WASHINGTON, 9 ene (IPS) - El gobierno de Estados Unidos gasta anualmente más en sus servicios de
control de la inmigración que en todas sus otras agencias de seguridad
juntas, revela un nuevo estudio.
Asimismo, los servicios de inmigración tienen a más gente detenida
por día (unas 430.000 personas en el año fiscal 2011) que todo el
sistema federal de prisiones del país.
Esos números crecieron drásticamente en el contexto de los programas antiterroristas lanzados agresivamente tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington.
Además, el intenso debate entre los legisladores estadounidenses sobre cómo renovar el sistema migratorio se estancó, y eso consolidó en los hechos un enfoque que solo se preocupa por encarcelar y deportar a los indocumentados.
"Ninguna otra nación en el mundo ha estado tan determinada, ha hecho un compromiso tan profundo y caro y ha realizado tales esfuerzos para aplicar las leyes migratorias como Estados Unidos", dijo Demetrios G. Papademetriou, presidente del Instituto sobre Políticas de Migraciones (MPI, por sus siglas en inglés), centro de estudios con sede en Washington.
Estos esfuerzos tienen amplio alcance, incluyendo tanto el fortalecimiento de tribunales y prisiones locales como incluso acciones para impedir que potenciales viajantes a Estados Unidos aborden su avión. Esto último significa "una extensión de las fronteras estadounidenses bastante más allá de las físicas", alertó.
En el cuarto de siglo transcurrido desde que el Congreso legislativo estadounidense aprobó las primeras normas de un sistema más severo contra el ingreso de indocumentados, el gasto en los servicios de inmigración llegó a 219.000 millones de dólares, según un estudio divulgado el lunes 7 por el MPI http://www.migrationpolicy.org/pubs/enforcementpillars.pdf.
"Este informe podría cambiar el juego, pues confirma que el Congreso legislativo no debería invertir recursos adicionales en la represión de la inmigración, sobre todo cuando nuestro presupuesto está tan limitado", dijo a IPS el director del Centro Nacional de Leyes sobre Inmigración, Don Lyster.
Sin embargo, sostuvo que al estudio, titulado "Inmigration Enforcement in the United States: The Rise of a Formidable Machinery" (El control migratorio en Estados Unidos: el surgimiento de una maquinaria formidable), le falta evaluar "el impacto humano de esos miles de millones de dólares gastados", señaló.
"Millones de familias y de comunidades han sido separadas debido al singular enfoque del Congreso en reprimir más que en crear un proceso para que los inmigrantes soliciten la ciudadanía. Es tiempo de cambiar eso de una vez por todas", añadió.
Delitos agravados
Aunque la legislación de 1986 puso la base del actual sistema, su financiamiento e implementación solo empezó realmente luego de los ataques del 11 de septiembre de 2001, cuando la represión a la inmigración se convirtió en piedra fundamental del nuevo enfoque antiterrorista.
El resultado fue una política de guerra total contra los indocumentados, "especialmente contra los que tuvieran historial delictivo", explicó Muzaffar Chishti, coautor del informe, durante un panel de discusión el lunes.
Las nuevas políticas, indicó, "trazaron un inexorable lazo entre el sistema de justicia penal y el de inmigración, algo claramente sin precedentes en cualquier régimen de mantenimiento del orden".
Antes, el gobierno tendía solamente a deportar a los inmigrantes que hubieran cometido delitos graves.
Pero, en 1996, el Congreso añadió una nueva categoría legal que solo es usada en las normas migratorias, la de "delito agravado", endureciendo las penas contra 50 infracciones que hasta entonces eran consideradas menores o simples faltas.
Esto determinó un incremento sin precedentes en el número de procesos penales por violaciones a las leyes de inmigración. Entre 2001 y 2009, estos se multiplicaron por seis, indicó Chishti, pasando de 16.000 a 92.000 al año. Hoy, 50 por ciento de todos los procesos judiciales federales están relacionados con la inmigración.
Según el informe, en los cinco distritos judiciales a lo largo de la frontera con México, donde vive apenas 10 por ciento de la población estadounidense, se registran casi la mitad de todos los casos penales federales.
