Para conocer responsables y establecer formas de reparación
Por Sandra Torres Pastrana
México DF, 29 enero 09 (CIMAC).- La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el caso Atenco, que será discutida a partir del 9 de febrero, abre la posibilidad de que se conozcan los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos, como la tortura y el abuso sexual contra mujeres, ocurridas el 3 y 4 de mayo de 2006, en San Salvador Atenco, durante un operativo policíaco en donde intervinieron elementos de los tres niveles de gobierno.
Así lo declaró en entrevista con Cimacnoticias Luis Arriaga Valenzuela, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), quien afirma que la creación de la Comisión Investigadora de la SCJN en febrero de 2007 fue un signo positivo que abrió la posibilidad de conocer las causas de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por las corporaciones policíacas.
Una resolución positiva, agrega Arriaga, permitiría asimismo establecer criterios sobre la proporcionalidad en el uso de la fuerza por parte de las corporaciones policíacas en México y encontrar mecanismos para una reparación integral del daño a las víctimas.
Esta comisión, integrada por los magistrados Mario Pardo Rebolledo y Alejandro Sergio González Bernabé, indicó Arriaga, entregó al pleno su informe preliminar el 13 de marzo de 2008. La elaboración del proyecto de dictamen se turnó entonces al ministro instructor José de Jesús Gudiño Pelayo. Con base en este documento, la SCJN presentará sus conclusiones relacionadas con este caso.
Arriaga señaló que a pesar de que éstas quedarán en el nivel de recomendaciones, por no tener carácter vinculante, tendrán un fuerte peso moral y por provenir de la máxima instancia de justicia en México.
3 Y 4 DE MAYO
Los días 3 y 4 de mayo de 2006, pobladores de San Salvador Atenco fueron reprimidos por un gran operativo policíaco, constituido por 3 mil efectivos, que incluía fuerzas de los tres órdenes de gobierno.
Tomaron la cabecera municipal donde pretendían instalarse comerciantes floristas quienes, junto con otros sectores de la población, trataron de repeler las agresiones policíacas.
Las detenciones de civiles sumaron 207, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y durante éstas ocurrieron tortura y agresiones sexuales contra varias mujeres, incluida una joven de nacionalidad española.
EL DICTÁMEN
El presidente de la SCJN, Guillermo Ortiz Mayagoitia, afirmó a la prensa que esperaba “recibir muy pronto” el proyecto de dictamen del Ministro Gudiño y que “es probable que ese asunto sea listado durante las próximas semanas”.
Dijo también que, por su trascendencia, el proyecto de dictamen sería dado a conocer a través de la página Web de la SCJN, aunque la oficina de comunicación social de la dependencia desconoce hasta hoy si esto ocurrirá antes del inicio de las discusiones.
Por otro lado, transcendió hoy en algunos medios nacionales, que afirman haber tenido acceso al texto preliminar con las conclusiones de la Comisión de Ministros, que las acciones de la fuerza pública aplicada en Atenco los días 3 y 4 de mayo de 2006 fue “excesiva, desproporcionada, ineficiente, improfesional e indolente”.
El texto haría también mención de funcionarios involucrados en la violación de los derechos humanos, como el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto; el actual Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, entonces titular de la SSP federal; el ex coordinador nacional del Consejo de Seguridad Pública, hoy director del ISSSTE, Miguel Ángel Yunes; el ex Secretario de Gobierno mexiquense, Humberto Benítez Treviño, y el entonces Procurador Abel Villicaña.
En este sentido el director del Centro Prodh, resaltó que ya está acreditada la existencia de violaciones de derechos humanos en este caso. También dijo que están en espera que este proyecto de dictamen se suba a la página de la SCJN para poder considerarlo y ver qué respuesta se da a las preguntas que se planteó la Corte en esta investigación y que están relacionadas con la gravedad, las motivaciones y la posibilidad de que el operativo haya respondido a una estrategia estatal.
