En espera de un juicio oral
Por Soledad Jarquín Edgar/corresponsal
Oaxaca, Oax., 27 enero 09 (CIMAC).- Son casi 10 horas de camino desde la ciudad de Oaxaca, las dos y media o tres horas del último tramo se tienen que caminar. En el Rancho el Arenal no hay luz eléctrica, las casas aisladas están en laderas que dibujan abismos profundos como el olvido.
Esta ranchería pertenece a Morelos, una agencia municipal de Santa Cruz Itundujia, Putla. En Morelos, una comunidad de mil 700 habitantes, hace un año un ventarrón los dejó sin techos y derribó algunas paredes. Aquellos primeros dos días de enero de 2008 se recuerdan todos los días, pues el incipiente apoyo institucional no cierra la falta. Algunos recibieron alguna ayuda, otros sólo dos láminas y muchas casas están aún sin levantar del todo.
¿Funcionarios? ¿Programas gubernamentales? No, por aquí no vienen. Excepto en tiempos de campaña electoral y sólo los del “tricolor”. Después nadie se acuerda de la agencia municipal ni de sus rancherías.
El panorama es desolador. La pobreza se palpa y con ella la violencia, el machismo. Nadie se acuerda de esta comunidad, reclama la agente municipal Isabel López Núñez, maestra de profesión que a sus 52 años asumió el 1 de enero este servicio por mandato de la asamblea comunitaria.
Fue ella, quien en el amanecer del 13 de enero pasado recibió a Olivera García, de 47 años, y a su hija Antonina Armengol, de 30 años. Oliveria tenía sangre en la cara. La ceja izquierda estaba cortada. Sus ropas rasgadas y su cabello revuelto. Su hija también estaba sucia de tierra. Las dos mujeres se presentaron para denunciar la agresión de Gerardo Panuncio Armengol, esposo y padre, de quien se defendieron y dejaron tirado a 30 metros fuera de la casa en el Arenal.
Está sería la última vez que le pondría la mano encima, pensó Olivera cuando se decidió caminar dos horas y media o tres en medio de la oscuridad del nuevo día para denunciar a su esposo. Olivera debe medir un metro con 40 centímetros, está muy delgada.
Aunque tiene 47 años, parece una mujer de 70. Su rostro, cabeza y cuerpo son el mapa de 30 años de violencia. Le faltan tres dientes y tres molares, los perdió hace varios años cuando Panuncio, con quien se casó sólo por la iglesia, le pegó con una escopeta en la boca.
A veces le pegaba cada tercer día, “si no es que diario”, tercia Antonina, sentada en el otro extremo de un sillón, mientras esperan ser valoradas por una médica en la ciudad de Oaxaca.
Sobre ella llovieron puñetazos, cintarazos, machetazos, en otra ocasión, a ella como a sus hijas les lanzaba leños ardientes que sacaba del fogón, alguna vez la persiguió y le “roció” una carga del mismo rifle que su hermano le prestaba.
La misma suerte corrieron sus hijas, principalmente Antonina y Carolina, que narran cómo saltaban las balas a su alrededor, mientras su padre les gritaba que, como eran mujeres, no servían para nada, excepto para putas.
Al ver la condición de Olivera, la profesora Isabel López le tomó fotografías y la mandó al centro de Salud para que fuera valorada por el médico pasante.
Después, se dirigió a El Arenal para ver la condición de Panuncio. “Lo encontramos tirado afuera de la casa, pero estaba muerto”, explica en entrevista la agente. Regresé para dar aviso a las autoridades judiciales de Chalcatongo y le comuniqué a Olivera que su esposo estaba muerto. Me miró y me dijo, aquí estoy, no voy a irme, porque sólo me defendí y defendí a mi hija.
Más tarde llegaron los judiciales, se fueron hasta El Arenal, en la casa de Panuncio hicieron la autopsia y luego vinieron por Olivera y Antonina a Tlaxiaco donde estuvieron detenidas y fueron liberadas horas más tarde.
