Claro que no esperaba que de la noche a la mañana las autoridades modificaran sus habituales prácticas, obvio que no pensé que se terminarían las violaciones a nuestros derechos por el solo hecho de cambiar la Constitución, pero por un instante sí tuve la ilusión de que el Poder Judicial de la Federación daría un giro pronunciado a su mentalidad y a la forma en la que encara sus responsabilidades.
Me tocó estar de infiltrado en los tres años posteriores a las reformas de 2011 y atestiguar en primera fila los esfuerzos que se emprendieron para transformar el paradigma constitucional. En mi mente siempre lo he tenido claro: favorecer en todo tiempo a las personas y a sus derechos humanos la protección más amplia, es y debe ser la guía de cualquier autoridad y mucho más, de todo órgano judicial.
Sin embargo, como litigante de causas de derechos humanos no he tenido la fortuna de constatar que en todo momento se garanticen en sede judicial nuestros derechos con la protección más amplia. Al contrario, he visto que los criterios judiciales en demasiadas ocasiones se han alejado de la esencia de aquellas reformas, con las que soñaba que la defensa judicial de los derechos se facilitaría.
Mi desilusión principal es que en la actualidad no puedes presentarte ante un juzgado o un tribunal y pedirle sin más que favorezca tu mayor protección, tampoco que corrija una desigualdad que te parezca evidente, ni que aplique las normas de fuente internacional que resulten más protectoras, porque ese deber se ha trasladado a quienes litigamos. Si no damos profundos argumentos, perdemos.
Se me dirá que argumentar convincentemente siempre ha sido responsabilidad de mi gremio, pero no concuerdo. No en materia de amparo, no para garantizar nuestros derechos humanos. En México se necesitan muchas cosas y tenemos enormes problemas, pero no hay uno solo que no pudiera mejorar con un ejército de personas defensoras de derechos humanos conformado por el Poder Judicial.
La probreza, la contaminación, la desigualdad social, la inseguridad, la corrupción y la impunidad, todas, son violaciones sistemáticas de derechos humanos, al menos en mi opinión. Por eso cada caso de violación de derechos humanos que tenga que juzgarse en sede judicial de amparo debería verse como una causa de interés público, una en la que las autoridades demandadas no se sientan ofendidas, pero sobre todo, en la que los juzgados desplieguen su rol de garantes.
Tenemos derecho a una protección judicial de nuestros derechos humanos sencilla y accesible para todo mundo. No leo en ninguna parte de la Constitución que la tutela jurisdiccional dependa de nuestra capacidad económica para contratar a los mejores despachos jurídicos, y aunque deberíamos tener normas para exigir responsabilidades a quienes hagamos un trabajo legal deficiente, eso es independiente al deber constitucional de los juzgados de amparo de garantizar nuestros derechos de la manera que resulte la más favorable, y en todo momento.
Insisto que hay muchos avances que reconocer, pero no podemos congratularnos sin mantenernos con una mirada crítica por las promesas constitucionales que siguen sin cumplirse. Así que en lo personal, inicia un nuevo año para continuar exigiendo que los tribunales de amparo hagan su trabajo, en cada caso, de la forma en que más favorezcan la protección de las personas y de las comunidades.
Cierro esta opinión con el reconocimiento a un buen gesto de la Segunda Sala de la Suprema Corte, que en adelante hará sentencias de fácil lectura para algunos casos, por acuerdo general publicado el último día de mayo. Que sea así siempre.