10/03/2009

Los periodistas pal café......


El celular se ha convertido en un medio de comunicación necesario en nuestra vida diaria. En caso de que la Cámara de Diputados apruebe la propuesta de Hacienda de gravar su uso con nuevo impuesto de 4 por ciento ¿quién debe pagarlo? ¡Ni hablar! Las propias compañías telefónicas, opina el ¡97! por ciento de las personas que entrevistamos esta semana. Pero, en el peor de los escenarios, si tuviera que pagarlo el usuario, 63 por ciento opina que cancelaría el servicio, 33 por ciento dice que aún así lo conservaría y 4 por ciento expresó no tener celular.
Metodología
Esta semana enviamos 2 mil 500 cuestionarios a miembros de nuestro foro elegidos al azar, sin ninguna preferencia. Hasta ayer en la tarde habíamos recibido la respuesta de 84 por ciento. Los participantes tienen la opción de razonar sus votos. Enseguida reproducimos algunos fragmentos; todos, en su versión original, pueden leerse en la sección encuestas:
www.elforomexico.com
Opiniones
No tienes amigos, novia, vida social sin el celular. Es más, no tienes chamba sin el celular. Si alguien va a tener que absorber los impuestos, desde luego que va a ser el usuario final; las compañías lo reflejan en la factura, incrementan tu plan, el prepago, etcétera.
José Luis Pimentel/ San Miguel de Allende
La semana pasada, la población tseltal de San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón, Chiapas, recuperó pacíficamente el control de la caseta de cobro de las cascadas de Agua Azul, en ejercicio de su legítimo derecho a salvaguardar y administrar los recursos naturales de su territorio. La respuesta del gobierno que encabeza Juan Sabines fue el envío amenazante de aproximadamente 250 policías.
Los indígenas de Bachajón son adherentes de la otra campaña convocada por el EZLN y forman parte de la resistencia a los megaproyectos turísticos que impone el gobierno de Chiapas a las comunidades de la región, por lo que han sido reprimidos y encarcelados en diferentes ocasiones, sin conseguir rendirlos.
El Centro de Derechos Humanos San Bartolomé de las Casas, que ha acompañado a la comunidad y denunciado el constante hostigamiento en su contra, documentó la presencia amenazante de aproximadamente 250 efectivos estatales, quienes se encuentran en el crucero Agua Azul y el poblado de Xhanil, en cinco camiones tipo Torton y 12 patrullas, además de agentes de la Policía Ministerial.
El organismo de derechos humanos explica que la recuperación de la caseta de cobro se determinó después de un “proceso de consulta en asambleas realizadas en los tres centros del ejido: Ch’ich, Centro Alan Sacjun y Centro Bachajón”. Con esta acción los pobladores tseltales reivindican el ejercicio del uso de sus recursos naturales reconocidos por el Convenio 169 de la OIT, que el gobierno mexicano se ha comprometido a respetar.
Al gobierno de Chiapas poco le importan los convenios internacionales que no contemplen la inversión extranjera y el saqueo de los recursos naturales. Innumerables son los ejemplos que lo demuestran: precisamente en esta comunidad, el pasado 17 de abril fue desmantelada la caseta de cobro mediante un operativo en el que participaron policías estatales y federales, violando el derecho al territorio de los pueblos indígenas, atacando su integridad personal y torturando y encarcelando arbitrariamente a los hermanos Antonio y Jerónimo Gómez Saragos.
Ahora, ante el posible desalojo de los ejidatarios y debido a la presión y al claro acto de hostigamiento, circula en Internet una carta de protesta en la que se exige el respeto a los derechos del pueblo tseltal de San Sebastián Bachajón, el retiro de la policía y la liberación de Jerónimo y Antonio Gómez Saragos.
losylasdeabajo@yahoo.com.mx

Carlos Fernández-Vega: México SA
Entre las cuentas del gran capitán y el cuento de la lechera ha transcurrido el desastroso inquilinaje de Felipe Calderón en Los Pinos. De las primeras, tanto ha gastado en picos, palas y azadones que ni un céntimo dejó vivo; del segundo, tanto ha ofrecido, y más incumplido, que a estas alturas del partido su inventario de promesas rebasa, por mucho, cualquier posibilidad literaria de incrementarlas.
