Violan sus derechos civiles, dicen abogados a la Corte
Por Leticia Puente Beresford/corresponsal Nueva York, EU, 27 enero 09 (CIMAC).- En La Florida, abogados de 600 niñas y niños estadounidenses presentaron formalmente una demanda judicial ante la Corte Suprema de Justicia para que el presidente Barak Obama suspenda las deportaciones de sus madres y padres indocumentados hasta que se apruebe una reforma migratoria.
El nuevo gobierno, en Washington, prometió reconsiderar una nueva norma de detención de personas “fugitivas”. La agencia de noticias AP indica que la aprobación de la nueva norma requerirá la aceptación al más alto nivel y recuerda el caso de la tía del presidente Barak Obama, Zeitune Onyango, hermanastra del padre del primer mandatario, quien tiene en su contra una orden de deportación. En tanto la televisora Univisión explica que entre las y los menores demandantes de Miami está Cecia Sosa, de 12 años, cuya madre se encuentra en un centro de Inmigración en Pompano Beach desde el 19 de diciembre del 2008. Sosa anunció que está dispuesta a iniciar una huelga de hambre la próxima semana, como medida de presión para que liberen a su madre nicaragüense. "A mí no me importa morir con tal de que saquen a mi mamá de ese centro", afirmó la niña. Si esta petición legal de los menores de edad es aprobada, se beneficiarían hasta seis millones de niñas y niños. Por lo que hace a la nueva norma, dice la AP, trascendió que el gobierno del presidente saliente George W. Bush impuso la inusual orden días antes de la elección de Obama, pues la tía había estado viviendo en Estados Unidos de manera indocumentada. La orden del Departamento de Seguridad Interna fue emitida al temer los funcionarios que dichas detenciones podrían generar “una cobertura negativa en los medios de comunicación o el interés del Congreso”, según un documento federal obtenido por AP.
Por Leticia Puente Beresford/corresponsal Nueva York, EU, 27 enero 09 (CIMAC).- En La Florida, abogados de 600 niñas y niños estadounidenses presentaron formalmente una demanda judicial ante la Corte Suprema de Justicia para que el presidente Barak Obama suspenda las deportaciones de sus madres y padres indocumentados hasta que se apruebe una reforma migratoria.
El nuevo gobierno, en Washington, prometió reconsiderar una nueva norma de detención de personas “fugitivas”. La agencia de noticias AP indica que la aprobación de la nueva norma requerirá la aceptación al más alto nivel y recuerda el caso de la tía del presidente Barak Obama, Zeitune Onyango, hermanastra del padre del primer mandatario, quien tiene en su contra una orden de deportación. En tanto la televisora Univisión explica que entre las y los menores demandantes de Miami está Cecia Sosa, de 12 años, cuya madre se encuentra en un centro de Inmigración en Pompano Beach desde el 19 de diciembre del 2008. Sosa anunció que está dispuesta a iniciar una huelga de hambre la próxima semana, como medida de presión para que liberen a su madre nicaragüense. "A mí no me importa morir con tal de que saquen a mi mamá de ese centro", afirmó la niña. Si esta petición legal de los menores de edad es aprobada, se beneficiarían hasta seis millones de niñas y niños. Por lo que hace a la nueva norma, dice la AP, trascendió que el gobierno del presidente saliente George W. Bush impuso la inusual orden días antes de la elección de Obama, pues la tía había estado viviendo en Estados Unidos de manera indocumentada. La orden del Departamento de Seguridad Interna fue emitida al temer los funcionarios que dichas detenciones podrían generar “una cobertura negativa en los medios de comunicación o el interés del Congreso”, según un documento federal obtenido por AP.
La orden estipula claramente que los funcionarios temían las posibles consecuencias electorales de la detención de Zeituni Onyango, la familiar de presidente estadounidense, quien entonces residía en una vivienda de asistencia pública en Boston y quien al parecer reside ahora en Cleveland. Una copia de la directiva fue entregada a la AP hace dos meses tras haberla solicitado al amparo de la Ley de Libertad de Información. No menciona al presidente Obama ni a los miembros de su numerosa familia. La directiva sigue vigente, dijo la vocera de Inmigración y Seguridad Aduanera Kelly Nantel a la AP. La Casa Blanca dijo el domingo por la noche que Obama “no se puso en contacto con organismo gubernamental alguno en relación con el caso de la señora Onyango, ni representante alguno del Presidente”. Un juez de inmigración falló hace cuatro años que la tía de Obama —que hasta hace poco residía indocumentada en una vivienda de Boston costeada por los contribuyentes estadounidenses— debía abandonar el país. El magistrado denegó su petición de asilo político por considerarla carente de méritos. Tras ser conocida su situación legal, la mujer desapareció de Boston y al parecer se trasladó a Cleveland, en el estado de Ohio.