APORTACIÓN DE SOCIEDAD CIVIL
Luis Arriaga recordó que en el marco de esta investigación el Centro Prodh, junto con Gustavo Fondevila, del Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE), y el Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), presentaron ante la Corte un memorial Amicus Curiae que contiene elementos técnicos sobre regulación de uso de la fuerza empleada por las corporaciones policíacas.
Señaló que espera que esta aportación de la sociedad civil sea tomada en cuenta en el predictamen del ministro Gudiño. Según explicó Arriaga, este tipo de documentos tienen su fundamento en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y permiten que organismos de derechos humanos aporten elementos relevantes en casos paradigmáticos como el de Atenco.
El maestro Arriaga espera que en las próximas audiencias públicas, además de reconocer la gravedad de las violaciones a las garantías individuales y que las conclusiones de la Corte se apeguen a los principios de reparación y justicia, que en uso de las facultades que le confiere el Artículo 97 constitucional, la SCJN determine criterios que incidan en la disminución de los abusos por parte de las corporaciones policíacas en México.
Para ello, se pueden tomar en cuenta las aportaciones del memorial Amicus Curiae y establecer ordenamientos para las instituciones policíacas respecto al uso de la fuerza, la cual deberá ser racional y establecida en el marco legal, así como utilizada siempre de acuerdo a la necesidad y con proporcionalidad al delito, a la persona y basado en los principios internacionales, concluyó.
09/STP/GG
Por Sandra Torres Pastrana
México DF, 29 enero 09 (CIMAC).- La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el caso Atenco, que será discutida a partir del 9 de febrero, abre la posibilidad de que se conozcan los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos, como la tortura y el abuso sexual contra mujeres, ocurridas el 3 y 4 de mayo de 2006, en San Salvador Atenco, durante un operativo policíaco en donde intervinieron elementos de los tres niveles de gobierno.
Así lo declaró en entrevista con Cimacnoticias Luis Arriaga Valenzuela, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), quien afirma que la creación de la Comisión Investigadora de la SCJN en febrero de 2007 fue un signo positivo que abrió la posibilidad de conocer las causas de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por las corporaciones policíacas.
Una resolución positiva, agrega Arriaga, permitiría asimismo establecer criterios sobre la proporcionalidad en el uso de la fuerza por parte de las corporaciones policíacas en México y encontrar mecanismos para una reparación integral del daño a las víctimas.
Esta comisión, integrada por los magistrados Mario Pardo Rebolledo y Alejandro Sergio González Bernabé, indicó Arriaga, entregó al pleno su informe preliminar el 13 de marzo de 2008. La elaboración del proyecto de dictamen se turnó entonces al ministro instructor José de Jesús Gudiño Pelayo. Con base en este documento, la SCJN presentará sus conclusiones relacionadas con este caso.
Arriaga señaló que a pesar de que éstas quedarán en el nivel de recomendaciones, por no tener carácter vinculante, tendrán un fuerte peso moral y por provenir de la máxima instancia de justicia en México.
3 Y 4 DE MAYO
Los días 3 y 4 de mayo de 2006, pobladores de San Salvador Atenco fueron reprimidos por un gran operativo policíaco, constituido por 3 mil efectivos, que incluía fuerzas de los tres órdenes de gobierno.
Tomaron la cabecera municipal donde pretendían instalarse comerciantes floristas quienes, junto con otros sectores de la población, trataron de repeler las agresiones policíacas.
Las detenciones de civiles sumaron 207, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y durante éstas ocurrieron tortura y agresiones sexuales contra varias mujeres, incluida una joven de nacionalidad española.
EL DICTÁMEN
El presidente de la SCJN, Guillermo Ortiz Mayagoitia, afirmó a la prensa que esperaba “recibir muy pronto” el proyecto de dictamen del Ministro Gudiño y que “es probable que ese asunto sea listado durante las próximas semanas”.