Muchos temen que el increíble crecimiento de los servicios de inmigración afecte la capacidad del gobierno o de auditores externos para supervisar a los propios agentes del orden.
"Cuando los presupuestos anuales de las agencias crecen a niveles de entre 20 y 30 por ciento al año, como ha ocurrido en algunos casos en la última década, los mecanismos para hacerlas responsables nunca pueden mantenerse", opinó Doris Meissner, excomisionada del Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos y coautora del informe.
"Pero, además, esas agencias no son transparentes, así que el grado en que estas puedan ser supervisadas no es fácil de determinar", añadió.
Una máquina formidable
Según analistas, las tendencias sugieren que Washington se acercaría a la mayor revisión de su sistema inmigratorio de la última década.
Algunas de esas tendencias son los grandes cambios demográficos, que tienen consecuencias políticas, y las dificultades económicas, que obligan a repensar todos los gastos del gobierno.
"En esta época de ajustarse el cinturón, nuestro gobierno no puede darse el lujo de seguir gastando miles de millones de dólares en reprimir a los indocumentados sin contar con una estrategia nacional migratoria", sostuvo el director ejecutivo del Foro Nacional de Inmigración, Ali Noorani, en un análisis enviado por correo electrónico a IPS.
"El Congreso debería ponerse a trabajar ya en soluciones prácticas y duraderas que mejoren fundamentalmente nuestro proceso migratorio", opinó.
Sin embargo, una reforma no sería tan fácil de concretar como algunos esperan. Entre otras cosas, la maquinaria se ha vuelto demasiado grande.
Aunque el presidente Barack Obama aseguró que una completa reforma migratoria sería una prioridad en su segundo periodo, su primera administración registró un récord en las deportaciones: unas 1,6 millones en los últimos cuatro años.
"Muchos se preguntan por qué una administración comprometida con una completa reforma expulsaría al mayor número de personas en la historia de Estados Unidos", dijo el lunes Donald Kerwin, director del Centro para Estudios de Migraciones y coautor del informe.
"El hecho es que las autoridades, los sistemas operativos, los programas para aplicar la ley y las inversiones (en estos) desde 1986 han permitido deportaciones a gran escala casi inevitablemente", añadió. "Sencillamente, la maquinaria ya está instalada". (FIN/2013)
Esos números crecieron drásticamente en el contexto de los programas antiterroristas lanzados agresivamente tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington.
Además, el intenso debate entre los legisladores estadounidenses sobre cómo renovar el sistema migratorio se estancó, y eso consolidó en los hechos un enfoque que solo se preocupa por encarcelar y deportar a los indocumentados.
"Ninguna otra nación en el mundo ha estado tan determinada, ha hecho un compromiso tan profundo y caro y ha realizado tales esfuerzos para aplicar las leyes migratorias como Estados Unidos", dijo Demetrios G. Papademetriou, presidente del Instituto sobre Políticas de Migraciones (MPI, por sus siglas en inglés), centro de estudios con sede en Washington.
Estos esfuerzos tienen amplio alcance, incluyendo tanto el fortalecimiento de tribunales y prisiones locales como incluso acciones para impedir que potenciales viajantes a Estados Unidos aborden su avión. Esto último significa "una extensión de las fronteras estadounidenses bastante más allá de las físicas", alertó.
En el cuarto de siglo transcurrido desde que el Congreso legislativo estadounidense aprobó las primeras normas de un sistema más severo contra el ingreso de indocumentados, el gasto en los servicios de inmigración llegó a 219.000 millones de dólares, según un estudio divulgado el lunes 7 por el MPI http://www.migrationpolicy.org/pubs/enforcementpillars.pdf.
"Este informe podría cambiar el juego, pues confirma que el Congreso legislativo no debería invertir recursos adicionales en la represión de la inmigración, sobre todo cuando nuestro presupuesto está tan limitado", dijo a IPS el director del Centro Nacional de Leyes sobre Inmigración, Don Lyster.
Sin embargo, sostuvo que al estudio, titulado "Inmigration Enforcement in the United States: The Rise of a Formidable Machinery" (El control migratorio en Estados Unidos: el surgimiento de una maquinaria formidable), le falta evaluar "el impacto humano de esos miles de millones de dólares gastados", señaló.
