Gloria Muñoz Ramírez: Los de Abajo
la fiesta olímpica de invierno que en estos días se celebra en Vancouver, Canadá, tiene como trasfondo el desplazamiento forzado de miles de familias, la expansión del turismo deportivo en tierras indígenas, el aumento de la población sin techo en toda la provincia, una deuda de 6 mil millones de dólares, beneficios para algunas de las compañías con los peores comportamientos sociales y medioambientales, amenazas a libertades civiles básicas y la libre expresión, ataques a los sindicatos y condiciones de trabajo vulnerables para los trabajadores migrantes, destrucción medioambiental sin precedentes y gastos de mil millones de dólares en policía y seguridad.
Estas son las razones que argumenta la Red de Resistencia Olímpica para oponerse a los Juegos Olímpicos de Invierno, en concordancia con la resolución internacional aprobada por los más de mil 500 delegados indígenas que asistieron al Encuentro Intercontinental de Pueblos Indios convocado por el EZLN en Vícam, Sonora, en el que acordaron el rechazo a la competencia deportiva en territorio sagrado y robado de la isla Tortuga, en Vancouver, Canadá.
El 12 al 28 de febrero se realizan los Juegos Olímpicos en la región canadiense de la Columbia Británica. Son sólo 16 días, pero los daños directos y colaterales son más duraderos. Datos publicados por la red advierten que la ciudad se encuentra militarizada con más de 15 mil miembros. Se trata, indican los activistas, “de la mayor presencia militar vista en el oeste de Canadá desde el final de la Segunda Guerra Mundial… Con un policía en cada esquina y helicópteros militares zumbando por encima, Vancouver se parece más al Berlín de posguerra que a un olímpico país de las maravillas”.
Los habitantes de Vancouver convocaron a una semana de acciones contra los juegos, con acciones protagonizadas por los sin techo, indígenas despojados que reclaman las tierras donde se llevan a cabo las competencias y activistas contra la pobreza, entre otros excluidos. Los activistas tratarán de quitar los reflectores a la parafernalia comercial que rodea la justa deportiva y denunciar lo que está tras bambalinas: lugares como el Downtown Eastside, la zona que alberga cerca de 3 mil personas sin techo. El Eastside es el secreto no tan secreto de Vancouver, dice un reportaje de The Guardian.
El movimiento de resistencia ya tuvo la primera marcha reprimida y los primeros arrestos en las calles, pero siguen las acciones para hacer visible la pobreza, el despojo, la marginación y militarización que se vive a un lado de los gigantescos aros de neón.
losylasdeabajo@yahoo.com.mx.
la fiesta olímpica de invierno que en estos días se celebra en Vancouver, Canadá, tiene como trasfondo el desplazamiento forzado de miles de familias, la expansión del turismo deportivo en tierras indígenas, el aumento de la población sin techo en toda la provincia, una deuda de 6 mil millones de dólares, beneficios para algunas de las compañías con los peores comportamientos sociales y medioambientales, amenazas a libertades civiles básicas y la libre expresión, ataques a los sindicatos y condiciones de trabajo vulnerables para los trabajadores migrantes, destrucción medioambiental sin precedentes y gastos de mil millones de dólares en policía y seguridad.
Estas son las razones que argumenta la Red de Resistencia Olímpica para oponerse a los Juegos Olímpicos de Invierno, en concordancia con la resolución internacional aprobada por los más de mil 500 delegados indígenas que asistieron al Encuentro Intercontinental de Pueblos Indios convocado por el EZLN en Vícam, Sonora, en el que acordaron el rechazo a la competencia deportiva en territorio sagrado y robado de la isla Tortuga, en Vancouver, Canadá.
El 12 al 28 de febrero se realizan los Juegos Olímpicos en la región canadiense de la Columbia Británica. Son sólo 16 días, pero los daños directos y colaterales son más duraderos. Datos publicados por la red advierten que la ciudad se encuentra militarizada con más de 15 mil miembros. Se trata, indican los activistas, “de la mayor presencia militar vista en el oeste de Canadá desde el final de la Segunda Guerra Mundial… Con un policía en cada esquina y helicópteros militares zumbando por encima, Vancouver se parece más al Berlín de posguerra que a un olímpico país de las maravillas”.
Los habitantes de Vancouver convocaron a una semana de acciones contra los juegos, con acciones protagonizadas por los sin techo, indígenas despojados que reclaman las tierras donde se llevan a cabo las competencias y activistas contra la pobreza, entre otros excluidos. Los activistas tratarán de quitar los reflectores a la parafernalia comercial que rodea la justa deportiva y denunciar lo que está tras bambalinas: lugares como el Downtown Eastside, la zona que alberga cerca de 3 mil personas sin techo. El Eastside es el secreto no tan secreto de Vancouver, dice un reportaje de The Guardian.
