Importa la deliberación porque nuestra Constitución Política contiene múltiples mandatos que bien pudieran apreciarse con esa orientación, si por ello se entiende la búsqueda de condiciones sociales y económicas más justas para la población, la garantía de mínimos en torno a bienes y servicios básicos elementales, el respeto irrestricto a la igualdad desde la diversidad, el combate a toda forma de discriminación, y la consagración, no sólo de libertades políticas, sino de participación directa en asuntos de interés público.
Nuestra Constitución aporta un detalle nada menor para las discusiones públicas, porque su orientación no solamente es política, es, sobre todo, jurídica, vinculante aún para las mayorías en el gobierno y los cuerpos legislativos, y todavía más, si no se pierde de vista que en gran medida, se ha optado por el reconocimiento de varios derechos humanos para establecer esa guía para cualquier administración.
De entrada, habrá que seguir con cuidado los trabajos para redactar la llamada Constitución Moral. Cierto es que se anuncia como un documento respetuoso de la libre manifestación de ideas, la diversidad, la pluralidad, la no discriminación, y además se presume que contribuirá a conformar una sociedad incluyente; pero, con todo y eso, tendría que cuestionarse seriamente la necesidad del esfuerzo cuando nuestra Constitución Política, máxima norma jurídica en el país, respalda nuestra composición pluricultural como Nación, compromete la laicidad del Estado y la educación –la cual debe combatir la ignorancia, las servidumbres, fanatismos y prejuicios, entre otros fines–, reafirma nuestra diversidad cultural, y reconoce nuestra libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión. Así las cosas, por más representativo que sea el proceso para crear dicha Constitución Moral, ¿para qué arriesgarnos a que no sea fiel reflejo de lo que son nuestros derechos?
Hecha esa mención, como un mero recordatorio de que una verdadera izquierda tendría que ser respetuosa de las libertades, tanto privadas como públicas, lo que más me interesa es destacar un camino ordenado por nuestra Constitución actual, y que obliga a que las políticas públicas por venir sean de determinada manera y no de cualquier otra. –Aclaro que, si eso suena impositivo, en nada descarta que se pueda discutir la reforma a nuestra Constitución o la creación de una nueva, pero mientras su texto no cambie, pienso que es vital defender que se le respete–.
De un gobierno de izquierda democrática se espera, y se le deberá exigir, un giro de ciento ochenta grados a las políticas de combate a la desigualdad social y económica. La realidad mexicana es lamentable: una gran parte de nuestra población en la pobreza; una de las sociedades más injustas, con las mayores distancias entre quienes menos tienen y quienes acaparan las riquezas; políticas sociales que van de fracaso en fracaso; mínimas expectativas de mejorar la condición social durante toda una vida de esfuerzo, pues si se nace pobre lo más probable es que así se muera; desventajas tales que son excepcionales las historias de éxito de gente emprendedora si no parte con privilegios de origen; y ello, escenario propicio para la corrupción, inseguridad e impunidad generalizadas, no a cuenta de la pobreza, sino de la instauración del privilegio y de la explotación.
Al respecto, nuestra Constitución vigente tiene mucho que ordenarle al gobierno. En esta ocasión me enfoco en la forma de orientar la actividad económica. En el artículo 25 constitucional ciertamente no se adopta la indiferencia como política pública, no se deja al libertinaje del mercado la guía de la economía. Al contrario, los mandatos constitucionales encomiendan gran responsabilidad a nuestras autoridades competentes. Si lo simplifico al máximo, la opción por apoyar al sector privado, empresarial, industrial y financiero, para que cuenten con oportunidades de privilegio y excepción, para impulsar el desarrollo nacional, el crecimiento económico, el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, con el fin de lograr el pleno ejercicio de nuestra dignidad y derechos, ha sido un fracaso.
