Durante una entrevista con Cimacnoticias, Andrea Foncerrada, presidenta de The Boston Center for Latin America –una instancia contratada para atender las denuncias del CCC–, declaró que la parte más complicada de colaborar con el Centro de Capacitación fue el vacío legal que impide el acceso de las víctimas a protocolos de acción eficaces en caso de sufrir algún tipo de violencia.
Cabe recordar que el CCC es una institución vinculada con la Secretaría de Cultura Federal. Esto quiere decir que sus mecanismos de actuación en casos como los expuestos en el tendedero están sujetos a los protocolos de la administración pública federal.
De acuerdo con Andrea Foncerrada, quien también es politóloga y tiene una maestría en políticas públicas, algunos de los agresores señalados en el tendedero del CCC no pueden ser procesados a través de dicho protocolo, sobre todo los docentes. Esto se debe a que tales procedimientos aplican únicamente para funcionarios públicos, y los profesores de la institución están contratados por honorarios.
No hay una cláusula que obligue a estas personas a sujetarse a los protocolos sobre violencia de género. Tampoco hay nada que obligue a los alumnos a seguir dicha normativa. De ahí que –aseveró Foncerrada– The Boston Center tuviera que realizar prácticamente todo un protocolo para investigar las denuncias hechas en la escuela cinematográfica.
Caso de Alfredo Loaeza pasó a manos del Órgano Interno de Control del CCC
Cuando el equipo del Boston Center empezó a colaborar con el CCC en mayo de 2021, la institución académica contaba únicamente con una línea de denuncias que comenzaba a operar (además del protocolo federal).
Ante la falta de lineamientos de acción propios, ambos organismos empezaron a diseñar un plan de trabajo. Este incluyó capacitaciones permanentes, contención emocional tanto para las víctimas como para los presuntos agresores y la apertura de una línea de denuncia directa coordinada por el centro de investigación dirigido por Foncerrada.
Fue a través de la línea abierta entre enero y febrero de este año que se recibió el señalamiento contra el director del CCC, Alfredo Loaeza Sánchez. Andrea Foncerrada declaró que el caso tuvo el mismo tratamiento que los demás: se investigó, se clasificó como se consideró adecuado y se emitieron recomendaciones para las acciones que el CCC debía tomar al respecto.
Apenas en junio, diversas colectivas, profesionistas y estudiantes de la industria audiovisual emitieron un comunicado sobre la situación. En él informaban sobre el supuesto ocultamiento de información sobre el caso de Loaeza por parte de The Boston Center y las autoridades del CCC.
De acuerdo con Andrea Foncerrada, de parte del centro nunca hubo tal encubrimiento. Según la presidenta de la organización, hubo datos que no se revelaron tanto al Consejo Estudiantil como a la Comisión de Atención a Señalamientos de Violencia de Género, pero fue porque eran confidenciales, tal como sucede con el resto de casos que atendieron.
Tras la apertura de la línea de denuncia en enero, The Boston Center y la Comisión de Atención a Señalamientos de Violencia de Género trabajaron juntos en cerca de cuatro reuniones. En ellas acordaron que las y los miembros de dicho comité tendrían acceso limitado a los casos para pronunciarse sobre las medidas recomendadas en cada situación particular.
Desde la perspectiva de Andrea Foncerrada, esto fue realmente útil al determinar los castigos que deberían asignarse por cada caso. Sin embargo, la falta de información respecto al caso de Loaeza y la supuesta obstaculización de las labores de la Comisión y del Consejo llevaron a varias mujeres de estas instancias a renunciar a sus cargos tras una cuarta reunión con el Boston Center y el CCC el semestre pasado.
Para Foncerrada, todo lo que ha sucedido alrededor del caso de Alfredo Loaeza y las limitaciones del Boston Center frente a la configuración institucional del CCC ocasionaron que el caso del directivo se turnara al Órgano Interno de Control (OIC) del centro de capacitación.
La politóloga afirmó que este órgano será el encargado de determinar las acciones que se tomarán contra el funcionario en caso de que sea necesario. En este sentido, lo mínimo que exigen las estudiantes del CCC es su destitución del centro académico; esto solo puede llevarse a cabo a través del OIC, siempre y cuando exista una denuncia formal contra Loaeza.
Secretaría de Cultura revisa protocolo para evitar que violencia se repita
Según declaraciones de Andrea Foncerrada, la Secretaría de Cultura también está revisando el caso de Alfredo Loaeza. Además, está haciendo unos últimos ajustes al protocolo de actuación y denuncia elaborado entre el Boston Center, estudiantes y personal del CCC.
Por otro lado, se realizaron modificaciones al reglamento académico de la institución para sujetar a alumnos, alumnas y docentes al debido cumplimiento de normas relacionadas con perspectiva de género.
De acuerdo con Foncerrada, de las 40 denuncias que The Boston Center recibió cuando abrió su línea de comunicación –las cuales terminaron de ser revisadas este 25 de julio–, había algunas presentadas por mujeres que, aunque ya no están en la institución educativa, merecen justicia por los agravios y violencias recibidos durante su estancia en la misma.
Detrás del resurgimiento de estas denuncias históricas se encuentra la deficiencia de las instancias de gobierno, cuyos protocolos no están vinculados de manera clara a sus dependencias ni sus trabajadores.
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