Organizaciones peticionarias denuncian motivos políticos
Desde
de septiembre de 2017 que tres agrupaciones civiles solicitaron activar
la Alerta de Violencia de Género (AVG) en la Ciudad de México,
autoridades federales y capitalinas allanaron camino entre violaciones
al reglamento de la AVG y retrasos hasta evitar la declaratoria del
mecanismo.
Este 7 de junio de 2019 la Comisión Nacional para Prevenir y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) anunció que “no hay
elementos suficientes” para decretar la AVG en la capital del país.
Para la resolución, la dependencia de la Secretaría de Gobernación
(Segob) decidió tomar en consideración sólo las acciones que comenzó a
emprender el reciente gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo para atender
el feminicidio.
Con ello descartó la opinión del Grupo de Trabajo, un equipo de
académicas que evaluó el proceso de la AVG y en un dictamen en el que
señalaron que, de los 72 indicadores que establecieron para medir las
acciones gubernamentales en la atención al feminicidio, el gobierno sólo
cumplió 30 por ciento, es decir, apenas 22 indicadores.
Integrantes de las organizaciones peticionarias de la AVG, “la Red
Todos los Derechos para Todas y Todas” (Red TDT), “Justicia Pro Persona”
y el “Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria”,
manifestaron esta mañana en conferencia de prensa que dicha resolución
responde a cuestiones políticas, resultado de un proceso discrecional
que iba encamino a la no declaratoria de la AVG.
La Alerta de Género se solicitó en la administración de Miguel Ángel
Mancera por los casos de feminicidio y desapariciones ocurridos en su
mando: 260 asesinatos de mujeres por razón de género de 2012 a 2016 y la
falta de localización de 644 mujeres desaparecidas, según datos la
Procuraduría General de Justicia local.
En medio de las campañas políticas el proceso de Alerta se retrasó.
Las decisiones de las autoridades federales garantizaron la salida de
Mancera para ir a buscar un escaño al Senado. Hasta la elección y
entrada al poder de Claudia Sheinbaum, continuaron por darle solución al
mecanismo.
Tan sólo a siete meses que lleva en funciones la jefa de Gobierno,
las organizaciones no creen que sus acciones sean contundentes para que
la Conavim haya tomado tal decisión.
Incluso, evalúan emprender un proceso judicial para llevar al decreto
la AVG en la Ciudad de México, tal como lo hicieron en el Estado de
México, un proceso que también se politizó mientras Enrique Peña Nieto
era entonces gobernador de la entidad y buscaba la presidencia de la
República.
Sólo cuentan con esta semana para interponer un amparo indirecto
contra la Segob que sería por las múltiples violaciones al reglamento de
la AVG y la evidencia que existe un contexto feminicida en la Ciudad de
México, indicó la abogada Ana Yeli Pérez Garrido.
EVADEN RESPONSABILIDAD
El 7 de septiembre de 2017 las organizaciones civiles presentaron a
la Conavim la petición de activar la AVG en las 16 alcandías que
conforman la urbe. Las razones: no se estaban previniendo los casos de
feminicidio y desaparición de mujeres, y no se garantizaba el acceso a
la justicia para las víctimas.
Una vez aceptada la solicitud, el reglamento de la AVG marca que se
debe conformar un Grupo de Trabajo, cuya labor es realizar un informe
que confirme el contexto de violencia que denuncian las organizaciones
civiles, en un plazo de 30 días.
Sin embargo, el informe que daría cuenta del problema en la urbe y
demandaría una serie de acciones al entonces gobernador Miguel Ángel
Mancera, fue retenido por la excomisionada (de la Conavim) Ángela
Quiroga Quiroga, quien lo entregó hasta marzo de 2018 a pesar que el
Grupo de Trabajo lo presentó a la autoridad federal tres meses antes.
En ese lapso de incertidumbres y presiones de la sociedad civil por
conocer el informe, la Conavim emitió seis “medidas provisionales” al
gobierno capitalino para atender de “manera urgente e inmediata” la
violencia contra las mujeres. De ellas, el Grupo de Trabajo determinó
que sólo se cumplieron tres.
El retraso garantizó que Mancera no enfrentara el proceso de AVG, él
dejó finalmente el cargo para buscar un escaño en el Senado y en su
lugar quedó José Ramón Amieva en la jefatura de Gobierno.
El gobierno capitalino tenía seis meses para cumplir con las
recomendaciones del Grupo de Trabajo, su plazo venció en octubre de
2018, pero a sólo dos meses de terminar la administración para dar paso
al gobierno de Claudia Sheinbaum, quien había ganado ya las elecciones,
solicitaron una prórroga para terminar de cumplir con la AVG.
El Grupo de Trabajo avaló la petición del gobierno, asegurándose así
que la resolución de la AVG se daría hasta la nueva administración.
SIGUE LA SIMULACIÓN
Frente a la violencia contra las capitalinas el discurso de Claudia
Sheinbaum Pardo fue de cero tolerancia. Lo mostró a días de iniciar su
administración conformando un gabinete paritario, elevó a rango de
Secretaría el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México y colocó a
una mujer frente a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de
México, Ernestina Godoy, con la consigna que acabarían las malas
prácticas de la institución en las investigaciones de feminicidio.
El 6 de junio, un día antes que la Segob emitiera la resolución de la
AVG, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero acompañó a la
Jefa de Gobierno en un acto público donde presentaron las “Estrategias
contra la violencia de género en la Ciudad de México”.
Varias de ellas retoman la infraestructura que ya existía en la
ciudad. Se anunció el funcionamiento de las unidades de atención para
mujeres y niñas en situaciones de violencia, centros que ya existían con
el nombre de Unidades de Atención y Prevención a la Violencia Familiar
(Uapvif), pero se cambió el nombre a Lunas.
Lo mismo ocurrió con la Fiscalía Especializada para la Atención del
Feminicidio que anunció la gobernadora, su nombre era el de Agencia
Especializada para la Atención del Delito de Homicidio Doloso en Agravio
de Mujeres, dedicada a la misma tarea, la investigación de los casos de
feminicidio.
Como estrategias nuevas se incorporaron abogadas especializadas en la
defensa de los derechos de las mujeres en los más de 70 Ministerios
Públicos de la urbe e instalaron tres Centros de Justicia para Mujeres
en las alcaldías de Iztapalapa, Azcapotzalco y Tlalpan.
Con base en estas acciones, sin tomar en cuenta la opinión del Grupo
de Trabajo sobre que durante el proceso de Alerta no se trabajó en la
mayoría de las acciones demandadas, la dependencia de la Segob concluyó
que “la Ciudad de México ha emprendido acciones relevantes que
contribuye a la prevención, atención, sanción y erradicación de la
violencia contra las mujeres”.
Las organizaciones este día llamaron la Conavim a rendir
explicaciones del porqué y bajo qué criterios o metodología de
evaluación dio tal peso a estas acciones del nuevo gobierno y no
consideró el dictamen del Grupo de Trabajo.
Por su parte los familiares de víctimas de feminicidio tampoco están
conformes la determinación federal. La madre de Lesvy Berlín Rivero
Osorio, asesinada el 3 de mayo en Ciudad Universitaria, Araceli Osorio,
señaló a los medios que es “lamentable que este gobierno no dé señales
de querer atender la violencia de fondo” y dijo que buscarían los medios
jurídicos hasta que se acepte y atienda la violencia feminicida que
ocurre en la Ciudad de México.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.
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