De acuerdo con el abogado de CEDHAPI, Rufino Benítez Sánchez, las dos mujeres fueron detenidas de manera arbitraria por lo que no hubo flagrancia. Ahora el Ministerio Público reúne los elementos de pruebas necesarias y se espera que pronto sean llevadas a un juicio oral, donde se expondrá que Olivera, como su hija, actuó en legítima defensa.
Parte de los ocho hijos de Olivera (otros cuatro murieron por abortos tras las golpizas de Panuncio) se habían reunido aquel fin de semana pues el martes 13 Gilberto, el quinto hijo de la familia, se casaba. Para Panuncio la fiesta con aguardiente empezó desde la tarde del viernes.
El lunes por la noche, Olivera le pidió a esposo que dejara de beber y que se fuera a descansar para que estuviera listo en la boda de Gil. “Le puse su petate pero se negó, dijo que en su vida el mandaba. Luego a gritos me dijo que yo me creía mucho porque estaban mis hijas de visita, pero que ni eso me salvaría de nada, empezó a golpearme y me rompió la ceja de una patada.
Yo creo que me desmayé, narra, Antonina entró y le dijo que ya le parara, que no fuera necio y como la mandó a la chingada, ella se dio a vuelta para irse. Pero, dice Antonina que la alcanzó del cabello, la arrastró y la empezó a patear.
Fue entonces cuando Olivera se incorporó, vio a Panuncio golpeando a su hija, tomó un trozo de leña y le pegó en la cabeza. “El hombre se quedó medio quieto, se levantó, caminó un poco y luego se rodó, nosotras aprovechamos para salir a denunciar antes que despertara, no creí que se había muerto, no quería matarlo”.
OLIVERA, VIDA Y VIOLENCIA
Olivera quedó huérfana de madre a los tres días nacida. Su padre la regaló a sus padrinos quienes la criaron. A esa casa llegaba Panuncio, vio a Olivera y la pidió para llevársela. Tres meses después de haberse juntado con ella la golpeó por primera vez. Sus padrinos fueron por ella. Él prometió que no volvería a pasar.
Ellos la entregaron con la condición que se casaran. Así fue. Pero nunca dejó de golpearla.
Antonina recuerda que muchas veces presenció las golpizas de su padre, que le dejaba la cara hinchada y muy morada a su mamá. Otras veces sangrando. También recuerda cuando le tiró los dientes. Carolina –quien se fue hace dos años de la casa-- narra en una carta que cuando su papá le tiró los dientes a Olivera, tenía ocho años y que no podría olvidar nunca lo sucedido.
En dos ocasiones, Olivera denunció a Panuncio, pero nunca lo agarraron, siempre huía, se iba al monte. Además, estaba amenazada y “decía que la ley era él”.
Olivera cuenta que Panuncio, además de alcohol, fumaba marihuana. Muchas veces era azuzado por su familia, “le decían chismes”. Así, volvía y la golpeaba al igual que al resto de sus hijas e hijos. Las mujeres no fueran a la escuela. Olivera como su hija Antonina no saben leer ni escribir. Las otras mujeres se fueron de la casa, unas se casaron y otras trabajan en la Ciudad de México. Sólo vivían en la casa Gilberto, Rafaela y Manuelito, los dos últimos menores de edad, que estudian la primaria.
SOLIDARIDAD FEMENINA
Josefa Sánchez García ha sido encargada del DIF Municipal de Santa Cruz Itundujia, la cabecera municipal en dos ocasiones, por eso conoce el caso de Olivera, quien “alguna vez buscó justicia, pero no se halló en el ánimo y volvió con Panuncio. Eso le pasa a muchas mujeres de aquí, tienen miedo, conozco un solo caso donde la mujer si decidió irse de la casa, separarse”.
Josefa Sánchez refiere que en estas comunidades es común la extrema violencia hacia las mujeres, derivado del machismo que existe en la zona.
En ello, coincide la agente municipal de Morelos, Isabel López, quien sostiene que las mujeres tienen mucho miedo, nadie denuncia, “si les preguntas qué te pasó, por qué tienen moretones o heridas en la cara, ellas dicen que se cayeron en el monte o cosas así”.
