Editorial de La Jornada.
Como han señalado los deudos y diversas organizaciones sociales y humanitarias, lo ocurrido en Pasta de Conchos pudo evitarse si las autoridades hubiesen cumplido con su obligación de prevenir, o en su caso sancionar, la cadena de negligencias e incumplimientos a las normativas de seguridad laboral cometidos por Grupo México, propietario de la mina siniestrada.
Al respecto, cobra especial relevancia la evidencia documental de que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) había detectado, 19 meses antes de los hechos, una treintena de irregularidades que ponían en riesgo la salud y la vida de los obreros en Pasta de Conchos y, sin embargo, fue hasta siete meses antes del accidente cuando exigió a la compañía que realizara las adecuaciones correspondientes en el yacimiento, las cuales, de cualquier forma, no se efectuaron.
En los días posteriores al 19 de febrero de 2006, en vez de consagrarse a rescatar a los trabajadores enterrados, esclarecer los hechos y resolver las indignantes condiciones de trabajo de los mineros, el gobierno federal se dedicó a proteger y ocultar las responsabilidades de la parte patronal en la tragedia. En el colmo de la indolencia y la irresponsabilidad, el entonces presidente Vicente Fox llegó a afirmar, cuando ya resultaba innegable que los trabajadores estaban muertos, que continuaban los trabajos de rescate para abastecerlos de oxígeno y de alimentos
, y el vocero de la Presidencia, Rubén Aguilar, señaló que las condiciones de seguridad en la mina eran excelentes
hasta antes de la explosión, en un intento inaceptable por otorgar una exculpación anticipada a la compañía propiedad de Germán Larrea.
Pero el agravio y la infamia en contra de los mineros fue más allá, el gobierno foxista aprovechó la coyuntura para emprender una ofensiva en contra del sindicato minero y su dirigencia, encabezada por Napoleón Gómez Urrutia, quien criticó abiertamente la irresponsabilidad de la empresa y de las autoridades encargadas de supervisar las condiciones laborales imperantes en Pasta de Conchos. En respuesta, el foxismo, que hasta entonces había mantenido buena relación con el líder minero, resucitó viejas y conocidas acusaciones en contra de Gómez Urrutia por presunto desvío de fondos e inició una campaña de acoso judicial en su contra, además de una injerencia abierta e ilegal en la vida interna de la organización, al grado de pretender imponerle, por conducto de la STPS –entonces a cargo de Francisco Salazar Sáenz–, una dirigencia espuria.
Con el tránsito del foxismo al calderonismo no sólo no se revirtió el empecinamiento oficial en contra de los mineros y su sindicato, sino que se recrudeció: así lo demuestra la persistencia del acoso judicial en contra del dirigente máximo del gremio y la ofensiva emprendida, a instancias del actual titular de la STPS, Javier Lozano Alarcón, contra la huelga que la sección 65 del sindicato mantiene desde julio de 2007 en la mina de Cananea, Sonora. Por añadidura, la cruzada antisindical del calderonismo se ha ampliado hacia otros gremios, como actualmente puede observarse con el acoso en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas y con el designio gubernamental de extinguir, vía decreto, al organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, privando así a la organización de su materia de trabajo.
Según puede verse, el gobierno de Felipe Calderón se empeña en llevar a un nuevo nivel la premisa neoliberal: para que un país sea atractivo para los capitales foráneos es necesario adoptar medidas en perjuicio de la clase trabajadora y las organizaciones sindicales. Resulta obligado preguntarse si a ello se refería el michoacano cuando hace unos días, en el contexto de su visita a Davos, Suiza, garantizó a ejecutivos de empresas trasnacionales que su gobierno seguirá impulsando la competitividad
y la certidumbre jurídica
en el país, a efecto de atraer inversiones.
La tragedia que hoy se conmemora constituye, pues, un punto de inflexión a partir del cual se han degradado profundamente las condiciones laborales en el país, se ha pervertido el ejercicio del poder público en beneficio de los intereses del capital y se ha generado, en suma, un panorama de incertidumbre y zozobra crecientes para los asalariados y sus familias.
