La empresa Électricité de France (EDF) –apoyada por el gobierno de Oaxaca– insiste en realizar una consulta en la comunidad indígena zapoteca de Unión Hidalgo para "imponer" la construcción de un parque eólico, sin cumplir con los requisitos básicos para realizar dicho ejercicio, y sin informar sobre las posibles afectaciones medioambientales del proyecto.
Así lo advirtió la luchadora social Guadalupe Ramírez Castellanos, quien señaló que la mencionada compañía ha fomentado la división de la localidad, al repartir dinero entre algunos de sus habitantes para que acepten la instalación del parque eólico Gunaa Sicarú –sin importar el riesgo de despojo que implica– y se confronten con quienes se oponen al mismo.
En entrevista con La Jornada, Ramírez explicó que desde finales de 2016, EDF llegó a Unión Hidalgo con la intención de instalar un parque eólico con 92 aerogeneradores en una superficie de 3 mil 500 hectáreas, por los cuales obtendría ganancias de más de 326.5 millones de pesos por concepto de venta de electricidad.
Aunque en mayo de 2018 un juzgado de distrito concedió a Unión Hidalgo dos suspensiones definitivas para impedir que siguiera adelante el proceso de consulta sobre Gunaa Sicarú, por considerar que no había "condiciones naturales y sociales" para realizar dicho ejercicio de forma libre, de buena fe y adecuada a las circunstancias, EDF sigue insistiendo en ello, alertó Ramírez, quien ha sido blanco de amenazas de muerte por su activismo contra el nuevo parque eólico.
"Sabemos que la empresa paga y soborna a todos los que van a las asambleas para la consulta. Antes les daban 200 pesos por ir a gritar y a golpear (a los opositores al megaproyecto), pero ahora les dan 500. Mucha gente va sin saber qué es una consulta y que además es un derecho de los pueblos indígenas", como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Periódico La Jornada
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