Al enterarse de los hechos, Josefa Sánchez pidió la intervención el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (CEDHAPI) para que defendiera a Olivera. En tanto Isabel López tomó fotografías para documentar la agresión que recibió Olivera y su hija.
Los hechos tienen preocupada la gente del pueblo, en especial a las mujeres, que dicen que si tienen que declarar van a hablar porque aquí todo el mundo sabía la vida que Panuncio le daba a Olivera.
EL JUICIO
Yo creo que Olivera actúo en defensa propia, no lo dudo. Sostiene Isabel López, quien expone que espera que durante el juicio oral que se realizará debe favorecer a esta mujer que con valentía defendió a su hija.
Los únicos que no están de acuerdo es la familia de Panuncio, quien incluso amenazó que si Olivera va a El Arenal podría ser peor. Ella, dice tímidamente que teme por su vida y la de su familia y pide que alguien le “extienda un papel que la proteja”.
Olivera espera el juicio, pero está tranquila “lo que hice fue en defensa propia”, argumenta la mujer a la que le hubiera gustado ser maestra “o algo así, pero no pude porque siempre fui pobre y sin oportunidades”.
09/SJE/GG
Por Soledad Jarquín Edgar/corresponsal
Oaxaca, Oax., 27 enero 09 (CIMAC).- Son casi 10 horas de camino desde la ciudad de Oaxaca, las dos y media o tres horas del último tramo se tienen que caminar. En el Rancho el Arenal no hay luz eléctrica, las casas aisladas están en laderas que dibujan abismos profundos como el olvido.
Esta ranchería pertenece a Morelos, una agencia municipal de Santa Cruz Itundujia, Putla. En Morelos, una comunidad de mil 700 habitantes, hace un año un ventarrón los dejó sin techos y derribó algunas paredes. Aquellos primeros dos días de enero de 2008 se recuerdan todos los días, pues el incipiente apoyo institucional no cierra la falta. Algunos recibieron alguna ayuda, otros sólo dos láminas y muchas casas están aún sin levantar del todo.
¿Funcionarios? ¿Programas gubernamentales? No, por aquí no vienen. Excepto en tiempos de campaña electoral y sólo los del “tricolor”. Después nadie se acuerda de la agencia municipal ni de sus rancherías.
El panorama es desolador. La pobreza se palpa y con ella la violencia, el machismo. Nadie se acuerda de esta comunidad, reclama la agente municipal Isabel López Núñez, maestra de profesión que a sus 52 años asumió el 1 de enero este servicio por mandato de la asamblea comunitaria.
Fue ella, quien en el amanecer del 13 de enero pasado recibió a Olivera García, de 47 años, y a su hija Antonina Armengol, de 30 años. Oliveria tenía sangre en la cara. La ceja izquierda estaba cortada. Sus ropas rasgadas y su cabello revuelto. Su hija también estaba sucia de tierra. Las dos mujeres se presentaron para denunciar la agresión de Gerardo Panuncio Armengol, esposo y padre, de quien se defendieron y dejaron tirado a 30 metros fuera de la casa en el Arenal.
Está sería la última vez que le pondría la mano encima, pensó Olivera cuando se decidió caminar dos horas y media o tres en medio de la oscuridad del nuevo día para denunciar a su esposo. Olivera debe medir un metro con 40 centímetros, está muy delgada.
Aunque tiene 47 años, parece una mujer de 70. Su rostro, cabeza y cuerpo son el mapa de 30 años de violencia. Le faltan tres dientes y tres molares, los perdió hace varios años cuando Panuncio, con quien se casó sólo por la iglesia, le pegó con una escopeta en la boca.
A veces le pegaba cada tercer día, “si no es que diario”, tercia Antonina, sentada en el otro extremo de un sillón, mientras esperan ser valoradas por una médica en la ciudad de Oaxaca.
