TIEMPO DE MUJERES

Una historia de impunidad, a 4 años de la muerte de 65 mineros

Exigen comparecencia de titular de Economía por Pasta de Conchos

Por Guadalupe Cruz Jaimes

México DF, 19 feb. 10 (CIMAC).- A cuatro años del siniestro en el que fallecieron 65 mineros, de los que 63 permanecen sepultados en el mina Pasta de Conchos, sus viudas y familiares exigieron la renuncia de Javier Lozano Alarcón, secretario de Trabajo y Previsión Social (STPS) y la comparecencia de Gerardo Ruiz Mateos, titular de la Secretaría de Economía (SE) ante el Congreso de la Unión, por su responsabilidad en la muerte de decenas de trabajadores del carbón, registradas hasta 2009.

Hoy, durante la misa que mes con mes, lleva a cabo “Familia Pasta de Conchos”, integrada por las familias de los mineros fallecidos y organizaciones de la sociedad civil, representantes de esta asociación señalaron que dichos funcionarios permiten la explotación de la zona carbonífera de Coahuila en condiciones inseguras para cientos de trabajadores de la región.

La permisividad de las autoridades del país derivó en el deceso de 41 mineros del carbón, 28 muertes se registraron en operaciones de extracción del mineral y 13 en labores vinculadas. Además de 91 nuevos heridos, señala el cuarto informe Pasta de Conchos: Otros casos, otras minas, la misma muerte, que hoy dieron a conocer integrantes de Familia Pasta de Conchos.

Al respecto, María Trinidad Cantú, madre del carbonero caído Raúl Villasana Cantú, advirtió que su lucha ya no es sólo por la tragedia de Pasta Conchos, sino por el duelo al que ahora se han sumado decenas de familias de mineros caídos en sus centros de trabajo.

Por ello, dijo, es preciso “exigir a la empresa buenas condiciones”, para ello, es necesario que en cumplimiento de sus tareas, la STPS y la SE inspeccionen las minas de la región y obliguen a empresas como Industrial Minera México (IMM) a acatar la normatividad de seguridad e higiene.

Durante la eucaristía, se recordó que esta historia de impunidad inició el 19 de febrero de 2006 cuando ocurrió una explosión en la mina carbonera 8, Unidad Pasta de Conchos, en San Juan Sabinas, Coahuila: 73 mineros quedaron atrapados bajo los escombros, 8 de los cuales fueron rescatados con heridas y quemaduras graves, dos más sin vida y los restos de 63 siguen desde entonces en el yacimiento.

Desde esa fecha, viudas y familiares de los mineros reclaman justicia. Primero, durante estos 4 años ante las autoridades del país, quienes les negaron el interés jurídico, es decir “les cerraron la puerta por la que podían pedir el esclarecimiento del crimen y que el daño fuera reparado”, señaló a Cimacnoticias Manuel Fuentes Muñiz, representante legal de las víctimas.

Ellas, las viudas, madres y hermanas de los mineros muertos, “están enterradas jurídicamente, como sus seres queridos”, las autoridades mexicanas: la STPS, SE, las secretarías de Energía, de Gobernación, además de varios tribunales colegiados”, desconocieron este interés, sin el cual “son fantasmas, sin derecho a exigir justicia”, añadió el abogado laboralista.

Ante “los oídos sordos” de las autoridades mexicanas, quienes durante cuatro años no han fincado responsabilidades entre los funcionarios culpables de la tragedia, 253 familiares directos de 28 de los 63 mineros, cuyos restos siguen bajos los escombros, entregaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el martes pasado.

Con esta petición al máximo tribunal en impartición de justicia de la región, las y los deudos buscan que la CIDH recomiende al Estado mexicano que se recuperen los restos de los carboneros, esclarezca los hechos, sancione a los responsables, repare el daño cometido por las instituciones gubernamentales y “sobre todo” la garantía de que la tragedia de Pasta de Conchos no se repetirá.