El movimiento de resistencia ya tuvo la primera marcha reprimida y los primeros arrestos en las calles, pero siguen las acciones para hacer visible la pobreza, el despojo, la marginación y militarización que se vive a un lado de los gigantescos aros de neón.
losylasdeabajo@yahoo.com.mx.
Carlos Fernández-Vega: México SA
ratándose de la propiedad de la nación, en términos constitucionales, lo menos que puede esperarse de la autoridad encargada (algunos le llaman responsable) es que cuide y proteja los intereses de los mexicanos, que esté atenta y evite excesos, irregularidades e ilegalidades. Eso se supone que hace, por ejemplo, la Secretaría de Economía, obligada por ley y oficialmente responsable de la política en materia minera, y como parte de ella las concesiones que otorga a particulares.
Pues bien, entre el supuesto y el hecho el resultado es catastrófico, según lo ha documentado la Auditoría Superior de la Federación (ASF), órgano que en su revisión de la Cuenta Pública 2008 deja en claro que la política y las concesiones mineras son un verdadero desastre, a tal grado que comprobó que de las 24 mil 713 concesiones mineras vigentes (hasta ese año) la Secretaría de Economía y áreas especializadas sólo realizó nueve visitas de inspección, lo que indica que la Dirección General de Minas no desempeña su facultad de verificar el cumplimiento de obligaciones de los concesionarios mineros, en términos del artículo 33, fracción 12, del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, ya que en este rubro su eficiencia alcanzó 0.04 por ciento del total de concesiones.
La Ley Minera vigente, expedida en el salinato (26 de junio de 1992, reglamentaria del artículo 27 constitucional), se reformó en tres ocasiones: el 24 de diciembre de 1996, para dar certeza jurídica (una frase muy calderonista, pero utilizada 18 años atrás) a los concesionarios y simplificar el otorgamiento de las concesiones mineras; el 28 de abril de 2005, con la finalidad de que se expida un solo título de concesión minera en sustitución de la práctica de expedir títulos para exploración o explotación, y el 26 de junio de 2006, cuando se le adicionaron reglas para la inversión extranjera. Entre otros grandes resultados destaca el que la explotación de las minas nacionales y la comercialización del producto obtenido beneficia en mayor medida a las grandes empresas, dejando a las pequeñas y medianas la rebanada más delgada del pastel.
Pero más allá de la concentración de la riqueza (la minera, en este caso), la revisión realizada por la ASF da cuenta del ostentoso incumplimiento de la Secretaría de Economía en materia minera, aunque no es la única instancia gubernamental dedicada a cuidarle el negocio al gran capital, en demérito de los trabajadores mineros, como Javier Loinsano Alarcón comprende a la perfección. Así funcionan la dependencia a cargo de Gerardo Ruiz Mateos y sus órganos especializados (la Coordinación General de Minería –CGM–; la Dirección General de Promoción Minera –DGPM– y la Dirección General de Minas –DGM). Por ello, va un rápido paseo por los hallazgos de la Auditoría en le referida revisión:
Para los ejercicios fiscales 2007, 2008 y 2009, la Secretaría de Economía no formuló la política pública en materia minera, en incumplimiento de la ley respectiva, al tiempo que se detectaron actos u omisiones que podrían constituir responsabilidades administrativas. No sólo eso, sino que entre los incumplimientos sobresalen: no fijó indicador para medir el cumplimiento del objetivo de impulsar la creación, desarrollo y consolidación de las empresas mineras; no llevó a cabo acciones específicas para la promoción de la competitividad de y para las empresas mineras; no fijó metas e indicadores en la promoción de la inversión; omitió la verificación de los requisitos, los cuales los solicitantes de concesión minera están obligados a cubrir; exceso en los plazos para la emisión de las proposiciones a titulo y expedición de los títulos de concesión minera; omitió verificar las obligaciones de presentar informes estadísticos, técnicos y contables, de comprobación de obras, de pago de derechos por solicitud de concesión minera, y de pago de derechos por concesión minera; no actualizó las cuotas de inversión en obras y trabajos mineros; no realizó visitas a efecto de verificar el cumplimiento de obligaciones de los concesionarios mineros; los procedimientos de cancelación de las concesiones mineras se iniciaron de forma extemporánea y no se incluye, en el Sistema de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Economía, la totalidad de los indicadores de la Coordinación General de Minería.