Persisten evidencias de que Grupo México no quiso rescatar a los sobrevivientes, dice el obispo
Acusa a la STPS de inmoral y corrupta
; luego de 4 años de la explosión aún no se hace justicia
Viernes 19 de febrero de 2010, p. 14
Después de cuatro años de la explosión en la mina Pasta de Conchos, en Coahuila, este gobierno no ha hecho justicia a los familiares de los trabajadores muertos
y persisten las evidencias de que, deliberadamente, Grupo México no quiso rescatar los cuerpos y que, incluso, cuando unilateralmente suspendió las tareas de rescate, todavía había sobrevivientes en el socavón
, denunció el obispo de Saltillo, Raúl Vera.
Pasta de Conchos –señaló el prelado– es el paradigma patente del desprecio que tiene el gobierno de Felipe Calderón por la vida de los trabajadores
.
El obispo habló durante un acto realizado en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en el que se hizo un recuento de los agravios sufridos por los deudos de los mineros en los mil 460 días que llevan en lucha. María Trinidad Cantú, madre de Raúl Villasana, uno de los mineros fallecidos en la explosión, dijo que ya fue admitida una denuncia contra el gobierno mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la negligencia e ilegalidad con que ha actuado en este caso.
Con la voz quebrada sostuvo: tuvimos que recurrir a instancias internacionales porque en cuatro años este gobierno ha estado sordo, mudo y ciego ante nuestras demandas, que se condensan en una sola: que rescate a nuestros muertos
. Si este presidente atendiera los hechos de injusticia, no sería necesario acudir a organizaciones mundiales, puntualizó.
También asistió al acto Oralia Martínez, esposa de Juan Ramón Flores, minero muerto recientemente en el Pocito Ferber, que había sido clausurado y operaba ilegalmente. Con un niño en brazos sentenció: “en este gobierno los empresarios hacen lo quieren, porque les permiten todo; en mi caso, el patrón no pagó ni los gastos funerarios. No se hizo cargo de nada…”
Por su parte, el obispo Vera planteó que la negligencia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para hacer justicia a los mineros fallecidos es producto de la inmoralidad y la corrupción
con que abiertamente ha protegido a Grupo México para que no cumpla sus responsabilidades.
Contundente, añadió que al gobierno de Calderón no le duelen las familias que han penado cuatro años por los cuerpos de sus muertos, igual que no le importa mandar a 44 mil electricistas a la calle para entregar a los empresarios el negocio de la fibra óptica (…) por todos lados vemos en el país pisoteada la dignidad de los mexicanos
.
Este gobierno quiere tapar todo con el argumento de que está enfrascado en una lucha contra el narcotráfico, cuando es evidente que sólo va a haber más muertos y no tendrá frutos de esa batalla mientras no castigue también a los altos políticos que protegen a los delincuentes, así como a los banqueros y financieras que les lavan el dinero, acotó.
Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, comentó que se espera que la CIDH emita una declaración en el sentido de que el gobierno mexicano violó los derechos de los mineros y sus familias, y ordene una investigación seria e imparcial sobre los sucesos. Pasta de Conchos –dijo– no es un hecho aislado, sino clara evidencia de la falta de acceso de los trabajadores a la justicia, con la complicidad entre el gobierno y los empresarios.
En tanto, Carlos Rodríguez, del Centro de Reflexión y Acción Laboral, expuso que de 1989 a la fecha han muerto mil 647 trabajadores en minas y no se ha sancionado a ningún empresario; han permeado la impunidad y el olvido
de las autoridades.
Incluso –precisó–, en el caso de Grupo México no ha habido ningún empacho en difundir sus multimillonarias ganancias, la expansión de sus negocios y sus elevadas cotizaciones en el mercado de valores, enriquecimiento basado en la muerte de trabajadores
y en la sepultura del derecho de huelga, como ahora pretende que ocurra en Cananea
Por violaciones del Estado Mexicano al debido proceso
Acuden a CIDH viudas de mineros de Pasta de Conchos
Por Guadalupe Cruz Jaimes
México DF, 18 febrero 10 (CIMAC).- Ante la falta de justicia y reparación del daño por parte del Estado mexicano en Pasta de Conchos, viudas y familiares de 28 de los 63 mineros fallecidos hace casi cuatro años en la mina 8, ubicada en la zona carbonífera de Coahuila, presentaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El martes pasado, María Trinidad Cantú, madre de Raúl Villasana Cantú, minero caído en la explosión de la mina Pasta de Conchos, suscitada el 19 de febrero de 2006, acompañada por abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), entregó a la CIDH el documento en el que se detallan las violaciones al derecho humano a la vida, al debido proceso y reparación del daño, cometidas por el Estado mexicano en contra de los mineros y las familias de Pasta de Conchos.