Se trata del mismo personaje que ahora promete rendimientos mucho más atractivos en beneficio de los trabajadores si el Congreso le palomea su intención de meterle la mano –sin permiso de sus propietarios– al ahorro de los obligadamente inscritos en las Afore (los susodichos trabajadores), porque se trata, dice, de esquemas, amigas y amigos, en los que todo mundo podrá ganar; ganarán los trabajadores al tener fondos de retiro mucho más sólidos, y ganarán también las inversiones colocadas en infraestructura al tener un mecanismo ágil y sólido también de financiamiento. Ganará finalmente el país, ganará en competitividad, ganará en empleo; ganará, precisamente, en la competitividad de la economía. Cabe destacar, amigas y amigos, que se va a brindar la mayor seguridad a los recursos de los trabajadores invertidos en estos instrumentos, pues los proyectos que serán financiados deberán cumplir, entre una serie de medidas rigurosas, con prácticas de gobierno corporativo y estándares de transparencia que permitan un acceso absoluto a la información de los proyectos, de su manejo operativo y de su manejo financiero.
Promesa del inquilino de Los Pinos. Incumplimiento garantizado. Ahora es el ahorro de los trabajadores en las Afore, ante el rotundo fracaso que, para el mismo fin, significó uno de sus primeros anuncios (marzo de 2007) en materia de infraestructura, o lo que es lo mismo la (tercera) reconcesión de carreteras a la iniciativa privada (léase a las mismas empresas originalmente concesionadas por Carlos Salinas de Gortari y rescatadas por Ernesto Zedillo y Vicente Fox, que a los mexicanos le ha costado algo así como 180 mil millones de pesos, es decir, ICA, GMD y Tribasa, hoy Pinfra). Decía en aquella fecha: “… van a ser carreteras que hicieron particulares hace mucho tiempo, que quebraron con la crisis económica de México de los 90 y que el gobierno invirtió y finalmente saneó esas carreteras. Hoy esas carreteras, algunas de ellas están sanas, están siendo manejadas por el gobierno y concesionar algunas de esas carreteras nos va a dar de un solo golpe el dinero de los próximos años. ¿Y qué vamos a hacer con ese dinero? Lo vamos a meter para iniciar nuevas carreteras, para financiar. De manera tal que sin incurrir en más gasto para los contribuyentes, sin hacerle más apretadas de tuerca al presupuesto, con el mismo presupuesto vamos a hacer el doble de carreteras. Es decir, vamos a tomar el dinero de estas concesiones de carreteras que han sido saneadas, vamos a aplicar ese dinero a nuevas carreteras… concesionar de nuevo esas carreteras nos va a dar de un solo golpe el dinero de los próximos años…”
El golpe se registró, pero el dinero, lejos de llegar, desapareció, y dos años y medio después, quebradas las arcas públicas, con la economía en el suelo, las finanzas públicas en shock y la oligarquía cada vez más exigente, al gerente de Los Pinos se le ocurre la brillante idea de asaltar el ahorro de los trabajadores para garantizar los negocios prometidos a los insaciables barones, sin riesgo alguno para ellos. Y en medio de una crisis fiscal de proporciones históricas, Calderón selecciona el mercado nacional de valores (con Luisito Téllez al frente de la BMV) para que esos mismos barones no sólo hagan sus negocios de infraestructura con dinero ajeno, sino para que una vez más evadan a gusto y con la amplitud del caso el pago de cualquier tipo de impuestos, que para eso existe la masa hambrienta y el 2 por ciento contra la pobreza.
Y como dijo el propio aprendiz de cura, al inaugurar ayer el congreso mundial de la Unión Internacional Cristiana de Dirigentes de Empresas (UNIAPAC), rodeado de ángeles con logotipo de Bimbo y demás consorcios beatos, más allá del dinero y más allá del lucro, y más allá de la ganancia lícita, además; más allá y encima de todo eso, está el gerente de Los Pinos para cocinar el pastel de los grandes negocios con dinero ajeno y la oligarquía para engullirlo.
En vía de mientras, un rápido recorrido por el rescate carretero, cortesía de la Cámara de Diputados: en 1997 la deuda bancaria por el Programa de Rescate Carretero que asumió el gobierno federal ascendió a más de 36 mil millones de pesos, más alrededor de 22 mil que se canalizaron al pago de indemnización de los concesionarios y liquidar las cuentas por pagar de los proyectos, para lo cual se constituyó en Banobras el FARAC, en el que el primero actuó a su vez como fideicomitente y fiduciario, lo cual no está permitido por la ley respectiva.
