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11/29/2019

En la Constitución, la consulta popular y la revocación de mandato


La iniciativa obtiene respaldo de 17 congresos, excepto Guanajuato

La revocación de mandato y la consulta popular quedaron inscritas en la Constitución, al confirmarse en el pleno de la Cámara de Diputados el resplado de 17 congresos locales, con excepción del de Guanajuato, que votó en contra.
La adición a la norma, que se sujeta al impulso de la democracia participativa de la actual administración, empujada por Andrés Manuel López Obrador desde la Presidencia de la República, fue presentada al pleno por Dolores Padierna Luna (Morena), quien confirmó que una vez realizado el cómputo de los votos aprobatorios de la mayoría de los congresos de los estados y de la Ciudad de México (17 como márgen mínimo), la Cámara de Diputados emite el siguiente proyecto de declaratoria:
El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 constitucional y previa aprobación de la mayoría de las honorables legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política en materia de consulta popular y revocación de mandato. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
Los 17 votos aprobatorios corresponden a las legislaturas de Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco y Tlaxcala. .
En el pleno cameral se sucedió una catarsis variopinta en torno a la reforma constitucional. María del Carmen Bautista (Morena) consideró que la consulta popular es una herramienta de la democracia directa que empodera a los ciudadanos.
No obstante, el panista Raúl Gracia, crítico del actual gobierno, no modificó el sentido de sus argumentaciones y fustigó el hecho: la declaratoria de la reforma constitucional es mucho más grave y peligrosa de lo que era hace unos meses, ya que han tomado el control de la Corte (SCJN) y van por el del órgano electoral (INE). No a la revocación como un instrumento del socialismo para aferrarse a un poder dictatorial.
Moderada, la priísta Dulce María Sauri consideró el cambio como un avance en materia de participación ciudadana directa. Sin embargo, preocupan las limitaciones, ambigüedades e indefiniciones que persisten. En 2021, dijo, el INE no sólo será el encargado de las elecciones federales, sino podrá recibir la petición para revocar el mandato al Presidente pero, ¿cómo lo hará si se le recortó el presupuesto?
Roberto Garduño
 Periódico La Jornada

6/14/2019

Promesas constitucionales pendientes

Claro que no esperaba que de la noche a la mañana las autoridades modificaran sus habituales prácticas, obvio que no pensé que se terminarían las violaciones a nuestros derechos por el solo hecho de cambiar la Constitución, pero por un instante sí tuve la ilusión de que el Poder Judicial de la Federación daría un giro pronunciado a su mentalidad y a la forma en la que encara sus responsabilidades.
Me tocó estar de infiltrado en los tres años posteriores a las reformas de 2011 y atestiguar en primera fila los esfuerzos que se emprendieron para transformar el paradigma constitucional. En mi mente siempre lo he tenido claro: favorecer en todo tiempo a las personas y a sus derechos humanos la protección más amplia, es y debe ser la guía de cualquier autoridad y mucho más, de todo órgano judicial.
Sin embargo, como litigante de causas de derechos humanos no he tenido la fortuna de constatar que en todo momento se garanticen en sede judicial nuestros derechos con la protección más amplia. Al contrario, he visto que los criterios judiciales en demasiadas ocasiones se han alejado de la esencia de aquellas reformas, con las que soñaba que la defensa judicial de los derechos se facilitaría.
Mi desilusión principal es que en la actualidad no puedes presentarte ante un juzgado o un tribunal y pedirle sin más que favorezca tu mayor protección, tampoco que corrija una desigualdad que te parezca evidente, ni que aplique las normas de fuente internacional que resulten más protectoras, porque ese deber se ha trasladado a quienes litigamos. Si no damos profundos argumentos, perdemos.
Se me dirá que argumentar convincentemente siempre ha sido responsabilidad de mi gremio, pero no concuerdo. No en materia de amparo, no para garantizar nuestros derechos humanos. En México se necesitan muchas cosas y tenemos enormes problemas, pero no hay uno solo que no pudiera mejorar con un ejército de personas defensoras de derechos humanos conformado por el Poder Judicial.
La probreza, la contaminación, la desigualdad social, la inseguridad, la corrupción y la impunidad, todas, son violaciones sistemáticas de derechos humanos, al menos en mi opinión. Por eso cada caso de violación de derechos humanos que tenga que juzgarse en sede judicial de amparo debería verse como una causa de interés público, una en la que las autoridades demandadas no se sientan ofendidas, pero sobre todo, en la que los juzgados desplieguen su rol de garantes.
Tenemos derecho a una protección judicial de nuestros derechos humanos sencilla y accesible para todo mundo. No leo en ninguna parte de la Constitución que la tutela jurisdiccional dependa de nuestra capacidad económica para contratar a los mejores despachos jurídicos, y aunque deberíamos tener normas para exigir responsabilidades a quienes hagamos un trabajo legal deficiente, eso es independiente al deber constitucional de los juzgados de amparo de garantizar nuestros derechos de la manera que resulte la más favorable, y en todo momento.
Insisto que hay muchos avances que reconocer, pero no podemos congratularnos sin mantenernos con una mirada crítica por las promesas constitucionales que siguen sin cumplirse. Así que en lo personal, inicia un nuevo año para continuar exigiendo que los tribunales de amparo hagan su trabajo, en cada caso, de la forma en que más favorezcan la protección de las personas y de las comunidades.
Cierro esta opinión con el reconocimiento a un buen gesto de la Segunda Sala de la Suprema Corte, que en adelante hará sentencias de fácil lectura para algunos casos, por acuerdo general publicado el último día de mayo. Que sea así siempre.