Sobre ella llovieron puñetazos, cintarazos, machetazos, en otra ocasión, a ella como a sus hijas les lanzaba leños ardientes que sacaba del fogón, alguna vez la persiguió y le “roció” una carga del mismo rifle que su hermano le prestaba.
La misma suerte corrieron sus hijas, principalmente Antonina y Carolina, que narran cómo saltaban las balas a su alrededor, mientras su padre les gritaba que, como eran mujeres, no servían para nada, excepto para putas.
Al ver la condición de Olivera, la profesora Isabel López le tomó fotografías y la mandó al centro de Salud para que fuera valorada por el médico pasante.
Después, se dirigió a El Arenal para ver la condición de Panuncio. “Lo encontramos tirado afuera de la casa, pero estaba muerto”, explica en entrevista la agente. Regresé para dar aviso a las autoridades judiciales de Chalcatongo y le comuniqué a Olivera que su esposo estaba muerto. Me miró y me dijo, aquí estoy, no voy a irme, porque sólo me defendí y defendí a mi hija.
Más tarde llegaron los judiciales, se fueron hasta El Arenal, en la casa de Panuncio hicieron la autopsia y luego vinieron por Olivera y Antonina a Tlaxiaco donde estuvieron detenidas y fueron liberadas horas más tarde.
De acuerdo con el abogado de CEDHAPI, Rufino Benítez Sánchez, las dos mujeres fueron detenidas de manera arbitraria por lo que no hubo flagrancia. Ahora el Ministerio Público reúne los elementos de pruebas necesarias y se espera que pronto sean llevadas a un juicio oral, donde se expondrá que Olivera, como su hija, actuó en legítima defensa.
Parte de los ocho hijos de Olivera (otros cuatro murieron por abortos tras las golpizas de Panuncio) se habían reunido aquel fin de semana pues el martes 13 Gilberto, el quinto hijo de la familia, se casaba. Para Panuncio la fiesta con aguardiente empezó desde la tarde del viernes.
El lunes por la noche, Olivera le pidió a esposo que dejara de beber y que se fuera a descansar para que estuviera listo en la boda de Gil. “Le puse su petate pero se negó, dijo que en su vida el mandaba. Luego a gritos me dijo que yo me creía mucho porque estaban mis hijas de visita, pero que ni eso me salvaría de nada, empezó a golpearme y me rompió la ceja de una patada.
Yo creo que me desmayé, narra, Antonina entró y le dijo que ya le parara, que no fuera necio y como la mandó a la chingada, ella se dio a vuelta para irse. Pero, dice Antonina que la alcanzó del cabello, la arrastró y la empezó a patear.
Fue entonces cuando Olivera se incorporó, vio a Panuncio golpeando a su hija, tomó un trozo de leña y le pegó en la cabeza. “El hombre se quedó medio quieto, se levantó, caminó un poco y luego se rodó, nosotras aprovechamos para salir a denunciar antes que despertara, no creí que se había muerto, no quería matarlo”.
OLIVERA, VIDA Y VIOLENCIA
Olivera quedó huérfana de madre a los tres días nacida. Su padre la regaló a sus padrinos quienes la criaron. A esa casa llegaba Panuncio, vio a Olivera y la pidió para llevársela. Tres meses después de haberse juntado con ella la golpeó por primera vez. Sus padrinos fueron por ella. Él prometió que no volvería a pasar.
Ellos la entregaron con la condición que se casaran. Así fue. Pero nunca dejó de golpearla.
Antonina recuerda que muchas veces presenció las golpizas de su padre, que le dejaba la cara hinchada y muy morada a su mamá. Otras veces sangrando. También recuerda cuando le tiró los dientes. Carolina –quien se fue hace dos años de la casa-- narra en una carta que cuando su papá le tiró los dientes a Olivera, tenía ocho años y que no podría olvidar nunca lo sucedido.
En dos ocasiones, Olivera denunció a Panuncio, pero nunca lo agarraron, siempre huía, se iba al monte. Además, estaba amenazada y “decía que la ley era él”.
