Miguel Concha
La Jornada
Los meses pasan y los diversos asuntos
por atender se complejizan desde la transición de gobierno, la toma de
protesta y los días efectivos de trabajo del nuevo gobierno. La agenda
de los derechos humanos –particularmente la atención a víctimas de
graves violaciones– se ha visto sin duda resentida en ese proceso de
cambio de titulares y grupos encargados de atender las necesidades de
aquellas personas que padecen las secuelas de agresiones que han
afectado fuertemente sus proyectos de vida.
Uno de los principales retos de este gobierno tiene que ver con poner
efectivamente al centro de su quehacer los derechos humanos, y, para
avanzar en tan importante asunto, a las víctimas y sus organizaciones
acompañantes como principales interlocutores. Los pasados 3, 4 y 5 de
abril se llevó a cabo en la comunidad indígena de Arantepacua, Michoacán
(https://bit.ly/2H2HO6G) el Segundo Encuentro Internacional de Defensores y Víctimas de Graves Violaciones a Derechos Humanos
Por una verdadera justicia para todas las víctimas del país. Participaron diferentes víctimas y sobrevivientes de graves violaciones a derechos humanos, así como personas defensoras de derechos e integrantes de colectivos y movimientos sociales provenientes de por lo menos 10 estados de la República y de diversos países. En dicho encuentro, derivado del Primer Encuentro realizado en Nochixtlán, Oaxaca, del cual di cuenta en estas mismas páginas ( La Jornada, 24/11/18), se pudieron escuchar más concretamente valoraciones sobre las acciones del gobierno en relación con los temas más preocupantes de víctimas y sobrevivientes.
Por un lado, sigue en efecto la incógnita relacionada con el proceso
que el mismo gobierno detonó en materia de verdad, justicia, reparación y
no repetición, lo que en su momento se llamó justicia transicional,
pues abrió una expectativa que hasta ahora, en palabras de diversas
víctimas y sobrevivientes, no se ha visto reflejada en propuesta
concreta alguna. Ni, según su decir, mucho menos se han sentido
incluidas en algún proceso de construcción de política pública referente
al tema, si es que existe. Por las mismas colectividades de este
encuentro se ha definido por otro lado que los tiempos del actual
gobierno y sus priorizaciones no necesariamente empatan con los tiempos
de las víctimas y sobrevivientes. Por ello definieron la necesidad de
movilizarse para abrir canales de diálogo efectivos que permitan poner
sobre la mesa asuntos de urgencia, seguimiento y atención que les lleven
a condiciones más dignas, para revertir así situaciones estructurales
que están propiciando de manera generalizada impunidad y violaciones a
derechos.
La agenda de las víctimas y sobrevivientes de graves violaciones a
derechos humanos no se reduce únicamente a medidas de atención
inmediata. Por el contrario, la mirada de estos grupos de víctimas es de
largo plazo. Buscan también que se reviertan de raíz las condiciones
estructurales que han generado que la violencia no cese y las graves
violaciones a derechos humanos resulten casi imparables. Los y las más
excluidas toman de nueva cuenta en sus manos la tarea de visibilizar sus
demandas, y con ello apuntalar una agenda efectiva que sirva para las
miles de víctimas que han padecido los estragos de la violencia.
Los grupos que se dieron cita en la comunidad purépecha de
Arantepacua tienen entre sus objetivos, conforme se expresó en sus
definiciones políticas, continuar con su exigencia de verdad, justicia,
reparación y no repetición. En ello se incluye la atención efectiva a
sus casos, en los que se cuentan las violaciones a derechos humanos que
han padecido integrantes de la comunidad de Arantepacua, quienes en el
contexto de este encuentro conmemoraron el segundo año de las agresiones
a esa comunidad, el 5 de abril de 2017. Así como la atención efectiva a
casos, como los muchos pendientes que dejaron a la comunidad de
Nochixtlán los ataques del 19 de junio de 2016, y la debida atención a
familias de víctimas de feminicidio, que también acudieron a la cita; a
integrantes de la comunidad de Amatán, Chiapas; a familiares y amigos de
mujeres y hombres jóvenes desaparecidos o ejecutados en la Ciudad de
México; a comunidades indígenas desplazadas, como la de Chenalhó, y
muchas otras personas que acudieron a encontrarse y compartir sus
demandas.
Entre las acciones legítimas de estos grupos de víctimas para obtener
verdad y justicia se incluye la movilización del pasado miércoles 24 de
abril, cuando acudieron a la Ciudad de México para buscar atención en
la Secretaría de Gobernación y en la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos. Llegaron desde sus diversas comunidades y lugares con la
esperanza de ser escuchadas y ver garantizados sus derechos. Con la
genuina voluntad de exigir lo que es suyo: verdad, justicia, reparación y
no repetición. Toca ahora a los órganos autónomos, al gobierno federal y
a los gobiernos locales atender lo que se pidió. Para que eso suceda,
apoyemos lo más posible como sociedad civil.
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