Dijo también que, por su trascendencia, el proyecto de dictamen sería dado a conocer a través de la página Web de la SCJN, aunque la oficina de comunicación social de la dependencia desconoce hasta hoy si esto ocurrirá antes del inicio de las discusiones.
Por otro lado, transcendió hoy en algunos medios nacionales, que afirman haber tenido acceso al texto preliminar con las conclusiones de la Comisión de Ministros, que las acciones de la fuerza pública aplicada en Atenco los días 3 y 4 de mayo de 2006 fue “excesiva, desproporcionada, ineficiente, improfesional e indolente”.
El texto haría también mención de funcionarios involucrados en la violación de los derechos humanos, como el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto; el actual Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, entonces titular de la SSP federal; el ex coordinador nacional del Consejo de Seguridad Pública, hoy director del ISSSTE, Miguel Ángel Yunes; el ex Secretario de Gobierno mexiquense, Humberto Benítez Treviño, y el entonces Procurador Abel Villicaña.
En este sentido el director del Centro Prodh, resaltó que ya está acreditada la existencia de violaciones de derechos humanos en este caso. También dijo que están en espera que este proyecto de dictamen se suba a la página de la SCJN para poder considerarlo y ver qué respuesta se da a las preguntas que se planteó la Corte en esta investigación y que están relacionadas con la gravedad, las motivaciones y la posibilidad de que el operativo haya respondido a una estrategia estatal.
APORTACIÓN DE SOCIEDAD CIVIL
Luis Arriaga recordó que en el marco de esta investigación el Centro Prodh, junto con Gustavo Fondevila, del Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE), y el Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), presentaron ante la Corte un memorial Amicus Curiae que contiene elementos técnicos sobre regulación de uso de la fuerza empleada por las corporaciones policíacas.
Señaló que espera que esta aportación de la sociedad civil sea tomada en cuenta en el predictamen del ministro Gudiño. Según explicó Arriaga, este tipo de documentos tienen su fundamento en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y permiten que organismos de derechos humanos aporten elementos relevantes en casos paradigmáticos como el de Atenco.
El maestro Arriaga espera que en las próximas audiencias públicas, además de reconocer la gravedad de las violaciones a las garantías individuales y que las conclusiones de la Corte se apeguen a los principios de reparación y justicia, que en uso de las facultades que le confiere el Artículo 97 constitucional, la SCJN determine criterios que incidan en la disminución de los abusos por parte de las corporaciones policíacas en México.
Para ello, se pueden tomar en cuenta las aportaciones del memorial Amicus Curiae y establecer ordenamientos para las instituciones policíacas respecto al uso de la fuerza, la cual deberá ser racional y establecida en el marco legal, así como utilizada siempre de acuerdo a la necesidad y con proporcionalidad al delito, a la persona y basado en los principios internacionales, concluyó.
09/STP/GG
Autoridades no acataron señalamientos por feminicidio
Escaso respeto a DH, reconoce Soberanes en la recta final de su gestión
Por Gustavo González López
México, DF, 29 enero 09 (CIMAC).- A ocho meses del fin de su gestión frente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), durante la cual fue severamente criticado por organizaciones civiles por su actuación en casos como el de Ernestina Ascencio, violada y muerta por soldados del Ejército Mexicano, pero a quien el organismo determinó muerte por gastritis, José Luis Soberanes Fernández reconoció que en nuestro país sigue dándose una situación de escaso respeto a los derechos fundamentales.
Así lo dijo luego de presentar su Informe de Actividades 2008 ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en donde el Ombudsman dio a conocer que fue la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la dependencia federal que generó más quejas en su contra (mil 230).
La falta de respeto a los derechos humanos, dijo Soberanes, se demostró también en el caso de la profesora Eufrosina Cruz Mendoza, quien denunció la discriminación que sufren muchas mujeres indígenas de Oaxaca al intentar ejercer sus derechos políticos.