Una joya de la eficiencia, con Ruiz Mateos en el trono, que no vigila el cumplimiento de la ley y en nada contribuye al bienestar de los mexicanos. Por ejemplo, en el ejercicio fiscal 2008 la CGM fijó una meta de 7 mil 200 nuevos empleos en el sector (5.2 por ciento más que en 2007). Sin embargo, la dependencia reportó la pérdida de 2 mil 228 empleos en el sector minero en el cuarto trimestre del citado año y justificó que la meta no se alcanzó por la caída, en el trimestre citado, de la demanda externa de minerales, la crisis económica y la baja en los precios de los metales. CGM no fue eficaz en la promoción de la generación de empleos en el ejercicio fiscal de 2008, en incumplimiento del Programa Sectorial de Economía 2007-2012.
Por si fuera poco, con la revisión de los expedientes de la muestra de 114 concesiones vigentes en 2008, la ASF documentó que ni los concesionarios informan a la DGM ni ésta verifica que los concesionarios cumplan con las normas oficiales en materia de seguridad de minas y de equilibrio ecológico y protección al ambiente; la Ley Minera señala que corresponde a la Secretaría de Economía verificar el cumplimiento de los deberes y obligaciones a quienes lleven a cabo la exploración, explotación o beneficio de minerales o sustancias concesibles, e imponer las sanciones correspondientes; de lo anterior, concluye, sólo contó con la información de 3 de 114 concesionarios mineros, un índice de eficacia de apenas 2.6 por ciento. Además, se registraron pago de derechos (de por sí ridículos) por abajo de lo legalmente establecido; por medio del referido muestreo, se documentó que 11 concesionarios pagaron de menos y 18 omitieron los pagos conforme a la cuota que les correspondía en ese ejercicio fiscal, de acuerdo con las hectáreas concesionadas y la fecha del otorgamiento de la concesión.
Y así por el estilo. Eso sí, a la hora de madrear mineros son puntuales y siempre están en primera fila.
Las rebanadas del pastel
Para informarse sobre la visita de Evo Morales al Distrito Federal (próximo domingo) van las siguientes direcciones electrónicas: http://evo-en-mexico.blogspot.com y (Twitter) evoenmexico. Además, en radioamlo, radiamlo.tv y radioSME.
cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx
Enrique Galván Ochoa: Dinero
Las alianzas entre los partidos políticos de izquierda y derecha –PAN y PRD, con sus combinados que incluyen PRI, Panal, Convergencia, Verde y PT– provocan confusión y desilusión a la ciudadanía, según los resultados del sondeo de esta semana. El 59 por ciento de los encuestados no las aprueba, piensa que el fin no justifica los medios, y 28 por ciento opina que generarán más votos en blanco en las elecciones de este año.
Sondeo por Internet
Enviamos 2 mil 500 cuestionarios por correo eléctrónico a miembros de El Foro Mexico, ya suman 5 mil. Contestaron 2 mil 198. Tienen su residencia en distintas partes de la República. Lean sus puntos de vista en el foro, algunos son geniales. Enseguida aparecen algunos fragmentos.
Opiniones
Alianzas como PRD y PAN son un descaro e invitan a anular el voto. Mutantes, camaleones, trapecistas o como se les quiera llamar, son políticos que buscan un puesto público sólo para enriquecerse; roban amparados en la impunidad que se brindan entre ellos mismos; ideología y principios, hace mucho que los partidos políticos los perdieron y se convirtieron en un cártel.
Carlos Juárez Vega/Distrito Federal
Permíteme diferir en el calificativo... no son mutantes, son unos viles mercenarios; para ellos no hay doctrina o ideología que valga, únicamente les interesa seguir administrando la franquicia... seguir sangrando al mexicano.
Jesús Lara/Distrito Federal
Hicieron una película allá por los 70 o los 80 en la que se experimentaba con seres humanos, los mutaban con una sustancia. Al final los exterminaban. Mmmm. Sería una magnífica idea.
El Correo Ilustrado
Contra atropello a mineros
Una vez más, el gobierno federal que preside Felipe Calderón violenta el estado de derecho que debiera prevalecer en el país, al dar por terminadas las relaciones laborales entre los trabajadores de la sección 65, del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana y la empresa Mexicana de Cananea, propiedad del Grupo México, que se ha visto favorecido por la política neoliberal del panismo.
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Jorge Carrillo Olea: Los ojos del Gran Hermano
Dentro de nuestro trasnochado nacionalismo nos acomoda muy bien el rechazo a cualquier juicio que provenga del exterior. Cualquier opinión o señalamiento es tomado como una violación a nuestra soberanía. Esto tiene varios efectos, quizá uno de los importantes es aislarnos en forma cognoscitiva del universo, cada vez más interdependiente, comunicado y participativo que es el de este siglo. De ello se deriva la incapacidad para hacer correcciones de rumbo, trazar nuevos destinos y sobre todo identificar riesgos y oportunidades que están situados en el exterior.
