Por: Cecilia Balderas
(08 de julio,
2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- José Antonio Guevara, director
ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los
Derechos Humanos urgió al gobierno federal a establecer un plan de
salida del Ejército mexicano de las calles para que regresen a sus
cuarteles, ante la clara ineficiencia de la actual política de
seguridad, además de la intervención de los órganos legislativos para
combatir la impunidad o en su caso, la búsqueda de alternativas de
cooperación internacional; por ejemplo, a través de la Corte Penal
Internacional, ante la incapacidad del Estado mexicano para resolver
dicho problema.
“No creemos que las instituciones
encargadas de la procuración e impartición de justicia tengan la
capacidad ni la voluntad para poder llevar a juicio el enorme número de
casos de ejecuciones extrajudiciales, violaciones, asesinatos o como se
les quiera llamar, por parte de servidores públicos en el uso indebido
de las funciones”, sostuvo Guevara al participar en el conversatorio
organizado por la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la
República, titulado “Fuerzas Armadas, Seguridad Pública y Derechos
Humanos”.
Argumentó que del primero de diciembre
de 2006 y el 31 de diciembre de 2014, la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH), emitió 53 recomendaciones por privación
arbitraria de la vida; de este total, 42 fueron dirigidas a la
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a la Secretaría de Marina
(Semar), dependencias que han reportado, a través de solicitudes de
acceso a la información, haber participado en 3 mil 665
“enfrentamientos con organizaciones criminales”, donde han perdido la
vida, 4 mil 263 civiles, sin que haya información sobre el uso de la
fuerza de dichas instituciones de seguridad.
Guevara subrayó que en los casos que ha
podido documentar la CNDH, ha habido una política deliberada de
criminalización de las víctimas, ausencia de investigaciones
imparciales e independientes, falta de personas sentenciadas por la
comisión de ejecuciones extrajudiciales, así como la ausencia de un
debate sobre el uso de la fuerza de las dependencias armadas.
“En el caso de la participación en
tareas de seguridad pública, no se ajustan a la legislación ordinaria
emitida por parte de las autoridades civiles ni a la legislación que
regiría a la Policía Federal, ni tampoco por las reglas y leyes del
derecho de guerra; no hay legislación que los obligue y a partir de la
cual podamos medir su actuación”, expuso.
Sobre los hechos ocurridos en Tlatlaya,
Guevara sostuvo que no son aislados, sino que se enmarcan en una
política deliberada de abatir personas, desde la administración de
Felipe Calderón, al declarar la llamada “guerra contra el narcotráfico”.
“El propio Peña Nieto, en su segundo
informe de gobierno, señala que se neutralizaron a 84 objetivos
relevantes de la delincuencia organizada, de los cuales 13 fueron
abatidos, y 71 capturados, por lo que no hay manera de que podamos
interpretar la palabra abatir, de una manera distinta”, señaló.
La senadora Angélica de la Peña,
presidenta de la citada comisión, recordó que sigue pendiente de ser
aprobada en el Senado, la ley que reglamenta el artículo 29
constitucional, que junto con el 33, fueron reformados en materia de
Derecho Humanos y Garantías; así como el artículo 157 del Código de
Justicia Militar para que cuando estuviera involucrada una persona
civil en eventos donde participe el Ejército o la naval, las tropas
tienen la obligación de hacer una cadena de custodia para que la
autoridad civil verifique e investigue los hechos.
La legisladora argumentó que como país,
“estamos obligados a discutir los temas que derivan del comportamiento
de las fuerzas armadas que realizan tareas que cometen al ámbito
civil”, pues tras las ejecuciones extrajudiciales a manos del Batallón
102 del Ejército mexicano en Tlatlaya, el pasado 30 de junio de 2014,
“hay una gran cantidad de obstáculos para poder conocer con toda
pertinencia la verdad de lo que aconteció aquella madrugada”.
Relator de la ONU advirtió de atropellos meses antes de matanzas
En tanto, Mario Patrón Sánchez,
director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez
(Centro Pro DH), sostuvo que la instrucción de la Sedena a los
elementos de tropa de “abatir” –término utilizado sistemáticamente en
el ámbito militar y castrense para referirse a personas que han sido
privadas de la vida- es un incentivo para cometer graves violaciones a
derechos humanos.
Patrón urgió que se investigue la
cadena de mando vinculada a quienes remitieron el informe y la
responsabilidad institucional por el riesgo que pueden significar este
tipo de órdenes que, es posible, puedan haber sido emitidas de manera
sistemática; “no es menor que la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos notifique a la Sedena que tiene que nulificar o modificar las
órdenes que utilicen este término, lo que pone en entredicho, la
relación civil-militar y el paradigma de seguridad en nuestro país”.
