El 26 de enero, el Tribunal Supremo de Justicia venezolano ratificó la inhabilitación para ocupar cargos públicos por 15 años a Machado, fundadora del partido conservador Vente Venezuela, impuesta por la Contraloría General de la República en septiembre de 2021 por haber estado involucrada en la trama de corrupción orquestada por el usurpador Juan Guaidó (el presidente fake auspiciado por la administración Trump), que propició el bloqueo criminal de EU a la República Bolivariana así como el despojo millonario de empresas y riquezas del Estado venezolano (como Citgo Holding Inc, Citgo Petroleum Corporation y Manómeros Colombo Venezolanos, SA), junto con el secuestro y robo de 31 toneladas de oro venezolano. Asimismo, Machado, con acceso directo a la Oficina Oval desde el gobierno de George W. Bush a Biden, abogó por la invasión extranjera a su país mediante la invocación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y de la polémica doctrina intervencionista Responsabilidad de Proteger (R2P).
El 29 de enero, amparándose en la interpretación de Washington de los Acuerdos de Barbados suscritos en octubre último por el gobierno de Maduro y la oposición venezolana, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro −principal herramienta de guerra por medios no militares de EU−, informó que desde el 13 de febrero quedará revocada la licencia que permitía a estadunidenses establecer relaciones comerciales con la minera de oro estatal Minerven. El ente aurífero había sido agregado a la lista negra de la OFAC en 2019 y sus activos bloqueados, pero en octubre de 2023 Washington emitió una exención de seis meses a esa sanción, como parte de la hoja de ruta electoral suscrita por Maduro y la Plataforma Unitaria de la oposición en Bridgetown (de la que Machado no forma parte).
Un día después, el portavoz del Departamento de Estado, Matthew
Miller, fijó como límite el 18 de abril para reanudar las sanciones a
los sectores petrolero y gasífero, y la sede diplomática de EU para
Venezuela (radicada en Bogotá, Colombia), replicó en la red X el
ultimátum del vocero del Consejo de Seguridad Nacional, almirante John
Kirby, de que las autoridades venezolanas tenían hasta abril
para permitir a los partidos y candidatos de la oposición participar adecuadamente
.
Es decir, en clara violación del derecho internacional, la
administración Biden volvió a la vieja praxis bipartidista, que pretende
mantener como rehén político al Estado venezolano mediante el esquema
de sanciones coercitivas, un mecanismo para la aplicación de castigos
colectivos a la población venezolana.
Frente a lo que consideró un deliberado intento de golpear a la
industria venezolana de hidrocarburos, la vicepresidenta Delcy Rodríguez
replicó en X que si EU intensificaba la agresión económica contra su
país, a partir del 13 de febrero quedarán revocados de manera inmediata
los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos (lo que podría
perjudicar los anhelos releccionistas de Joe Biden) y se adoptarían
otras contramedidas. A su vez, el presidente del Parlamento, Jorge
Rodríguez, cuestionó el plazo del 18 de abril dado por EU para reimponer
sanciones, y reviró: Ahórrense el lapso, yanquis de mierda
. Por
su parte, el presidente Maduro señaló que a pesar de las sanciones
impuestas por EU y la Unión Europea, Venezuela ha aprendido a enfrentar
todo tipo de dificultades y recordó que la extrema derecha vernácula,
referenciada en la oligarquía de los apellidos
−como los Borges, López, Machado, Ledezma y Capriles
−, siempre ha querido incendiar el país
promoviendo sanciones, bloqueos y hasta intentaron crear un Estado paralelo
que fue derrotado y terminó en el basural de la historia
.
No obstante, advirtió que los planes extremistas continúan activos y
son apoyados por EU, que se niega a aceptar la institucionalidad y las
decisiones del Estado venezolano.
La escalada de tensiones se iniciaron el 22 de enero, cuando el
fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció la detención de
32 personas (entre ellas 18 militares), presuntamente involucradas en
cinco conspiraciones de terrorismo y planes para asesinar al presidente
Maduro, al ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, y al
gobernador de Táchira, Freddy Bernal. El propio Maduro dijo que en las
conspiraciones desmanteladas habían participado militares traídos desde
EU, Perú, Colombia y oficiales venezolanos captados en 2020 y 2021 por
la CIA, que junto con la DEA y agentes de inteligencia del Ejército
colombiano, han buscado desestabilizar la frontera colombo-venezolana.
El subsecretario de Estado de EU, Brian Nichols, dijo que esas
acusaciones no tenían fundamento, y Jorge Rodríguez le respondió que
Washington suele negar los hechos sin siquiera atender la evidencia
. Y agregó: Debemos esperar como en Chile, a que se desclasifiquen los documentos
(en referencia al golpe de Estado contra Salvador Allende).
En ese contexto, el ministro de Defensa Padrino denunció que la
empresa petrolera estadunidense ExxonMobil financia los intentos de
magnicidio contra Maduro, con el objetivo de hacerse del territorio del
Esequibo, en disputa con Guyana. En noviembre pasado, Maduro culpó a la
ExxonMobil y al Comando Sur del Pentágono de sembrar un conflicto
militar en el Esequibo con el objetivo de saquear los recursos energéticos
.
En su pugna geopolítica con la alianza estratégica China-Rusia, para
Washington, Venezuela, rica en hidrocarburos y no alineada con EU, es
vital. ¿Responde a ello la trama conspiracionista impulsada por la CIA,
la DEA y el Pentágono contra Venezuela?
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