MÉXICO,
D.F. (apro).- Fiel representante de la clase política mexicana, el
presidente Enrique Peña Nieto es de los que creen que con más leyes se
construye el estado de derecho.
Urgido por la presión social ante la crisis humanitaria que
evidenció la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa,
responde con un catálogo legislativo como si con eso se fuera a
“mejorar” el estado de derecho y la seguridad en el país.
Cuando más se necesita que se desmonten las estructuras políticas,
económicas y sociales que sostienen a la delincuencia y que han
permitido que sea ésta la que determine los niveles de violencia en el
país, la receta del gobierno federal es hacer más leyes.
No basta con la existencia de las normas y que éstas sean legítimas;
es decir, sancionadas por el Congreso. Se necesita que estén
legitimadas. Una norma se legitima cuando es obedecida por los
ciudadanos y aplicada por la autoridad. De nada valen más leyes si los
primeros en no aplicarlas son los gobernantes.
Quitarles el control de la policía a los presidentes municipales
para dárselo a los gobernadores no resuelve nada. Muchos municipios del
país que tienen apenas un puñado de policías agradecerán que les quiten
esa responsabilidad ahora establecida en los artículos 21 y 115
constitucional.
Las reformas constitucionales anunciadas por Peña Nieto no harán
ninguna diferencia entre un presidente municipal coludido con la
delincuencia y un gobernador o jefe de policía estatal que puedan tener
las mismas ligas.
Suponer que un mando único policial en manos de los gobernadores
garantizará más seguridad es un engaño. Son incontables los casos de
policías estatales que hace lustros forman parte de las estructuras
delictivas.
Darles a los gobernadores el control único de las policías es abonar
a sus feudos y a sus presupuestos. Si algo caracteriza a los
mandatarios estatales del país es su profundo sentido antidemocrático y
su lejanía del estado de derecho.
Erigidos en verdaderos señores feudales, simulan la democracia,
compran cuanto haya que comprar con tal de anular los contrapesos, se
adueñan de los entes “autónomos”, promueven a jueces y magistrados,
reducen al Congreso a meros testigos o comparsas. Son los primeros en
anular el estado de derecho.
No es la única simulación de Peña Nieto. Con el pretexto de que la
delincuencia organizada es una tarea federal, muchos gobiernos han
cedido el control de sus policías al Ejército o a la Marina. Desde los
años noventa, soldados y marinos vestidos de civil han sido designados
jefes de la policía estatal o municipal, sin que tampoco hayan marcado
ninguna diferencia.
Con la modalidad ahora de “fuerzas civiles” estatales con control
castrense, además de los militares como secretarios de Seguridad
Pública, el mando único policial sólo reforzará la tendencia hacia la
centralización de la seguridad, como lo ha perfilado Peña Nieto desde
que asumió el gobierno al desaparecer la Secretaría de Seguridad de los
panistas y transferir sus funciones policiales a Gobernación.
Con su decálogo normativo para “mejorar” el estado de derecho, en
materia policial Peña Nieto termina por declararse heredero del mando
único que no pudo echar a andar Felipe Calderón y a la par reivindica a
Genaro García Luna, el promotor del control policial centralizado que
tanto ambicionó.
Comentarios: @jorgecarrascoa
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