Al referirse a la primera recomendación dirigida a un Presidente de la República por el “grave asunto” del feminicidio y la desaparición forzada de personas ocurrida en la década de los 70 y principios de los 80 del siglo pasado, el Ombudsman afirmó que “en ambos casos, las autoridades no cumplieron ni remotamente con los señalamientos; a veces por simple falta de voluntad y de capacidad para afrontar las problemática y los resultados de la investigación; por los dos casos señalados, persiste una gran deuda con las víctimas y sus familiares, y un lastre para la consolidación democrática”.
Y detalló sobre las quejas recibidas por el organismo: después de Sedena, le siguió el Instituto Mexicano del Seguro Social (mil siete); la Procuraduría General de la República (PGR) con 769; la Policía Federal Preventiva (PFP) con 284; el Instituto Nacional de Migración (INM) con 258; el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) con 256; la Secretaría de Educación Pública (SEP) con 237; contra Prevención y Readaptación Social (PRS), con 216 quejas; la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SPF), 191; y el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), 189.
Durante 2008, la CNDH emitió 67 recomendaciones: 14 a la Sedena; siete al INM; y cinco a la SSPF. Algunas autoridades decidieron rechazar las recomendaciones, el Procurador General de la República y los gobernadores de los estados de Baja California, Sinaloa y Guerrero. “Al lamentar esas decisiones consideramos que en nada contribuyen a combatir la impunidad. Por el contrario, abren la puerta para que otras autoridades sigan cometiendo abusos sin señalamiento y castigo alguno”, sostuvo Soberanes Fernández.
PEDIODISTAS
Para Soberanes Fernández “es muy importante la necesidad de salvaguardar a toda costa los derechos fundamentales de los periodistas; uno de los grupos más vulnerados por la delincuencia organizada y algunas autoridades, mediante ataques, hostigamiento y homicidios”.
Sigue siendo apremiante, dijo, que se haga efectivo el compromiso de respetar su trabajo porque ellos contribuyen a reforzar el pluralismo y son piedra angular en el ejercicio de la libertad de expresión.
En 2008 --año considerado crítico por el elevado número de agresiones a periodistas, que incluyen desde procesos judiciales hasta asesinatos—Sobranes informó haber radicado de oficio “seis casos relacionados con actos presuntamente violatorios a los derechos humanos en perjuicio de periodistas, y en ocho casos más se ejerció la facultad de atracción”, aseguró.
Además, añadió el Ombudsman, se continúa atendiendo las diversas problemáticas que tienen los sectores de la sociedad de alta vulnerabilidad, por lo que se han implementado programas de Atención a Víctimas del Delito, Migrantes, Igualdad entre Mujeres y Hombres, VIH/SIDA, Trata de Personas y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura; y la creación del Centro Nacional de Derechos Humanos, brazo académico de la Comisión.
Antes de concluir, Soberanes Fernández aseguró que la defensa de los derechos humanos no es una moda ni debe responder a ideologías o visiones partidistas, ya que ninguna fuerza política o social es dueña de la bandera de los derechos humanos: se trata de una conquista de todos los mexicanos y de una responsabilidad compartida entre autoridades, grupos de la sociedad civil e instituciones académicas.
“Nuestro más alto deber es apostar por el Estado de Derecho y la democracia. Las garantías individuales son una victoria del pueblo de México y tenemos el honor de velar por su estricto cumplimento”, finalizó el presidente de la CNDH.
09/GGL/GGQ
Escaso respeto a DH, reconoce Soberanes en la recta final de su gestión
Por Gustavo González López
México, DF, 29 enero 09 (CIMAC).- A ocho meses del fin de su gestión frente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), durante la cual fue severamente criticado por organizaciones civiles por su actuación en casos como el de Ernestina Ascencio, violada y muerta por soldados del Ejército Mexicano, pero a quien el organismo determinó muerte por gastritis, José Luis Soberanes Fernández reconoció que en nuestro país sigue dándose una situación de escaso respeto a los derechos fundamentales.
