Destaca que los recursos asignados al FONE en 2017 equivalían a la deuda pública del país o al total de pensiones a cargo del gobierno federal. No obstante, dicho fondo creado en 1998 siempre fue manejado con opacidad y con este se paga el sueldo del 80 por ciento de los trabajadores de sistema público de educación básica y normal para un millón 750 mil 292 plazas que ocupan 956 mil 282 personas.
En un principio las plazas las controlaba el gobierno federal, pero a partir de 1963, con los cambios a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, se le otorgó el manejo del 50 por ciento al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y en 1992, con la descentralización educativa, los gobernadores de los estados también entraron a la repartición del tesoro laboral, es decir, el pago de la nómina.
Una década más tarde, con la reforma de Enrique Peña Nieto del 2013 con la cual se creó la Ley General del Servicio Profesional Docente, se le arrebató al SNTE el manejo del 50 por ciento de las plazas ya que a partir de la nueva norma se estableció que estas se otorgarían mediante concursos de ingreso y promoción. A los gobernadores también se les sacó de la jugada ya que la Ley de Coordinación Fiscal les quitó la posibilidad de controlar los recursos de la nómina del magisterio.
El negocio de la nómina y el manejo de las plazas ya no lo tuvo ni el SNTE ni la disidencia magisterial integrada en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y tampoco los gobernadores. Dicho negocio, señala la reportera Sonia Del Valle, generaba una economía millonaria.
“De acuerdo con especialistas como José Raúl Portillo, Premio Nacional de Finanzas Públicas 2013 por su análisis sobre el fondo educativo, señalaban que el FONE genera economías cercanas a los 20 mil millones de pesos al año”, señala Del Valle en su investigación.
Explica que una “economía” se da cuando un maestro se jubila y el Estado ocupa la nueva plaza. La diferencia entre la plaza del maestro jubilado que era de 50 mil pesos con los 10 mil pesos que puede costar ocupar la nueva plaza da una diferencia de 40 mil pesos. Dicha diferencia o “economía” era desviada por los gobernadores para realizar otros programas sociales con fines políticos o electorales.
La opacidad en el manejo de los recursos federales por parte del SNTE y de los gobernadores dio lugar a una enorme maquinaria de corrupción, a un negocio millonario con el que se enriquecieron líderes sindicales, se financiaron campañas electorales y se entronizaron a políticos en los niveles más altos del gobierno.
Por cierto… El negocio de la educación es solo una parte de la gran investigación de Sonia Del Valle, exreportera del diario Reforma, cuya tesis “El Juego de Juan Pirulero. La política educativa en México”, con la que se tituló en la maestría de periodismo político de la escuela Carlos Septién García, aporta muchos elementos de análisis dignos se ser retomados. Uno de ellos es que las reformas educativas de los últimos cuatro gobiernos olvidaron al principal actor: los alumnos. Porque lo que se atendieron fueron los intereses de maestros, líderes sindicales y gobernantes.