Privatizar la política educativa

Mauro Jarquín Ramírez*

La Jornada 

El lopezobradorismo presume haber logrado cancelar la mal llamada reforma educativa y con ello impulsar un proyecto educativo que presenta como propio. Al mismo tiempo, Mexicanos Primero declara que hay avances mixtos en la ruta educativa del gobierno morenista, la Concamin aplaude la aprobación de las nuevas leyes educativas, la Coparmex encuentra mejoras sustanciales en la propuesta votada y el SNTE se declara ahora ejército intelectual de la 4T. Considerando el empuje y cobertura que el sector empresarial y el oficialismo sindical dieron a la reforma 2013, así como la continuidad de sus propuestas en la agenda educativa oficial actual, hay algo de esta transformación educativa que sencillamente no cuadra.

¿Cómo ha logrado el Presidente este curioso consenso? O los reformadores del sexenio pasado cambiaron repentinamente de opinión sobre sus preferencias formativas, o consiguieron que elementos fundamentales de su proyecto permearan en la plataforma educativa de la 4T, a expensas de la legitimidad electoral del nuevo gobierno. A juzgar por las líneas contenidas en el dictamen aprobado, la segunda opción parece ser la más acertada.

Quienes impulsaron la reforma del sexenio pasado pudieron dar continuidad a sus propuestas debido, entre otras cosas, a la limitada interpretación del Presidente de la problemática educativa. Lo anterior se mostró con claridad en el discurso pronunciado por AMLO el jueves pasado en su conferencia matutina, cuando después de celebrar el avance de su reforma educativa y señalar de nueva cuenta a las reformas estructurales neoliberales impuestas por el extranjero, afirmó que la reforma educativa del sexenio pasado se había usado para engañar y manipular, ya que aunque su ejecución suponía un avance en la calidad educativa, lo que buscó fue la privatización.

En efecto, como pudo verse con los Clubes, la reforma 2013 contuvo un profundo sentido privatizador. Un sentido que, ahora recubierto por un discurso por momentos progresista, parece expresarse en otro sentido en el actual dictamen de reforma. Y es que la privatización educativa no consiste en poner un letrero que diga en venta en la entrada de las escuelas públicas del país, sino que abarca una serie de mecanismos de gestión institucional y social cuyo fin es ampliar la esfera de influencia del mercado en los sistemas educativos por medio de: a) procesos de gestión escolar inspirados en el mundo empresarial; b) fines educativos meritocráticos y excluyentes inspirados en criterios de eficiencia; c) contratación de servicios educativos a privados (actualización docente, tutorías, material didáctico); d) desprofesionalización docente; e) apertura cada vez mayor a intereses privados en espacios de gobierno educativo; f) fomento a la participación de privados en oferta educativa, entre otros.

La interpretación de que la problemática educativa consistía únicamente en una evaluación punitiva que atentaba contra la dignidad del magisterio, generó la percepción que desvinculando la evaluación de la permanencia docente el problema sería resuelto. Sin embargo, con lo anterior se permitió la permanencia de conceptos e ideas educativas de orden gerencial en la Constitución, mismas que podrían tener como efecto diversos procesos de privatización educativa. Según el texto propuesto:

a) El concepto central del proyecto educativo es el de excelencia, definida como mejoramiento integral constante que promueve el máximo logro de aprendizaje de los educandos. Además de ser una noción educativa vinculada al pensamiento neoconservador y promovida por fundaciones empresariales, su conceptualización se encuentra ligada a la estandarización educativa en mecanismos de evaluación, con lo cual abre la puerta a la intervención privada en la prestación de servicios de coaching o tutoría docente.

b) En materia de los principios rectores y objetivos de la educación inicial, el Ejecutivo federal considerará la opinión de diversos actores sociales involucrados en la educación, entre los cuales estarán involucradas OSC y cámaras empresariales, mismas que se han mostrado sumamente interesadas en tal rubro educativo.

c) El nuevo Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación será coordinado por un organismo público descentralizado, el cual contará con una junta directiva, un consejo técnico y un consejo ciudadano. Considerando la relevancia que el sistema tendrá a lo largo y a lo ancho del sistema educativo, será importante estar atentos a una posible ocupación de sus consejos por parte de intereses privados, tal como sucedió con los consejos ciudadanos del INEE durante el sexenio pasado.

d) El sistema emitirá lineamientos relacionados con la profesionalización de la gestión escolar. Las políticas de gestión escolar fueron un elemento significativo para organizaciones privadas que intentaron llevar a cabo programas de autogestión escolar. Una de ellas fue Empresarios por la Educación Básica, vinculada a Esteban Moctezuma.

e) Por otro lado, la asesoría de la OCDE en la reforma asegura la permanencia de la prueba PISA en nuestro país, misma que es financiada con recursos públicos por parte de los países participantes.

La propuesta educativa posneoliberal no contiene elementos que apunten a la privatización de la provisión educativa. La vía privatizadora de la 4T parece apuntar en otro sentido: el del poder político. Hasta el momento, el lopezobradorismo ha permitido la intervención directa de agentes privados en espacios clave de su gobierno. De igual forma la reforma consolida la presencia empresarial en la política educativa.

En ello radica el consenso.

*Politólogo.

Seminario de Perspectivas Críticas en Educación en México y Latinoamérica