"Millones de familias y de comunidades han sido separadas debido al singular enfoque del Congreso en reprimir más que en crear un proceso para que los inmigrantes soliciten la ciudadanía. Es tiempo de cambiar eso de una vez por todas", añadió.
Delitos agravados
Aunque la legislación de 1986 puso la base del actual sistema, su financiamiento e implementación solo empezó realmente luego de los ataques del 11 de septiembre de 2001, cuando la represión a la inmigración se convirtió en piedra fundamental del nuevo enfoque antiterrorista.
El resultado fue una política de guerra total contra los indocumentados, "especialmente contra los que tuvieran historial delictivo", explicó Muzaffar Chishti, coautor del informe, durante un panel de discusión el lunes.
Las nuevas políticas, indicó, "trazaron un inexorable lazo entre el sistema de justicia penal y el de inmigración, algo claramente sin precedentes en cualquier régimen de mantenimiento del orden".
Antes, el gobierno tendía solamente a deportar a los inmigrantes que hubieran cometido delitos graves.
Pero, en 1996, el Congreso añadió una nueva categoría legal que solo es usada en las normas migratorias, la de "delito agravado", endureciendo las penas contra 50 infracciones que hasta entonces eran consideradas menores o simples faltas.
Esto determinó un incremento sin precedentes en el número de procesos penales por violaciones a las leyes de inmigración. Entre 2001 y 2009, estos se multiplicaron por seis, indicó Chishti, pasando de 16.000 a 92.000 al año. Hoy, 50 por ciento de todos los procesos judiciales federales están relacionados con la inmigración.
Según el informe, en los cinco distritos judiciales a lo largo de la frontera con México, donde vive apenas 10 por ciento de la población estadounidense, se registran casi la mitad de todos los casos penales federales.
Muchos temen que el increíble crecimiento de los servicios de inmigración afecte la capacidad del gobierno o de auditores externos para supervisar a los propios agentes del orden.
"Cuando los presupuestos anuales de las agencias crecen a niveles de entre 20 y 30 por ciento al año, como ha ocurrido en algunos casos en la última década, los mecanismos para hacerlas responsables nunca pueden mantenerse", opinó Doris Meissner, excomisionada del Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos y coautora del informe.
"Pero, además, esas agencias no son transparentes, así que el grado en que estas puedan ser supervisadas no es fácil de determinar", añadió.
Una máquina formidable
Según analistas, las tendencias sugieren que Washington se acercaría a la mayor revisión de su sistema inmigratorio de la última década.
Algunas de esas tendencias son los grandes cambios demográficos, que tienen consecuencias políticas, y las dificultades económicas, que obligan a repensar todos los gastos del gobierno.
"En esta época de ajustarse el cinturón, nuestro gobierno no puede darse el lujo de seguir gastando miles de millones de dólares en reprimir a los indocumentados sin contar con una estrategia nacional migratoria", sostuvo el director ejecutivo del Foro Nacional de Inmigración, Ali Noorani, en un análisis enviado por correo electrónico a IPS.
"El Congreso debería ponerse a trabajar ya en soluciones prácticas y duraderas que mejoren fundamentalmente nuestro proceso migratorio", opinó.
Sin embargo, una reforma no sería tan fácil de concretar como algunos esperan. Entre otras cosas, la maquinaria se ha vuelto demasiado grande.
Aunque el presidente Barack Obama aseguró que una completa reforma migratoria sería una prioridad en su segundo periodo, su primera administración registró un récord en las deportaciones: unas 1,6 millones en los últimos cuatro años.
"Muchos se preguntan por qué una administración comprometida con una completa reforma expulsaría al mayor número de personas en la historia de Estados Unidos", dijo el lunes Donald Kerwin, director del Centro para Estudios de Migraciones y coautor del informe.
"El hecho es que las autoridades, los sistemas operativos, los programas para aplicar la ley y las inversiones (en estos) desde 1986 han permitido deportaciones a gran escala casi inevitablemente", añadió. "Sencillamente, la maquinaria ya está instalada". (FIN/2013)
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