El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, a prueba. Foto: Eduardo Miranda
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
Arturo Zaldívar, a prueba. Foto: Eduardo Miranda
El pasado 9 de abril, un grupo de senadores de las principales fuerzas políticas del país presentó en tribuna una iniciativa ciudadana de reforma a la Ley General de Transparencia, para obligar a los poderes judiciales a publicar todas sus sentencias[1].
El artículo 73 de esta ley establece que los poderes judiciales deben divulgar “las versiones públicas de las sentencias que sean de interés público”. El fraseo es esencial, pues en 2017 19 poderes judiciales estatales no publicaron ni una sola sentencia en la Plataforma Nacional de Transparencia escudados en el argumento de que ninguna de sus sentencias era de interés público, según reportó la organización EQUIS Justicia para las Mujeres.
Sin embargo, en el colectivo #LoJustoEsQueSepas[2] –impulsor de la iniciativa de reforma a la Ley General de Transparencia– pensamos justo lo contrario: todas las sentencias son de interés público y, por ello, deberían darse a conocer.
¿Por qué creemos que es necesario transparentar las sentencias? ¿Por qué estamos convencidos de que conllevan interés más allá de las partes en el juicio? Lo ilustraremos de la siguiente manera…
Imagine que un actuario y un notario tocan a la puerta de su domicilio para notificarle que debe desalojar el inmueble, pues un juez (que usted nunca conoció) decidió mediante un juicio (del que usted nunca fue informado) que su casa ya no es suya, sino que pertenece al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), pues supuestamente no pagó a este organismo el crédito que tenía contratado.
Esta situación, digna de un cuento de Juan José Arreola, no es hipotética, sino que afectó a más de 160 mil derechohabientes en distintos estados de la República, según reconoció el propio director general del Infonavit. Reportes de prensa mencionan que se identificaron víctimas en Baja California, Chihuahua, la Ciudad de México, Coahuila, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas.
El escándalo fue denunciado públicamente por un abogado de Chihuahua en octubre de 2017, pero apenas en diciembre del año pasado los Consejos de la Judicatura de los poderes judiciales de Nayarit y Coahuila dieron a conocer que estaban investigando y habían suspendido a algunos funcionarios judiciales por su presunta participación en casos de despojos fraudulentos de viviendas.
Es decir, estos magistrados, jueces, secretarios de acuerdo y/o notificadores habrían aceptado llevar a cabo tramites y juicios de manera irregular, sin informar a los demandados, dejándoles sin oportunidad de defenderse, en muchas ocasiones desde una jurisdicción que no era competente, con el fin de regresar al Infonavit propiedades que luego fueron vendidas a precios de remate a empresas inmobiliarias que las volvían a ofrecer en el mercado con un jugoso margen de ganancia.  En este esquema, habrían participado y se habrían beneficiado no solamente funcionarios judiciales, sino también despachos de abogados, notarios, funcionarios de registros estatales de la propiedad y del Infonavit, todos los cuales están siendo investigados por las fiscalías de ambos estados, con algunos de ellos ya detenidos. Una gigantesca trama de corrupción, para decirlo pronto.
La magnitud del fraude, nos parece, debería motivar una amplia investigación para averiguar si algunos funcionarios judiciales de otros estados pudieran estar involucrados en esquemas similares. De hecho, el fiscal anticorrupción en Coahuila afirmó que “la forma de operación se replicó aquí en Coahuila, en Nayarit y en otros dos estados de la República”, aunque no precisó cuáles. Sería deseable que cada Consejo de la Judicatura iniciara una investigación en este sentido, aunque a la fecha no se ha dado a conocer que tales esfuerzos se estén realizando.
Ingrediente del antídoto contra la corrupción
Ahora bien, si un ciudadano o un periodista quisiera indagar en este tema, el primer paso consistiría en buscar las sentencias irregulares emitidas por los juzgadores de Nayarit y Coahuila presuntamente involucrados, con el fin de analizarlas e identificar patrones anómalos. Por ejemplo, con base en la información dada a conocer sobre el caso de Nayarit, parece que un número reducido de jueces emitió un número muy amplio de sentencias, todas a favor del Infonavit.
Desafortunadamente, cuando buscamos las versiones públicas de las sentencias que sean de interés público en el portal de Transparencia del Poder Judicial de Nayarit, no encontramos ninguna. Tampoco encontramos sentencias emitidas entre 2015 y 2019 en la Plataforma Nacional de Transparencia.
En el portal de obligaciones de Transparencia del Poder Judicial de Coahuila sí aparecen las versiones públicas de sentencias que han causado ejecutoria. Es posible consultar el archivo PDF de sentencias de 2014 a 2019 de todos los juzgados y tribunales que lo integran, a partir de una base de datos que las presenta por órgano que resolvió y por número de la sentencia y de expediente. Pero incluso en este caso, es imposible saber qué sentencias son relativas a la ejecución de hipotecas a favor del Infonavit, pues no conocemos el número de expediente de estas sentencias y no existe un buscador que permita localizar en ellas palabras específicas –por ejemplo, “Infonavit”–. Asimismo, en la Plataforma Nacional de Transparencia es posible consultar algunas sentencias relevantes y de interés público entre 2015 y 2019, por materia, tema general, fecha de la sesión y número de expediente, pero no se puede buscar por palabra ni aparece el hipervínculo al texto de la sentencia, en muchos casos.
En la siguiente tabla detallamos nuestro diagnóstico:

En un segundo momento, esta investigación ciudadana o periodística debería centrarse en ubicar las sentencias de cada poder judicial estatal que tuvieron que ver con la ejecución de hipotecas a favor del Infonavit, con el fin de detectar si podrían presentar algún tipo de irregularidades similares a las identificadas en Nayarit o Coahuila.
Intentamos realizar este ejercicio en los estados donde se detectaron víctimas de estos esquemas. Sin embargo, como se observa en la siguiente tabla, las sentencias disponibles son generalmente muy pocas, cuando no inexistentes, o bien no existe un buscador que permita encontrar las sentencias que se relacionan con el tema que nos interesa.

¿Cómo se podrían detectar potenciales esquemas de ejecuciones hipotecarias fraudulentas a favor del Infonavit, similares a los que presuntamente se dieron en Coahuila y Nayarit, si ni siquiera tenemos acceso a las sentencias emitidas por los poderes judiciales estatales o, cuando éstas son públicas, no se pueden buscar mediante palabras clave?
El caso del fraude vinculado con créditos Infonavit detectado en Coahuila y Nayarit demuestra que a todos, ciudadanos y servidores públicos, nos conviene contar con las versiones públicas de la totalidad de las sentencias de todos los poderes judiciales en México, si queremos dar un paso adelante en la detección y el combate a la corrupción.
Esto solamente es un tipo de análisis que se puede realizar con base en sentencias judiciales. Al ser el resultado del trabajo de los jueces y magistrados y otros funcionarios jurisdiccionales, las sentencias son unos de los elementos más importantes para poder evaluar su trabajo, pues en ellas se puede analizar la calidad de sus argumentos o si éstos contienen indicios de discriminación, por ejemplo.
Pero la importancia de lo que proponemos va más allá de su aspecto evaluador. La publicación de las sentencias también es una herramienta fundamental para garantizar la independencia judicial, pues cuando todas son públicas, es mucho más fácil para un juzgador resistir eventuales presiones, al argumentar que si tomara una decisión indebida, ésta se podría detectar por su inconsistencia con respecto al conjunto de decisiones del funcionario.
Creemos que queda así suficientemente argumentado que todas las sentencias judiciales son de interés público. Sólo resta esperar que tanto el Senado como la Cámara de Diputados aprueben, a la brevedad posible, la iniciativa de reforma que obligaría a los poderes judiciales a publicar todas sus sentencias.
En un segundo momento, también sería deseable contar con sistemas de búsqueda homogéneos, que permitan encontrar sentencias por temáticas y palabras específicas, así como localizar términos en cada archivo digital.
Si realmente se quiere avanzar en el combate a la corrupción y en la mejora de la impartición de justicia, urge que los poderes judiciales transparenten sus sentencias, por su propio bien, por el de la ciudadanía y el de la justicia.
*Laurence Pantin (@lpantin) es coordinadora del programa de Transparencia en la Justicia de México Evalúa y Gustavo Marín (@drummeryisus) es investigador del mismo. Los autores agradecen la revisión de Pablo García.

[1] Esta iniciativa también fue presentada en la Cámara baja por diputados de todos los partidos el pasado 5 de marzo.
[2] Grupo de organizaciones integrado por EQUIS Justicia Para las Mujeres, México Evalúa, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Controla Tu Gobierno, Artículo 19, Borde Político y Fundar.