Las agresiones contra el gremio no las excluyen
Por Guadalupe Gómez Quintana
México DF, 26 enero 09 (CIMAC).- Teresa Bautista Merino, Felícitas Martínez Sánchez, Ana Lilia Pérez Mendoza y Lydia Cacho son los nombres más conocidos de mujeres periodistas que han sido agredidas por su trabajo informativo.
Ellas fueron víctimas de lo que organismos internacionales, como Reporteros Sin Fronteras, Artículo 19, o nacionales como Cencos, han descrito como los patrones más comunes de agresiones a periodistas en el país: desde ataques a las instalaciones de sus medios, amenazas, demandas y allanamientos, hasta asesinatos.
Teresa y Felícitas, comunicadoras triquis de la radiodifusora comunitaria La Voz que rompe el silencio, del municipio autónomo de San Juan Copala, Oaxaca, fueron asesinadas el 7 de abril de 2007 en una emboscada.
Las reporteras habían sido amenazadas de muerte, en la entidad que ocupa el segundo lugar más riesgoso del país para ejercer esta profesión, después de Chihuahua, según el Informe “Periodismo bajo la violencia del narcotráfico 2008, Libertad de Expresión”, del Centro de Periodismo y Ética Pública (CEPET). .
“Algunas personas piensan que somos muy jóvenes para saber… deberían saber que somos muy jóvenes para morir…” grabaron en la radio Felícitas y Teresa, días antes de su asesinato.
Jorge Albino, coordinador de la radio, advirtió que las familias de las reporteras recibieron “amenazas” y que la agresión provino del Gobierno federal, que se opone a los proyectos de radio comunitaria, y del estatal que rechaza el proyecto del municipio autónomo, porque “más adelante la gente tomará conciencia, podrá decidir por su cuenta”.
NO ROBÉ, NO MATÉ
Ana Lilia Pérez Mendoza, reportera de la revista Contralínea desde hace 10 años, se vio obligada a esconderse hace unos días, ante las agresiones y amenazas que ha sido objeto desde hace dos años por informar sobre los negocios millonarios de funcionarios y de empresarios como la familia Zaragoza, dueños del consorcio denominado Zeta Gas, quienes la demandaron por daño moral, al igual que al director de la publicación, Miguel Badillo.
Ella hizo también públicos los contratos que Juan Camilo Mouriño, extinto secretario de Gobernación, firmó entre 2001 y 2004, en su dualidad como funcionario público del sector energético y contratista privado de Pemex Refinación. Su investigación, respaldada con copias de los contratos multimillonarios, se publicó en febrero de 2008.
La detención del director de la revista, el pasado 16 de enero, hizo que organizaciones defensoras de la libertad de expresión apoyaran a Ana Lilia, pues sobre ella pesaba también orden de aprehensión.
“Es el costo que he pagado por revelar los contratos que firmó en Pemex Mouriño, y por investigar y publicar los negocios en Pemex de otros empresarios vinculados con él y con quien hoy ostenta el cargo de presidente de la República”, dijo la periodista desde su refugio.
“No maté, no robé, no violenté ley alguna. Mi única arma es la palabra, y con ella hice lo único que sé hacer: periodismo, honrosa profesión de la que me sostengo con un salario ganado decorosamente”. He investigado, dice, porque es derecho de todas las mexicanas y mexicanos conocer qué se hace con su empresa: Pemex, cuyos ingresos sostienen la economía de este país y de la que pocos, muy pocos, se han hecho inmensamente ricos”.
A la semana siguiente, la periodista logró un amparo para evitar su detención, pero no por ello se disiparon las amenazas de muerte. La CDHDF hizo pública su preocupación por el latente peligro que enfrenta.
En contraste, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que recibió desde el pasado 12 de septiembre la queja formal por parte de Pérez Mendoza y Badillo, nada respondió. También al margen se mantiene la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas.
CASO INCONCLUSO
El caso de Lydia Cacho ha encontrado resonancia en el país y en el extranjero; no por ello ha encontrado justicia. Ella denunció la existencia de una red de pederastas en donde estaban también involucradas autoridades del Estado mexicano.
Lo publicó en Los Demonios del Edén y por ello fue detenida, torturada y acusada de difamación por uno de los protagonistas de su libro, el empresario Kamel Nacif, señalado por la periodista como líder de la red de pederastas.
