En una vivienda, se reunió con la Organización Familia de Pasta de Conchos, integrada por los deudos y sobrevivientes de la tragedia ocurrida en 2006 así como de los accidentes carboneros posteriores que sumarían en estos años alrededor de 200 fallecidos, quienes encausaron sus reclamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Una primera señal de buena voluntad se había dado el pasado 19 de febrero, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a no litigar.
Después de horas de reunión, el encuentro del 30 de abril tuvo una conclusión: que el Estado tutele la recuperación de los 63 cuerpos que permanecen sepultados en la mina Pasta de Conchos, porque Grupo México –que originalmente debía hacerlo– cooptó en estos años al Estado (tanto que los deudos tuvieron que acudir a la CIDH) y el sindicato minero que dirige Napoleón Gómez Urrutia, tuvo prácticas desleales y es parte interesada.
Ese fue el origen del anuncio que el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó la mañana de este 1 de mayo y que, por primera vez desde el siniestro de 2006, colocó el asunto al máximo nivel al aceptar las condiciones de los deudos –aun a costa de dejar fuera de la ecuación a su aliado, Gómez Urrutia– como lo hizo al declarar sobre Germán Larrea: “si ayuda bienvenido, si no, de todas maneras lo vamos a hacer”.
El asunto tiene una relevancia enorme, pues no se trata sólo del interés de un grupo de familias: es uno de los casos del maridaje gobierno-gran capital, que se expresó de manera terrible, con vidas humanas de por medio, garantizando la impunidad a uno de los hombres más ricos de México, un asunto al que López Obrador se ha referido como objeto histórico de su gobierno: separar al poder político del económico, origen de la gran corrupción.
Durante 13 años, una “verdad histórica” fue construida con base en un perito sin credenciales contratado por Grupo México. Su dictamen sirvió para evitar que continuaran los trabajos de recuperación de cuerpos en Pasta de Conchos pues, durante los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, los funcionarios aceptaron y promovieron la versión empresarial.
La historia es la siguiente: un “experto” estadunidense, presentado en 2007 como D.G. Wooton, integró un dictamen en el que aseguraba que continuar con los trabajos, provocaría una epidemia de salmonela, tuberculosis y VIH en la región, algo que carecía de un soporte científico básico, pero asustaba a los habitantes de la zona, en un contexto de indignación social que, por otra parte, se atemperaba con una campaña de desprestigio sobre los deudos.
En los últimos días de febrero de 2006, autoridades federales, estatales y empresa, dijeron que la explosión provocó una elevación de temperatura a más de 900 grados, por lo que “ya no había sustento de vida” pues estaban calcinados (como se dijo en los mismos términos con la “verdad histórica” de Ayotzinapa, no habría ni cenizas). Grupo México justificó así terminar el esfuerzo de recuperar a los mineros con vida –que, entre una serie de compromisos posteriormente también incumplidos– prometiendo recuperar sus cuerpos.
El 23 de junio de 2006 se recuperó un primer cuerpo y el 1 de enero de 2007 el segundo. En ambos casos, la causa de muerte fue asfixia y no calcinamiento, lo que en los hechos echaba por tierra la primera “verdad histórica” que se quiso imponer. Así que al emitirse el Informe Wooton, lo que se evitaba era avanzar en aquello que podía evidenciar las responsabilidades de la empresa pues en 13 años nadie ha podido explicar qué fue lo que ocurrió el 19 de febrero de 2006 cuando, antes de emitir la alerta de accidente, desaparecieron misteriosamente de las oficinas de la mina, las bitácoras y otros documentos que podían acreditar en qué condiciones operaba.
Las condiciones previas eran relevantes: bitácora sobre presencia de gas; calidad de inhibición del polvo de carbón y, reportes sobre desperfectos eléctricos (factores clave para una explosión en mina de carbón), por ejemplo, que habían sido reportados desde el 7 de febrero, 12 días antes del estallido, en un acta de verificación que firmaron empresa, sindicato minero e inspectores de la secretaría del Trabajo.
El reporte del 7 de febrero era el seguimiento a las inspecciones que documentaban desde dos años antes las anomalías de la operación sin que jamás se hubieran suspendido sus actividades. Demasiadas responsabilidades que, de continuar con la recuperación de cuerpos, quedarían al descubierto.
Javier Lozano Alarcón, como secretario de Trabajo, no sólo aceptó el informe de Grupo México, sino que dijo que los deudos y los defensores de derechos humanos que los acompañaban, lucraban con la tragedia; interpretó a modo los informes de la Organización Internacional del Trabajo para declarar cerrado el caso, así como el dictamen del Foro Consultivo Científico y Tecnológico para mantener su posición que era la misma de Grupo México: no continuar con la recuperación.
En el gobierno de Enrique Peña Nieto, el asunto fue tomado por el subprocurador Ricardo García Sáenz quien, al avanzar en la reapertura del caso procurando la recuperación de cuerpos por la vía penal, terminó forzado a abandonar el cargo, más o menos en las mismas fechas en que la secretaría de Economía, a través de su Dirección General de Minas, fraccionó en varios lotes la concesión Pasta de Conchos, haciendo aprovechable el yacimiento y eludiendo la suspensión impuesta por el siniestro.
De esa historia se desprende la exigencia de tutela del Estado que se hizo a Luisa Alcalde el 30 de abril, en una vivienda de Barroterán, donde se reunió con Trinidad Cantú, madre del minero fallecido Raúl Villasana, Elvira Martínez, viuda del minero Jorge Vladimir Muñoz, un representante del Centro Pro, y Cristina Auerbach Benavides, defensora de derechos humanos y anfitriona del encuentro.
A más de 13 años de los hechos, hay un avance que se actualiza en una región cuya actividad productiva principal, padece una cultura patronal mortífera y que, paradójicamente sirve al Estado, pues la mayoría de las minas son proveedoras de la Comisión Federal de Electricidad.
Pero las responsabilidades son muchas y, por lo pronto, el gobierno de López Obrador deberá para resistir las presiones del magnate Larrea y sus asociados en la vida pública, por su anuncio de este 1 de mayo y cuando en estos días, el Estado Mexicano responda a los requerimientos de la CIDH, luego del compromiso asumido por el mandatario de no litigar contra las víctimas.
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