El Censo Nacional del Sistema Penitenciario 2022 realizado por el Inegi se llevó a cabo en 319 centros de detención tanto federales como estatales. Sus cifras dejan ver que una de las mayores problemáticas para las mujeres privadas de su libertad es la falta de acceso a servicios médicos.
De los 319 centros censados por el Inegi, sólo 298 cuentan con consultorios médicos y 59 con hospitales. Además, únicamente 217 tienen camas hospitalarias y en 212 hay áreas de atención psicológica y psiquiátrica.
No es necesario hacer muchas cuentas: comparadas con las más de 12 mil mujeres privadas de su libertad —y pensando, también, que muchas de ellas están en penales mixtos— resulta evidente que estas instalaciones son insuficientes para atender a toda la población penitenciaria.
Pero el tema de la salud cobra otros matices al hablar de mujeres, pues implica temas como la gestión menstrual y cuidados especiales cuando se trata de maternar. El censo del Inegi muestra que ambos aspectos no son prioritarios para el sistema penitenciario mexicano.
De acuerdo con dicho censo, de los 319 penales contabilizados, sólo en 129 se les proporcionó toallas sanitarias a las mujeres. Además, únicamente 36 de ellos ofrecieron pañales a quienes tienen hijas e hijos en prisión y sólo 65 reportaron tener espacios específicos para ejercer una maternidad digna.
Más allá de las cifras: la violencia en prisión
En una recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en agosto de 2021, la institución indicó que en lugares como Tijuana y Morelos, las mujeres presas tienen dificultades para acceder a productos de gestión menstrual.
Si bien hay tiendas dentro de las prisiones en las que pueden comprar toallas o tampones, la realidad es que pocas de ellas cuentan con recursos para hacerlo. Esto hace que dependan, por ejemplo, de los productos que sus familiares les llevan en los días de visita. Sin embargo, de acuerdo con la misma CNDH, el 60 por ciento de las mujeres reclusas son abandonadas por sus seres queridos.
Lo anterior obliga a las mujeres a usar calcetines y trapos para sobrellevar sus días de sangrado. También solicitan ayuda de otras compañeras que utilizan menos productos que ellas, pero, con la escasez de recursos, esto no siempre es sencillo.
A este abandono por parte de las autoridades y de las familias se suman otros riesgos como la violencia sexual. De acuerdo con la organización Documenta AC, al estar en penales mixtos, muchas veces, las mujeres pasan a formar parte de redes de trata y prostitución que se dan a costa de otros presos como en el caso de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México.
No obstante, está documentado que esta violencia está presente incluso desde antes de que las mujeres pisen la cárcel. Según una publicación de las Naciones Unidas, el 41 por ciento de las mujeres detenidas por la Marina en 2020 fueron víctimas de abuso sexual, al igual que el 21 por ciento de mujeres detenidas por el Ejército Nacional.
Una vez dentro de los penales, a esta violencia se agrega la discriminación por parte de las y los custodios. Y este mismo estigma —dice Documenta AC— llega también a las y los familiares que sí visitan y apoyan a las mujeres en reclusión. Además de tener una carga extra de sus trabajos cotidianos, estas personas llevan a cuestas los señalamientos de la sociedad por tener a alguien en prisión.
Falta de sentencias y castigos injustos
José Luis Gutiérrez, de la organización civil ASILEGAL, afirma que de 2019 a 2021, la cantidad de mujeres en prisión preventiva aumentó en un 175 por ciento. Según el censo de Inegi, en 2021 se contabilizó a 932 mujeres que llevan dos años o más esperando una sentencia en algún centro de detención.
Del lado opuesto, hay otras mujeres más recibiendo sentencias exageradas de acuerdo con los delitos que cometieron. Este es el caso de aquellas a quienes han procesado por posesión y venta de sustancias ilícitas. Según la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), estas mujeres reciben sentencias mucho mayores a las de los hombres acusados por el mismo delito.
Ambos factores contribuyen a la sobrepoblación en penales y reclusorios, los cuales, para colmo, experimentaron un recorte del 17 por ciento en su presupuesto el año pasado. De acuerdo con una publicación de la organización Equis justicia para las mujeres, precisamente, esa falta de presupuesto fue el pretexto para que las reclusas no tuvieran acceso a cubrebocas y muchos otros suministros necesarios durante la pandemia de Covid-19.
Durante esta emergencia sanitaria, la condición de las mujeres privadas de su libertad empeoró. La pausa del mundo exterior detuvo también sus procesos legales. No tenían información sobre sus casos ni sobre la pandemia, no podían ser visitadas y sus pocas actividades recreativas se suspendieron. Vivieron un encierro dentro de otro.
La mayoría de las mujeres en penales (el 18.6 por ciento) tiene entre 30 y 34 años. Esto quiere decir que necesitan atención específica respecto a su salud sexual y reproductiva propia de su edad. Además, el 39.6 por ciento únicamente estudió la secundaria, lo que las coloca en una posición vulnerable respecto al conocimiento de sus derechos básicos.
A pesar de lo anterior (las cifras, los reportes y las recomendaciones institucionales), estas mujeres permanecen invisibles para la justicia. El trabajo del sistema penal en México no termina con ejercer un castigo: también es su responsabilidad velar por los derechos humanos de las y los custodios —una tarea que, aparentemente, todavía está lejos de cumplirse—.
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