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Bernardo Bátiz V.: Ciudades racionales
Qué diríamos en el Distrito Federal si se intentara construir un estadio de futbol para el América en el Bosque de Chapultepec? Seguro nos opondríamos con todo y con toda energía; la sola idea nos parece absurda y arbitraria y ni las autoridades se atreverían ni la empresa dueña del equipo lo pretendería, ni por supuesto, la gente lo toleraría.
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Apenas es febrero y el hartazgo del bicentenario ya se hace presente. Proyectos desmesurados y mal orientados, presupuestos oscuros y manipulados, jaculatorias desmedidas a los próceres de la patria (de antes y de ahora, claro) y una penosa y cansina exhibición de patrioterismo que no puede tener otra finalidad más que la de acallar las voces de tantos miles de mexicanos, orgullosamente bicentenarios, que se ahogan en aguas negras, y tantos otros miles que se ahogan en sangre.
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Berlín, 19 de febrero. En su último tramo, la Berlinale finalmente rindió concursantes de mérito. Desde el miércoles, la favorita de la crítica ha sido Kak ya provel etim letom (Cómo pasé el verano), segundo largometraje del ruso Alexei Popogrebsky, pues de una calificación máxima de cuatro puntos, en la encuesta de la revista Screen International es la única hasta ahora que ha rebasado la puntuación de tres.
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Porfirio Muñoz Ledo
Atasco legislativo
Los españoles emplean la palabra “atasco” para designar un descomunal congestionamiento de tránsito. Tiene en efecto el significado de “obstrucción” o “embotellamiento”. Podría referirme más propiamente al tráfico, ya que éste admite dos sentidos: “circulación de vehículos”, pero también “acción de traficar”.
Así la Cámara de Diputados, que padece de parálisis intermitente a conveniencia de sus jerarcas. No por ausencia de iniciativas —que las hay a granel— ni de entusiasmo de los legisladores, que suben por centenares a la tribuna. Es consecuencia —como en las ciudades— de normatividad insuficiente, fallas de infraestructura y escasez de transporte colectivo.
Manifiesta igualmente una patología redundante del tráfico: los asuntos sólo avanzan cuando se transan en otros ámbitos, como lo revela el penoso escándalo de los arreglos de Gómez Mont con la cúpula del PRI, que rebasaron con mucho la esfera hacendaria y se extendieron a tópicos como la supresión de la compañía de Luz y —apenas anteayer— a la privatización de Pemex.
Un Congreso que no hace respetar las prerrogativas queda a merced de cualquier tejero. El incendio del Reichstag fue instigado por los televisos alemanes de entonces, que habían hecho escarnio de las debilidades parlamentarias. Según las encuestas, muy pocos lamentarían hoy nuestra clausura si un golpe de mano ocurriera.
La reforma de la cámara es cuestión de sobrevivencia democrática. Como en las otras comarcas políticas, de la transición pasamos a la involución. Cuando se instauró la primera mayoría opositora, pluralizamos el trabajo parlamentario, modernizamos su operación y reemplazamos un personal oficialista por otro de carrera. El sistema de cuotas y cambalaches convirtió más tarde los espacios abiertos en cotos susceptibles de colonización por grupos y facciones.
En aquel tiempo creamos una Comisión de Régimen Interno para impulsar los cambios y ejercer control democrático sobre la administración. Con el tiempo la burocracia creció y generó innumerables oportunidades de botín. Es un Frankenstein alimentado por la codicia. Los “mandarines” de la cámara lo inflan pero no lo doman. A la Junta de Coordinación Política le preocupa sobre todo regular el debate parlamentario y aun sofocarlo, en contra de las disposiciones legales y a favor de los arreglos de cúspide.
La improductividad afecta siempre a los sectores menos desarrollados: en este caso los legisladores. Sus iniciativas se pierden casi todas en el laberinto de las comisiones, para hundirse luego en el pantano del olvido. Como en el antiguo régimen, prevalecen los proyectos del Ejecutivo, sazonados y condicionados por sus aliados circunstanciales.
Las demasías de los legisladores se vierten en los llamados “puntos de acuerdo” por los que formulan cualquier clase de peticiones, desde las clientelares hasta las redentoristas. La ley habla de propuestas “no legislativas”, lo que ofrece la más amplia gama de opciones sin consecuencias prácticas. Debiera acotarse su contenido y establecer la obligación de ser respondidas por las autoridades competentes.
