TIEMPO DE MUJERES

La mitad del país, contra el aborto

GLADIS TORRES RUIZ

MEXICO, D.F., 28 de septiembre (apro-cimac).- Con la mitad del territorio nacional en contra del aborto, ignorando el artículo 4 de la Constitución, el país regresa a la época de La Colonia, cuando las mujeres no tenían más remedio que "aceptar las y los hijos que llegaran". En México seis de cada 10 embarazos no son deseados o planeados, según la Encuesta Nacional de Salud Reproductiva 2003 (ENSAR 2003). Se calcula que cada año unas 120 mil mujeres buscan tratamiento en los hospitales públicos por complicaciones causadas por abortos mal practicados.

Sin embargo y a pesar de que la Constitución establece en su artículo 4, escrito en los años 70, que "toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número de espaciamiento de sus hijas e hijos", desde octubre de 2008 en los congresos locales de 15 estados se han venido realizado reformas constitucionales para criminalizar el aborto y el uso de métodos anticonceptivos, como la Pastilla de Anticoncepción de Emergencia (PAE) y el dispositivo intrauterino (DIU).

Los grandes actores en este retroceso han sido el PAN y el PRI, en alianza coyuntural apoyada por integrantes de otros partidos, como el PVEM, realizando modificaciones que criminalizan el aborto y pasan por encima de los derechos y decisiones de las mexicanas. A esos 15 estados se suma Chihuahua, que aprobó la reforma en 1994. La enmienda más reciente fue aprobada en el congreso oaxaqueño, hace apenas dos semanas. A pesar de que ésta entidad es una de las más pobres del país, se convirtió en el estado número 16 en penalizar el derecho de las mujeres a elegir libre y voluntariamente su maternidad. Al respecto, la Coalición por la Salud de las Mujeres (CSM), en donde convergen 12 organizaciones, ha señalado en reiteradas ocasiones que las reformas realizadas en la mitad del país impactarán las políticas públicas en temas como acceso real en los servicios públicos al aborto previstos en las causales existentes.

También, en restricciones en políticas de planificación familiar, incluyendo la PAE, el DIU, el abasto de métodos anticonceptivos en los servicios públicos y en la investigación en células madres y reproducción asistida. Diversas investigaciones sostienen que, en la sociedad mexicana, la maternidad es un acto que enaltece. No obstante, a las mujeres se les atribuye como una obligación, sin que puedan hacer valer su derecho ciudadano a una maternidad libre y voluntaria. En 1936, la doctora Ofelia Domínguez Navarro ya trabajaba en una iniciativa semejante a la que desde 1979 defiende el grupo feminista encabezado por la maestra Marcela Lagarde y de los Ríos sobre la Ley de Maternidad Voluntaria, en la que se advierte que, mientras la maternidad sea compulsiva u obligatoria y no un acto de voluntad, las mujeres no serán libres de controlar su propia fecundidad y sexualidad.

En entrevista, el abogado Luis Miguel Cano, del Centro de Análisis Fundar, afirmó que las reformas aprobadas en la mitad de nuestro territorio violentan la Constitución Política del país, en específico el artículo 4, así como la Ley General de Salud y la Norma Oficial Mexicana (NOM-005) de los servicios de planificación familiar y la Norma Oficial Mexicana (NOM-046), en materia de violencia familiar y sexual contra las mujeres. Las y los legisladores que modificaron las legislaciones locales, están dejando de lado la Constitución federal, que indica en el artículo 4 que sólo las mujeres son las que pueden decidir cuántas hijas e hijos desean tener.

Esto aplica a todas las mexicanas, lo que indica que las modificaciones realizadas en los 16 estados parten del desconocimiento y lo que buscan es privar el derecho de las mujeres a decidir. "No se trata de delincuencia; se trata de un derecho que tienen las mexicanas", subrayó. Están usando de pretexto ampliar derechos para restringir otros derechos, contraviniendo la Constitución y los tratados internacionales, enfatizó Cano. Agregó que con estas reformas la única salida jurídica que se les deja a las mexicanas es el recurso del amparo y acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En este sentido, el doctor Juan Antonio Cruz Parcero, del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, señaló que, desde el punto de vista de las reformas, el DIU es un abortivo y, por tanto, tendría que prohibirse pues, en esta lógica, las mujeres que lo utilicen serían delincuentes. Cabe destacar que algunas de las constituciones modificadas, como las de Colima, Guanajuato y Sonora, se contraponen a lo estipulado en programas de salud, como el de prevención de embarazos, toda vez que para algunos médicos la concepción se produce hasta 12 horas después del acto sexual, mientras que la PAE se puede ingerir hasta 72 horas después de éste. En tanto, en Jalisco y Guanajuato el aborto se prohíbe incluso en casos de violación.

En Guanajuato, Puebla y Querétaro se ha procesado y encarcelado a mujeres por haber abortado, y en un acto de "congruencia" con este tipo de políticas, en Jalisco el gobernador panista Emilio González Márquez pretende anular la NOM -046, que permite a las niñas y mujeres abusadas acceder, en las instituciones de salud, a la interrupción legal del embarazo y a la PAE. Estudios nacionales e internacionales reportan que la prohibición del aborto afecta sobre todo a mujeres de escasos recursos y a sus familias. Impedir el acceso a éste no resuelve el problema, sino que agrava la vulnerabilidad de las mujeres, que se ven obligadas a recurrir a abortos clandestinos e inseguros, poniendo en riesgo su salud y su vida.

Por ello y con motivo del 28 de septiembre, Día Internacional por la Despenalización del Aborto, redes de mujeres y sindicatos convocaron a la ciudadanía a participar en la marcha que irá del Monumento a la Madre al Hemiciclo a Juárez, a fin de repudiar las reformas constitucionales aprobadas en 16 estados del país que condenan a las mujeres a la clandestinidad, a la persecución y a la muerte. Según datos de la Secretaría de Salud, sólo en 2006, 149 mil 700 mujeres recibieron tratamiento en hospitales públicos por complicaciones tras haberse practicado un aborto clandestino y por tanto inseguro.