Para que no vuelva a ocurrir un siniestro en la zona carbonífera de Coahuila es necesario que el gobierno federal priorice los derechos humanos y laborales de las y los trabajadores, establecidos en la Carta Magna y en la Ley Federal del Trabajo, sobre los intereses millonarios empresariales, como Grupo México, propiedad de Germán Larrea, a quien le pertenece a la concesión de IMM, indicó Manuel Fuentes.

En tanto, las 65 viudas de los mineros de Pasta de Conchos sobreviven con pensiones “ilegales”, que en promedio ascienden a 26 pesos diarios, cuando Grupo México les ofreció el pago triple del salario que percibían los trabajadores que iba de 100 a 300 pesos por jornada, refirió el experto en justicia laboral.

Pese a esta circunstancia, una veintena de viudas y familiares continúan resguardando la mina 8, según informó a Cimacnoticias María Trinidad Cantú, para impedir que el yacimiento sea sellado. Estas guardias iniciaron el 15 de mayo de 2008, ocasión en que personal de IMM intentó entrar a la mina con este fin.

RECUENTO

Cinco días después de la tragedia, Minera México, presidida por Francisco Javier García Quevedo, suspendió el rescate, con el argumento de que al interior de la mina había “altas” concentraciones de gas que impedían la subsistencia humana.

En 2006 la denuncia del siniestro y la demanda de justicia por parte de las familias, resultaron en dos recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos una en 2006 y la segunda tres años después, sin que a la fecha el gobierno mexicano las acate.

Ese mismo año, Familia Pasta de Conchos interpuso una queja ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por la falta de ratificación del país de los Convenios 81, 174 y 176 sobre la inspección de trabajo, prevención de accidentes y seguridad en minas, respectivamente. En 2009, la OIT dio la razón a las víctimas.

En marzo de 2007 la Procuraduría de Justicia de Coahuila giró cinco órdenes de aprehensión por homicidio culposo contra funcionarios “menores” de IMM. Ellos depositaron 180 mil pesos para cada familia y con ello, según la ley estatal, repararon el daño.

Funcionarios estatales y de IMM visitaron a las familias advirtiéndoles que sólo tenían 10 días para cobrar o de lo contrario perderían el pago, cuando por ley son 10 años. La mayoría firmó sin saber que con ello otorgaba el perdón y se cerraba la posibilidad de llevar a la empresa a juicio.

El 4 de abril de 2007, IMM canceló las obras de rescate de forma definitiva, con 40 por ciento de la mina rehabilitada. Lo decidió pagando peritajes que afirmaban que 25 por ciento aún no explorado en la mina contenía agua contaminada con el Virus de Inmunodeficiencia Humana, tuberculosis, lo cual a decir de la empresa, pondría arriesgar la vida de rescatistas.

Familia Pasta de Conchos solicitó la intervención de Javier Lozano, pero el funcionario “jamás pidió a la empresa probar su dicho, aunque la mina es una concesión estatal”, aseguran representantes de la organización.

Así como la STPS ignoró la petición de las y los deudos, en su momento la SE a la cual se le solicitó que cancelara la concesión de la mina a IMM hizo lo mismo. Mientras que la Secretaría de Gobernación también les dio la espalda cuando en marzo de 2008, las familias le pidieron, en, que realizara una visita para considerar la viabilidad del rescate.

En junio de ese año, la Presidencia de la República ordenó, mediante un escrito, a la Segob que respondiera a la solicitud de viudas y familiares, pero a la fecha no ha ocurrido.

A decir de Raúl Vera, obispo de Saltillo, quien este día oficio la misa en memoria de los mineros fallecidos, la indiferencia de las autoridades mexicanas en Pasta de Conchos es reflejo de un gobierno que no cumple con la ley y antepone los intereses empresariales.

Este hecho, dijo, se repite en el caso de los trabajadores de la Sección 65 del sindicato minero, de Cananea, Sonora, y las y los cerca de 44 mil trabajadores de Luz y Fuerza del Centro.