Existe no obstante y por obra de la propia frustración una convicción extendida de que hemos llegado a un punto límite que debemos remontar. He propuesto la creación de un grupo de trabajo especial, encargado de analizar tanto los estudios que se han hecho sobre la disfuncionalidad y el dispendio de la cámara, como los proyectos de reformas legales que se han presentado durante el último decenio. También valorar el mecanismo puesto en marcha para concretar la reforma hacendaria y establecer uno paralelo que sistematice las iniciativas conducentes a la genuina reforma del Estado.
Vendría enseguida el debate nacional organizado por la Cámara de Diputados sobre los grandes problemas del país en el año del Bicentenario. Podríamos concluir por la aprobación de una ley, como la que ha sugerido el diputado Jaime Cárdenas Gracia, para lanzar un proceso constituyente que involucre a la sociedad y nos permita saltar sobre el abismo al que parecemos estar condenados.
Diputado federal (PT)
Así la Cámara de Diputados, que padece de parálisis intermitente a conveniencia de sus jerarcas. No por ausencia de iniciativas —que las hay a granel— ni de entusiasmo de los legisladores, que suben por centenares a la tribuna. Es consecuencia —como en las ciudades— de normatividad insuficiente, fallas de infraestructura y escasez de transporte colectivo.
Manifiesta igualmente una patología redundante del tráfico: los asuntos sólo avanzan cuando se transan en otros ámbitos, como lo revela el penoso escándalo de los arreglos de Gómez Mont con la cúpula del PRI, que rebasaron con mucho la esfera hacendaria y se extendieron a tópicos como la supresión de la compañía de Luz y —apenas anteayer— a la privatización de Pemex.
Un Congreso que no hace respetar las prerrogativas queda a merced de cualquier tejero. El incendio del Reichstag fue instigado por los televisos alemanes de entonces, que habían hecho escarnio de las debilidades parlamentarias. Según las encuestas, muy pocos lamentarían hoy nuestra clausura si un golpe de mano ocurriera.
La reforma de la cámara es cuestión de sobrevivencia democrática. Como en las otras comarcas políticas, de la transición pasamos a la involución. Cuando se instauró la primera mayoría opositora, pluralizamos el trabajo parlamentario, modernizamos su operación y reemplazamos un personal oficialista por otro de carrera. El sistema de cuotas y cambalaches convirtió más tarde los espacios abiertos en cotos susceptibles de colonización por grupos y facciones.
En aquel tiempo creamos una Comisión de Régimen Interno para impulsar los cambios y ejercer control democrático sobre la administración. Con el tiempo la burocracia creció y generó innumerables oportunidades de botín. Es un Frankenstein alimentado por la codicia. Los “mandarines” de la cámara lo inflan pero no lo doman. A la Junta de Coordinación Política le preocupa sobre todo regular el debate parlamentario y aun sofocarlo, en contra de las disposiciones legales y a favor de los arreglos de cúspide.
La improductividad afecta siempre a los sectores menos desarrollados: en este caso los legisladores. Sus iniciativas se pierden casi todas en el laberinto de las comisiones, para hundirse luego en el pantano del olvido. Como en el antiguo régimen, prevalecen los proyectos del Ejecutivo, sazonados y condicionados por sus aliados circunstanciales.
Las demasías de los legisladores se vierten en los llamados “puntos de acuerdo” por los que formulan cualquier clase de peticiones, desde las clientelares hasta las redentoristas. La ley habla de propuestas “no legislativas”, lo que ofrece la más amplia gama de opciones sin consecuencias prácticas. Debiera acotarse su contenido y establecer la obligación de ser respondidas por las autoridades competentes.
Existe no obstante y por obra de la propia frustración una convicción extendida de que hemos llegado a un punto límite que debemos remontar. He propuesto la creación de un grupo de trabajo especial, encargado de analizar tanto los estudios que se han hecho sobre la disfuncionalidad y el dispendio de la cámara, como los proyectos de reformas legales que se han presentado durante el último decenio. También valorar el mecanismo puesto en marcha para concretar la reforma hacendaria y establecer uno paralelo que sistematice las iniciativas conducentes a la genuina reforma del Estado.
Vendría enseguida el debate nacional organizado por la Cámara de Diputados sobre los grandes problemas del país en el año del Bicentenario. Podríamos concluir por la aprobación de una ley, como la que ha sugerido el diputado Jaime Cárdenas Gracia, para lanzar un proceso constituyente que involucre a la sociedad y nos permita saltar sobre el abismo al que parecemos estar condenados.
Diputado federal (PT)
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