“A cuatro años sin solución tuvimos que acudir ante la Comisión, porque de ninguno de los gobiernos panistas de Vicente Fox, y de Felipe Calderón tuvimos respuesta a nuestras peticiones”, refirió Trinidad Cantú, en conferencia de prensa.
Esta demanda de justicia fue presentada por 28 de las 63 familias de los mineros todavía sepultados en el yacimiento, ante la “ineficiencia” de las instancias nacionales. Las y los peticionarios buscan que la CIDH declare que el Estado mexicano violó los derechos humanos de los mineros y sus familiares.
Además, esperan que la Comisión, máximo tribunal en la región, recomiende la realización de una investigación “seria, imparcial y eficaz” para sancionar a los responsables de la muerte de las decenas de trabajadores del carbón.
En la petición, también suscrita por las organizaciones Centro Prodh, el Centro de Reflección y Acción Laboral (Cereal), y el Equipo Nacional de Pastoral Laboral, se solicita a la CIDH que solicite al Estado mexicano el rescate de los 63 restos de los mineros, demanda constante de las familias, desde el día de la tragedia.
Representantes de las asociaciones antes mencionadas, señalaron en la conferencia de prensa que el siniestro en Pasta de Conchos no es un hecho aislado, por el contrario, es resultado de una política laboral que subestima la vida de las y los trabajadores del país, sobre la que se prioriza los intereses económicos de empresas como Grupo México.
Muestra de ello, señaló Carlos Rodríguez, del Cereal, es la repetición de las tragedias a consecuencia de las “pésimas condiciones en las que los mineros están obligados a trabajar”. Y es que, de 2006 a la fecha en la región se registró la muerte de 41 mineros más.
Al respecto, Raúl Vera, obispo de Saltillo, manifestó que en esa zona “seguimos viendo como mueren los mineros en condiciones indignas, Grupo México explota a los trabajadores al máximo, en algunas minas los tiene trabajando en cunclillas”.
Entre las violaciones que cometió el Estado mexicano en Pasta de Conchos están la transgresión al derecho a la vida, a las garantías y protecciones judiciales y el derecho a la integridad personal en perjuicio de 28 mineros fallecidos y 253 familiares, indicó Luis Arriaga Valenzuela, el director del Centro Prodh.
Además, denunciaron, la falta de acceso a la justicia en el caso, es consecuencia de la desregulación en materia laboral y de la complicidad del gobierno y el sector empresarial, que les permite a estos últimos evadir su responsabilidad de garantizar a los mineros del país, y a las y los trabajadores de otros ramos, laborar en condiciones de seguridad e higiene acorde a los derechos de la mano de obra.
Esta es la primera ocasión que el Estado mexicano es denunciado a nivel internacional por los siniestros registrados en la zona carbonífera de Coahuila, este hecho, debido a que la tragedia de Pasta de Conchos fue un evento previsible, como en su momento lo señaló la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Organización Internacional del Trabajo.
Pasta de Conchos llega a la CIDH, después de que viudas y familiares han agotado las instancias nacionales en busca de justicia, sin que a cuatro años del deceso de sus familiares, esta petición haya sido escuchada por las autoridades del país.
“No nos hemos cansado de pedir justicia, no sólo por el rescate de los restos de nuestros hijos, esposos y hermanos, este reclamo también es por los mineros que siguen trabajando en la zona carbonífera”, expresó María Trinidad Cantú, al termino de la rueda de prensa.
Como parte de esta exigencia, mañana como cada 19 de mes, desde abril de 2007, las viudas y familiares realizarán al medio día una misa frente a las oficinas de Grupo México, en Polanco en la ciudad de México, en donde darán a conocer su cuarto informe sobre el caso Pasta de Conchos, al que se suman “otros más” en las minas del carbón, informó Carlos Rodríguez.
Después de la eucaristía, en punto de las 16:00 horas las viudas y familiares de los mineros fallecidos marcharán del Monumento a la Revolución al zócalo capitalino, para pedir la renuncia de Javier Lozano Alarcón, secretario de Trabajo y Previsión Social, añadió el defensor de derechos humanos.
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