Pese a la orden judicial de deportación, Onyango se desplazó a Washington la semana pasada para la toma de posesión de su sobrino. Medios de prensa la vieron en un hotel capitalino acompañada de su abogada de inmigración, Margaret Wong. Y por lo que hace a la demanda en La Florida, las niñas y niños que se quedan sin sus madres y padres, porque ya los deportaron o están en proceso de deportación viven con miedo. La acción judicial fue interpuesta ante la Corte Suprema de Justicia Estados Unidos por Nora Sandigo, de origen nicaragüense, quien es guardián ad-litem de los y las menores de edad y directora ejecutiva de la Fraternidad Americana, una organización pro inmigrantes con sede en Miami.
Las y los niños siguen sufriendo al ser separadas de sus madres y padres por culpa de las deportaciones y el Presidente puede suspenderlas, para eso existen procedimientos legales", informa la agencia de noticias Efe, que entrevistó a Sandigo. Uno de los procedimientos es precisamente elevar el caso ante el máximo tribunal del país y, si éste lo aprueba, Obama puede pronunciarse sobre el asunto. "Esta demanda no es porque estemos en su contra, sino para que pueda utilizar su autoridad para emitir una orden ejecutiva que frene las deportaciones", puntualizo la activista hispana.
Otra niña, Katherie Ramírez, de 13 años, hizo un llamado a Obama para que evite la fragmentación de las familias hispanas tal como le sucedió a la suya cuando su madre fue deportada a Colombia en el 2007. "Por favor, reunifique a las familias que la ley (de Inmigración) ha separado porque es duro que una madre o padre no esté con una", dijo Ramírez.
La niña ahora está solo con su padre y dos hermanos y clama el regreso de su madre: "para que la familia esté unida de nuevo". Sandigo dijo que esta esperanzada en que el presidente Obama atienda las solicitudes de las y los menores de edad, ya que "viene dispuesto a hacer grandes cambios sociales y esos cambios los queremos ver en la comunidad de inmigrantes". Recordó que muchos inmigrantes legales de esa comunidad lo respaldaron y lo ayudaron con su voto a ganar la presidencia del país.
VIOLACIÓN A DERECHOS CIVILES
Alfonso Oviedo-Reyes, presidente de la Fraternidad Americana y abogado pro bono que preparo la demanda, dijo que la deportación de madres y padres indocumentados de los demandantes implica una violación a los derechos civiles de los menores de edad. Antes de 1996, dijo el abogado, las y los niños con madres y padres en esa situación tenían el derecho de que un tribunal suspendiera la deportación para que sus progenitores resolvieran su estatus migratorio si demostraban que habían estado en el país más de siete años, tenían buen carácter moral y que el sufrimiento de las niñas y los niños por la ausencia de ellos era “extremo”. "Ese derecho lo tuvieron por casi 40 años, pero con la reforma migratoria del 1996 se lo quitaron y no le dieron nada a cambio. El Congreso cerró todos los caminos para obtener una residencia legal y por eso es que ha aumentado el número de inmigrantes sin documentos ", aseveró Oviedo-Reyes. Pero las niñas y niños no solo afrontan ese problema, tampoco pueden recurrir a los tribunales federales para interponer una demanda colectiva porque los congresistas también eliminaron la jurisdicción de esas cortes en acciones judiciales colectivas relacionadas con inmigración y la concentró sólo en la Corte Suprema de Justicia.
Por ello, los abogados de las y los demandantes han solicitado también a esa Corte que "ignore" la disposición y ordene a los tribunales federales que acepten ese tipo de demanda. Si logran que el Supremo autorice su petición, entonces pueden ampliar la demanda para que se sumen entre cuatro a cinco millones de menores de edad a nivel nacional. Una demanda similar fue presentada en el 2007 contra el ex presidente George W. Bush por los Departamentos de Justicia, de Seguridad Nacional y la oficina del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), pero fue rechazada por la Corte Suprema.
09/LPB/GG
09/LPB/GG
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