de la legislación capitalina.