Fue detenida en Quintana Roo en 2005, de donde la trasladaron vía terrestre a Puebla, por orden del gobierno de Mario Marín. Durante el camino fue víctima de tortura, pero una llamada telefónica y la solidaridad de las mujeres periodistas impidieron que perdiera la vida. Sin embargo, estuvo presa durante 30 horas y enfrenta aún un complicado e irregular proceso.
Su caso llegó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2006, quien determinó, al año siguiente, que no hubo violación grave a sus garantías individuales. Cacho denunció ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas y ante otras instancias, pero no ha tenido respuesta favorable. En cambio, ha sufrido más agresiones, como el atentado de mayo de 2007, cuando a su camioneta le aflojaron los birlos.
PREMIOS Y DEUDAS
Todas las periodistas mencionadas han recibido premios por su trabajo informativo. Teresa y Felícitas recibieron, post mortem, el Premio Nacional de Periodismo 2007; Ana Lilia Pérez fue reconocida recientemente con el Premio del Club de Periodistas de México, y Lydia Cacho ha recibido gran cantidad de reconocimientos nacionales y, sobre todo, internacionales.
Sin embargo, la sociedad mexicana tiene una deuda con todas ellas, que fueron y son aún víctimas de la violación a sus derechos fundamentales, expresa Lucía Lagunes, directora de CIMAC: falta una política de protección a los derechos humanos que contemple las agresiones contra la libertad de expresión.
No sólo el Estado ha faltado a esta obligación, el Gobierno actual federal ha mostrado verdadero desinterés por contar con acciones efectivas y sigue en el escenario de lo mediático, advierte la periodista.
Por Guadalupe Gómez Quintana
México DF, 26 enero 09 (CIMAC).- Teresa Bautista Merino, Felícitas Martínez Sánchez, Ana Lilia Pérez Mendoza y Lydia Cacho son los nombres más conocidos de mujeres periodistas que han sido agredidas por su trabajo informativo.
Ellas fueron víctimas de lo que organismos internacionales, como Reporteros Sin Fronteras, Artículo 19, o nacionales como Cencos, han descrito como los patrones más comunes de agresiones a periodistas en el país: desde ataques a las instalaciones de sus medios, amenazas, demandas y allanamientos, hasta asesinatos.
Teresa y Felícitas, comunicadoras triquis de la radiodifusora comunitaria La Voz que rompe el silencio, del municipio autónomo de San Juan Copala, Oaxaca, fueron asesinadas el 7 de abril de 2007 en una emboscada.
Las reporteras habían sido amenazadas de muerte, en la entidad que ocupa el segundo lugar más riesgoso del país para ejercer esta profesión, después de Chihuahua, según el Informe “Periodismo bajo la violencia del narcotráfico 2008, Libertad de Expresión”, del Centro de Periodismo y Ética Pública (CEPET). .
“Algunas personas piensan que somos muy jóvenes para saber… deberían saber que somos muy jóvenes para morir…” grabaron en la radio Felícitas y Teresa, días antes de su asesinato.
Jorge Albino, coordinador de la radio, advirtió que las familias de las reporteras recibieron “amenazas” y que la agresión provino del Gobierno federal, que se opone a los proyectos de radio comunitaria, y del estatal que rechaza el proyecto del municipio autónomo, porque “más adelante la gente tomará conciencia, podrá decidir por su cuenta”.
NO ROBÉ, NO MATÉ
Ana Lilia Pérez Mendoza, reportera de la revista Contralínea desde hace 10 años, se vio obligada a esconderse hace unos días, ante las agresiones y amenazas que ha sido objeto desde hace dos años por informar sobre los negocios millonarios de funcionarios y de empresarios como la familia Zaragoza, dueños del consorcio denominado Zeta Gas, quienes la demandaron por daño moral, al igual que al director de la publicación, Miguel Badillo.
Ella hizo también públicos los contratos que Juan Camilo Mouriño, extinto secretario de Gobernación, firmó entre 2001 y 2004, en su dualidad como funcionario público del sector energético y contratista privado de Pemex Refinación. Su investigación, respaldada con copias de los contratos multimillonarios, se publicó en febrero de 2008.
