Por: Montserrat Antúnez Estrada y Anayeli García MartínezDesde que la Procuraduría General de Justicia de la capital (PGJ) conoció e inició la investigación del caso de la estudiante Lesvy Berlín Rivera Osorio, encontrada asesinada en la UNAM el pasado 3 de mayo, se empeñó en demostrar que fue un suicido.
Sin embargo, las protestas en redes sociales y en las calles por el tratamiento misógino que se le dio; y la presión de la familia y sus abogados, hicieron que este 18 de octubre se reclasificara el delito de homicidio simple culposo, a feminicidio agravado.
A 5 meses del hecho, este logro representa no solamente un primer paso para garantizar justicia, como lo declaró el padre de Lesvy, sino que demás es un revés a la actuación de la Procuraduría que ha cometido una serie de pifias con tal de no tratar el caso como feminicidio.
ACTUACIONES DEFICIENTES
El 3 de mayo, personal de vigilancia de la UNAM localizó el cuerpo de Lesvy. Su cuello estaba atado al cable de una cabina telefónica ubicada en el Instituto de Ingeniería. Al día siguiente, Comunicación Social de la PGJ, publicó en su cuenta de Twitter que al momento de su muerte estaba alcoholizada, drogada y además que no estudiaba.
Los comentarios en redes sociales causaron tal indignación que la etiqueta #SiMeMatan se convirtió en tendencia. Lesvy fue ejemplo de cómo las autoridades culpan a las víctimas en lugar de investigar a los agresores, en este caso al novio de Lesvy, Jorge Luis González Hernández, última persona en verla con vida.
Una vez iniciada la investigación, la Fiscalía Desconcentrada COY-1 inició la carpeta por el delito de “homicidio culposo” pese a que el cuerpo fue expuesto en un lugar público y tenía signos de violencia, dos características que definen el feminicidio como tipo penal. Ése fue el inicio de una demanda de la familia en contra de las autoridades para conocer la verdad de lo sucedido.
En total secrecía y contrario a la actitud de los primeros días, la dependencia encabezada entonces por Rodolfo Ríos Garza, negó a la familia y al Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, que representa a las víctimas, el acceso a toda la carpeta de investigación.
La PGJ dejó que los abogados Sayuri Herrera Román y Alejandro de Jesús Martínez Martínez, que representan el caso, accedieran al expediente completo hasta el pasado 5 de julio, un día antes del anuncio del “suicidio”, delito por el cual González Hernández está en prisión preventiva en el Reclusorio Oriente.
Durante las indagatorias, la autoridad diseñó una hipótesis enfocada en el suicidio, por lo que insistió en un peritaje antropológico con preguntas enfocadas a estudiar la vida sexual de Lesvy así como sus relaciones familiares, mismo que no se realizó por oposición de la familia.
Lo que sí logró hacer fue una necropsia psicológica basada en los videos que la UNAM proporcionó. Las primeras entrevistas que hizo a Jorge y sus amigos, y un supuesto análisis de las imágenes y los testimonios, le bastaron para concluir que “Lesvy era dependiente” y que su consumo de alcohol mostraba señales de un “suicidio crónico”, como consta en la carpeta de investigación.
El 6 de julio la PGJ informó públicamente que Lesvy “se suicidó” y que Jorge Luis, ex auxiliar de intendencia de la UNAM y novio de la joven, sería acusado de “homicidio simple por omisión”, por no impedir que ella se quitara la vida.
El 10 de julio, el juez de control del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, Cristian Ricardo Franco Reyes, siguió la determinación de la Procuraduría y aunque desechó la necropsia, avaló el auto de vinculación por homicidio.
REVÉS A PGJ
Los abogados del Centro de DH y la madre de Lesvy no aceptaron el supuesto suicidio. La defensa legal sostuvo que la necropsia y los peritajes no se hicieron con perspectiva de género y no siguieron el Protocolo de Investigación de Feminicidio, así que apelaron la decisión del juez de control para reclasificar el delito a feminicidio agravado porque Lesvy y Jorge mantenían una relación de pareja.
El resultado fue que este 18 de octubre la Quinta Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia, integrada por la y los magistrados Celia Marín Sasaki, Arturo Eduardo García y Salvador Ávalos Sandoval (este último votó en contra) resolvió la apelación a favor de la familia de Lesvy.
Con esta decisión la PGJ está obligada a investigar el crimen como feminicidio y el juez Reyes Franco, a vincular a proceso al sospechoso por este delito y a juzgar con perspectiva de género.
También llamó al juez y a la PGJ a investigar las lesiones que Lesvy presentó en rostro y otras partes del cuerpo como antecedentes de violencia previa que pudo vivir por parte de su pareja.
Un día después del fallo, la PGJ “aclaró” que actuó apegada a derecho, y señaló que antes de vincular a proceso al agresor, la familia de Lesvy pudo aportar pruebas para “fortalecer la investigación” o señalar al posible culpable pero esto no fue así.
Durante los primeros meses después del crimen, el entonces fiscal central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio, instancia que atrajo el caso, Marco Enrique Reyes Peña, no explicó a los abogados ni a los familiares las líneas de investigación que se seguían, ni si tenía a algún sospechoso.
Tampoco tomó en cuenta los resultados de las primeras entrevistas que se hicieron a Jorge y a sus amigos, quienes evidenciaron que él ejercía violencia contra ella; ni dieron importancia a los videos del campus del día del crimen donde se observa cómo Jorge golpea a Lesvy con la cadena de su perro y cómo trata de asfixiarla.
La autoridad prefirió validar la conclusión del perito de la PGJ, Gilberto Saldaña Prieto, quien determinó que Lesvy “decidió enredarse el cuello con el cable de teléfono, deslizarse y dejarse caer, lo que provocó su asfixia, y lesiones en el rostro por su caída”; acción que hizo frente a Jorge. Sin embargo, esta teoría fue descartada por un peritaje independiente aportado por la familia.
Con todo el trabajo que la Procuraduría capitalina hizo para acreditar un suicidio, ahora la familia de la víctima permanece a la expectativa de justicia y de que en noviembre próximo haya una sentencia en contra de Jorge, quien interpuso un amparo en el que argumenta que no hubo pruebas para dictarle prisión preventiva, recurso que está por resolverse.
17/MAE/LGL
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