Recordó que de seis casos de nuestro
país que han llegado a la Corte Interamericana, cuatro se refieren al
Ejército y a violaciones graves de derechos humanos como tortura y
desapariciones forzadas.
Agregó que de acuerdo al informe
publicado en marzo de 2014, realizado por Christof Heyns, relator sobre
ejecuciones extrajudiciales de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), tras su visita a México entre abril y mayo de 2013 –antes de los
hechos de Tlatlaya y Ayotzinapa- advirtió sobre los riesgos de la
puesta en marcha de un paradigma de seguridad de corte militarizado.
“El relator especial observa que es
bien sabido que en cualquier país, a los soldados que realizan labores
policiales, les cuesta mucho renunciar al paradigma militar; por lo
general, la forma en la que han sido adiestrados, hace que no sean
aptos para mantener el orden público. El principal objetivo de un
cuerpo militar es someter al enemigo valiéndose de la superioridad de
la fuerza, mientras que el enfoque de derechos humanos que debe ser el
criterio para juzgar cualquier operación judicial, se centra en la
prevención, detención, investigación y enjuiciamiento del delito y sólo
contempla el uso de la fuerza como último recurso, permitiendo el
recurso de la fuerza letal, para evitar pérdidas de vidas humanas”,
citó Patrón Sánchez y subrayó que ya entonces, el relator advertía de
que la aplicación de un enfoque militar al mantenimiento de la
seguridad pública, puede crear una situación en que la población civil
se vea expuesta a una serie de atropellos.
Índice de letalidad se dispara
Ernesto López Portillo, del Instituto
para la Seguridad y la Democracia (INSYDE), declaró que el Estado
mexicano se colocó en una trampa de corte estructural, por su decisión
de impedir la profesionalización de la policía, pues tras un monitoreo,
se difundió que sólo dos unidades de Asuntos Internos de las policías
estatales realizan actividades de supervisión en el país.
“La segunda parte de la trampa es la
autorización que el Estado mexicano dio a las fuerzas armadas para
realizar funciones de seguridad pública; la trampa se consolidó con la
acción de inconstitucionalidad 196, en donde la Suprema Corte de
Justicia de la Nación decidió que las fuerzas armadas podían hacer
acciones de seguridad pública, en auxilio de las autoridades civiles”,
señaló López Portillo.
Añadió que los hechos ocurridos en
Tlatlaya, son un síntoma extremo de una vieja enfermedad y que la
discusión sobre la presencia de las tropas en las calles de la
República mexicana llega muy tarde, pero dando una oportunidad al
Senado para no quedarse callado y que las autoridades competentes hagan
su trabajo ante una masacre como la que se registró en la población del
estado de México.
López Portillo recordó que
recientemente se publicaron datos sobre el índice de letalidad
–relación entre muertos y heridos en enfrentamientos- de la Sedena
creció nueve veces entre 2007 y 2012; mientras que el de la Policía
Federal (PF) se incrementó siete veces entre 2008 y 2013, tomando en
cuenta que el índice aceptado mundialmente, es de uno a uno.
Sin verdad, justicia ni reparación
Durante su participación, Perseo
Quiroz, director ejecutivo de Amnistía Internacional (AI), recalcó que
la discusión no debe centrarse en atacar al Ejército, pedirle al Estado
que no ejerza su función de brindar seguridad a la ciudadanía, de no
reconocer que quienes realizan tareas de seguridad enfrentan graves
riesgos de seguridad o de juzgar si los soldados son héroes o villanos,
sino de saber cuál es la mejor política de seguridad para México y si
una política de mano dura, donde no se respetan los derechos humanos y
se carece de contrapesos es efectiva.
“El debate se trata de cómo salimos de
este bache, de crisis de derechos humanos, de crisis de Estado de
derecho y de crisis de seguridad…si tener al Ejército en las calles
fuera la solución, en estos momentos veríamos mejores índices de
delincuencia que no los hay; veríamos mayores índices de seguridad, que
no hay y veríamos menor impunidad, la cual no existe”, argumentó Quiroz.
Subrayó que la sociedad mexicana exige
que en todos los casos en los que haya ocurrido alguna violación a los
derechos humanos por alguna fuerza encargada de hacer cumplir la ley,
incluidas las fuerzas armadas, debe haber verdad, justicia y reparación
del daño; sin embargo, no hay siquiera investigaciones serias de las
autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.
“La pregunta de fondo es: ¿queremos que
el Ejército esté en las calles?, la respuesta que nos da, no solamente
el derecho internacional en términos dogmáticos es, no, no queremos que
el Ejército esté en las calles; sino también la perspectiva comparada,
en términos prácticos, nos dice que no, porque ese no es el rol que les
corresponde; las fuerzas armadas tienen un rol específico dentro de los
estados democráticos y no es la seguridad pública”, sentenció el
representante de Amnistía Internacional.
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