La detención del director de la revista, el pasado 16 de enero, hizo que organizaciones defensoras de la libertad de expresión apoyaran a Ana Lilia, pues sobre ella pesaba también orden de aprehensión.
“Es el costo que he pagado por revelar los contratos que firmó en Pemex Mouriño, y por investigar y publicar los negocios en Pemex de otros empresarios vinculados con él y con quien hoy ostenta el cargo de presidente de la República”, dijo la periodista desde su refugio.
“No maté, no robé, no violenté ley alguna. Mi única arma es la palabra, y con ella hice lo único que sé hacer: periodismo, honrosa profesión de la que me sostengo con un salario ganado decorosamente”. He investigado, dice, porque es derecho de todas las mexicanas y mexicanos conocer qué se hace con su empresa: Pemex, cuyos ingresos sostienen la economía de este país y de la que pocos, muy pocos, se han hecho inmensamente ricos”.
A la semana siguiente, la periodista logró un amparo para evitar su detención, pero no por ello se disiparon las amenazas de muerte. La CDHDF hizo pública su preocupación por el latente peligro que enfrenta.
En contraste, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que recibió desde el pasado 12 de septiembre la queja formal por parte de Pérez Mendoza y Badillo, nada respondió. También al margen se mantiene la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas.
CASO INCONCLUSO
El caso de Lydia Cacho ha encontrado resonancia en el país y en el extranjero; no por ello ha encontrado justicia. Ella denunció la existencia de una red de pederastas en donde estaban también involucradas autoridades del Estado mexicano.
Lo publicó en Los Demonios del Edén y por ello fue detenida, torturada y acusada de difamación por uno de los protagonistas de su libro, el empresario Kamel Nacif, señalado por la periodista como líder de la red de pederastas.
Fue detenida en Quintana Roo en 2005, de donde la trasladaron vía terrestre a Puebla, por orden del gobierno de Mario Marín. Durante el camino fue víctima de tortura, pero una llamada telefónica y la solidaridad de las mujeres periodistas impidieron que perdiera la vida. Sin embargo, estuvo presa durante 30 horas y enfrenta aún un complicado e irregular proceso.
Su caso llegó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2006, quien determinó, al año siguiente, que no hubo violación grave a sus garantías individuales. Cacho denunció ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas y ante otras instancias, pero no ha tenido respuesta favorable. En cambio, ha sufrido más agresiones, como el atentado de mayo de 2007, cuando a su camioneta le aflojaron los birlos.
PREMIOS Y DEUDAS
Todas las periodistas mencionadas han recibido premios por su trabajo informativo. Teresa y Felícitas recibieron, post mortem, el Premio Nacional de Periodismo 2007; Ana Lilia Pérez fue reconocida recientemente con el Premio del Club de Periodistas de México, y Lydia Cacho ha recibido gran cantidad de reconocimientos nacionales y, sobre todo, internacionales.
Sin embargo, la sociedad mexicana tiene una deuda con todas ellas, que fueron y son aún víctimas de la violación a sus derechos fundamentales, expresa Lucía Lagunes, directora de CIMAC: falta una política de protección a los derechos humanos que contemple las agresiones contra la libertad de expresión.
No sólo el Estado ha faltado a esta obligación, el Gobierno actual federal ha mostrado verdadero desinterés por contar con acciones efectivas y sigue en el escenario de lo mediático, advierte la periodista.
Incluye apoyo a la maternidad y creación de Fiscal especial
Proponen en Oaxaca Ley para mejorar condiciones de periodistas
Por Gladis Torres Ruiz
México DF, 26 enero 09 (CIMAC).- La Fracción Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el estado de Oaxaca presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto de Ley de Fomento a la Actividad Periodística del Estado, con el objetivo de implementar medidas y acciones que contribuyan a mejorar las condiciones laborales y sociales para lograr el bienestar integral de las y los periodistas oaxaqueños, entre las que se encuentran las relativas a maternidad y préstamos, así como la creación de una Fiscalía especial para delitos cometidos contra el gremio.
La Iniciativa, presentada a través del diputado perredista Jesús Romero López la semana pasada, señala en su exposición de motivos que es necesario diseñar un ordenamiento con contenido social a favor del gremio periodístico. “No se puede hablar de libertad de expresión si se trabaja en un entorno de pobreza y precariedad”.