Olivera cuenta que Panuncio, además de alcohol, fumaba marihuana. Muchas veces era azuzado por su familia, “le decían chismes”. Así, volvía y la golpeaba al igual que al resto de sus hijas e hijos. Las mujeres no fueran a la escuela. Olivera como su hija Antonina no saben leer ni escribir. Las otras mujeres se fueron de la casa, unas se casaron y otras trabajan en la Ciudad de México. Sólo vivían en la casa Gilberto, Rafaela y Manuelito, los dos últimos menores de edad, que estudian la primaria.
SOLIDARIDAD FEMENINA
Josefa Sánchez García ha sido encargada del DIF Municipal de Santa Cruz Itundujia, la cabecera municipal en dos ocasiones, por eso conoce el caso de Olivera, quien “alguna vez buscó justicia, pero no se halló en el ánimo y volvió con Panuncio. Eso le pasa a muchas mujeres de aquí, tienen miedo, conozco un solo caso donde la mujer si decidió irse de la casa, separarse”.
Josefa Sánchez refiere que en estas comunidades es común la extrema violencia hacia las mujeres, derivado del machismo que existe en la zona.
En ello, coincide la agente municipal de Morelos, Isabel López, quien sostiene que las mujeres tienen mucho miedo, nadie denuncia, “si les preguntas qué te pasó, por qué tienen moretones o heridas en la cara, ellas dicen que se cayeron en el monte o cosas así”.
Al enterarse de los hechos, Josefa Sánchez pidió la intervención el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (CEDHAPI) para que defendiera a Olivera. En tanto Isabel López tomó fotografías para documentar la agresión que recibió Olivera y su hija.
Los hechos tienen preocupada la gente del pueblo, en especial a las mujeres, que dicen que si tienen que declarar van a hablar porque aquí todo el mundo sabía la vida que Panuncio le daba a Olivera.
EL JUICIO
Yo creo que Olivera actúo en defensa propia, no lo dudo. Sostiene Isabel López, quien expone que espera que durante el juicio oral que se realizará debe favorecer a esta mujer que con valentía defendió a su hija.
Los únicos que no están de acuerdo es la familia de Panuncio, quien incluso amenazó que si Olivera va a El Arenal podría ser peor. Ella, dice tímidamente que teme por su vida y la de su familia y pide que alguien le “extienda un papel que la proteja”.
Olivera espera el juicio, pero está tranquila “lo que hice fue en defensa propia”, argumenta la mujer a la que le hubiera gustado ser maestra “o algo así, pero no pude porque siempre fui pobre y sin oportunidades”.
09/SJE/GG
Seminaristas con VIH podrían ser pederastas, dijo
OSC de Puebla demandarán ante Conapred a Arzobispo
Por Kara Castillo/corresponsal
Puebla, Pue., 27 enero 09 (CIMAC).- El Arzobispo de Puebla, Rosendo Huesca Pacheco, será evidenciado ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), luego de la infortunada declaración en la que informó que se prohibía el ingreso al Seminario Palafoxiano a personas con resultados positivos en las pruebas de VIH, pues podrían ser pederastas.
En su rueda de prensa dominical, el prelado dijo: “Se someten a pruebas (los seminaristas) inclusive del VIH, para que no se nos cuele un enfermo, estamos atentos a esto, no estamos dormidos, pero a veces las cosas nos rebasan, pero si están enfermos no los aceptamos”.
Ante ello, la Comisión de Derechos Humanos de Puebla (CDHP) y organizaciones defensoras de los derechos humanos acusaron que la práctica viola la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación y exhortaron al jerarca católico a informarse, pues la declaración no sólo revela desconocimiento de la Ley federal, sino un ánimo discriminatorio atroz y poco cristiano.
Las declaraciones del sacerdote se hicieron en el contexto del anuncio de los mecanismos para garantizar que en el proceso de ingreso de los aspirantes al seminario, según explicó a la prensa local, de tal manera que no se aceptaran a hombres “con tendencias homosexuales o a pederastas”.
Agregó el Arzobispo que “estarán atentos para identificar conductas impropias de los sacerdotes, que pongan en riesgo a los feligreses, como la pederastia, por lo que aquellos que deseen sumarse a la iglesia deberán someterse a evaluaciones rigurosas”.
