El Estado mexicano ha tenido que pagar al menos 865
millones de dólares en los años recientes a empresas extractivas, sobre
todo mineras, que lo han demandado ante un sistema de arbitraje
supracional aceptado en los tratados de libre comercio.
Así lo documentaron centros internacionales de investigación que presentaron el informe Casino del extractivismo,
en el que hicieron un análisis de 38 casos de demandas promovidas por
trasnacionales contra diferentes gobiernos de América Latina, que es la
región con el mayor número de procesos de este tipo, con 29 por ciento
de las querellas a escala global.
México es el tercer país más demandando del mundo. Además de lo que
ya se ha pagado, existen 11 procesos pendientes de resolución en los que
en conjunto se reclama al Estado mexicano una cifra por 5 mil 973
millones de dólares.
El reporte fue elaborado por el Centro de Derecho Ambiental
Internacional, Alerta Minera Canadá y el Instituto de Estudios de
Políticas. De los 38 procesos contra América Latina, más de la mitad de
las empresas son de origen canadiense y no contaban con alguna mina en
operación, con lo que buscan obtener cuantiosas ganancias mediante estos
procesos sin siquiera haber invertido.
En el documento se alertó que en los tratados de libre comercio o los
bilaterales de inversión firmados por distintos países latinoamericanos
con naciones de Europa, Estados Unidos y Canadá, incluyen cláusulas
sobre solución de controversias entre inversionistas y el Estado que
permite a las empresas extractivas evadir tribunales nacionales y
presentar sus demandas ante un sistema de arbitraje supranacional, que
en la mayoría de los casos termina favoreciendo a las compañías.
Las demandas de estas empresas se presentan regularmente porque los
estados hacen cumplir sus leyes ambientales o de recaudación de
impuestos, porque atienden recomendaciones de organismos internacionales
para brindar garantías a los ciudadanos o porque han respetado los
derechos de sus comunidades, sobre todo originarias.
El estudio fue presentado por Jean Moore y Manuel Pérez-Rocha Loyo,
autores del mismo. Alertaron que este tipo de procesos no sólo tiene la
intención de que los estados paguen millonarias ganancias a las empresas
extractivas, sino también generar un efecto
de miedoque impida que un gobierno cumpla la ley o emprenda políticas en favor del pueblo, con tal de no verse involucrado en una demanda de este tipo.
Pérez-Rocha Loyo criticó que al elaborar el T-MEC, los representantes
del actual gobierno hayan permitido este tipo de procesos favorables
para las trasnacionales.
Emir Olivares Alonso
Periódico La Jornada
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