6/02/2019

El significado de la filosofía en la Constitución



El pasado 15 de mayo, se proclamó la constitucionalidad del nuevo artículo tercero. En él se incluyeron dos modificaciones que han pasado desapercibidas por la opinión pública, pero que representan potencialmente una base extraordinaria para darle un nuevo sentido a la educación en nuestra nación. En efecto, gracias a la propuesta del Observatorio Filosófico de México, con el apoyo de un destacado grupo de filósofos y diputados, por primera vez en la historia de éste y de muchos otros países, ala filosofía se le menciona como disciplina importante en la educación y se establece que el Estado debe otorgar apoyo a la investigación científica, tecnológica y humanística. En una sociedad en la cual la tendencia dominante ha sido la tecnocrática y mercantilista promovida por la OCDE y el FMI, marginando o eliminando a la educación filosófica y humanística en los sistemas educativos como ha ocurrido en Centroamérica, España, el propio México y recién en Brasil, en donde un fascista llamado Jair Bolsonaro, que ocupa el cargo de presidente, anunció la eliminación de las facultades de Filosofía y Sociología, el hecho de que nuestros diputados y senadores hayan incluido a la filosofía y las humanidades en la educación es muy meritorio.
Esa acción no puede quedarse en este punto. Hablar de filosofía sin más no tiene sentido. Existen muchos tipos de filosofías e inclusive las que buscaron legitimar el nazismo. Es por ello que la clave la encontraremos en la formulación de la ley secundaria, pero sobre todo en su aplicación práctica. No obstante, aún queda por resolver una pregunta fundamental: ¿para qué incluir la filosofía en la educación de los mexicanos? La respuesta tiene dos vertientes: la primera es lo que la filosofía, bien entendida y enseñada puede lograr. En este sentido, la Unesco lanzó hace unos años una iniciativa mundial sobre la educación filosófica a través de diversos documentos y un libro fundamental: La filosofía como una escuela de la libertad. Enseñanza de la filosofía y aprendizaje del filosofar: la situación actual y las perspectivas para el futuro (publicado, en forma exclusiva en español en coedición con la UAM-I).En él se analiza la filosofía enseñada a los niños, escrita por el especialista francés Michel Tozzi, quien expone las características de una metodología especial que permite que los niños desarrollen en forma creativa y lúdica sus capacidades de indagación, de expresión verbal, de juegos lógicos y de imaginación creadora en vez de estar sometidos a la terrible parafernalia de los juegos violentos de Internet, de las distopías y la inversión de valores que predominan en nuestros medios.De igual forma, Oscar Brenifier expone lo que se ha llamado nuevas prácticas de la filosofía y que buscan extender la reflexión filosófica a todos los habitantes a través de la creación de cafés filosóficos, talleres filosóficos, asesorías, filosofía para niños, jóvenes, adultos, enfermos en hospitales, empleados de empresas, prisioneros, etcétera, con el propósito de que cada quien encuentre un sentido y un significado a su existencia y el tercer artículo es el escrito por Luca Scarantino (actual presidente de la FISP), quien expone la importancia de la filosofía en la educación superior. Se trata de una filosofía contextualizada; en interrelación con las ciencias y de ninguna manera doctrinaria, metafísica o etérea. ¿De qué sirve todo esto? La respuesta es: para formar auténticos ciudadanos, críticos y democráticos. Pero como hemos escrito, la educación filosófica no se queda allí en nuestro país. El actual gobierno ha dicho que aspira a construir una nueva etapa de la historia y que para ello, se requieren transformaciones económicas, jurídicas y políticas, sin embargo, a mi juicio, no se podrá lograr esta meta si no se educa a la población y en especial a las nuevas generaciones, a partir de concepciones filosóficas sobre un desarrollo social justo; de formación de valores y no desvalores; de un humanismo opuesto a la terrible violencia ejercida por el crimen organizado; de un equilibrio ecológico urgente; de búsqueda de solución a los problemas éticos de todo tipo que nos abruman; de lucha en contra de la discriminación racial, sexual y de clase y muchas cuestiones más. La filosofía tiene disciplinas sumamente ricas que pueden contribuir a enriquecer la educación que requerimos los mexicanos en el mundo de hoy. Todo esto no se va a lograr con catecismos o cartillas morales, sino mediante una verdadera y auténtica educación filosófica. Ojalá y las autoridades comprendan que aquí se encuentra uno de los pilares fundamentales de una real transformación de nuestra sociedad.