Así lo dijo luego de presentar su Informe de Actividades 2008 ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en donde el Ombudsman dio a conocer que fue la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la dependencia federal que generó más quejas en su contra (mil 230).
La falta de respeto a los derechos humanos, dijo Soberanes, se demostró también en el caso de la profesora Eufrosina Cruz Mendoza, quien denunció la discriminación que sufren muchas mujeres indígenas de Oaxaca al intentar ejercer sus derechos políticos.
Al referirse a la primera recomendación dirigida a un Presidente de la República por el “grave asunto” del feminicidio y la desaparición forzada de personas ocurrida en la década de los 70 y principios de los 80 del siglo pasado, el Ombudsman afirmó que “en ambos casos, las autoridades no cumplieron ni remotamente con los señalamientos; a veces por simple falta de voluntad y de capacidad para afrontar las problemática y los resultados de la investigación; por los dos casos señalados, persiste una gran deuda con las víctimas y sus familiares, y un lastre para la consolidación democrática”.
Y detalló sobre las quejas recibidas por el organismo: después de Sedena, le siguió el Instituto Mexicano del Seguro Social (mil siete); la Procuraduría General de la República (PGR) con 769; la Policía Federal Preventiva (PFP) con 284; el Instituto Nacional de Migración (INM) con 258; el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) con 256; la Secretaría de Educación Pública (SEP) con 237; contra Prevención y Readaptación Social (PRS), con 216 quejas; la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SPF), 191; y el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), 189.
Durante 2008, la CNDH emitió 67 recomendaciones: 14 a la Sedena; siete al INM; y cinco a la SSPF. Algunas autoridades decidieron rechazar las recomendaciones, el Procurador General de la República y los gobernadores de los estados de Baja California, Sinaloa y Guerrero. “Al lamentar esas decisiones consideramos que en nada contribuyen a combatir la impunidad. Por el contrario, abren la puerta para que otras autoridades sigan cometiendo abusos sin señalamiento y castigo alguno”, sostuvo Soberanes Fernández.
PEDIODISTAS
Para Soberanes Fernández “es muy importante la necesidad de salvaguardar a toda costa los derechos fundamentales de los periodistas; uno de los grupos más vulnerados por la delincuencia organizada y algunas autoridades, mediante ataques, hostigamiento y homicidios”.
Sigue siendo apremiante, dijo, que se haga efectivo el compromiso de respetar su trabajo porque ellos contribuyen a reforzar el pluralismo y son piedra angular en el ejercicio de la libertad de expresión.
En 2008 --año considerado crítico por el elevado número de agresiones a periodistas, que incluyen desde procesos judiciales hasta asesinatos—Sobranes informó haber radicado de oficio “seis casos relacionados con actos presuntamente violatorios a los derechos humanos en perjuicio de periodistas, y en ocho casos más se ejerció la facultad de atracción”, aseguró.
Además, añadió el Ombudsman, se continúa atendiendo las diversas problemáticas que tienen los sectores de la sociedad de alta vulnerabilidad, por lo que se han implementado programas de Atención a Víctimas del Delito, Migrantes, Igualdad entre Mujeres y Hombres, VIH/SIDA, Trata de Personas y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura; y la creación del Centro Nacional de Derechos Humanos, brazo académico de la Comisión.
Antes de concluir, Soberanes Fernández aseguró que la defensa de los derechos humanos no es una moda ni debe responder a ideologías o visiones partidistas, ya que ninguna fuerza política o social es dueña de la bandera de los derechos humanos: se trata de una conquista de todos los mexicanos y de una responsabilidad compartida entre autoridades, grupos de la sociedad civil e instituciones académicas.
“Nuestro más alto deber es apostar por el Estado de Derecho y la democracia. Las garantías individuales son una victoria del pueblo de México y tenemos el honor de velar por su estricto cumplimento”, finalizó el presidente de la CNDH.
09/GGL/GGQ
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