Utopía
Eduardo Ibarra Aguirre
Con excepción de Michoacán, en los estados donde el Ejército, la Marina y la Policía Federal Preventiva emprendieron y aún realizan operativos conjuntos, como parte sustantiva de la Guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado, se dispararon las cifras de las ejecuciones.
Eduardo Ibarra Aguirre
Con excepción de Michoacán, en los estados donde el Ejército, la Marina y la Policía Federal Preventiva emprendieron y aún realizan operativos conjuntos, como parte sustantiva de la Guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado, se dispararon las cifras de las ejecuciones.
Los datos duros, proporcionados por los reporteros Jesús Aranda y Gustavo Castillo, no han sido desmentidos por las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y Seguridad Pública, y por ello resultan más que patéticos, alarmantes.
El ejemplo paradigmático es Chihuahua, en donde el año pasado creció en mil por ciento el número de ejecutados. Es sabido que Ciudad Juárez concentra la tercera parte de las muertes generadas por la violencia del narco que en los primeros dos años de gobierno de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa sumaron, en total, 8 mil 604, de acuerdo a estimaciones de Milenio Diario.
Para Aranda y Castillo (La Jornada, 21-I-09, p. 10) la cifra de asesinatos en Sinaloa pasó con el Operativo Culiacán-Navolato, de 360 a 698 ejecutados, de 2007 a 2008; en Chihuahua el número de ejecuciones fue de 180 en 2007 y de mil 800 un año después.
En Guerrero, estado en el que se iniciaron la decapitaciones, aumentó 20 por ciento los ejecutados en el mismo lapso y ocho elementos de tropa fueron decapitados en Chilpancingo, con todo y la presencia de 7 mil 600 soldados y 500 agentes federales.
Los operativos conjuntos desplegados con un ensordecedor ruido mediático –en busca, además, de la legitimación de Calderón Hinojosa como presidente, a cargo del erario público, de sus impuestos, pues-- en Culiacán-Navolato, Tijuana, Sierra Madre, Tamaulipas, Nuevo León y Veracruz si bien no se limitaron a simples desfiles militares como los organizados durante el gobierno del cambio –en reversa-- de la tan inepta como corrupta Pareja presidencial, están lejos de dar los resultados anunciados con bombo y platillo. Y lo anterior a pesar de los 68 soldados y los 535 agentes policiacos caídos en campaña.
Es ilustrativo el testimonio del presidente de la Comisión Independiente de Derechos Humanos. El Ejército y la PFP “Actuaron contra el ciudadano común que atraviesa un retén. Traían un alto nivel de prepotencia”.
Leonel Aguirre Meza denuncia ante Proceso (25-I-09, pp. 6-11) que “pasaron a la rapiña y el robo”. Subraya: “Ahora la gente le tiene miedo y rencor” al primero. Ésta es la constante no sólo en Sinaloa sino por toda la geografía nacional, poco nueva por cierto, pero ahora en niveles extremos.
Si añadimos el crecimiento de la disputa entre la Sedena y la Procuraduría General de la República, entre sus titulares Guillermo Galván Galván y el consentido presidencial Genaro García Luna, por el mando de los operativos conjuntos, batalla burocrática revelada “por fuentes de alto nivel del gobierno mexicano” (La Jornada, 24-I-09, p. 12), el panorama resulta desolador para la inmensa mayoría de los mexicanos, incapaces de pagar seguridad privada --como lo hacen las elites-- para proteger sus vidas y bienes, y muchísimo menos disponen del oneroso Estado Mayor Presidencial que cuida al grupo gobernante.
Francisco Saynez Mendoza se alineó con el divisionario al rechazar que el proyecto de la policía federal, de la dupla Calderón-García, sea una solución frente al narco. Y de pasadita, el almirante presumió que la Semar no está infiltrada por aquél. ¿Y cuál sí?
La narcocumbre revelada por el semanario Ríodoce y en la que presumiblemente se acordó una tregua en el sanguinario ajuste de cuentas que durante ocho meses protagonizaron los cárteles y provocaron bajas muy sensibles, pero sobre todo en el jugoso negocio de la drogas, aporta más esperanzas para que la acción mortífera disminuya.
Acuse de recibo
La Unión de Juristas de México, por medio de Eduardo Miranda Esquivel, anuncia que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y “otros contingentes obreros, presentarán el próximo viernes 30 de enero de 2009, a partir de las 9 horas, en el Palacio de Justicia Federal de San Lázaro”, un nuevo amparo “en contra del presidente de la República, el Banco de México, la Secretaría de Hacienda, el ISSSTE, el Pensionissste, la Consar, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y el Bansefi, como autoridades responsables”, y que tiene “el propósito de continuar y articular en todo el país la lucha por la abrogación de la Ley del ISSSTE (…)”.
El Frente Nacional contra Wal-Mart expresa, a través de Enrique Bonilla Rodríguez: “Favor de enviar por tu conducto a la periodista Ana Lilia Pérez Mendoza, a quien tuve la oportunidad de tratar en varias ocasiones, que lamentamos los momentos que está pasando, pero ante eso cuenta con nosotros ampliamente para lo que considere conveniente”… Lo propio expresa el periodista Héctor Delgado... El ucraniano Julio Rosovski, conocido en México como Ramírez o Gómez, cumplió 23 años de fallecido el 24 de enero. Usted puede consultar una antología que hice en:
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