El costo total del rescate carretero realizado por el gobierno federal en agosto de 1997 creció 210 por ciento entre esa fecha y el cierre de 2008, al pasar de 58 mil 123 millones de pesos a 180 mil 300 millones. Se estima que al pago de intereses de tal salvamento se destinaron alrededor de 100 mil millones de pesos en el periodo 1997-2007, los cuales se registraron en el gasto no programable. Así, de cada peso del erario que se ha involucrado en este salvamento, cerca de 55 centavos se canalizaron al pago de intereses. En busca de garantizar el pago del rescate carretero, el gobierno federal ha destinado crecientes recursos presupuestales, y cometido todo tipo de irregularidades, al tiempo que ha regresado las concesiones carreteras a los grupos empresariales que las quebraron. Y ahora van por el ahorro de los trabajadores.
Las rebanadas del pastel
De la lechera para el inquilino de Los Pinos: con este pensamiento, enajenado, brinca de manera que a su salto violento el cántaro cayó. ¡Pobre! ¡Qué compasión! Adiós leche, dinero, huevos, pollos, lechón, vaca y ternero. ¡Oh loca fantasía! ¡Qué palacios fabricas en el viento! Modera tu alegría, no sea que saltando de contento, al contemplar dichosa tu mudanza, quiebre su cantarillo la esperanza… El dos veces Premio de Economía Banamex, hoy al frente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Guillermo Babatz, asegura que la participación del gobierno estadunidense como accionista principal de Banamex no viola la ley mexicana, porque es una intervención temporal. Excelente y sólida la tesis jurídica de este personaje. Entonces, si algún mortal comete un ilícito y aduce razones de temporalidad, el juez estará obligado a declararlo inocente. Van bien muchachos.
cfvmexico_sa@hotmail.commexicosa@infinitum.com.mx
Enfrentamientos y aviso
Durante la marcha conmemorativa por la matanza del 2 de octubre de 1968, que se desarrolló ayer en esta capital, elementos de la policía y grupos de manifestantes protagonizaron un enfrentamiento que derivó en la detención de 26 personas, 11 de ellas menores de edad, según fuentes oficiales.
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El Correo Ilustrado
Ciudadanos en riesgo desde hace 6 meses
Sobre la polémica que inició el día 29 de septiembre, a raíz de la publicación de un informe de la Cofepris que señala la contaminación de agua con heces fecales en las delegaciones Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco, quiero señalar que la documentación que la comisión ofreció se refiere a dos muestreos realizados en abril y julio pasados. Por lógica, a pesar del escándalo que se genera, la verdad es que de ser cierta la medición de la Cofepris, desde hace 6 meses los habitantes estamos en riesgo. Por tanto, es evidente que alguna autoridad ya conocía el problema y no dijo nada o la autoridad no sabía nada, lo cual significa que la misma no cumple con su deber institucional de mantener un control sanitario periódico y confiable acerca del agua y otros recursos de uso humano.
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En septiembre, el doctor José Ángel Córdova replanteó los escenarios de la influenza A rumbo a la temporada in-vernal. La Secretaría de Salud (Ssa) estima contagios masivos de entre uno y 5 millones, así como una cifra escalofriante de muertes: hasta 3 mil. Todo lo cual ocurriría durante los próximos siete meses.
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Hay dos vías: o siguen las izquierdas partidistas mirándose el ombligo y tratando de resolver sus pugnas con medidas orgánicas, distribución de puestos y canonjías, o se impulsan articulaciones entre las izquierdas partidistas y sociales con un amplio segmento de la ciudadanía afectada por las crisis económica, de seguridad pública y de representación política.
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El 12 de octubre dará inicio en Taxco el Foro Latinoamericano de Universidades Interculturales de los Pueblos y Nacionalidades Originarias y Afrodescendientes, promovido por la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur (Unisur) de Guerrero. Participarán autoridades de educación superior de México y varios países con población indígena y afrodescendiente del subcontinente. Continuará el 13 de octubre en la UAM Xochimilco, al día siguiente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y concluirá el día 15 en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
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Del 29 de septiembre al primero de octubre se llevó a cabo el primer Foro Nacional de Comercio Justo y Producción Orgánica en el Polyforum Cultural Siqueiros. Este encuentro reunió a unas mil 500 personas, entre campesinos, artesanos, productores de alimentos y bebidas orgánicas y naturales. Pero también estuvieron presentes académicos de renombre, líderes sociales, activistas ambientales, personalidades de México y el extranjero, así como ciudadanos que acudieron al llamado de las agrupaciones convocantes para impulsar el movimiento de comercio justo en nuestro país.
