Los datos preliminares señalaron a dos estudiantes graves tras las agresiones: Emilio Aguilar Sánchez, alumno de la Escuela Nacional Preparatoria Número 6, y Joel Meza García, de la Facultad de Filosofía y Letras.
La consternación fue generalizada en las redes sociales y en los principales campos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Desde el principio se señaló a tres grupos porriles identificados como “Treinta y Dos” del CCH Azcapotzalco, “3 de Marzo” del CCH Vallejo, y “Federación de Estudiantes de Naucalpan”, organizados precisamente para desestabilizar, generar conflictos y agresiones que justifiquen el uso de la fuerza pública… tal como ocurrió hace cinco décadas.
La reacción este martes 4 ha sido intensa. En las redes sociales se promovió el hashtag #UNAMenPaz, así como una serie de fotografías para identificar a los presuntos agresores.
Un total de 32 planteles iniciaron un paro de 48 horas y algunos planean llegar a 72 horas. Entre ellos se encuentran los CCH de Azcapotzalco, Naucalpan Sur, Oriente y Vallejo, las preparatorias 2, 5 y 6, así como las facultades de Ciencias Políticas, Filosofía y Letras, Arquitectura, Psicología, Derecho, Economía, Químicas y Ciencias, más las FES de Acatlán, Iztacala, Aragón, Cuautitlán, el CUEC y la Escuela Nacional de Lengua, Lingüística y Traducción.
Ha sido mucho más ágil y eficaz la respuesta de los propios maestros y estudiantes que de las autoridades para plantear una firme condena a la violencia premonitoria de una escalada de desestabilización.
A las 15:00 horas del martes, el rector Enrique Graue tenía programada una conferencia que canceló media hora antes. Después emitió un mensaje video grabado. El rector afirmó que ya tienen “evidencias” en contra de los tres grupos porriles que intervinieron; afirmó que 18 personas serán expulsadas de la UNAM y reportadas ante las autoridades de la Procuraduría de Justicia de La Ciudad de México.
El rector indicó que comparte el enojo, la indignación y el repudio a estos grupos, que se generalizó en asambleas en prácticamente todas las escuelas y facultades de la institución académica.
“Estoy claro, sin embargo, que no basta con reprobar enérgicamente los hechos ocurridos; es necesaria una acción definitiva que erradique para siempre estas oscuras y cobardes agresiones”, afirmó Graue en su mensaje.
Ni las palabras del rector ni la condena generalizada al porrismo y los actos vandálicos han frenado una escalada de críticas y conjeturas frente a lo que está sucediendo en la UNAM. La agresión del 3 de septiembre no es un hecho aislado. Es la concatenación de varios eventos y de una acentuada percepción de vacío y lucha de poder en la máxima casa de estudios.
El ataque se produjo el mismo día en que el rector Graue asistió al sexto y último informe de gobierno de Enrique Peña Nieto. Fue el mismo día que el equipo del presidente electo Andrés Manuel López Obrador decidió nombrar al exfiscal electoral Santiago Nieto Castillo como futuro responsable de combatir el lavado de dinero. Se produjo un mes antes de la conmemoración de los 50 años de la matanza del 2 de octubre. Y todos los análisis internos responsabilizan a grupos vinculados al priismo como artífices de estos grupos porriles.
La UNAM siempre ha sido un termómetro no sólo de la vida social y política de la Ciudad de México, sino de los procesos de transformación y de las grandes disputas al interior de los grupos dominantes en la clase política. El 68 mexicano no se puede excluir de la intensa lucha al interior del gabinete de Gustavo Díaz Ordaz por la sucesión presidencial del 70. El halconazo del 71 también fue una disputa al interior del echeverrismo.
La emergencia del CEU, en el 86, anticipó la ruptura de la Corriente Democrática del PRI. Y la terrible y contraproducente huelga del CGH, a finales de los 90, fue un claro mensaje para confrontar a la izquierda gobernante del PRD en la Ciudad de México con los grupos de ultraizquierda, enemigos del voto, que se emparentaron con las fuerzas más conservadoras del PRI.
Desde 2012 en la UNAM han operado de forma violenta lo mismo grupos que se autodenominan “anarquistas” y fuerzas porriles. No los emparenta la ideología, sino el método violento y la intención permanente de generar desestabilización. En vísperas de una transición sexenal, vuelven a aparecer como los viejos buitres, algunos grupos que actúan con una impunidad sorprendente.
Algunas notas periodísticas señalan que el grupo “3 de Marzo” surgió hace 12 años como una “asociación cultural y deportiva” y se vinculó originalmente al Frente Juvenil Revolucionario del PRI, pero extendió luego sus relaciones a grupos y personajes del PRD en las delegaciones Gustavo A. Madero y Azcapotzalco.
La “Federación de Estudiantes de Naucalpan” (FEN) presuntamente recibió apoyo de grupos políticos mexiquenses, en Naucalpan y Acatlán, desde la época de Arturo Montiel.
El grupo “Treinta y dos” del CCH Azcapotzalco pertenece a la Alianza Universitaria, a la que consideran como una “federación de grupos porriles” con presencia en varios CCH’s. Su presencia y activismo va más allá de la vida universitaria.
Grupos estudiantiles de la UNAM han señalado a Teófilo Licona, conocido como “El Cobra”, coordinador de Auxilio UNAM, como uno de los instigadores de los grupos porriles que actuaron el pasado 3 de septiembre. Esto explicaría la inacción del cuerpo Auxilio UNAM durante los eventos.
Las pintas en los alrededores de la Facultad de Derecho, este martes 4, señalaron claramente a este personaje: “Licona, eres el jefe de los porros” y “la vigilancia es falsa, por qué protegen a los porros”.
Decenas de periodistas, investigadores y organizaciones firmaron una carta abierta este martes, dirigida al rector Graue con el título “Ojos de Perro contra la Impunidad”. La carta reprocha a las autoridades de la UNAM la falta de contención de los grupos violentos y demandan:
“1. Que la Universidad Nacional debe jugar un papel de liderazgo en esta coyuntura histórica.
“2. Que para poder ejercerlo, necesita limpiarse de intereses antiuniversitarios y de todo tipo de violencia.
“3. Destacando –además– la que se ejerce cotidianamente contra alumnas, profesoras y trabajadoras universitarias”.