El peor de los fracasos, porque el desarrollo por derrame, a cuentagotas, para el resto de la población, brilla por su ausencia. Lo que en su lugar abundan son historias de despojo, desplazamiento, explotación humana y sobreexplotación ambiental, algo muy distante del desarrollo nacional integral y sustentable que mandata la Constitución. Por ello pienso que se necesita exigir al nuevo gobierno, incluso en tribunales, que la regulación y fomento de las actividades económicas que necesitan de su apoyo prioritario son las que le corresponden al sector social.
Por orden constitucional de equidad social, por beneficio general de la población y hasta para cumplir la promesa de que, por el bien de México, primero los pobres, urge impulsar al sector social, a ese que se identifica en el artículo 25 de nuestra Constitución: los ejidos, las organizaciones de personas trabajadoras, las cooperativas, las comunidades, las empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a la clase trabajadora –si alguna queda–. Pero no sólo a tal sector, sino a las personas y comunidades indígenas y a las equiparables –como la gente del campo o de zonas urbanas marginales que no se identifica como indígena–, y eso también por mandato del artículo segundo constitucional. Impulsar el desarrollo regional de zonas indígenas y equiparables, fortalecer las economías locales, mejorar las condiciones de vida comunitaria de los pueblos, fomentar y respaldar sus actividades productivas, estimular sus propias inversiones para crear empleos, mejorar su acceso a las tecnologías y a los mercados, teniendo en cuenta en todo momento una perspectiva de género adecuada. Todo ello sin discriminación alguna por su condición social, lo que se traduce, en los hechos, en no negarles por anticipado oportunidades de desarrollo que hasta ahora han beneficiado casi en exclusivo al sector privado empresarial. En términos simples, ¿por qué se piensa que cualquiera de los denominados proyectos de desarrollo se tiene que concesionar a grandes empresas?, ¿por qué no se confían a la gente común?, ¿por qué las zonas económicas especiales únicamente tienen un enfoque industrial?, ¿por qué no dejar que las personas elijamos nuestros propios modelos de desarrollo para así hacer realidad nuestros propios proyectos de vida?
Si el tema es que sólo las grandes empresas tienen las capacidades técnicas y financieras, eso prevalece por olvido e incumplimiento de la Constitución, pues es obligación del gobierno propiciar que la gente tenga igualdad sustantiva, incluso si para ello se requieren temporalmente acciones afirmativas o políticas públicas equiparadoras. El momento para demostrar realmente el compromiso del nuevo gobierno inicia desde hoy, en ajuste de leyes y presupuestos. Continuará a la hora de construir, con participación previa, informada y efectiva de todos los sectores de la población, los planes nacionales y locales de desarrollo. No más discursos.
El sector tradicionalmente privilegiado no debería huir despavorido del país. El nuevo gobierno que presume ser de izquierda no lo es tanto, no ha dado señales de pretender modular la propiedad privada por causas de interés público, ni ha anunciado expropiaciones. Sin embargo, lo que sí deberá terminar de una vez es el régimen de privilegios que nos carcome como sociedad todos los días. Una realidad más justa, conviene a todo mundo, en lo económico, en lo social y hasta en lo moral, para ser condescendiente con la tónica de la siguiente administración.
Pero eso sí, que no se olvide, no es solamente tema de conveniencia, es mandato de nuestra Constitución actual. Ella reconoce múltiples derechos humanos en este sentido, derechos que no están abiertos a consulta popular, porque, aunque el tema es de trascendencia nacional, restringir esos derechos, secundar por esa vía al nuevo régimen que anuncia que todo va a transformarse, únicamente para que todo siga igual, no es algo permitido por el texto constitucional. Voté por el nuevo gobierno y lo mínimo que espero es que honre la Constitución y se acuerde que le marca un camino de izquierda adecuado. Si la ignora, aunque suene ingenuo, todavía creo que tenemos al Poder Judicial para defender nuestros derechos. Así que, por el bien de México, por favor, por favor, primero toca acatar la Constitución.