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Poderosas potencias económicas compitieron por ser sede de las Olimpiadas en el 2016, entre ellas las dos más industrializadas del planeta: Estados Unidos y Japón. Triunfó sin embargo Río de Janeiro, una ciudad de Brasil.
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De la reciente distribución de presidencias de comisiones legislativas en la Cámara de Diputados, lo que causó cierto revuelo en los mentideros de la política de abajo, la del chismerío tradicional, donde lo importante se soslaya y se abunda en lo superficial, fue la imposición de la diputada panista Gabriela Cuevas en la Comisión del Distrito Federal, que por tradición y por lógica política correspondería al PRD, que gobierna la entidad capitalina y en donde cuenta con amplia mayoría.
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Porfirio Muñoz Ledo
La UNAM al poder

Abyectos plumíferos al servicio del gobierno han activado un movimiento cortalenguas perseguidor de los diputados que actuamos abiertamente como oposición. Les aterra que hayamos pedido la remoción del secretario de Seguridad Pública, en consonancia con la posición adoptada por seis grupos parlamentarios.
Inútil empeño, ya que la verdadera demanda es la dimisión del Ejecutivo, sea por la vía de la revocación de mandato o mediante la simple renuncia, puesto que las solicitudes de juicio político están bloqueadas por la inconsistencia del Senado y la complicidad del Ministerio Público.
La gravedad de la crisis nacional, sumada a la ilegitimidad e incompetencia del régimen, hace urgente ese reemplazo. Las disposiciones constitucionales vigentes prevén que el presidente interino sea designado por mayoría calificada del Congreso, a efecto de sostenerse en un amplio sustento político.
Durante toda nuestra historia constitucional y en la gran mayoría de las legislaciones del mundo la sustitución es automática y en la persona del vicepresidente de la República, el presidente de la Corte o algún otro funcionario que en breve tiempo debe convocar a elecciones para devolver el poder a los ciudadanos.
El Constituyente de 1917 receló de las ambiciones que una sucesión predeterminada podría suscitar y confió el difícil tránsito a un acuerdo político. Sin embargo, en caso de no encontrarse un consenso rápido, el país podría precipitarse en una crisis insalvable. Hemos propuesto en consecuencia un sistema que garantizaría gobernabilidad democrática.
Tales consideraciones, sazonadas por su intuición literaria, determinaron la premonición de Eduardo Huchim en semejante coyuntura. Imaginó en su novela La conjura —enero de 1997— un escenario inteligente que facilitara la sustitución de Ernesto Zedillo, sin mayor trauma para el país. La trama conduce a la designación de Genaro Góngora, entonces prestigiado presidente de la Corte. A falta de acuerdo parlamentario sobre un integrante de la clase política y en recuerdo de la era juarista, optaron por escoger a la cabeza del Poder Judicial, apostando a su solvencia moral y su capacidad de emprender reformas indispensables.
He reflexionado cuál sería hoy la decisión equivalente. Pienso que podría recaer en el rector de la Universidad Nacional, no sólo por ser ésta la institución pública mejor librada de la debacle, sino por el conjunto articulado de competencias que podría movilizar y su indiscutible carácter de conciencia crítica de la nación.
Luego del 2 de octubre cómo olvidar la enjundia de Javier Barros Sierra al asumir la defensa de la integridad universitaria y, con ella, de los valores democráticos. Las acciones del doctor Narro Robles están inspiradas también en la salvaguarda de principios esenciales y en la lucha por un curso independiente y justo del desarrollo.
Hace días advirtió el peligro cercano del “estallido social”. Ha promovido debates informados y patrióticos sobre la cuestión del petróleo, la educación, la ciencia y la tecnología, así como nuestra inserción en el cambio económico global. Ha hablado fuerte e irrebatible.
El rector diagnosticó que hay “miopía en el poder” y denunció que se limitan “a tapar un hoyo financiero, sin perspectiva de mediano y largo plazo”. Demandó un “debate sobre las prioridades nacionales”. Con el modelo actual ni “crecemos lo que se requiere ni la gente vive mejor”.
Ecos válidos de una noble tradición: remite a Justo Sierra: “El saber os hará libres”, y recuerda nuestra deuda con José Vasconcelos: la democratización y la cultura como vehículos de redención. México necesita asideros y certidumbres para escapar de horizontes acorralados.
Inventemos fórmulas de futuro en vez de perversiones del futurismo. Todavía hay tiempo para reaccionar, pero es apremiante e irrepetible. Hago un nuevo llamado a remover la piedra que nos conduce al abismo.
Diputado federal (PT)

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