*Profesor-investigador del Departamentode Filosofía. UAM-I

9/03/2018

Una Constitución de izquierda

Importa la deliberación porque nuestra Constitución Política contiene múltiples mandatos que bien pudieran apreciarse con esa orientación, si por ello se entiende la búsqueda de condiciones sociales y económicas más justas para la población, la garantía de mínimos en torno a bienes y servicios básicos elementales, el respeto irrestricto a la igualdad desde la diversidad, el combate a toda forma de discriminación, y la consagración, no sólo de libertades políticas, sino de participación directa en asuntos de interés público.
Nuestra Constitución aporta un detalle nada menor para las discusiones públicas, porque su orientación no solamente es política, es, sobre todo, jurídica, vinculante aún para las mayorías en el gobierno y los cuerpos legislativos, y todavía más, si no se pierde de vista que en gran medida, se ha optado por el reconocimiento de varios derechos humanos para establecer esa guía para cualquier administración.
De entrada, habrá que seguir con cuidado los trabajos para redactar la llamada Constitución Moral. Cierto es que se anuncia como un documento respetuoso de la libre manifestación de ideas, la diversidad, la pluralidad, la no discriminación, y además se presume que contribuirá a conformar una sociedad incluyente; pero, con todo y eso, tendría que cuestionarse seriamente la necesidad del esfuerzo cuando nuestra Constitución Política, máxima norma jurídica en el país, respalda nuestra composición pluricultural como Nación, compromete la laicidad del Estado y la educación –la cual debe combatir la ignorancia, las servidumbres, fanatismos y prejuicios, entre otros fines–, reafirma nuestra diversidad cultural, y reconoce nuestra libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión. Así las cosas, por más representativo que sea el proceso para crear dicha Constitución Moral, ¿para qué arriesgarnos a que no sea fiel reflejo de lo que son nuestros derechos?
Hecha esa mención, como un mero recordatorio de que una verdadera izquierda tendría que ser respetuosa de las libertades, tanto privadas como públicas, lo que más me interesa es destacar un camino ordenado por nuestra Constitución actual, y que obliga a que las políticas públicas por venir sean de determinada manera y no de cualquier otra. –Aclaro que, si eso suena impositivo, en nada descarta que se pueda discutir la reforma a nuestra Constitución o la creación de una nueva, pero mientras su texto no cambie, pienso que es vital defender que se le respete–.
De un gobierno de izquierda democrática se espera, y se le deberá exigir, un giro de ciento ochenta grados a las políticas de combate a la desigualdad social y económica. La realidad mexicana es lamentable: una gran parte de nuestra población en la pobreza; una de las sociedades más injustas, con las mayores distancias entre quienes menos tienen y quienes acaparan las riquezas; políticas sociales que van de fracaso en fracaso; mínimas expectativas de mejorar la condición social durante toda una vida de esfuerzo, pues si se nace pobre lo más probable es que así se muera; desventajas tales que son excepcionales las historias de éxito de gente emprendedora si no parte con privilegios de origen; y ello, escenario propicio para la corrupción, inseguridad e impunidad generalizadas, no a cuenta de la pobreza, sino de la instauración del privilegio y de la explotación.
Al respecto, nuestra Constitución vigente tiene mucho que ordenarle al gobierno. En esta ocasión me enfoco en la forma de orientar la actividad económica. En el artículo 25 constitucional ciertamente no se adopta la indiferencia como política pública, no se deja al libertinaje del mercado la guía de la economía. Al contrario, los mandatos constitucionales encomiendan gran responsabilidad a nuestras autoridades competentes. Si lo simplifico al máximo, la opción por apoyar al sector privado, empresarial, industrial y financiero, para que cuenten con oportunidades de privilegio y excepción, para impulsar el desarrollo nacional, el crecimiento económico, el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, con el fin de lograr el pleno ejercicio de nuestra dignidad y derechos, ha sido un fracaso.