DISCRIMINACIÓN E IGNORANCIA
Esta declaración, coincidieron activistas sociales, es una clara discriminación contra las personas que viven con VIH/SIDA, es una violación a sus Derechos Humanos. Además, el rechazo social es un obstáculo para la atención de los pacientes.
Precisaron que la discriminación responde a la ignorancia sobre las formas y riesgos de transmisión de esta infección y a la creencia de que todas las personas que viven con VIH o SIDA son homosexuales, trabajadores sexuales y usuarios de drogas por vía intravenosa.
“Se viola el derecho constitucional de las personas que desean ser sacerdotes, afirmó Brahim Zamora, representante de la red democracia y sexualidad (Demisex), quien cuestionó “yo quisiera que el jerarca explicara cómo es que una prueba de VIH previene la pederastia. No sé si el sacerdote Nicolás Aguilar se sometió a una prueba Elisa o una prueba rápida para detectar el virus. No entendemos por qué vivir con el virus podría entorpecer el ministerio”, preguntó.
“Lo que se deja ver es el absoluto desconocimiento de la ley y del abordaje incluso científico en el que ha avanzado para plantearse la pandemia”, explicó el activista.
Olvida también el Arzobispo, señaló Zamora, que según la norma establecida por la Federación, para realizar cualquier prueba es necesario el consentimiento informado, confidencial y voluntario.
Ésta no puede ser impuesta bajo ningún criterio ni como requisito para el acceso a bienes y servicios, contraer matrimonio, obtener empleo, formar parte de instituciones educativas o para recibir atención médica. Tampoco será causal para la rescisión de un contrato laboral, la expulsión de una escuela, la evacuación de una vivienda, la salida del país o el ingreso al estado. La prueba sólo debe servir para garantizar la protección de la salud de cada persona, detalló.
“Con esta declaración, señaló Onán Vázquez, de Vida Plena, el Arzobispo detiene y retrasa el trabajo de las organizaciones que trabajamos para la prevención de la pandemia, esta visión del jerarca es la que preocupa, pues el VIH es un virus, no un crimen, lo que debe atacarse es el padecimiento, no a las personas. Su declaración incrementa el estigma y la discriminación, convirtiéndose en barreras que dificultan el acceso a realizarse cualquier diagnóstico de VIH debido al miedo que provoca su criminalización y exclusión”.
La reducción del estigma es factor clave para prevenir la transmisión sexual de las ITS, aseguraron los activistas, quienes afirmaron que la declaración del prelado será llevada hasta Conapred, quien podría emitir una recomendación y quizá ofrecer cursos para el seminario y organismos estatales religiosos.
Antonia Silva, responsable del programa de Gestión y Atención para personas con VIH/SIDA y Lupos de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla, consideró preocupante la declaración del Arzobispo, pues es un acto discriminatorio de los Derechos Humanos.
“Nosotros, en el afán de defender los Derechos Humanos, exhortamos e invitamos a la autoridad eclesiástica a fin de que se informe y eviten las prácticas discriminatorias por una enfermedad o situación. Los Derechos Humanos nos asisten a todos independientemente de cualquier circunstancia”, precisó Silva.
09/KC/GG
OSC de Puebla demandarán ante Conapred a Arzobispo
Por Kara Castillo/corresponsal
Puebla, Pue., 27 enero 09 (CIMAC).- El Arzobispo de Puebla, Rosendo Huesca Pacheco, será evidenciado ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), luego de la infortunada declaración en la que informó que se prohibía el ingreso al Seminario Palafoxiano a personas con resultados positivos en las pruebas de VIH, pues podrían ser pederastas.
En su rueda de prensa dominical, el prelado dijo: “Se someten a pruebas (los seminaristas) inclusive del VIH, para que no se nos cuele un enfermo, estamos atentos a esto, no estamos dormidos, pero a veces las cosas nos rebasan, pero si están enfermos no los aceptamos”.
