Ricardo Raphael
El gobierno de Enrique Peña Nieto se ha empeñado en avanzar los grandes acuerdos a partir de una política basada en el consenso. A diferencia de las anteriores administraciones panistas, que para sacar adelante sus asuntos legislativos se contentaron casi siempre con construir una mayoría suficiente, (a veces con el PRI y otras pocas con el PRD), la nueva élite en el poder prefiere que las tres principales patas de la mesa política mexicana estén simétricamente colocadas.
El desafío no es menor y, sin embargo, cuando se logra sostener un ejercicio consensual, los réditos tienden a ser mayores. El ánimo de cooperación que sirvió para sacar avante un tema se convierte en capital útil para reinvertirse en la negociación de la siguiente reforma. En cambio, cuando una de las partes queda fuera de la mayoría necesaria, lo más probable es que el actor excluido eleve los costos a la hora de participar en la siguiente ronda. (Por lo general, en el sistema mexicano de partidos, ese actor ha sido el PRD).
Para asegurarse un buen resultado consensual en su primera ronda de reformas, el presidente Peña Nieto decidió jugar parte de su capital inicial incorporando a la izquierda como voz privilegiada de las negociaciones, al tiempo que mantuvo una mano tendida también hacia los dirigentes formales del PAN. Su tino fue bueno y se puede constatar en las expresiones favorables que los líderes de la oposición han compartido con la opinión pública.
Sin embargo, no todo el resultado se debe a un talante político amable, ni a una estrategia cooperativa bien trazada. Las reformas en transparencia, contabilidad gubernamental y educación, como ya se dijo, estaban maduras en un doble sentido: había coincidencia con respecto a la urgencia de realizarlas y también a propósito de sus respectivos contenidos. Contrasta, a propósito de la segunda dimensión, el estado en el que se encuentran los proyectos de reforma fiscal, energética y de seguridad social. Nadie en su sano juicio podría negar la enorme relevancia que tienen. Hay también comunión en la idea de que el país se ha tardado demasiado en realizarlas. No obstante, la concepción de las distintas iniciativas varía ampliamente. Basta con observar el récord parlamentario, ruidoso por sus encendidos debates, cada vez que alguno de estos expedientes ha subido a tribuna, para comprender la pólvora que contiene su respectiva discusión.
Por ejemplo, toda reforma fiscal que pretenda generalizar IVA en medicinas y alimentos va a revivir dolores potentes de cabeza y, sin embargo, los regímenes de excepción del impuesto al valor agregado no deberían salir intocados de una modificación seria al régimen impositivo mexicano.
El tema energético no muestra mejor estado. La inversión privada en hidrocarburos despierta, para un segmento importante de la población, recuerdos insondables de patrioterismo acrítico. Con la cantaleta de que el petróleo es de la nación, (aunque la nación no tenga dinero para extraerlo de sus profundidades), la reforma energética podría fácilmente volverse a quedar archivada. La diferencia de visiones entre los partidos es amplísima.
Acaso, bien dialogado, el expediente de la seguridad social podría concitar mayores adhesiones, siempre y cuando no se eliminen derechos ni se toquen estructuras hoy muy poderosas dentro del IMSS o el ISSSTE. Con todo, esta reforma depende a su vez de la fiscal y, por tanto, si la primera no sale favorecida esta otra naufragará.
El actual gobierno de la república va a llegar a la negociación de esta segunda agenda con un buen ánimo para obtener acuerdos y, sin embargo, la densidad de los temas podría pronto transformar un bello paseo por el campo en un fatídico divorcio donde se ahoguen las expectativas sembradas durante el mes anterior.
Analista político
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