El peor de los fracasos, porque el desarrollo por derrame, a cuentagotas, para el resto de la población, brilla por su ausencia. Lo que en su lugar abundan son historias de despojo, desplazamiento, explotación humana y sobreexplotación ambiental, algo muy distante del desarrollo nacional integral y sustentable que mandata la Constitución. Por ello pienso que se necesita exigir al nuevo gobierno, incluso en tribunales, que la regulación y fomento de las actividades económicas que necesitan de su apoyo prioritario son las que le corresponden al sector social.
Por orden constitucional de equidad social, por beneficio general de la población y hasta para cumplir la promesa de que, por el bien de México, primero los pobres, urge impulsar al sector social, a ese que se identifica en el artículo 25 de nuestra Constitución: los ejidos, las organizaciones de personas trabajadoras, las cooperativas, las comunidades, las empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a la clase trabajadora –si alguna queda–. Pero no sólo a tal sector, sino a las personas y comunidades indígenas y a las equiparables –como la gente del campo o de zonas urbanas marginales que no se identifica como indígena–, y eso también por mandato del artículo segundo constitucional. Impulsar el desarrollo regional de zonas indígenas y equiparables, fortalecer las economías locales, mejorar las condiciones de vida comunitaria de los pueblos, fomentar y respaldar sus actividades productivas, estimular sus propias inversiones para crear empleos, mejorar su acceso a las tecnologías y a los mercados, teniendo en cuenta en todo momento una perspectiva de género adecuada. Todo ello sin discriminación alguna por su condición social, lo que se traduce, en los hechos, en no negarles por anticipado oportunidades de desarrollo que hasta ahora han beneficiado casi en exclusivo al sector privado empresarial. En términos simples, ¿por qué se piensa que cualquiera de los denominados proyectos de desarrollo se tiene que concesionar a grandes empresas?, ¿por qué no se confían a la gente común?, ¿por qué las zonas económicas especiales únicamente tienen un enfoque industrial?, ¿por qué no dejar que las personas elijamos nuestros propios modelos de desarrollo para así hacer realidad nuestros propios proyectos de vida?
Si el tema es que sólo las grandes empresas tienen las capacidades técnicas y financieras, eso prevalece por olvido e incumplimiento de la Constitución, pues es obligación del gobierno propiciar que la gente tenga igualdad sustantiva, incluso si para ello se requieren temporalmente acciones afirmativas o políticas públicas equiparadoras. El momento para demostrar realmente el compromiso del nuevo gobierno inicia desde hoy, en ajuste de leyes y presupuestos. Continuará a la hora de construir, con participación previa, informada y efectiva de todos los sectores de la población, los planes nacionales y locales de desarrollo. No más discursos.
El sector tradicionalmente privilegiado no debería huir despavorido del país. El nuevo gobierno que presume ser de izquierda no lo es tanto, no ha dado señales de pretender modular la propiedad privada por causas de interés público, ni ha anunciado expropiaciones. Sin embargo, lo que sí deberá terminar de una vez es el régimen de privilegios que nos carcome como sociedad todos los días. Una realidad más justa, conviene a todo mundo, en lo económico, en lo social y hasta en lo moral, para ser condescendiente con la tónica de la siguiente administración.
Pero eso sí, que no se olvide, no es solamente tema de conveniencia, es mandato de nuestra Constitución actual. Ella reconoce múltiples derechos humanos en este sentido, derechos que no están abiertos a consulta popular, porque, aunque el tema es de trascendencia nacional, restringir esos derechos, secundar por esa vía al nuevo régimen que anuncia que todo va a transformarse, únicamente para que todo siga igual, no es algo permitido por el texto constitucional. Voté por el nuevo gobierno y lo mínimo que espero es que honre la Constitución y se acuerde que le marca un camino de izquierda adecuado. Si la ignora, aunque suene ingenuo, todavía creo que tenemos al Poder Judicial para defender nuestros derechos. Así que, por el bien de México, por favor, por favor, primero toca acatar la Constitución.