La columna de Lydia Cacho

Lydia Cacho

Plan B

El ABC de Gómez Mont

No ha sido una, ni dos, las veces que Fernando Gómez Mont ha mencionado, como si tal cosa, que no descarta la idea de que el incendio en que murieron las y los pequeños en Hermosillo fuera intencional. Lo ha soltado al hilo, un poco de prisa, malhumorado, en público y en privado. A lo que se refiere es a la versión que corrió desde el primer día sobre gente del gobernador de Sonora que mantenía la bodega aledaña a la guardería para resguardar documentos fiscales que podrían inculpar al gobierno estatal de malos manejos. Algunos periodistas lo supimos la noche del siniestro, pero nos cuidamos de especular por la delicadeza del asunto, por respeto a las familias y por la falta de evidencia, al menos en ese momento.

¿Qué mueve al abogado Fernando Gómez Mont a ventilar como si tal cosa datos de esta naturaleza? Es un experto penalista, por tanto sería ingenuo creer que es una casualidad que con su investidura haga estas declaraciones. Especulaciones aparte lo que más indignante me parece a este respecto es la insensibilidad del funcionario. Es evidente que no le importa el impacto emocional que sus declaraciones tienen ante las familias de las y los pequeñines muertos. Es pura crueldad, porque vaya que hace diferencia que la autoridad admita semejantes hipótesis sin hacer nada.

Nadie, más que quien ha perdido a un hijo o hija, sabe exactamente en qué lugar entre el pecho y el alma cincelan la añoranza y la tristeza. Miro las fotografías de las y los pequeños que las familias empuñan por las calles para pedir justicia. Son símbolos, son banderas, son una muestra de un país que se desmorona; son rostros humanos, son criaturas que murieron calcinadas. Ya es difícil buscar sosiego ante la pérdida de un bebé por razones accidentales, mucho peor cuando se deja en el aire la noción de que su muerte es producto de una mano asesina.

Si nuestro secretario de Gobernación no alcanza a comprender el peso de sus palabras, ciertamente no es por ignorancia sino por irresponsabilidad. Que la ciudadanía especule ante la incapacidad y corrupción del sistema de justicia es normal, que lo haga el secretario de Gobernación es simplemente un acto político que nutre la inestabilidad; no importa si es involuntario o producto de su hartazgo. Su labor fundamental es mantener la estabilidad del país (menuda tarea para un hombre de mecha corta).

El periodista Diego Osorno nos regaló una crónica impresionante sobre la multitudinaria marcha de aniversario de la tragedia en Hermosillo. Ésta no puede ser una desventura más para México porque en esta historia subyace todo lo que está mal con el país. Desde la infancia el Estado abdica a su deber de asegurar espacios de protección y educación a sus futuros ciudadanos. Ciertamente todos en la línea de mando son responsables, los que firmaron sin preguntar y analizar a quién otorgaban el permiso, hasta quienes, según los dichos del jefe de Bucareli, encendieron el fósforo que ultimó estas vidas. Si Gómez Mont sabe algo más vale que lo diga bien, porque ésta podría ser la gota que derrame el vaso de la ira social.

ABC: responsabilidad y jerarquías

Horizonte político
José Antonio Crespo
El predictamen del ministro se la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, sobre el incendio de la guardería ABC de Sonora hace un año, refleja, al menos, la autonomía que poco a poco va adquiriendo esa institución, y que tan fundamental resulta para abatir, eventualmente, la impunidad que nos caracteriza, aun después de la alternancia de 2000. En un Estado moderno y, por ende, racional, resulta vital demarcar las responsabilidades en la jerarquía burocrática, tanto de superiores como de subordinados. ¿Es responsable un funcionario al que sus superiores le ordenan hacer algo técnica o éticamente cuestionable? O bien, ¿qué tan responsable es el titular de una institución si ocurre algún siniestro dentro de su ámbito de acción, dado que no puede supervisar directamente todo lo que sucede en la estructura burocrática bajo su mando? ¿Es responsable el jefe si un subordinado se aleja de las instrucciones, tomando decisiones por cuenta propia?
El Estado racional, escribió Max Weber, es aquél donde las esferas de competencia y autoridad quedan debidamente delimitadas, para evitar conflictos, desorganización y desastres. Los subordinados tienen sus responsabilidades y los jefes las suyas: "El honor del funcionario (medio o bajo) está en su capacidad para, cuando el superior jerárquico persiste en una orden... ejecutarla bajo la responsabilidad del mandante... Y el honor del jefe político está, en cambio, precisamente en asumir con carácter exclusivo suyo la responsabilidad de todo lo que hace, responsabilidad que no puede ni debe declinar o descargar en otros". Sin estas normas elementales de racionalidad y justicia, concluye Weber, "todo el aparato se vendría abajo" (Economía y sociedad, 1922). Suele ocurrir que los subordinados no se apegan a las reglas, pero también que, cuando lo hacen, se les responsabiliza a ellos, más que a sus superiores, si las cosas salen mal. Impunidad e injusticia es lo que prevalece. Precisamente, al no cumplirse cabalmente estas reglas en México, es que no puede hablarse de un Estado estrictamente racional y moderno. En cambio, asoma el fantasma del Estado fallido, como eventual desenlace del Estado corrupto e ineficiente que hoy es, que siempre ha sido. Aplicar la responsabilidad política al rango que corresponda es un primer, fundamental, correctivo.
Si lo del ABC se tratara de un accidente circunstancial, los responsables serían sólo los vinculados directamente en ese suceso. Pero no si el siniestro ocurrió por fallas estructurales del sistema. Juan Molinar insiste en que lo que sucedido no es su responsabilidad, pues "Los factores que contribuyeron a la creación de ese riesgo y la consecuente tragedia estaban todos sin excepción, fuera del alcance humano y normativo de cualquier funcionario del IMSS". Es decir, un hecho circunstancial. Y las insinuaciones de Fernando Gómez Mont de que el incendio fue deliberado, apuntan también a destacar lo contingente por encima de lo estructural. Pero la investigación jurídica arroja la idea de que se trató de una falla sistémica: encontró que de mil 480 contratos de subrogación, sólo se otorgaron 14 (.1%), habiendo quedado satisfechos los requisitos de seguridad, once se regularizaron después de la concesión y, en el resto (99.8%), queda al menos un requisito por cumplir. Por otro lado, 49% de las guarderías carecía de constancia de protección civil, y sólo 27% tenían el visto bueno de la oficina de bomberos; 57% no tenían detectores de humo y 55 % carecía de luces de emergencia. Eso no suena a circunstancial, sino a una falla sistémica. El corto circuito se dio en Hermosillo, pero pudo ocurrir en cualquier parte, pues los cables cruzados y mal conectados se hallaban por todos lados.

Ante lo cual el ministro Zaldívar colige que "los titulares del Instituto (IMSS)... incumplieron con sus obligaciones legales, consistentes en implementar políticas efectivas que impidieran tales violaciones generalizadas en la prestación del servicio de guardería", y "al no haber promovido políticas públicas efectivas para instrumentar un programa integral de verificación del cumplimiento de las distintas disposiciones legales e infralegales relacionadas con las medidas de seguridad". El quid del asunto, según lo ha enfatizado Ana Laura Magaloni, del CIDE, es que ya es hora de que los altos funcionarios asuman las responsabilidades inherentes a su cargo y no se circunscriban al disfrute de sus desmedidos privilegios, salarios y prestaciones.