Oaxaca, revelan diversos informes sobre libertad de expresión, como el más reciente Informe “Periodismo bajo la violencia del narcotráfico 2008, Libertad de Expresión”, del Centro de Periodismo y Ética Pública (CEPET), revelan que es una entidad donde el ejercicio del periodismo es no sólo difícil, sino peligroso.
Romero López afirma que dicha Iniciativa se concibe como una Ley especial que pretende crear mejores condiciones de bienestar y protección para aquellas personas que por su actividad como periodistas requieren de apoyos, beneficiándose no sólo a unos cuantos sino a todo aquel individuo que posee las características que la misma Ley describe.
Agrega que el objeto de la Ley está enfocado a normar las medidas y acciones que contribuyan a mejorar las condiciones de vida para lograr el bienestar integral de las y los periodistas en el estado.
La Iniciativa de Ley que se presentó al Congreso oaxaqueño consta de VIII capítulos: en los que se señalan las disposiciones generales; de apoyo a la salud; capacitación y mejoramiento técnico profesional; estímulo a la educación; vivienda y suelo urbano; del fomento y actividades sociales, culturales y recreativas para las y los trabajadores de la comunicación así como para sus familias.
De igual manera, contiene dos apartados donde se señala la creación de un fondo de apoyo y otro de apoyo jurídico y protección para las y los periodistas.
El Fondo de Apoyo a los Periodistas del Estado de Oaxaca será un fondo presupuestal que se integrará con aportaciones de las y los periodistas que manifiesten expresamente su voluntad de participar en el mismo, así como las aportaciones que con tal propósito efectúe el Gobierno del Estado y operará sujeto a las reglas que determine su Comité Técnico, así como por los lineamientos que rigen la operación y manejo de recursos presupuestales.
No será un órgano encaminado sólo al otorgamiento de préstamos, al ampliar su espíritu social a favor del gremio periodístico, pues contempla el otorgamiento de apoyos para sus afiliados como: Seguro de Vida, apoyo económico por enfermedad común o en caso de accidente.
También contempla apoyo económico por maternidad para las mujeres periodistas, sin dejar de contemplar el otorgamiento de los préstamos para la adquisición de elementos personales, gastos funerarios y el financiamiento, para los cursos escolares de capacitación o adiestramiento en beneficio de los propios comunicadores.
En el Capítulo VIII de esta Ley, denominado “Del Apoyo Jurídico y la Protección a los Periodistas”, se ratifica la consagración expresa a la integridad física de las y los trabajadores de los medios de comunicación en el ejercicio de su profesión, se prevé también que en el caso de que sea víctima de un delito con motivo o en ocasión de su actividad, se designará un coadyuvante del Ministerio Público (MP) a cargo del erario.
FISCALÍA ESPECIAL
Asimismo cuando ello sea técnicamente conveniente y según la gravedad del delito cometido, el Procurador General de Justicia designará un fiscal especial. En este apartado destaca la posibilidad de que el Comité Técnico del Fondo de Apoyo a los Periodistas pueda suscribir convenios de colaboración con la Comisión de la Defensa de los Derechos Humanos del estado.
El objetivo es que se brinde asesoría jurídica, capacitación en derechos humanos y garantías fundamentales de las y los periodistas y de su familia, así como la posibilidad de firmar convenios con las Comisiones de la Defensa de los Derechos Humanos estatal y nacional, con la Procuraduría de Justicia de la entidad y la Procuraduría General de la República.
Asimismo, promover las medidas cautelares a efecto de prevenir actos que pongan en peligro la seguridad y la integridad física, moral y psicológica de las y los periodistas y demás familiares, así como daños a su patrimonio.
De igual manera en la Iniciativa se prevé, de ser aprobada, la vigilancia de la aplicación de la Ley, para lo cual se instituirá una Comisión de Vigilancia conformada por la Coordinación Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca y las organizaciones de periodistas participantes en el Fondo de Apoyo a los Periodistas, su integración y funciones se regirán en el Reglamento Interior.
En los artículos transitorios se indica el inicio de la vigencia y el plazo para expedir el reglamento de esta Ley.
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