Ante ello, la Comisión de Derechos Humanos de Puebla (CDHP) y organizaciones defensoras de los derechos humanos acusaron que la práctica viola la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación y exhortaron al jerarca católico a informarse, pues la declaración no sólo revela desconocimiento de la Ley federal, sino un ánimo discriminatorio atroz y poco cristiano.
Las declaraciones del sacerdote se hicieron en el contexto del anuncio de los mecanismos para garantizar que en el proceso de ingreso de los aspirantes al seminario, según explicó a la prensa local, de tal manera que no se aceptaran a hombres “con tendencias homosexuales o a pederastas”.
Agregó el Arzobispo que “estarán atentos para identificar conductas impropias de los sacerdotes, que pongan en riesgo a los feligreses, como la pederastia, por lo que aquellos que deseen sumarse a la iglesia deberán someterse a evaluaciones rigurosas”.
DISCRIMINACIÓN E IGNORANCIA
Esta declaración, coincidieron activistas sociales, es una clara discriminación contra las personas que viven con VIH/SIDA, es una violación a sus Derechos Humanos. Además, el rechazo social es un obstáculo para la atención de los pacientes.
Precisaron que la discriminación responde a la ignorancia sobre las formas y riesgos de transmisión de esta infección y a la creencia de que todas las personas que viven con VIH o SIDA son homosexuales, trabajadores sexuales y usuarios de drogas por vía intravenosa.
“Se viola el derecho constitucional de las personas que desean ser sacerdotes, afirmó Brahim Zamora, representante de la red democracia y sexualidad (Demisex), quien cuestionó “yo quisiera que el jerarca explicara cómo es que una prueba de VIH previene la pederastia. No sé si el sacerdote Nicolás Aguilar se sometió a una prueba Elisa o una prueba rápida para detectar el virus. No entendemos por qué vivir con el virus podría entorpecer el ministerio”, preguntó.
“Lo que se deja ver es el absoluto desconocimiento de la ley y del abordaje incluso científico en el que ha avanzado para plantearse la pandemia”, explicó el activista.
Olvida también el Arzobispo, señaló Zamora, que según la norma establecida por la Federación, para realizar cualquier prueba es necesario el consentimiento informado, confidencial y voluntario.
Ésta no puede ser impuesta bajo ningún criterio ni como requisito para el acceso a bienes y servicios, contraer matrimonio, obtener empleo, formar parte de instituciones educativas o para recibir atención médica. Tampoco será causal para la rescisión de un contrato laboral, la expulsión de una escuela, la evacuación de una vivienda, la salida del país o el ingreso al estado. La prueba sólo debe servir para garantizar la protección de la salud de cada persona, detalló.
“Con esta declaración, señaló Onán Vázquez, de Vida Plena, el Arzobispo detiene y retrasa el trabajo de las organizaciones que trabajamos para la prevención de la pandemia, esta visión del jerarca es la que preocupa, pues el VIH es un virus, no un crimen, lo que debe atacarse es el padecimiento, no a las personas. Su declaración incrementa el estigma y la discriminación, convirtiéndose en barreras que dificultan el acceso a realizarse cualquier diagnóstico de VIH debido al miedo que provoca su criminalización y exclusión”.
La reducción del estigma es factor clave para prevenir la transmisión sexual de las ITS, aseguraron los activistas, quienes afirmaron que la declaración del prelado será llevada hasta Conapred, quien podría emitir una recomendación y quizá ofrecer cursos para el seminario y organismos estatales religiosos.
Antonia Silva, responsable del programa de Gestión y Atención para personas con VIH/SIDA y Lupos de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla, consideró preocupante la declaración del Arzobispo, pues es un acto discriminatorio de los Derechos Humanos.
“Nosotros, en el afán de defender los Derechos Humanos, exhortamos e invitamos a la autoridad eclesiástica a fin de que se informe y eviten las prácticas discriminatorias por una enfermedad o situación. Los Derechos Humanos nos asisten a todos independientemente de cualquier circunstancia”, precisó Silva.
09/KC/GG
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