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La Jornada

Luis Linares Zapata

Imposible interpretar los ataques coordinados contra el nuevo gobierno como una coincidencia en tiempos, formas y contenidos. La respuesta del sistema establecido de intereses, posturas, ideología y lucha de poder, avanza –bien puede decirse con ferocidad– por numerosos meandros de la actualidad. Uno a uno han ido pasando a la báscula todos los grandes programas adelantados por el gobierno que ya cumple un semestre de estrenado. Ni uno solo ha quedado fuera del foco de su critica pormenorizada: Dos Bocas, Tren Maya, Santa Lucía (Texcoco) y Pemex han sido los puntos neurálgicos de primera línea. No se olvidan el Canal Interoceánico ni Sembrando Vida pero estos quedan, digamos, en la retaguardia. Otros asuntos han atraído las voces opositoras: ya sea por la severa política de austeridad con sus renuncias al canto, en especial la habida en el IMSS; o sea por los efectos que dicha política ocasiona pues –aseguran– ha debilitado al aparato gubernamental para cumplir con eficiencia y prontitud sus tareas de ley.

La semana anterior traté, en este mismo espacio, una más de las vertientes de este, que ya conjunta, un real sitio alrededor del gobierno. En concreto, se analizó el seminario de personajes concitados por Mario Vargas Llosa a un encuentro literario en Guadalajara. En él abordaron preocupaciones por la democracia y la libertad. Opinaron que el gobierno y la conducta del Presidente ponen en entredicho lo que, a duras penas se ha logrado al respecto. Predijeron, con diferentes acentos, que el autoritarismo de AMLO afectará esos básicos soportes de la vida personal y organizada de la nación. Se puede decir que, al respecto, no hay una acción gubernamental que soporte tan aciagos temores.

Pero, más reciente aún, se fueron des­granando toda una serie de alegatos en torno a la decisión presidencial de en­fatizar, como prioritaria, la recuperación de la soberanía e independencia energética. Se duda, desde las trincheras del sistema, hasta de la capacidad técnica para volver a ser autosuficientes en petrolíferos. También se cuestiona la inversión necesaria para, al mismo tiempo, aliviar la elevada deuda de Pemex y eliminar ciertos cargos fiscales a la petrolera para una mejor operación. Como este asunto se complica, al relacionarse con la deuda del mismo gobierno, los cuestionamientos se tornan, tupidos y álgidos. Entran en acción las famosas y temidas calificadoras de riesgo como vehículos de gran peso, sobre todo por sus diversas e inevitables repercusiones. Se intenta mostrar, con tales auxilios de peso internacional, la presumida escasa sanidad de las decisiones petroleras del Ejecutivo.

La polémica desatada en medios de comunicación unifica versiones opositoras, ya de por sí bien colonizadas, favorables a dichas instituciones estadunidenses. Nadie –lo dicen hasta con orgullo–, ningún gobierno ha logrado vencerlas. El ninguneo prosigue contra las descalificaciones oficiales a su integridad. En estos ámbitos, financieros y económicos, se abre un paréntesis de puja adicional: la discrepancia que arroja, por un lado, la positiva y reiterada visión de AMLO sobre la aceptable marcha del país y el crecimiento del PIB, frente a los cada vez más negativos augurios de los especialistas, de variada clase y categorías que escarban sin recato alguno.

El filibustero desplante del Presidente Donald Trump no podía caer en mejor tiempo para la envalentonada oposición. Este espinoso asunto complicó, en serio, el prevaleciente humor nacional. Durante la negociación iniciada para neutralizar la amenaza de imponer aranceles se caldearon los ánimos del sistema. El desastre, que se esparció por todo el aparato comunicacional, estaba por tomar el debido cuerpo de manera irremediable. El mitin tijuanense propuesto por López Obrador evidenció, por un lado, a los opositores renuentes a sumarse a la convocatoria y, también, a los interesados en testimoniar su apoyo. En estos días subsecuentes al arreglo logrado, se incide en las consecuencias y se exploran las entrañas del acuerdo –claramente temporal– que, por cierto, acentúa sus fuertes tintes electoreros. Los acuerdos tienen, sin duda, repercusiones internas en el necesario endurecimiento de la política migratoria, hasta hace poco, distinta a la que ahora deberá seguirse. La misma seguridad nacional impone un control fronterizo.

El gobierno, por fortuna, no se atrinchera ante el acoso. Prosigue su tarea con ahínco reconocible, pero no deja de revelar, todavía, dosis de cierta precipitación. La prisa para introducir las bases del cambio prometido, desatada desde la Presidencia, todavía lleva franca delantera a la pesada burocracia. Lo más significativo de los retrasos del aparato apunta hacia la sequía de las inversiones (públicas y, por ende, privadas) y la eficaz operatividad de los programas sociales y su contribución al consumo interno. La pugna prosigue y seguirá por un lapso indefinido al tiempo que, se muestra, el sólido respaldo público al jefe del Ejecutivo.