5/10/2014

10 de mayo, nada que festejar


Nunca pensé que la desaparición y posterior asesinato de Alejandra me convirtiera en lo que soy ahora; mi vida dio un giro de 360 grados. 


Abuela malcriando nietos, dedicada a mi trabajo (maestra de escuela primaria). Me convertí nuevamente en mamá.

Lilia Alejandra desaparece un 14 de febrero de 2001 y su cuerpo fue encontrado una semana después en un lote baldío, con huellas de tortura y violencia sexual. A raíz de esta situación es que nace la asociación “Nuestras Hijas de Regreso a Casa”, organización conformada por familiares y amigos de jóvenes desaparecidos y asesinados en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Asesorada por algunas personas y en compañía de Marisela Ortiz, fundamos la organización y como siempre he dicho -no fue que un día me levantara y decidiera ser activista- ¡No!, fue la omisión, negligencia y corrupción de las autoridades lo que nos obligó a constituirnos en Asociación. La necesidad de exigir que hicieran su trabajo bien hecho a quienes se supone son nuestros abogados, pues esa es la función del M.P. (Ministerio Público), realizar las investigaciones y defensa a las víctimas, pero la realidad es otra, que nos ha obligado a las madres a luchar en contra del Gobierno y las instituciones encargadas de impartir justicia, a convertirnos en investigadoras y buscar nosotras mismas a nuestras hijas, ya sea en el desierto realizando rastreos, en bares de la localidad o donde alguna llamada anónima nos indica que las vieron; asimismo, apoyando a otras madres en la misma situación, pertenezcan o no a la organización.

En estos 13 años de lucha hemos recibido acosos de las instituciones gubernamentales, además de amenazas de todo tipo, hasta el intento de asesinato. Sabemos que no todas las amenazas han partido del Gobierno, pero sí que es el mayor interesado en mantenernos calladas, pues no le conviene que rompamos el silencio y alcemos la voz para denunciar los actos de corrupción que hay en las filas de la Procuraduría.

La realidad señala que el problema no acaba y al contrario, se agrava cada vez, pues siguen desapareciendo jóvenes. En la actualidad, se tienen 85 osamentas en el Servicio Médico Forense sin identificar. Según el fiscal Ernesto Jáuregui, titular de la Fiscalía de Género del estado de Chihuahua, esto nos indica la gravedad de la situación, y el Gobierno sólo nos lo oculta.

“10 de mayo, nada que festejar”

“Todas son nuestras hijas, todas son nuestras asesinadas” 

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